Sentencia 2012-00488 de marzo 26 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Aprobado según acta 24 de la fecha

Radicación: 730011102000201200488 01

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Referencia: Funcionario en apelación.

Denunciado: Juan Gilberto Ovalle Téllez. Juez Primero Civil del Circuito de Ibagué - Tolima.

Denunciante: Juan Bautista Ortiz Montoya.

Primera instancia: Sanción de suspensión e inhabilidad especial para el ejercicio de funciones públicas por el término de un (1) mes.

Decisión: Confirmar.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, “Conocer de los recursos de apelación... en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura”; en concordancia con el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política.

De la nulidad planteada. Inmerso en el escrito de apelación presentado por el operador judicial investigado, se señaló circunstancia la cual consiste que en el pliego de cargos endilgado, no se expresó en la parte resolutiva a que título se le endilgó la falta, es decir, en su modalidad de leve, grave o gravísima, además de considerar que solo se hizo referencia en la parte motiva a la falta grave, por lo tanto, desconoce de donde dedujo la Sala sentenciadora la responsabilidad a título de culpa gravísima, lo cual a su saber rompe de manera abrupta e inexorable su derecho de defensa y del debido proceso.

Esta superioridad una vez revisado dichas circunstancias, se encuentra que efectivamente la colegiatura de primer grado dejó de mencionar el título de la falta dentro de la resolutiva del auto por medio del cual se formularon cargos contra el funcionario aquejado, ello no genera nulidad alguna, pues se evidencia del contenido del proveído antes referido dictado el 21 de noviembre de 2013, que está plenamente motivado pues los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, dispusieron formular cargos en contra del doctor Juan Gilberto Ovalle Téllez, en su calidad de Juez Primero Civil del Circuito de Ibagué, por la presunta inobservancia del deber contenido en el artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, al no haber dado aplicación al artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, conducta que se le calificó como grave a título de culpa gravísima; lo cual fue motivado así:

“Considero el magistrado a quo que la falta imputada al mencionado operador judicial, muestra la desatención elemental de los dispuesto en el artículo 303 del Código de procedimiento Civil, el cual le imponía motivar adecuadamente la providencia en la que decidió de fondo el incidente de regulación de honorarios interpuesto por el quejoso; con lo cual se evidencia una infracción al deber objetivo de cuidado, por la desatención elemental del disciplinable, razón por la cual se le imputara bajo la modalidad de culpa gravísima.

Se le califica como grave, teniendo en cuenta la posición del disciplinable en cuanto a que en su condición de juez civil, estaba obligado a dar aplicación a los preceptos legales que le imponían sustentar sus decisiones fáctica y jurídicamente, para garantizar así además el derecho al debido proceso, pues solo cuando se profieren decisiones motivadas quienes recurren a la justicia pueden tener la certeza que las decisiones de los funcionarios que la administran, se sustentan en la ley y no es su arbitrio”.

De tal forma, no prospera la nulidad señalada por el quejoso, al no encontrarse dicho actuar su situación fáctica procesal referida dentro de las causales establecidas en el artículo 153 de la Ley 734 de 2007.

Límites de la apelación. Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del juez de segunda instancia se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el legislador que aquellos tópicos que no son objeto de la alzada no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación. Es por ello que respecto de la competencia de esta corporación, se reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de evacuar los argumentos presentados por la recurrente(27).

Asunto a resolver. El debate se centra en establecer si el Juez Primero Civil del Circuito de Ibagué, efectivamente omitió un deber funcional al dejar de motivar su decisión proferida el 24 de noviembre de 2011, mediante el cual definió finalmente el trámite del incidente de regulación de honorarios presentado por el abogado aquí quejoso dentro del proceso ejecutivo con radicado 1995-11977-00, puesto que este se apartó de los dictámenes periciales que fueron rendidos al interior del trámite incidental sin fundamento alguno, como también no determinó el acuerdo u acto administrativo mediante el cual se adoptaron y reconocieron las tasas fijadas por el citado Colegio de Abogados.

Del caso en estudio. En el caso sub examine, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, resolvió mediante proveído 9 de abril de 2014, sancionar con 1 mes de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo lapso al doctor Juan Gilberto Ovalle Téllez, en su condición de Juez Primero Civil del Circuito de Ibagué - Tolima, por haber transgredido el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996,en concordancia del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, al considerar que dentro del trámite de incidente de regulación de honorarios presentado por el abogado aquejado, el disciplinable dejó de motivar decisión que resolvió dicho asunto; normas que son del siguiente tenor:

“Ley 270 de 1996 - Artículo 153. Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.

“Código de Procedimiento Civil - Artículo 303. Formalidades. Toda providencia se encabezará con la denominación del correspondiente juzgado o corporación, seguida del lugar y la fecha en que se pronuncie expresada en letras, y terminará con las firmas del juez o los magistrados.

