Sentencia 2012-00475 de febrero 4 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 410011102000201200475 01

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Aprobado según acta 7 de la fecha

Referencia: Abogado en apelación

Investigado: R.A.L.R.

Informante: Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Neiva, Huila.

Primera Instancia: Suspensión de tres meses en el ejercicio de la profesión, al hallarlo responsable de incurrir en las faltas disciplinarias descritas en el num. 2º del art. 30 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, en concurso con la consagrada en el num. 1º art. 37, ibídem, a título de culpa.

Decisión: Confirma.

Bogotá, D. C., cuatro de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, conforme el artículo 256, numeral 3º, de la Constitución Nacional, en armonía con el numeral 4º del artículo 96 de Ley 270 de 1996, del artículo 59, numeral 1º de la Ley 1123 de 2007 resolver el recurso de apelación contra las sentencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejo Seccionales de la Judicatura del territorio nacional.

Descripción típica de la falta imputada. En el caso bajo examen, el abogado R.A.L.R., fue sancionado por encontrarlo responsable de la comisión de la falta contra la dignidad de la profesión, consagrada en el artículo 30 numeral 2º de la Ley 1123 de 2007, calificada a título de dolo, en concurso con la falta a la debida diligencia profesional de que trata el numeral 1º artículo 37, ibídem, la que fue calificada a título de culpa, y se le impone una sanción de tres (3) meses de suspensión en el ejercicio de su actividad profesional. Disposiciones que establecen lo siguiente:

“ART. 30.—Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:

1. […]

2. Encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias estupefacientes o de aquellas que produzcan dependencia, alteren la conciencia y la voluntad al momento de realizar las actuaciones judiciales o administrativas en calidad de abogado o en el ejercicio de la profesión.

[…]”. Calificada a título de dolo.

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional.

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.

[…]”. Calificada a título de culpa.

De la solución al caso. El inconformismo del censor, radica esencialmente, en el desconocimiento por parte del a quo, de la Resolución 414 del 27 de agosto del 2002, “Por la cual se fijan los parámetros científicos y técnicos relacionados con el examen de embriaguez y alcoholemia”, señalando en concreto los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, que de manera clara señala las maneras de determinar la alcoholemia, los procedimientos para determinar el estado de embriaguez alcohólica, la interpretación de los resultados de alcoholemia, la aplicación de la cadena de custodia para garantizar la autenticidad y confiabilidad de los elementos físicos de prueba, pretendiendo restar valor probatorio a la prueba testimonial y de registro sonoro, fundamento de la sanción impuesta por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila.

En segundo lugar, insiste en que su comportamiento obedeció a la medicina tomada para la enfermedad que padece, diabetes, la que produce en el ser humano efectos secundarios, tales como visión doble o borrosa, latidos cardíacos rápidos o fuertes, sentirse irritable o actuar agresivo, nervioso, dolor de cabeza, apetito, temblores, sudoración adormecimiento de la piel, cansancio o debilidad, pensamiento confuso, tartamudeo.

Del primer motivo de inconformismo. Desconocimiento por parte del a quo, de la Resolución 414 del 27 de agosto del 2002 

Como se observa, el problema jurídico que plantea el recurrente, se contrae a que en su sentir, la ausencia de un dictamen de embriaguez o alcoholemia, impiden estructurar la responsabilidad disciplinaria que le endilgó la Sala de instancia.

Sobre el tema es preciso señalar: en el sistema probatorio de la Ley 1123 de 2007, se estableció como principio fundante el de la libertad probatoria, del que se establece que cualquier medio de prueba es idóneo y eficaz para demostrar la falta y la responsabilidad del investigado en los términos del artículo 87 de la normatividad en comento.

Quiere decir lo anterior, que dicha codificación abandonó el principio de la tarifa probatoria propio de otros regímenes, en los que prevalece la necesidad de que un hecho concreto, o la responsabilidad del procesado o la existencia de la conducta sancionatoria, se demuestre con un determinado y específico medio de prueba, eventos en los cuales es la misma ley la que establece qué elemento suasorio es idóneo para demostrar los aspectos anteriormente planteados.

En consonancia con lo anterior y frente a los planteamientos que esgrime el recurrente, cierto es que para determinar su responsabilidad disciplinaria o la existencia de la falta endilgada, sería de importante valía contar con un dictamen de embriaguez o alcoholemia emitido por perito calificado, no obstante, la ausencia de dicha pericia, y bajo el precepto analizado, no puede enervar la acción disciplinaria, pues en estos eventos es preciso acudir a medios de prueba supletorios que con la misma eficacia señalen dicha responsabilidad.

