Sentencia 2012-00488 de agosto 21 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 680011102000 2012-00488 01

Magistrado Ponente:

Dr. Wilson Ruiz Orejuela

Aprobado en Sala 064 de la misma fecha.

Bogotá, D.C., veintiuno de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Según lo previsto por el artículo 256 numeral 3º de la Constitución Política y el artículo 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para revisar en apelación la sentencia de fecha 4 de abril de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander(9), mediante la cual sancionó con exclusión del ejercicio de la profesión al doctor Rubén Darío García Meléndez, por incurrir en la falta consagrada en el artículo 33.9 de la ley 1123 de 2007.

Consideraciones preliminares: El derecho a recurrir el fallo de primera instancia.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos(10), el derecho a recurrir el fallo conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos implica varios elementos.

En primer lugar, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su comentario general número 13, señaló que en los casos de apelación a tribunales de segunda instancia, es importante observar el procedimiento llevado a cabo por el tribunal a fin de otorgar las garantías judiciales previstas en el artículo 14 numeral 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En segundo lugar, este derecho previsto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana, implica también la determinación de qué se va a examinar o revisar por el tribunal de segunda instancia, pues debe haber una revisión plena tanto del derecho como de los hechos(11).

El derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior consagrado en el artículo 8º de la Convención Americana, es el derecho a que se revise íntegramente el fallo en el ámbito de los hechos, en el ámbito del derecho y, particularmente, en el ámbito de la pena(12).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha considerado el derecho de recurrir el fallo, como una garantía primordial en el marco del debido proceso legal. De la misma manera, ha indicado que el derecho de recurrir un fallo, consagrado por la convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior, pues, para una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la convención, se requiere del tribunal superior unas características mínimas jurisdiccionales y de legitimidad para conocer del caso concreto(13).

El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar la firmeza de una decisión adoptada con vicios(14).

De acuerdo al objeto y fin de la convención americana, cual es la protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso contemplado en el artículo 8.2.h. de dicho tratado, debe ser un recurso ordinario eficaz, mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir el fallo. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos(15).

Este derecho pretende entonces salvaguardar el derecho a la libertad individual y su finalidad es precisamente impedir que una decisión, sea adoptada exclusivamente con base en la mirada jurídica de un solo juez. La posibilidad de impugnar el fallo condenatorio simplemente garantiza una segunda oportunidad para revisar decisiones adoptadas, más no la obligación de revocarlas.

Adicionalmente, el derecho referido se fundamenta en el principio de la “doble conformidad”, el cual surge precisamente del interés superior del Estado de evitar errores judiciales que sacrifiquen no sólo la libertad del ser humano, sino también importantes recursos públicos debido a fallos de la jurisdicción contenciosa que condenan al Estado bajo la doctrina del error jurisdiccional(16).

Caso concreto

Las pruebas aportadas al diligenciamiento, conducen a esta Sala a CONFIRMAR la decisión tomada por el a quo, toda vez que la conducta del investigado es reprochable disciplinariamente.

En el folio 1 del cuaderno 1 de anexos, se encuentra el poder que le otorgó el señor Gabino Orduz al abogado Rubén Darío García Meléndez el 31 de agosto de 2009, “para que en mi nombre y representación, represente la defensa de mis intereses proceso ejecutivo singular de menor cuantía, contra la señora Cecilia Céspedes Cancino” (sic a lo transcrito).

Lo anterior, por cuanto la señora Cecilia Céspedes Cancino, le giró al señor Gabino Orduz, un cheque del Banco de Bogotá por valor de veintidós millones de pesos ($ 22.000.000) y, al ser cobrado, el mismo fue devuelto por falta de fondos. Por lo anterior, junto con el poder, el señor Orduz le entregó al abogado Rubén Darío García Meléndez, el cheque girado por la señora Céspedes Cancino(17).