Las que se profieran en una audiencia o diligencia se insertarán en las actas respectivas, salvo en proceso verbal. Sólo se mencionarán los nombres de los apoderados judiciales, cuando se reconozca su personería o se les imponga alguna condena.

A excepción de los autos que se limiten a disponer un trámite, las providencias serán motivadas de manera breve y precisa; no se podrá hacer transcripciones de actas, decisiones o conceptos, que obren en el expediente. Este deberá pasarse a la secretaría en la misma fecha en que aquéllas se pronuncien.

Ninguna providencia requiere la firma del secretario” (resaltado fuera de texto).

Conforme al acervo probatorio se tiene que el disciplinable efectivamente tramitó el incidente de regulación de honorarios dentro del proceso radicado 1995-11977, adelantado por el abogado Juan Bautista Ortiz Montoya contra Constructora Chipalo S.A. en liquidación, asunto dentro del cual el operador judicial mediante auto adiado el 26 de octubre de 2011(28), reguló inicialmente los honorarios del profesional aquejado, reponiendo el mismo mediante nuevo proveído de data 24 de noviembre de 2011(29), en el cual se debate la presunta falta de motivación tal como lo prevé el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil.

Tal como lo señaló la Sala a quo sobre dicha decisión, el disciplinable se refirió a la naturaleza de la gestión realizada, calidad y duración de la misma gestión y cuantía del proceso, siendo estos anteriores criterios los cuales fueron tenidos en cuenta por los peritos al momento de rendir el correspondiente dictamen pericial del 11 de octubre de 2011(30), sin que ello fuera lo realmente considerado por el funcionario para establecer el monto de los honorarios profesionales del quejoso, toda vez que el disciplinable sin justificación alguna, se apartó del criterio expuesto por los auxiliares de la justicia, resultando más que claro que utilizó el suscitado dictamen pericial como un criterio auxiliar omitiendo manifestar los motivos o las circunstancias que lo llevaron a apartarse del mismo, aunado que no relacionó la presencia de errores o anomalías dentro del mismo, como tampoco respecto de los puntos a establecer, ni las inconsistencias aritméticas, de ello se transcribe lo siguiente:

“En cuanto a la pericia, se hace necesario lucubrar que la fuerza vinculante de un experticio, no obliga al juzgador a someterse a aquel de manera absoluta e ingenua, pues, así no ha sido aceptado nunca por el legislador, de ahí que no solo se permita, sino, que se autoriza su análisis y valoración de los fundamentos para adquirir seriedad de juicio y criterio.

Recordemos, que el perito, es pues un auxiliar técnico del juez y su dictamen constituye elementos de juicio importante para el poder judicial, en la medida en que se encuentre plausible sus fundamentos, en que se apoyan las conclusiones a que lleguen y, que en todo caso, debe expresarse con precisión, exactitud y claridad.

Necesario es relievar, que una cosa es el error grave y otra cosa es la falta de fundamentación en un dictamen pericial. Se incurre en un error grave, cuando los peritos toman en consideración factores que no podían influir en su dictamen o el contrario, dejan de tener en consideración elementos necesarios. Igualmente se incurre en error grave, cuando los peritos valoran cosa distinta de la que se ha sometido a su consideración o cuando de base ciertas se llegan por operaciones erradas o resultados falsos.

En cambio, la falta de fundamentación, tiene lugar cuando las bases del dictamen no son suficientes para sacar de ellas las conclusiones formuladas por los peritos. Pero, es factible que la falta de fundamentación de un dictamen conduzca a un error en las apreciaciones y conclusiones de los aludidos auxiliares.

(…) en el caso concreto se desprende que el nuevo apoderado de la parte actora, considero que el dictamen no estaba suficientemente explicado o le pareció que no hacia relación a todos los puntos, existiendo un error aritmético en la cualificación y que el porcentaje asignado por la actuación, no corresponde o se ajusta a la realidad” (Sic a lo transcrito) (resaltado fuera de texto).

Además refirió el a quo en dicha decisión acerca de la existencia del Colegio de Abogados del Tolima, que si bien es cierta la existencia del seccional en dicha región, en el proveído del 24 de noviembre de 2011, el disciplinado no estableció la resolución en la que dichas tarifas se adoptaron, como tampoco el acto administrativo por el cual la entidad estatal correspondiente los aprobó, dejando de sustentar en debida forma la existencia del criterio auxiliar de interpretación tenido en cuenta, veamos:

“Así las cosas, se hace imperioso lucubrar que la actuación se tramito en legal forma y, la acción ha sido de despliegue con la capacidad jurídica en un litigio de naturaleza ejecutiva que la tarifa del Colegio de Abogados del Tolima, tiene regulada y una tarifa del 10% y una máxima de 20% lo que hace en estricto cumplimiento a lo impuesto por el artículo 393 del estatuto procedimental civil, y, acogiendo el criterio ya implantado por varias corporaciones y, teniendo en cuenta que el proceso si necesitó una dedicación plena que demandó un considerable tiempo, para el profesional del derecho a quien sin fundamento legal se le revocó el poder, el suscrito juez, repondrá el auto que precede, fijando los honorarios en la suma de $ 35´000.000 moneda corriente” (sic a lo transcrito) (resaltado fuera de texto).

