SENTENCIA 2012-00480 DE JULIO 27 DE 2016

 

Sentencia 2012-00480 de julio 27 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 410011102000201200480 01 /F

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según Acta Nº 71, de la misma fecha.

Bogotá, D. C., veintisiete de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

En virtud de lo dispuesto en el artículo 256 numeral 3º de la Carta Política, el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, y el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, y el título XII, capítulos 1º al 9º de la Ley 1474 de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra las decisiones dentro de los procesos disciplinarios en contra de los funcionarios judiciales, que en primera instancia toman las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “… los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

II. Aspectos generales de la competencia

Es necesario advertir inicialmente el alcance de la apelación interpuesta y concedida por el a quo, en las presentes diligencias.

Esta corporación ha sostenido de tiempo atrás, que en sede de apelación el pronunciamiento de la segunda instancia se debe ceñir únicamente a los aspectos impugnados, partiendo del hecho que se presume que aquellos aspectos que no son objeto de sustentación, no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, de forma tal que esta superioridad solo pude extender la competencia a asuntos no impugnados, sólo si ellos, resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

En cuanto a la competencia, esta colegiatura ha reiterado el criterio expuesto por la jurisprudencia, en el sentido que el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad absoluta para decidir sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir por un lado de los argumentos que se presenten y por el otro del material probatorio allegado al plenario, todo ello a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede esta superioridad, a pronunciarse sobre la apelación interpuesta por el disciplinado, contra la sentencia proferida el 28 de abril de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila(4), por medio de la cual se impuso sanción de Amonestación Escrita al doctor Nelson Hernández Díaz, en su condición de Fiscal 86 Especializado de la Unidad nacional de D.D.H.H. y D.I.H. de Neiva, Huila, tras hallarlo responsable de haber transgredido el deber consagrado en el numeral 1º y 11 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, al desconocer lo consagrado en el numeral 3 del artículo 250 de la Constitución Nacional, calificada como falta grave a título de culpa.

La Sala al emitir su pronunciamiento, lo hará con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

III. Caso concreto

Como se advierte el actuar del a quo se encuentra dentro de la ley, y razonadamente conforme al proceso disciplinario, por ello, los argumentos del recurrente en el sentido de revocar la sentencia, en el sentido de responsabilizar al abogado de la defensa como único autor de dicha falta, no es de recibo para la Sala en la medida que de conformidad con las funciones atribuidas por la Constitución y la ley a los funcionarios Judiciales estas están regladas, y son taxativas, y era a este a quien le correspondía tener la custodia y llevar la cadena de custodia del documento manuscrito que entregó el declarante, el cual podía ser muy útil para identificar responsables de las conductas allí denunciadas, sin embargo no fue así, pues le entregó la prueba de manera directa al abogado defensor, cuando lo debió hacer a través de un empleado de la fiscalía que de conformidad con lo expresada por una de las declarantes efectivamente ella cumplía esa función con el apoyo de otros compañeros, luego tenía varios a disposición y sin embargo no los utilizó, situación que va en contra de sus argumentos defensivos, y por tal razón no son de recibo para esta colegiatura.

En primer término la Sala, encuentra que la conducta desplegada que consistió en entregar documentos que están bajo su responsabilidad y que debían tener la cadena de custodia y sin embargo le fue entregada con autorización del funcionario encargado e investigado, al abogado defensor, quien los extravió, por lo que frente a este hecho la Sala llega a la conclusión de que no le asiste razón al recurrente, por el contrario, este comportamiento permite afirmar que la responsabilidad deberá atribuírsele al encartado como en efecto se hará.

Así mismo en cuanto al elemento subjetivo de que sea injustificado que reitera no está probado, tampoco tiene la vocación de prosperar, por cuanto el funcionario judicial por su condición de abogado, tiene el conocimiento pleno de la normatividad que rige para el desempeño en la rama judicial, y es conocedor de los alcances de cada una de los deberes, inhabilidades y prohibiciones, así mismo de los alcances de las mismas, el hecho de entregar documentos sin la debida precaución y con los procedimientos adecuados, es decir con los protocolos previstos para la cadena de custodia, situación que hace que ocurran situaciones como el extravío del manuscrito entregado en custodia al funcionario encartado y sin embargo asumió el riesgo, lo que hace que un funcionario que administra justicia le está vedado esta clase de comportamientos, dado que terminan vulnerando la majestad de la justicia y por ende la confianza del público, quedando no solo incurso en la tipificación de la conducta, sino que su actuar fue consiente, que es elemento fundamental dentro de una actuación grave a título de culpa, como acertadamente lo sustentó el a quo y que por tanto esta sala lo confirmará.

De las pruebas allegadas al dossier, esta Sala encuentra que investigación adelantada en contra del aquí encartado, por lo que los argumentos expuestos por el a quo, en el pliego de cargos le imputó las siguientes conductas y faltas:

Que el numeral 1º y 11 del artículo 153 de la Ley 290 de 1996, que en su tenor literal expresa:

“(…). ARTÍCULO 153. Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: 1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos. (…). 11. Responder por la conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir oportunamente cuenta de su utilización, y por la decorosa presentación del despacho. (…)”.

Que el numeral 3º del artículo 250 de la Constitución Política, establece:

“(…). ARTÍCULO 250. (…). En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: (…). 3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello. (…)”.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, que en su tenor literal establece:

“(…). Artículo 196. Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código. (…)”.

Es relevante indicar frente a los reclamos que en la apelación arguye el disciplinado, no son de recibo para esta Sala, como ya se observó con anterioridad, por cuanto si bien existe responsabilidad del abogado defensor, la cual se esté investigando en forma separada en la misma Sala disciplinaria, la responsabilidad del funcionario también está plasmada en su actitud descuidada al entregar documentos que son de fundamental importancia dentro de una investigación, prueba que fue recaudada e incorporada al expediente, la responsabilidad de su conservación y custodia era del funcionario aquí encartado, razón fundamental por despachar en desfavor el argumento central de su insatisfacción plasmada en la apelación, pues tiene responsabilidad indirecta en el extravío de la misma.

De la sanción

En cuanto a la sanción impuesta de amonestación escrita atribuida al doctor Nelson Hernández Díaz, en su condición de Fiscal 86 Especializado de la Unidad nacional de D.D.H.H. y D.I.H. de Neiva, Huila, se ajusta a los criterios establecidos por la Ley 734 para este tipo de sanción, teniendo en cuenta la gravedad de la falta, la ausencia de sanciones de la disciplinable y la trascendencia social e imagen de la administración de justicia, por lo que dicha sanción será confirmada.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de abril de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila5, por medio de la cual se impuso sanción de Amonestación Escrita al doctor Nelson Hernández Díaz, en su condición de Fiscal 86 Especializado de la Unidad nacional de D.D.H.H. y D.I.H. de Neiva, Huila, tras hallarlo responsable de haber transgredido el deber consagrado en el numeral 1º y 11 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, al desconocer lo consagrado en el numeral 3º del artículo 250 de la Constitución Nacional, calificada como falta grave a título de culpa, con fundamento en lo expuesto en el presente proveído.

2. REMITIR copia del presente fallo a la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con constancia de su ejecutoria, para efectos de su anotación.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase».

(4) Sala integrada por los magistrados Floralba Poveda Villalba (Ponente) y Teresa Elena Muñoz de Castro.