Sentencia 2012-00500 de junio 29 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Proyecto registrado el veintiocho (28) de junio de 2017

Aprobado Según Acta de Sala Nº 49 del 29 de junio de 2017

Exp. 200011102000201200500-01

Magistrado Ponente:

Dr. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal

Bogotá D.C., veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

Asunto

Procede la Sala a resolver la apelación interpuesta contra el fallo proferido el 9 de junio de 2016, mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar(1), sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio profesional POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO al abogado Orlando Díaz Rojas al declararlo responsable de la comisión de las faltas establecida en el numeral 4 del artículo 30, numeral 9 del artículo 33 y literal a) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007.

Hechos y actuación procesal

Fueron resumidos en la sentencia de primera instancia de la siguiente manera:

“El presente asunto tuvo como génesis la ocupación de un predio de propiedad del señor Alberto Pimienta, en donde se asentaron desplazados por la violencia y no desplazados, construyendo improvisados cambuches para vivir; situación ante la cual su propietario inició un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, y cuando se dispuso el desalojo, los ocupantes otorgaron poder al doctor Orlando Díaz Rojas, para que interpusiera en sus nombres una acción de tutela, con el objeto de lograr la suspensión del lanzamiento y se les garantizara su derecho fundamental a una vivienda digna.

(...)

Que a través de la invasión de estas tierras de propiedad del señor Alberto Pimienta Cotes, el abogado Orlando Díaz Rojas, está tratando de lograr la venta forzada de los terrenos invadidos y la de entrega de subsidios de vivienda por las autoridades nacionales y regionales, proceder que constituye una conducta contraria a derecho como quiera que vulnera el principio de libertad y autonomía del propietario, valiéndose además de actos de violencia ejercidos por él mismo o por un tercero para forzar a una persona para celebrar un contrato y transferir sus bienes, tratando de inducir temor, presionando y forzando al señor Pimienta Cotes, a que le venda el predio la Sabana I, sosteniendo que este tiene derecho a que le paguen la tierra, porque nadie le va a quitar nada, y cuando sienta el peso, la dificultad de dar cumplimiento al fallo de la Corte al igual que la devolución de la tierra entonces va a poder negociar con él, (...).” (Folios 185 -190 c.p. # 3). (sic a lo transcrito).

Actuación procesal

De la condición de abogado. El doctor Orlando Díaz Rojas se identifica con cédula de ciudadanía Nº 12.720.470 y posee Tarjeta Profesional Nº 170.146 del Consejo Superior de la Judicatura, que a la fecha de la queja se encontraba vigente. Igualmente no se registra anotaciones disciplinarias.

Apertura de proceso disciplinario. Acreditada la condición de abogado, por auto del 12 de diciembre de 2012, se dio apertura al proceso disciplinario y se señaló fecha para realizar la audiencia de pruebas y calificación provisional.

Audiencia de pruebas y calificación provisional. La audiencia de pruebas y calificación provisional se llevó a cabo en las sesiones del 25 de enero, 21 de marzo, 5 de junio, 11 de julio, 11 de septiembre, 6 de noviembre de 2013, 6 de febrero, 25 de marzo, 16 junio, 29 de septiembre, 6 de noviembre de 2014, en las cuales se recolectaron las siguientes pruebas:

— Declaración del señor Alberto Pimienta Cotes, y del señor Francisco Antonio Marriaga Calderón (5 de junio de 2013).

— Se acumularon los procesos que tenían los mismos hechos y se ordenaron los testimonios de Linda Lorena Guillén Mercado, Yaneris María Guerra, María Victoria García, Yajaria González, Manuel Romero e Iván Mejía.

— El 6 de febrero de 2014 se escucharon los testimonios de Linda Lorena Guillén Mercado.

— El 16 de junio de 2014 se escuchó la declaración de la señora Carmen Simanca de Salgado, del señor Eynar Albeiro Muñoz, Elbert Enrique Armenta Ramírez y Nerio González Céspedes.

