Sentencia 2012-00473 de julio 18 de 2018

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 05001-23-31-000-2012-00473-01 (21988)

Consejero Ponente:

Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Leonisa S.A

Demandado: UAE DIAN

Tema: Impuesto al patrimonio. Contrato de estabilidad jurídica. Ineficacia de la declaración presentada.

Sentencia segunda instancia

Bogotá, D.C., dieciocho de julio de dos mil dieciocho

EXTRACTOS:«Consideraciones de la Sala

1. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, la Sala debe pronunciarse sobre la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. El debate jurídico formulado a este punto se concentra en determinar si la declaración del impuesto sobre el patrimonio presentada por la parte actora el 26 de mayo de 2011, en cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas en la Ley 1370 de 2009 y en el Decreto Legislativo 4825 de 2010, carece de efectos jurídicos, que es lo que se plantea en el escrito de demanda, o si, por el contrario, esa autoliquidación del tributo tiene plenos efectos como acto privado de determinación de obligaciones tributarias exigibles, como defiende la demandada que también es la apelante única.

Si bien las pretensiones formuladas por la actora incluían la solicitud, a título de restablecimiento del derecho, de que se decretara la devolución de las sumas de dinero pagadas a título de primera cuota del impuesto con fundamento en la mencionada declaración, tales pretensiones fueron negadas en la sentencia de primer grado, decisión que no fue recurrida por la demandante, de manera que no le corresponde a esta Corporación pronunciarse sobre el particular.

Debe entonces la Sala enjuiciar la legalidad de los actos demandados por medio de los cuales la Administración rechazó declarar que carecía de efectos jurídicos el denuncio tributario presentado por la demandante, en la medida en que consideró que esa sociedad sí tenía la condición de contribuyente del impuesto sobre el patrimonio, como se argumentó en los actos demandados, en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación.

2. Está claro que el cometido legislativo de la Ley 1370 de 2009 y del Decreto Legislativo 4825 de 2010 era establecer las obligaciones tributarias concernientes al impuesto sobre el patrimonio que se causaría el uno de enero de 2011. En este sentido, sus normas se ocuparon de especificar los sujetos gravados, la determinación del patrimonio gravable, las tarifas impositivas aplicables y el mecanismo bajo el cual debía cumplirse con la obligación tributaria, para lo cual se previó el deber formal de presentar una declaración del impuesto. Quedaron sometidos a dicho deber formal todos los contribuyentes del tributo y la obligación así determinada se atendería mediante el pago en ocho cuotas iguales dentro de los plazos fijados por las normas reglamentarias dictadas por el Gobierno Nacional durante los años 2011 a 2014, ambos incluidos.

Al respecto, el parágrafo del artículo 296-1 del ET, adicionado a la codificación por el artículo 5º de la Ley 1370 de 2009 dispuso:

El impuesto al patrimonio para el año 2011 deberá liquidarse en el formulario oficial que para el efecto prescriba la DIAN y presentarse en los bancos y demás entidades autorizadas para recaudar ubicados en la jurisdicción de la Dirección Seccional de Impuestos o de Impuestos y Aduanas, que corresponda al domicilio del sujeto pasivo de este impuesto y pagarse en ocho cuotas iguales, durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, dentro de los plazos que establezca el Gobierno Nacional.

La anterior regla resulta plenamente coincidente con la que ya había incorporado el estatuto tributario en el artículo 298 (en la redacción dada a esta norma por el artículo 30 de la Ley 1111 de 2006) a la que también se hacía remisión desde el artículo 298-4 del ET (adicionado por el artículo 7º de la Ley 1370 de 2009).

Atendiendo a las prescripciones normativas anotadas, es un hecho cierto que quienes se encontraban sometidos al deber formal de presentar una declaración del impuesto al patrimonio causado el uno de enero de 2011 eran aquellos que tuviesen la condición de contribuyentes del tributo.

3. A lo largo de las actuaciones administrativas y judiciales, la demandante señaló que, si bien presentó una declaración por el impuesto, por mandato del artículo 594-2 del ET, ese denuncio carece de efectos jurídicos y por tanto carece de validez para determinar una deuda tributaria a su cargo.

El planteamiento obedece a que, a su entender, no se encontraba sometida al deber formal de presentar una declaración del impuesto al patrimonio en la medida en que no tenía la condición de contribuyente de ese impuesto por virtud de lo que había acordado con el Estado colombiano en el contrato de estabilidad jurídica.

Por su parte, la apelante no controvierte ni el contenido ni los efectos del artículo 594-2 del ET. Lo que plantea es que la sociedad sí era contribuyente del impuesto sobre el patrimonio regulado en la Ley 1370 de 2009 y en el Decreto Legislativo 4825 de 2010 porque el contrato de estabilidad jurídica no le dejaba a salvo de la condición de contribuyente del impuesto en cuestión, en los términos y por las razones expresados por la doctrina oficial de la DIAN en el Concepto 098797, del 28 de diciembre de 2010.