En el evento sometido a análisis, el proceso cuenta con prueba testimonial vertida por testigos presenciales de los hechos denunciados, cuya credibilidad no ha sido cuestionada dentro de la actuación y quienes de manera clara, coherente, circunstanciada y creíble, expresaron lo sucedido, por lo que dichas probanzas, tienen la vocación de demostrar los temas responsabilidad y existencia de la falta que el apelante cuestiona como no demostrados por la ausencia de la pericia ya citada.

Así conforme la Certificación jurada expedida por el doctor Oscar Hernando García Ramos, de julio 15 de 2013, Juez Segundo Penal del Circuito de Pitalito, Huila, sostiene el estado de beodez en el que asistió el defensor del procesado Eduardo Gamboa, abogado López Rujana, a la audiencia preliminar de solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento, celebrada del 27 de junio de 2012, presidida por él, pues para la época fungió como titular del Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Neiva(34).

En tanto que el doctor Esneider Gutiérrez Vega, Coordinador de la Unidad de Fiscalías, quien actuó como representante del ente fiscal en la Audiencia de Revocatoria de Medida de Aseguramiento, dentro del proceso adelantado contra el señor Gamboa por el punible de Tráfico de Estupefacientes, aseguró que encontró al doctor R.A.L.R., y observó que no estaba dentro de sus normales cabales, porque presentaba síntomas de alicoramiento, por lo que le insistió, varias veces, que retirara la medida, a lo que no accedió, por lo que el señor Juez instaló la audiencia. Indicó que el Juez le tuvo mucha paciencia, pues lanzó improperios durante su recurso de apelación, hasta que le llamó la atención y ordenó la compulsa de copias que ahora ocupa la atención de la Sala. Resaltó que posiblemente, antes de la audiencia, el abogado estuvo ingiriendo alguna bebida o sustancia alcohólica, lo que se vislumbraba por el tufo, su aspecto, su incoherencia al decir las cosas, además por su actitud alterada. Añadió, que ha actuado en otras diligencias en las que también lo ha hecho el abogado Rujana López, en las que su conducta ha sido totalmente diferente a la de esa audiencia, responsable y ejerciendo profesionalmente la carrera de abogado.

Adicional a ello, se allegó al plenario el CD, que contiene el audio correspondiente a la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento ya referenciada, y en el que con claridad se advierte que el comportamiento del abogado aquí cuestionado, evidencia un claro estado de alicoramiento, sin que, se puede colegir que tan díscolo actuar obedezca a los efectos de algún medicamento y las sintomatología que se refiere en su historia clínica difiere notablemente del comportamiento que se evidenció en la citada audiencia, aunado al hecho de que el mismo Fiscal Esneider Gutiérrez Vega percibió halitosis marcada en el aquí disciplinado.

Y es que desde el inicio de su intervención, se escucha al disciplinado de forma equivocada, confusa, al punto que no logró soportar de manera coherente, hilada, mucho menos jurídica, la petición tendiente a obtener la revocatoria de la medida de aseguramiento de su defendido Eduardo Gamboa, por él presentada. Ello conllevó a que el señor Juez Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Neiva, el 27 de junio de 2012, rechazara tal solicitud, y ordenara la compulsa de copias para la investigación disciplinaria. De manera que, sin acudir a ningún medio técnico para determinar el grado de alcoholemia que pudiera tener en su organismo el abogado disciplinado, sí es posible determinar, a través de la percepción normal de los sentidos, el estado de embriaguez, como en efecto sucede en el sub examine.

En suma, si bien como ya se indicó no se contó una dictamen de embriaguez o alcoholemia, estas pruebas legal, regular y oportunamente allegadas al plenario, y bajo el principio de la libertad probatoria ya explicado, permiten concluir la existencia de plena prueba sobre la responsabilidad del abogado encartada.

Sobre el tema la Honorable Corte Suprema de Justicia, señaló(35):

“Es cierto, igualmente, que un dictamen pericial, en principio, es la mejor prueba que puede presentarse en relación con el estado de embriaguez en que pueda encontrarse una persona, pero de ello no puede concluirse que ésta sea la única forma de establecer dicho aspecto, pues ante la libertad probatoria consagrada en el artículo 253 del Código de Procedimiento Penal, es claro que el juzgador puede acudir a todos los medios de convicción obrantes en el proceso, tal como lo hizo el sentenciador de segunda instancia en el caso sub júdice.