Con las facultades otorgadas en el poder, el 6 de octubre de 2009, el doctor Rubén Darío García Meléndez actuando en nombre y representación del señor Gabino Orduz, instauró demanda ejecutiva singular de menor cuantía en contra de la señora Cecilia Céspedes Cancino, solicitando se librara mandamiento de pago por la suma de veintidós millones de pesos, más los intereses moratorios legales sobre esa cantidad de dinero desde el 25 de abril de 2009, fecha en que se debía cancelar el cheque. Igualmente, solicitó el pago del 20% del valor del capital, contenido en el instrumento, al tenor de lo establecido por el artículo 731 del Código de Comercio(18).

Mediante acta individual de reparto del 6 de octubre de 2009, le correspondió el conocimiento de la demanda ejecutiva singular, al Juzgado Sexto Civil Municipal de Bucaramanga(19), despacho que según auto del 14 del mismo mes y año, libró mandamiento de pago en contra de la señora Cecilia Céspedes Cancino y a favor de Gabino Orduz, por la suma de veintidós millones de pesos, correspondiente a la obligación contenida en el cheque; más los intereses moratorios calculados sobre la anterior suma de dinero a partir del 25 de abril de 2009(20).

El 26 de julio de 2010, se notificó personalmente la señora Cecilia Céspedes Cancino, del auto que libró mandamiento de pago en su contra y a favor del señor Gabino Orduz por la suma de veintidós millones de pesos más los intereses desde la fecha en que se debió cancelar el cheque(21); y, según sentencia del 30 de agosto del mismo año, la titular del Juzgado Sexto Civil Municipal de Bucaramanga, ordenó seguir adelante con la ejecución contra la parte demandada, disponiendo en la misma providencia, el remate previo avalúo de los bienes embargados(22).

El 15 de octubre de 2010, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bucaramanga, procedió a liquidar el crédito, arrojando como resultado la suma de veintinueve millones trescientos setenta y seis mil setecientos setenta pesos ($ 29.376.770) a favor del señor Gabino Orduz(23).

A partir de lo anterior, no se encuentra actuación alguna por parte del abogado Rubén Darío García Meléndez, pues le sustituyó el poder al abogado Camilo Ernesto Reyes Sánchez y a su vez, este último, a la abogada Karina Tatiana Reyes Anaya, quien actuando como apoderada del señor Alirio Pava Rangel, expresó al Juzgado Sexto Civil Municipal de Bucaramanga, que al señor Pava Rangel, se le habían cedido todos los derechos en el proceso ejecutivo singular, para lo cual, como prueba, anexó copia del contrato de cesión de derechos litigiosos y la sustitución del poder.

Mediante auto del 19 de septiembre de 2011, la titular del Juzgado Sexto Civil Municipal de Bucaramanga, aceptó la cesión del crédito a favor del señor Alirio Pava Rangel y en consecuencia desplazó al señor Gabino Orduz y le reconoció personería para actuar a la abogada Karina Tatiana Reyes Anaya.

En la audiencia de pruebas y calificación provisional, llevada a cabo el 29 de enero de 2013, el Seccional escuchó en declaración y bajo la gravedad del juramento al señor Alirio Pava Rangel, quien indicó que no conoce al señor Gabino Orduz. Precisó que el abogado Rubén Darío García Meléndez le adeudaba una suma de dinero, por lo que el togado le expresó que le cedería los derechos litigiosos que se estaban cobrando en el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bucaramanga, a lo cual accedió el señor Pava Rangel, al indicarle el abogado que los dineros allí cobrados eran de su propiedad, pues los había adquirido como pago de unos honorarios.

De lo anterior, se infiere fácilmente que el abogado Rubén Darío García Meléndez, le canceló al señor Alirio Pava Rangel, una deuda personal con el crédito del señor Gabino Orduz.

Lo anterior no fue desmentido por el profesional del derecho procesado, quien en la versión libre que rindió en el seccional de instancia el 29 de enero de 2013, señaló que le cedió los derechos litigiosos que se estaban cobrando en el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bucaramanga al señor Alirio Pava Rangel, porque le debía un dinero equivalente a quince millones de pesos.