Dicho esto, es pertinente indicar que no existen en el plenario debates relacionados con circunstancias de hecho, toda vez que está plenamente demostrado y no se discute que (i) el 29 de octubre de 2008, la demandante suscribió con la Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el Contrato de Estabilidad Jurídica 017 de 2008; y que (ii) en ese negocio jurídico la Nación se comprometió a que durante un plazo de veinte años le mantendría a la demandante la aplicación del texto que para la fecha de la suscripción del contrato tenían, entre otras normas, los artículos 292, 293, 294, 295 y 296 del estatuto tributario (ET), los cuales se ocupaban de regular el hecho generador, la base gravable y la causación anual del impuesto al patrimonio establecido con la Ley 1111 de 2006. Tan solo se discute una cuestión de derecho, relativa a si por efecto del contrato de estabilidad jurídica suscrito y de su contenido, la demandante no era contribuyente del impuesto al patrimonio.

4. Respecto de esa cuestión ya se ha pronunciado esta Sección a efectos de determinar la sujeción al impuesto respecto de otros demandantes que se encontraban en las mismas circunstancias fácticas y jurídicas de la aquí demandante. En consecuencia, se reiterará aquí, en lo pertinente, el criterio expuesto en las sentencias del 2 de marzo de 2017 (expediente 22145, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), del 26 de julio de 2017 (expediente 22757, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto) y del 24 de mayo de 2018 (expediente 23244, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).

En esos precedentes, se parte de considerar que en sentencia del 30 de agosto de 2016, expediente 18636, esta corporación anuló el citado concepto, pues considero que:

i) La Ley 1370 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que prorrogó la vigencia del impuesto al patrimonio que venía regulando la Ley 1111 de 2006.

ii) El régimen de estabilidad jurídica creado por la Ley 963 de 2005 es un mecanismo para fomentar nuevas inversiones y ampliar las inversiones existentes en un escenario jurídico estable.

iii) Según el artículo 1º de la Ley 963 de 2005, por modificación normativa se entiende cualquier cambio en el texto de la ley, de la norma reglamentaria que expide el Gobierno Nacional o el cambio de la interpretación vinculante que, en ciertos casos, fija la propia administración, como en el caso de la DIAN.

iv) Si el Estado pactó con el inversionista la aplicación estable del impuesto al patrimonio de la Ley 1111 de 2006, durante la vigencia del contrato de estabilidad jurídica, no podía prorrogarle la vigencia de ese impuesto, pues ello implica una modificación normativa adversa; y

v) La interpretación plasmada en el acto demandado generó una modificación normativa adversa, que, sin duda, es contraria al principio de buena fe que guía la relación jurídica entre el Estado y el inversionista, pues desconoce que realmente la Ley 1370 de 2009 no hizo nada distinto a prorrogar la vigencia del impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111 de 2006.

Por consiguiente, a la luz del criterio sentado por esta judicatura en los pronunciamientos citados, el régimen estabilizado por la demandante sí fue modificado en lo que a causación del impuesto concierne, por lo que, opera la protección prevista en el artículo primero de la Ley 963 de 2005.

En esos términos, es preciso concluir que la actora no era sujeto pasivo del impuesto al patrimonio durante el periodo discutido y, en esa medida, no estaba obligada a presentar la declaración tributaria correspondiente. Por tanto, el denuncio objeto de litigio no está llamado a surtir efecto legal alguno, de conformidad con el artículo 594-2 del ET.

Lo dicho hasta este punto, resulta extensivo a la sobretasa creada por el Decreto Legislativo 4825 de 2010. Al respecto, como se puso de presente, el artículo 11 de la Ley 963 de 2005 determinó que los tributos decretados en el marco de un estado de excepción no pueden ser objeto de estabilización. Sin embargo, la Sala juzga que la sobretasa en comento no resulta cobijada por la limitación establecida por el Legislador, toda vez que, no ha de considerarse como un tributo tipológicamente hablando.

Ello obedece, al hecho de que se trata de un elemento más del aspecto cuantitativo del hecho generador del impuesto al patrimonio, que incrementa la tarifa exigible, y no, a la creación de un impuesto, una tasa o una contribución.

Entonces, como se trata de un componente más del impuesto previsto en la Ley 1370 de 2009, que tal cual se dijo, no resulta vinculante al demandante, tampoco lo es la sobretasa.

Finalmente, se reitera el argumento puesto de presente por el aquo, en referencia a la pretensión de devolución de lo cancelado por la actora como primera cuota del impuesto al patrimonio del año gravable 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia del 15 de enero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se decretó la nulidad del oficio 1-11-238-1374, del 24 de octubre de 2011, y de las Resoluciones nro. 900100, del 21 de noviembre de 2011, y 90069, del 30 de noviembre de 2011.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».