En efecto. El Tribunal consideró que los homicidios y las lesiones personales causados por el procesado Orjuela Montaña, tuvieron origen ‘en la alarmante velocidad a la que se desplazaba […], en el hecho de no haber dormido toda la noche y en el estado de alicoramiento en que se hallaba’.

Para llegar a esta última conclusión tuvo en cuenta, principalmente, ‘la versión del testigo Cardona Casares, en el sentido de afirmar que los ocupantes del carro accidentado y a quienes ayudó a sacar de su interior, estaban embriagados’ (fl. 299); la constancia emitida por el médico Director del Hospital de Puerto López, de conformidad con la cual se estableció que el acusado ‘presentaba aliento alcohólico’; el testimonio de Olmedo de la Pava Restrepo, propietario del estadero Luna Roja donde pararon el acusado y sus amigos a eso de las cuatro y media de la mañana del mismo día en que ocurrieron los hechos, y quien manifestó que todos ellos ‘estaban completamente amanecidos y salieron a una velocidad espantosa en los carros’ (fl.26); la versión del mismo Orjuela Montaña, quien según el Tribunal aceptó ‘haber ingerido whisky de una licorera que portaba consigo desde su salida en Santa Fe de Bogotá hacia Villavicencio’, y, por último, las declaraciones de ‘los demás integrantes de esa caravana’ que son ‘contestes en afirmar lo mismo, así como que pasaron la noche en vela, dedicados a la ingesta de bebidas embriagantes en la discoteca Apocalipsis de Villavicencio a donde llegó Orjuela en búsqueda de su novia María Sofía’ (fl. 9 del C.#3). Los testimonios a que hace referencia el Tribunal, son los rendidos por Juan David Obregón Báez (fl. 51) y Claudia Patricia Salazar Herrera (fl. 65).

Según el actor, ninguna de las anteriores probanzas es suficiente para demostrar la causal de agravación que se imputó al acusado. Por ello sostiene que el Tribunal las tergiversó en su contenido objetivo, haciéndolas decir lo que realmente no se desprendía de ellas.

Es pertinente decir que la Sala no entiende cómo el casacionista insiste en sostener que cuando la prueba indica que el acusado y sus acompañantes ‘estaban embriagados’ (fl. 40 del C.#3), el Tribunal la tergiversó al confundir esta expresión ‘con la fórmula jurídica de embriaguez, que no es otra que: encontrarse bajo el influjo de bebida embriagante’ (fl. 40 del C. #3), dado que por más vueltas que se le dé al asunto, estar embriagado es, precisamente, ‘encontrarse bajo el influjo de bebida embriagante’. Esta única consideración sería suficiente para desechar el cargo”.

Ahora, para efectos de la responsabilidad disciplinaria, lo importante no es determinar el grado de embriaguez que presentaba el disciplinable al momento de la ejecución de la conducta, pues tal exigencia no está previstas en el ordenamiento disciplinario, como sí ocurre frente a ciertas infracciones del derecho de tránsito y transporte, y para los efectos señalados basta con acreditarse que el disciplinable se encontraba en estado de beodez, pues aquí no se trata demostrar la violación al deber objetivo de cuidado, sino la falta de decoro en el ejercicio de la profesión de abogado.

En efecto, revisadas las Resoluciones a las que alude el memorialista, Nº 414 de agosto 27 y 453 de septiembre 24, ambas del 2002, proferidas por el Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la segunda de ellas, “Por la cual se aclara la Resolución 414 del 27 de agosto de 2002, en virtud de la cual se fijaron los parámetros científicos y técnicos relacionados con el examen de embriaguez y alcoholemia”, encuentra la Sala que la Nº 453, aclaratoria de la anterior, remite expresamente la implementación y/o vigencia de aquella, a la misma fecha de promulgación del Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del 6 de agosto de 2002.

El citado Código, consigna en el capítulo VIII, la actuación en caso de embriaguez, y señala:

“ART. 150.—Examen. Las autoridades de tránsito podrán solicitar a todo conductor de vehículo automotor la práctica de examen de embriaguez, que permita determinar si se encuentra bajo efectos producidos por el alcohol o las drogas, o sustancias estupefacientes, alucinógenas o hipnóticas.

Las autoridades de tránsito podrán contratar con clínicas u hospitales la práctica de las pruebas de que trata este artículo, para verificar el estado de aptitud de los conductores.

PAR.—En los centros integrales de atención se tendrá una dependencia para practicar las pruebas anteriormente mencionadas.

“ART. 151.—Suspensión de licencia. Quien cause lesiones u homicidios en accidente de tránsito y se demuestre que actuó bajo cualquiera de los estados de embriaguez de que trata este código, o que injustificadamente abandone el lugar de los hechos, a más de las sanciones previstas en el Código Penal, se hará acreedor a la suspensión de su licencia por el término de cinco (5) años.