El 26 de marzo de 2014, en la continuación de la audiencia de juzgamiento, se escuchó al señor Gabino Orduz en declaración, quien manifestó que le dio un cheque al abogado para que lo cobrara y embargara a la demandada, para lo cual le otorgó un poder. Manifestó que el abogado solo le decía que el proceso estaba en trámite en el juzgado y así lo mantuvo durante mucho tiempo. Expresó que a la final el abogado Rubén Darío García Meléndez, lo llamó y le dijo que no seguía más con ese proceso, que se lo iba a entregar a otros abogados. Expresó que el profesional del derecho lo envió a la notaría con su secretaria y ésta le dijo dónde y qué debía firmar. Al solicitarle una copia de los documentos que había firmado para los abogados nuevos, le indicaron que no era necesario pues quedaban en el expediente del juzgado. Manifestó el señor Gabino Orduz que el abogado lo engañó y estafó, pues le hizo firmar una sustitución de poder, que en realidad era una cesión de los derechos del proceso. Finalmente indicó, que no ha recibido dinero alguno de la obligación de la cual es acreedor y que al señor Alirio Pava Rangel, ya le han venido pagando.

De todo lo anterior, contrario a lo que expresó el aquí procesado en el recurso de apelación, esta Sala concluye que sí existe certeza sobre la materialización de la falta establecida en el artículo 33.9 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que el abogado Rubén Darío García Meléndez, aprovechándose de la ignorancia y poco conocimiento que tiene el señor Gabino Orduz, le hizo firmar unos documentos, convenciéndolo que se trataba de una sustitución de poder para otro abogado, cuando en realidad era una cesión de derechos litigiosos.

Cuando se revisan las pruebas obrantes en el expediente bajo el principio de la sana crítica, como lo dice el tratadista Juan Montero Aroca en su tratado de derecho civil, con la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes(24) y como la combinación de criterios lógicos y de experiencia(25), se concluye fácilmente que no existía razón alguna para que el señor Gabino Orduz le cediera sus derechos en el proceso ejecutivo singular al señor Alirio Pava Rangel; pues como ambos lo indicaron bajo la gravedad del juramento, no se conocían, no habían realizado negocios y mucho menos se sentaron a discutir las condiciones del acto fraudulento. Además, desde que el señor Gabino Orduz le entregó al profesional del derecho inculpado el título para ser cobrado, han pasado más de cinco años en los que no ha recibido pago alguno del dinero que le debía la señora Cecilia Céspedes, el cual ascendía en esa época a veintidós millones de pesos.

De lo anterior, se puede decir que el único beneficiado con la transacción fraudulenta fue el abogado Rubén Darío García Meléndez, quien de una manera engañosa, no solo con el señor Orduz, sino también con Alirio Pava Rangel, canceló una deuda personal con algo que no le pertenecía, el crédito de Gabino Orduz, para lo cual se valió de la ignorancia jurídica de este señor, quien creyó que estaba firmando un poder y, en realidad se trataba de una cesión de derechos.

Así, no comparte esta Sala lo indicado por el apelante en el recurso de alzada, cuando señaló que no existía certeza y que más bien se le debía absolver por duda razonable, pues como se reitera, las pruebas llevan más allá de toda duda, que efectivamente el profesional del derecho de manera fraudulenta cedió los derechos litigiosos que le pertenecían al señor Gabino Orduz.

Ahora, otro de los argumentos del apelante, es que el Seccional no tuvo en cuenta que el señor Gabino Orduz fue de manera voluntaria a la notaría, donde firmó la cesión de los derechos litigiosos. Frente a esto, la Sala responde que el quejoso en este proceso fue el señor Alirio Pava Rangel, quien al enterarse que los derechos que le habían cedido no eran realmente del abogado Rubén Darío García Meléndez, acudió a esta jurisdicción con el ánimo de no tener problemas con el verdadero dueño de los derechos crediticios. Además, nótese que, como ya se indicó, no existe beneficio alguno por parte del señor Gabino Orduz con el contrato de cesión de derechos, pues después de cinco años, no ha recibido dinero alguno como titular del crédito y son unánimes los testimonios tanto de Alirio Pava Rangel como del señor Gabino Orduz, en indicar que no se conocían.