Es por dicha conducta que deviene el reproche disciplinario al encartado toda vez que se evidencia la falta de motivación precisa en el asunto sub examine, pues se encuentra que su parte considerativa es meramente enunciativa, dejando de establecer la resolución en la que dichas tarifas se adoptaron, como tampoco el acto administrativo por el cual la entidad estatal correspondiente los aprobó; por lo que omitió sustentar en debida forma la existencia del criterio auxiliar de interpretación tenido en cuenta, tal como lo arguyó la Sala a quo; actuar con el cual vulneró el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 303 de la normativa adjetiva civil.

Así entonces, atendiéndose que del aquejado en su calidad de operador judicial, se presume el conocimiento y la debida interpretación normativa, se establece que no le era posible proferir decisión dejando de motivar su consideración, debiendo atender para ello las previsiones que para tal efecto le imponía la norma procesal civil antes citada, en el sentido de los parámetros legales elementales establecidos; se debe traer por demás, la fuente de derecho como lo es la jurisprudencia, y que se reseña en la sentencia del 18 de marzo de 2009, dictada dentro del expediente 26631, con ponencia del magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctor Julio Enrique Socha Salamanca, traída al sub examine por la primera instancia y que rige sobre la materia, de la cual se entiende la existencia de irregularidad en un proceso judicial, cuando la decisión adoptada no esté lo suficientemente motivada, sucintado la nulidad de lo actuado, es decir, que al presentarse una motivación incompleta, puede darse de dos formas, una ocurriendo cuando el funcionario deja de analizar, o una segunda referente al momento que el operador judicial aborda en forma precaria el asunto.

Se trae a colación por parte de esta superioridad el proveído T-302 del 2008 de la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño, dentro del cual se indicó:

“Ejercicio de la función jurisdiccional - Resulta vital en un estado democrático de derecho la obligación de sustentar y motivar las decisiones.

En un estado democrático de derecho, en tanto garantía ciudadana, la obligación de sustentar y motivar de las decisiones judiciales, resulta vital en el ejercicio de la función jurisdiccional. La necesidad de justificar las decisiones judiciales, salvo aquellas en las cuales expresamente la ley ha prescindido de este deber, garantiza que sea la voluntad de la ley y no la del juez la que defina el conflicto jurídico. En este sentido, la motivación de los actos jurisdiccionales, puede ser vista como un componente que refuerza el contenido mínimo del debido proceso, dado que constituye una barrera a la arbitrariedad judicial y contribuye a garantizar la sujeción del juez al ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de la providencia” (sic de lo transcrito).

Además se incorpora al sub examine lo proferido igualmente por la Corte Constitucional dentro de la T-868 de 2009 con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, del cual infiere sobre el tema bajo estudio, que:

“Defecto decisión sin motivación.

4.1. La Sentencia C-949 de 2003 trató por primera vez este defecto de forma independiente, pues solía ser subsumido dentro de la causal sustantiva. Pese a ello, la ‘decisión sin motivación’, como causal específica de procedibilidad, es una de las anomalías superlativas y excepcionales que tiene la entidad suficiente para ser considerada de manera individual como un defecto.

4.2. Sobre el particular, en la Sentencia C-590 de 2005, se explicó que ella se origina por “el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional”.

La obligación de sustentar y motivar las decisiones judiciales se constituye como una garantía fundamental que deviene del Estado de derecho, habida cuenta que se convierte en un imperativo de estirpe constitucional tendiente a que sea la voluntad de la ley y no la del juez la que defina el conflicto jurídico.

En este sentido, la motivación de los actos jurisdiccionales contribuye, en gran medida, a garantizar la sujeción del juez al ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de la providencia, además se evita la arbitrariedad judicial” (sic a lo anteriormente transcrito).

Es claro para esta superioridad que la decisión proferida por el doctor Juan Gilberto Ovalle Téllez, contravino la normatividad vigente en la materia, teniendo en cuenta que el funcionario judicial pretende justificar su decisión refiriendo la existencia de fallo de segunda instancia el cual proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué(31), mediante la cual se dispuso modificar la decisión proferida por el operador investigado, adiada el 24 de noviembre de 2011, fijando finalmente la suma de $ 20.757.768.oo como honorarios profesionales, a los que tendría derecho el abogado Juan Bautista Ortiz Montoya.