— Se allegaron también por el denunciante diversos documentos aportados y organizados en carpetas relacionadas con los hechos puestos en conocimiento con su queja.

Calificación jurídica de la actuación. En audiencia del 6 de noviembre de 2014, la magistrada instructora procedió a formular cargos al abogado Orlando Díaz Rojas, por la inobservancia delos deberes establecidos en los numerales 5, 6 y 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la comisión de las faltas establecidas en los numerales 1 y 4 del artículo 30, numeral 9 del artículo 33 y literal a) del artículo 34 ibídem las cuales fueron calificadas a título doloso.

Lo anterior por cuanto el comportamiento asumido por el togado, interfiere el normal desarrollo de actuaciones administrativas y judiciales sin importar el mecanismo al cual recurra con el ánimo de sacar ilegal ventaja o beneficio ilegítimo en aquellos asuntos relacionados con su ejercicio profesional, aconsejando a los clientes para que intervinieran en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos del estado y la comunidad, cuando estaba obligado a expresarles su franca y completa opinión sobre el asunto que le encomendaba al otorgarles poder para presentar las tutelas, y ya falladas estas, les indicaba que iba a obtener una casa, que ese predio tenían que vendérselo, que el gobierno les iba a entregar una casa, sacándoles dinero por la presentación de las tutelas, por los documentos que se debían anexar, obteniendo por este mismo medios otros poderes comprometiéndose a lograr unos subsidios porque amigo del presidente, mostrando fotos y demás, los cuales obviamente nunca llegaron.

Audiencia de juzgamiento. Se llevó a cabo el 22 de febrero de 2015, en la cual se escucharon las alegaciones finales del abogado investigado. En su intervención manifestó que su actuación se limitó a defender a unas personas necesitadas, del desalojo de sus tierras. Indicó que presentó una acción de tutela el 31 de julio de 2013 y como nuevamente insistían en el desalojo presentó un escrito ante la Corte Constitucional para que se pronunciara al respecto. Afirma que no está en contra del gobernador, puesto que lo único que busca es el cumplimiento de la Sentencia T-946 de 2011.

Decisión apelada

Mediante fallo proferido el 9 de junio de 2016, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio profesional POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO al abogado Orlando Díaz Rojas, al declararlo responsable de la comisión de las faltas establecida en el numeral 4 del artículo 30, numeral 9 del artículo 33 y literal a) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007.

El a quo consideró lo siguiente:

“Si bien es cierto que al formular cargos, se indicó que esas actuaciones el investigado Díaz Rojas, incurrió en la presunta violación del deber de conservar la dignidad de la profesión, descrito en el artículo 28-5 de la Ley 1123 de 2007, al interferir en el normal desarrollo de las actuaciones judiciales y administrativas, disfrazándolas de un excesivo celo, cuando lo que perseguía era obtener un beneficio económico en su favor, logrando que le firmaran poderes, presentando tutelas para extender unos beneficios que la corte constitucional solo dio a un grupo de tutelantes, instando a las personas a que siguieran invadiendo los terrenos de los Pimienta, aumentó el censo poblacional que era uno cuando se falló la tutela por Corte y otro cundo se practicó, que hacia dispendioso el cumplimiento de la misma y la construcción de albergues, en la medida que día a día aumentaba la población, conducta abiertamente contraria a derecho aun cuando la disfrazara de un excesivo celo ante sus poderdantes, a quienes siempre hacia ver una situación diferente a la que había planteado la Corte Constitucional en el fallo génesis de todo este asunto judicial, es evidente que al análisis de las pruebas arrimadas al plenario, no está acreditado que efectivamente con su actuación haya incurrido en la violación del numeral primero del articulo treinta de la Ley 1123 de 2007, pues esta conducta debe subsumirse sin lugar a equívocos, pues su comportamiento su comportamiento fue irracional, insensato, absurdo, a lo dispuesto en el numeral cuarto del citado artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, es decir, que todas esas actuaciones llevadas a cabo por el abogado demuestran que actuó con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión, pero no acreditan que impidió, perturbo o interfirió en el normal desarrollo de las decisiones judiciales, conducta por la cual deberá absolvérsele.