“ART. 152.—Grado de alcoholemia. Modificado por el art. 25, Ley 1383 de 2010, modificado por el art. 1º, Ley 1548 de 2012, modificado por el art. 5º, Ley 1696 de 2013. En un término no superior a 30 días contados a partir de la expedición de la presente ley, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses mediante resolución establecerá los límites de los diferentes grados de estado de embriaguez.

Si hecha la prueba de alcoholemia se establece:

Segundo grado de embriaguez, adicionalmente a la sanción multa, se decretará la suspensión de la licencia de conducción entre dos (2) y tres (3) años, y la obligación de prestar servicios gratuitos comunitarios en establecimientos que determine la autoridad de tránsito por veinte (20) horas.

Tercer grado y se decretará, a más de la sanción de multa, la suspensión entre tres (2) y diez (10) años de la licencia de conducción, y la obligación de prestar servicios gratuitos comunitarios en establecimientos que determine la autoridad de tránsito por cuarenta (40) horas.

Será criterio para fijar esta sanción, la reincidencia, haber causado daño a personas o cosas a causa de la embriaguez o haber intentado darse a la fuga.

PAR.—La reincidencia en un tercer grado de embriaguez, será causal para determinar la cancelación definitiva de la licencia de conducción.

“ART. 153.—Resolución judicial. Para efectos legales se entenderá como resolución judicial la providencia que impone una pena de suspensión de licencia de conducción”.

A su turno, los artículos 130 y 131 consagran la gradualidad de las sanciones por incumplimiento a las normas de tránsito, entre las que se destaca:

“Conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas, se atenderá a lo establecido en el artículo 152 de este Código. Si se trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la multa pecuniaria y el período de suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos de embriaguez el vehículo será inmovilizado y el estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

E.4. Transportar en el mismo vehículo y al mismo tiempo personas y sustancias peligrosas como explosivos, tóxicos, radiactivos, combustibles no autorizados, etc. En estos casos se suspenderá la licencia por un (1) año y por dos (2) años cada vez que reincida. El vehículo será inmovilizado por un (1) año cada vez.”.

De la lectura de las normas transcritas, claro deviene que para las infracciones de tránsito, en las que se presuma que el conductor se encuentra en estado de embriaguez, el Legislador difirió la práctica de la prueba de alcoholemia al Instituto Nacional de Medicina Legal, y le otorgó el valor de plena prueba. Significa lo anterior que, única y exclusivamente para estos fines, necesariamente ha de practicarse dicha prueba.

No ocurre lo mismo en el derecho Disciplinario pues, se repite, como bien lo sostiene el a quo, y aunque hace alusión a lo dispuesto en los artículos 130 y 131 de la Ley 734 de 2002, corresponden a los artículos 86 y 87 de la ley 1123 de 200, Código Disciplinario del Abogado. Las normas en cita señalan:

“ART. 86.—Medios de prueba. Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección judicial y los documentos, o cualquier otro medio técnico o científico los cuales se practicarán conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario.

Los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana crítica.

Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes, respetando siempre los derechos fundamentales”.

“ART. 87.—Libertad de pruebas. La falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos”.

Del segundo motivo de inconformismo. Asegura que su comportamiento obedeció a la medicina tomada para la enfermedad que padece, diabetes, y al ataque de hipoglicemia que sufrió el día de la audiencia, por lo que debió tomar 2-3 pastillas de glibenclamida, que produce en el ser humano efectos secundarios, tales como visión doble o borrosa, latidos cardíacos rápidos o fuertes, sentirse irritable o actuar agresivo, nervioso, dolor de cabeza, apetito, temblores, sudoración adormecimiento de la piel, cansancio o debilidad, pensamiento confuso, tartamudeo.

Tampoco es de recibo esta exculpativa para la Sala, con la que el disciplinado pretende diluir su responsabilidad, pues pese a estar acreditado en el plenario a través de la historia clínica el padecimiento de la enfermedad, diabetes, no es menos cierto que no obra prueba acerca de la medicina a consumir en el evento de una crisis de hipoglicemia, como la que dice haber sufrido el día de la audiencia, menos aún de las consecuencias de su ingesta en alta dosis. En cambio sí se encuentra acreditado en la historia clínica, como antecedentes toxicológicos, “Alcohol: ocasional”. Adicionalmente, de la misma prueba arrimada al proceso, se extrae que a inicios del mes de junio, 20 días antes de la audiencia, el abogado sancionado acudió a la EPS, en el que se le encontró buen estado general, consignándose así el registro en su historial médico lo siguiente:

“Enfermedad actual: Diagnóstico Dx Ppal: E 119 Diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención de complicación. Resumen y comentarios buen estado general. FC. 70 FR: 18 TA: 129/70 Examen dentro de parámetros normales a tendencia a la hipoglicemia. Plan: Se disminuye la dosis de hipoglicemiantes así: glibenclamida 5 mg antes del desayuno, metformina 1 Tab con el desayuno y ½ con la comida (se suspende una dosis de glibenclamida) ss microalbuminuria en orina de 24 Hrs y depuración de creatinina control en un mes con resultados”(36).

Consideró la Sala de Instancia, y lo comparte esta Superioridad, que si el disciplinado le hubiera informado al Despacho del estado en que se encontraba al momento de la diligencia, ha debido informarlo, más aun teniendo en cuenta que la audiencia requería que el defensor realizara una intervención con argumentos jurídicos sólidos y coherentes, que propendieran por la libertad de su prohijado, lo que no ocurrió, pues con ocasión de su evidente estado de embriaguez, se abstuvo de realizar pronunciamiento alguno sobre la solicitud impetrada.

Así las cosas, para la Sala es necesario reiterar lo que en diversos pronunciamientos ha expresado, en el sentido de advertir, que el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el Legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que recauden en el respectivo proceso disciplinario.

De otra parte es procedente señalar, que para emitir una sentencia condenatoria debe haber certeza sobre la existencia de una conducta constitutiva de una falta disciplinaria descrita en el ordenamiento jurídico vigente, al igual cumplirse dicho presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado y para el caso que nos ocupa existe plena prueba de ello, conforme las exigencias del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

Para la Sala no hay asomo de duda de la conducta irregular que realizó el abogado R.A.L.R., con la que incurrió en las faltas contra la dignidad de la profesión, numeral 2º del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, y contra la debida diligencia, consagrada en el numeral 1º del artículo 37, ibídem, vulnerando deberes profesionales consagrados en el artículo 28 de la ley 1123 de 2007, numerales 5º y 10.

En cuanto a la falta contra la dignidad de la profesión, consagrada en el numeral 2º del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, considera la Sala que le asiste la razón al a quo, pues esta conducta per se solo admite tal modalidad, en tanto requiere para su configuración el conocimiento de los hechos constitutivos de la ilicitud, y la voluntad de realizarlos. Se tiene que nos encontramos con un profesional del derecho que, pese a tener programada una audiencia de Revocatoria de Medida de Aseguramiento, solicitada justamente por él con varios días de antelación, de vital importancia tratándose de la libertad de su defendido, procesado por el punible de Tráfico de estupefacientes, se hubiera presentado en estado de embriaguez, o bajo el efecto de alguna sustancia estupefaciente que alteró su conciencia.

Y frente a la falta a la debida diligencia, consagrada en el numeral 1º del artículo 37, ibídem, a título de culpa, se le enrostra justamente por lo descuidado e irresponsable de su actuar, que se tradujo en idéntica intervención durante la audiencia, en la que se deliberaba el derecho fundamental a la libertad de su defendido.

En relación con la sanción impuesta por la Sala de Instancia, observa esta Superioridad que guarda relación con la falta y consultó los parámetros establecidos en el artículo 40, 43 y 45 de la Ley 1123 de 2007, esto es, la gravedad, modalidad y circunstancias de la misma, los motivos determinantes y la ausencia de antecedentes disciplinarios del infractor, para imponerla.

Como consecuencia de todo lo anterior, y agotados los temas objeto de disenso por el recurrente, se confirma la decisión apelada.

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de febrero de 2014, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, sancionó con suspensión de tres (3) meses en el ejercicio de la profesión al abogado R.A.L.R., al hallarlo responsable de incurrir en la falta disciplinaria contra la dignidad de la profesión, descrita en el numeral 2º del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, calificada a título de dolo, en concurso con la falta a la debida diligencia profesional consagrada en el numeral 1º del artículo 37 ibídem, la cual fue calificada a título de culpa.

2. ANÓTESE la sanción en el registro nacional de abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina pertinente, enviándole copia de esta sentencia, con constancia de su ejecutoria.

3. Por la Secretaría Judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

34 Folios 81; 85-87.

35 Corte suprema de Justicia. Rad. S-9090. Sentencia de junio 8 de 1995. M.P. Fernando E. Arboleda Ripoll.

36 CD historia clínica R.A.L.R.. C.O.