Considera esta corporación, que a pesar de ser modificado una decisión por un Superior funcional, en diversos casos no implica el desconocimiento del ordenamiento por parte de los funcionarios judiciales, pues precisamente debido a ello es que la legislación ha establecido jerarquías en las diferentes jurisdicciones a efectos de ejercer un control de legalidad a través de los diversos mecanismos e instrumentos legítimamente establecidos para tal fin, sin que la discrepancia implique el desconocimiento de la Ley o la no aplicación de la misma, ya que ha de entenderse que esto obedece a la naturaleza de los trámites procesales, pues no en vano el legislador en su sabiduría consagró figuras jurídicas como las nulidades, los recursos ordinarios y extraordinarios, por lo tanto no puede ser motivo para tener en cuenta por esta superioridad, toda vez que la misma no se le reprocho disciplinariamente al investigado.

Ahora bien, siendo la administración de justicia el ejercicio de un servicio a la sociedad, esencial e imprescindible, el incumplimiento de los deberes y obligaciones que lo constituyen afecta negativa y directamente su prestación, lesionando indiscutiblemente la imagen de la justicia, su credibilidad y eficacia, constituyendo descrédito para la misma, pues la afrenta no solo es contra uno de los pilares del Estado social de derecho sino también, contra los usuarios de este servicio a quienes se les debe respeto y efectividad en el mismo, incluidas las entidades que forman parte de la estructura del Estado; así las cosas, estos comportamientos son los que se le reprochan al funcionario judicial en el presente asunto, dado que por su rango de juez civil del circuito, al cual se le exige el más estricto cumplimento de los deberes de lealtad, probidad y honestidad, que implica el acatamiento a los deberes determinados por la Constitución Política y las leyes.

Por lo tanto, al proferir decisión carente de motivación dentro del proceso de marras, donde ciertamente omitió determinar el acuerdo u acto administrativo mediante el cual se adoptaron y reconocieron las tasas fijadas por el citado colegio de abogados de la región del Tolima, para proceder a fijar honorarios al abogado quejoso desestimando sin justificación alguna las pericias aportadas por los auxiliares de la justicia al respecto, es así que el funcionario implicado desconoció el mandato legal consagrado en el artículos 303 del Código de Procedimiento Civil.

De la sanción. Persiste también la calificación de la naturaleza de la falta como gravísima culposa, atendidos los criterios señalados en el auto de cargos, esto es: 1) el de jerarquía y mando del funcionario inculpado; 2) la trascendencia social de la falta, pues con la conducta objeto de reproche al disciplinable fue a título de culpa dada la negligencia del investigado, puesto que el disciplinado no tuvo el cuidado necesario al momento de emitir la aludida providencia, pues pese a que la norma procesal civil referida indica que la motivación de los proveídos judiciales deben ser breves y precisos, esto no fue materializado por el operador investigado, actuar el cual incluso reconoció su superior funcional; 3) la naturaleza esencial del servicio público de la administración de justicia.

Fundada la Sala en tales premisas y dado que para las faltas graves, calificadas título de culpa gravísimas, el artículo 44 numeral 2º de la Ley 734 de 2002(32) prevé exclusivamente la sanción de suspensión e inhabilidad especial, cuyos límites conforme al artículo 46 ibídem, oscila entre 1 y 12 meses y la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses, además atendida la ausencia de antecedentes, para la época de los hechos, resulta imperativo para esta colegiatura confirmar la sentencia objeto de apelación proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, a través de la cual sancionó con suspensión de 1 mes e inhabilidad especial por el mismo término, en el ejercicio del cargo al doctor Juan Gilberto Ovalle Téllez, en su condición de Juez Primero Civil del Circuito de Ibagué, por haber transgredido el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, al inobservar el mandato legal del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, se ordenará comunicar la presente decisión al Tribunal Superior de Ibagué y a la dirección de carrera judicial, para lo de su cargo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 9 de abril de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, por medio de la cual sancionó con 1 mes de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo término al doctor Juan Gilberto Ovalle Téllez, en su condición de Juez Primero Civil del Circuito de Ibagué - Tolima, por haber transgredido el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, al inobservar lo presupuestado por el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, acordé con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

2. COMUNICAR lo aquí resuelto al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué y a la dirección de carrera judicial, para lo de su cargo.

3. Devuélvase el expediente al consejo seccional de origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

4. Por la secretaría judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.»

(27) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 21 de marzo de 2007, radicado 26129.

(28) Folios 184 a 185, cuaderno de anexos.

(29) Folios 212 a 216, cuaderno de anexos.

(30) Folios 174 a 177, cuaderno de anexos.

(31) Folios 162 a 174, cuaderno principal.

(32) “ART. 44-2.—El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: 2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas”.