Lo que está demostrado al análisis de la prueba documental y testimonial arrimada al expediente, es el hecho de haber incurrido en la violación del numeral cuarto del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, como quiera que el profesional del derecho debe responder en sus actuaciones a una pautas mínimas de comportamiento de quien aboga por derechos propios o ajenos, en la medida que el conocimiento del derecho que sitúa al abogado en una circunstancia de privilegio, en una verdadera situación de posición dominante frente al común de la población, mal puede emplearse como lo hizo el doctor Orlando Díaz Rojas, con el ánimo de sacar ilegal ventaja o beneficio ilegitimo en aquellos asuntos relacionados con el ejercicio de su profesión, como ocurrió en este caso, donde obteniendo un poder de Linda Lorena Guillen, y otros para evitar un desalojo, cuando ya el mismo había sido ordenado y no había nada que hacer, ofreciendo subsidios y viviendas a sabiendas que nada podía hacer para evitarlo, engañándolos al igual que la señora Carmen Simanca de Silgado, Einar Alberto Muñoz, Nerio González, Yaneris Guerra, etc., haciéndoles creer que manejaba programas de vivienda, que tenían derecho a una vivienda digna, conforme a la decisión de la Corte Constitucional, recibiéndoles poder para obtener subsidios, creándoles expectativas por la relación o amistad con presidente y otros, instándolos a realizar invasiones, etc., asegurándoles que nadie podía sacarlos de esas tierras, por todo lo cual le entregaban dineros, para presentar tutelas, presentando algunas conforme a los poderes que recibía, otras aun el poder no las presentaba, pero recibía una suma de dinero de las personas que le firmaban el poder y le entregaba documentos, porque ofrecía proyectos de vivienda aduciendo que los había presentado en el Ministerio de Vivienda, y que la tutela era para que el alcalde metiera su proyecto y le aprobaran su proyecto, que eran cuarenta y cinco millones con los que iba a construir las viviendas.

Con la actitud asumida por el investigado, es evidente que el abogado incurrió en la violación del deber de colaborar con los fines del Estado, descrito en el artículo 28-6 de la Ley 1123 de 2007, y por ende en la violación de la falta descrita, en el numeral 9 del artículo 33 ibídem, en la medida que ese material probatorio acredita sin dificultad alguna, que el investigado aconsejaba a los clientes para que intervinieran en actos fraudulentos, en detrimento de intereses ajenos, del Estado y de la comunidad, tal como lo explica Linda Lorena Guillen, cuando los instaba a invadir tierras, a tomarse la plaza Alfonso López para presionar al alcalde a buscar soluciones rápidas, a oponerse al desalojo para desesperar a los propietario y lograr la venta, etc., asegurándoles que nadie podía sacarlos de la invasión porque el propietario estaba obligado a venderles, en la medida que lo que se pretende con esta norma es sancionar todas las conductas que recurran al engaño con el ánimo de ocasionar a alguien un perjuicio, independientemente que se trate de una persona o de la colectividad, del cliente al que se representa de la contraparte.

Comportamiento de naturaleza eminentemente dolosa de asalto a la buena fe de los particulares que eran sus clientes, al desfigurarle la realidad, creándole unas expectativas que las autoridades no estaban en condiciones de suplir, porque en tratándose de tierras de particulares debían ser desalojadas cumplidas las condiciones de la Corte Constitucional, ya que el alcalde ni ninguna autoridad puede obligar al dueño a vender los terrenos invadidos, sino todo lo contrario tenían el deber de proteger sus bienes, como lo dispone el artículo segundo inciso de la constitución política, además que el abogado no podía Indiscriminadamente ofrecer albergue o Vivienda a quienes no estaban cobijados por la tutela o en condiciones de vulnerabilidad manifiesta como se indica en la misma, es decir, a quienes no se encontraban en las condiciones establecidas en la misma, apartándose en todo caso de los mandatos constitucionales y legales que el abogado está obligado a acatar”. (sic a lo transcrito).