Por lo anterior, el hecho de que el señor Gabino Orduz haya acudido a la notaría a firmar los documentos de cesión, lo que demuestra es el engaño al que fue sometido, pues conforme a la reglas de la experiencia, nadie acudiría si lo pretendido es recuperar el dinero, a firmar un contrato de cesión de derechos litigiosos donde estaba cediendo, conforme a la liquidación del crédito del Juzgado Sexto Civil Municipal de Bucaramanga, la suma de veintinueve millones trescientos setenta y seis mil setecientos setenta pesos ($ 29.376.770), sin obtener absolutamente nada a cambio.

El último argumento del procesado en el recurso de apelación, está relacionado con que el seccional de instancia no justificó la sanción de exclusión, situación que tampoco comparte esta superioridad, pues el a quo indicó que la conducta fue cometida en forma dolosa, a sabiendas de lo que hacía y bajo engaños diciéndole a su cliente que se trataba de la sustitución del poder, “logró que el señor Gabino Orduz, que es un adulto mayor, firmara una cesión de derechos litigiosos a favor de Alirio Pava por una negociación que hizo con este último para el pago de una deuda propia del abogado, actuación fraudulenta que va en detrimento de los intereses de su propio cliente y de la administración de justicia, pues lo que se observa es que mediante engaños despojó a su mandante de la obligación de la cual era acreedor, procurándose a sí mismo un beneficio económico, lo cual también podría producir efectos en el proceso ejecutivo, pues podría llegar a haber nulidad de lo actuado en el proceso 2009-01032, ocurriendo además que como en dicha actuación la demandada ya ha pagado la obligación a favor del cesionario Alirio Pava, podría haber también perjuicio para este último porque el cobro efectuado por él carecía entonces de legalidad. Así las cosas, dada la naturaleza de los hechos, teniendo en cuenta los intereses que se afectaban y la gravedad de los perjuicios que se han causado según lo señalado con anterioridad, en atención a que se trata de una falta dolosa de intervención en acto fraudulento, que se aprecia que el abogado obró en forma tal que venía ejecutando diferentes actos para llevar a cabo la actuación fraudulenta en mención y que la conducta se realizó aprovechándose de las condiciones de ignorancia y necesidad del señor Gabino Orduz que es un adulto mayor que dice que le encomendó el cobro al abogado porque tenía necesidad de recaudar el dinero que le adeudaban, pero nunca le pagaron, sin embargo el abogado sí ha recibido beneficios económicos por el pago de su deuda a Alirio Pava, se considera que la sanción a imponer debe ser la de EXCLUSIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN” (sic a lo transcrito) (resaltado fuera de texto).

Así, de todo lo anterior, se tiene que el abogado interpuso sus intereses personales y económicos a los de su cliente, pues realizó una maniobra abiertamente fraudulenta, la cual se concretó el 19 de febrero de 2011, fecha en la que se cedieron los derechos litigiosos, en detrimento de los intereses del señor Gabino Orduz.

Es para esta superioridad menester, expresar su concordancia respecto del fallo de primera instancia, en lo relativo a la falta del numeral 9º del mencionado artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que el investigado sí desarrolló la conducta que allí se tipifica, pues del material probatorio se desprende que intervino en actos fraudulentos en detrimento de los intereses de su cliente, pues en aras de conseguir el pago de una deuda personal, la que ascendía según el propio inculpado a quince millones de pesos, se olvidó de los intereses y derechos legítimos de su poderdante.

Se reúnen, en consecuencia, los ingredientes normativos del tipo imputado, toda vez que efectivamente el abogado intervino en actos encaminados a defraudar los derechos del quejoso sobre el crédito, lo cual realizó con conciencia y voluntad de obtener un resultado. Así, es acertada la conclusión a la que arribó el Seccional al determinar que la modalidad de la conducta fue dolosa.

En consecuencia, no entiende la Sala como un profesional del derecho, pueda involucrarse en la defraudación en contra de su propio cliente, cediendo los derechos que le correspondían en aras de pagar una deuda particular con el señor Alirio Pava, persona que ni siquiera conocía al señor Gabino Orduz.

La Sala estima que el profesional del derecho disciplinado, injustificadamente incumplió con sus deberes profesionales, comportamiento que merece reproche disciplinario por encontrarse definido típicamente en el artículo 33 numeral 9º de la Ley 1123 de 2007.

En consecuencia debe manifestar la Sala que encuentra ajustada la decisión del a quo, por la cual dedujo responsabilidad disciplinaria respecto de la conducta del referido litigante y ante tal panorama fáctico y normativo, esta corporación concluye que impera la necesidad de confirmar el fallo conocido por vía de apelación, incluyendo la sanción de exclusión de la profesión, pues la misma guarda armonía con los criterios de legalidad, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad previstos en el marco de un Estado social de derecho, la afectación al quejoso y la gravedad de la conducta, la que fue cometida en forma dolosa, a sabiendas de lo que hacía y bajo engaños diciéndole a su cliente que se trataba del traspaso del poder, logró que el señor Gabino Orduz, que es un adulto mayor, firmara una cesión de derechos litigiosos a favor de Alirio Pava por una negociación que hizo con este último para el pago de una deuda propia del abogado, actuación fraudulenta que va en detrimento de los intereses de su propio cliente y de la administración de justicia, pues lo que se observa es que mediante engaños despojó a su mandante de la obligación de la cual era acreedor, procurándose a sí mismo un beneficio económico, lo cual, como lo reiteró el seccional, también podría producir efectos en el proceso ejecutivo, pues podría llegar a haber nulidad de lo actuado en el proceso 2009-01032, ocurriendo además que como en dicha actuación la demandada ya ha pagado la obligación a favor del cesionario Alirio Pava, podría haber también perjuicio para este último porque el cobro efectuado por él carecía entonces de legalidad, al no ser el verdadero acreedor.

Otras consideraciones

De lo efectivamente probado en el expediente, se desprende la presunta materialización de algún ilícito por parte del abogado Rubén Darío García Meléndez, por lo que se ordenará la expedición de copias a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia de fecha 4 de abril de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander(26), mediante la cual sancionó con exclusión del ejercicio de la profesión al doctor Rubén Darío García Meléndez, por incurrir en la falta consagrada en el artículo 33.9 de la Ley 1123 de 2007.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Expídanse las copias, a la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo indicado en el acápite de otras consideraciones.

4. Remítase el expediente a la colegiatura de instancia.

Notifíquese y cúmplase.»

(9) M.P. Carmelo Tadeo Mendoza Lozano, en Sala con el doctor la doctora Martha Isabel Rueda Prada.

(10) Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs Costa Rica, sentencia del 2 de julio de 2004.

(11) Ibídem.

(12) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Maqueda Vs. Argentina, Resolución de 17 de enero 1995 (excepciones preliminares).

(13) Ibídem.

(14) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mohamed vs. Argentina, sentencia de 23 de noviembre de 2012.

(15) Ibídem.

(16) Corte Constitucional, Sentencia C-254ª de 2012.

(17) Folio 2, cuaderno 1 de anexos.

(18) Folio 3, cuaderno 1 de anexos.

(19) Folio 6, cuaderno 1 de anexos.

(20) Folio 7, cuaderno 1 de anexos.

(21) Folio 17, cuaderno 1 de anexos.

(22) Folio 19, cuaderno 1 de anexos.

(23) Folio 26, cuaderno 1 de anexos.

(24) Montero Aroca, Juan (2002) La prueba en el proceso civil. Civitas. págs. 278-279.

(25) Font Serra, Eduardo (2000) El dictamen de peritos y el reconocimiento judicial en el proceso civil. La Ley-Actualidad, págs. 183 y ss.

(26) M.P. Carmelo Tadeo Mendoza Lozano, en Sala con el doctor la doctora Martha Isabel Rueda Prada.