Apelación

Inconforme con la anterior decisión, el disciplinable apeló la providencia de primera instancia, Fundamentó su argumentación aduciendo que había actuado de conformidad con el poder otorgado, con el fin de impedir el desalojo de la comunidad de Guasimales. De igual forma en relación con la invasión de los Ciruelos reiteró que en virtud del poder conferido presentó acción de tutela de 576 personas para evitar el desalojo del día 20 de junio de 2012, no obstante por manejos irregulares del Alcalde de la Localidad, procedió a realizar el desalojo y en consecuencia se vio obligado a presentar una adición a la acción de tutela inicialmente presentada.

En cuanto al desalojo contra Guasimales (por segunda vez), adujo que el 31 de julio de 2012 había sido programado por el Alcalde de Valledupar el desalojo de las comunidades, no obstante mediante oficio que remitió a la Corte Constitucional pudo impedir nuevamente la diligencia, hecho celebrado por todos los habitantes de ese territorio excepto por la señora Yaneris Guerra quien había sido la encargada de llevar la orden de desalojo.

En cuanto a la Invasión Emanuel y Tierra Prometida, refirió que el desalojo había sido programado por el Alcalde para el 28 de noviembre del año 2012, la cual pudo evitar gracias a su labor, al punto que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social mediante escrito del 26 de agosto de 2014 dirigido al juez tercero civil del circuito le señaló que debe ejecutar la orden de la Corte Constitucional Contenida en la Sentencia T-946 de 2011.

Señaló que ha sido tan buena su gestión que gracias a su actuar se pararon los desalojos sin que ello pueda constituirse en una participación de mala fe o en contra de la recta y leal realización de la justicia. Desacreditó a los testigos linda Guillén y Yaneris Guerra pues considera que no les aconsejó invadir tierras.

Consideraciones

Competencia. La Sala tiene competencia para conocer en apelación las decisiones emitidas por las Salas jurisdiccionales disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 256 numeral 3 de la Carta política(2) y 112 numeral 4 de la Ley 270 de 1996(3), en concordancia con el numeral 1 del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007(4).

Es necesario aclarar que si bien es cierto, el Acto Legislativo 02 del 1º de julio de 2015, modificó el capítulo 7 del título VII de la Constitución Política, suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura, también lo es que en sus artículos 18 y 19, estableció unas medidas transitorias con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones que se encontraban a su cargo.

En este sentido, estipuló que “Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

Aunado a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, analizando este aspecto, consideró:

“De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura debencontinuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que,actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior dela Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentraplenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccionaldisciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia quesurjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones detutela(5) (resaltado nuestro).

En consecuencia, como en la actualidad esta Sala conserva sus funciones y competencias, se encuentra facultada para emitir la decisión que en derecho corresponda en el presente asunto.

Ahora bien, el artículo 26 de la Constitución política consagra que “(...) toda persona es libre de escoger profesión u oficio, dejándole al legislador la regulación de la misma (...)”. También lo es que el fin último de la interpretación de la ley disciplinaria deontológica es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la ley procesal penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

Teniendo en cuenta el principio de legalidad, se tiene que las pruebas aportadas a la actuación conllevan a señalar que el disciplinado trasgredió la normatividad que a continuación se señala:

“ART. 30.—Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:

4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión.

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad.

“ART. 34.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

a) No expresar su franca y completa opinión acerca del asunto consultado o encomendado;

Lo anterior por cuanto el profesional del derecho con el ánimo de sacar ilegal ventaja o beneficio ilegitimo obtuvo un poder de Linda Lorena Guillen, y otros para evitar un desalojo, cuando ya el mismo había sido ordenado y no había nada que hacer, ofreciendo subsidios y viviendas a sabiendas que nada podía hacer para evitarlo, engañándolos al igual que la señora Carmen Simanca de Silgado, Einar Alberto Muñoz, Nerio Gonzalez, Yaneris Guerra, etc., en efecto la primera instancia encontró que el profesional del derecho les hizo creer que manejaba programas de vivienda, que tenían derecho a una vivienda digna, conforme a la decisión de la Corte Constitucional, recibiéndoles poder para obtener subsidios, creándoles expectativas por la relación o amistad con presidente y otros, instándolos a realizar invasiones, etc., asegurándoles que nadie podía sacarlos de esas tierras, por todo lo cual le entregaban dineros, para presentar tutelas, presentando algunas conforme a los poderes que recibía, otras aun el poder no las presentaba, pero recibía una suma de dinero de las personas que le firmaban el poder y le entregaba documentos, porque ofrecía proyectos de vivienda aduciendo que los había presentado en el Ministerio de Vivienda.

La argumentación vertida en el recurso de apelación no resulta suficiente para desvirtuar la ocurrencia de las faltas disciplinarias endilgadas al disciplinable pues el inculpado enfatizó su conducta en haber logrado que no se realizara el desalojo de las diferentes comunidades a las que representó, no obstante, y aunque a primera vista el togado estuviese representando los intereses de su poderdante, lo cierto es que lo realmente reprochado es haber hecho creer que manejaba programas de vivienda, generando la falsa expectativa de recibir una vivienda, instando a sus poderdantes a tomar las vías de hecho (invasiones) para lograr sus cometidos.

Claramente de toda la argumentación vertida en el escrito de apelación, el togado no referencia ni controvierte los cargos de forma clara, pretendiendo excusarse única y exclusivamente en haber impedido los desalojos programados por la Alcaldía de Valledupar. De igual forma controvierte las declaraciones de los testimonios rendidos en primera instancia sin hacer un ejercicio de contraposición a dicha prueba y mucho menos sin explicar porque en la primera instancia no los controvirtió.

Nótese entonces que la carga argumentativa del procesado en el presente asunto no logra desvirtuar el juicio de tipicidad que realizó la primera instancia y por ende la decisión de primera instancia será confirmada.

El quebrantamiento de la norma sólo merece reproche de esta naturaleza cuando se desconoce la norma concebida para preservar la ética de la abogacía, de donde deviene afirmar entonces que la imputación disciplinaria no precisa de la afectación a un bien jurídico sino a la protección de deberes, directrices y modelos de conducta, debidamente legislados. Nótese entonces que el disciplinable determinó con su actuar una vulneración a los deberes profesionales de obrar con dignidad y lealtad en su profesión, colaborando armónicamente con la recta y leal realización de la justicia.

De la sanción: Respecto a la sustentación de la sanción la Sala no encuentra ninguna objeción, esta Colegiatura considera que la sanción impuesta en este caso, deviene en proporcional y razonable respecto a la conducta desplegada por el abogado.

Lo anterior, toda vez que el ejercicio de la abogacía requiere ser controlado con la finalidad de lograr la efectividad de los derechos y principios consagrados en la Constitución, con mayor razón cuando los juristas deben dar ejemplo de honradez y lealtad en sus diversas actuaciones y, en el caso sub lite, la conducta de la disciplinada dista de la misión de todo profesional del derecho, en cuanto a la posibilidad de que sea ejercida de una manera ecuánime y justa frente a la labor que desempeñen sus colegas en el ámbito profesional.

Aunado a lo anterior se observa el concurso heterogéneo de faltas disciplinarias, y teniendo en cuenta los anteriores parámetros, así como la modalidad y gravedad de la conducta imputada, por cuanto dichos comportamientos causan desconfianza, sumado a la afectación de los intereses de los clientes.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo proferido el 9 de junio de 2016, mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio profesional POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO al abogado Orlando Díaz Rojas al declararlo responsable de la comisión de las faltas establecida en el numeral 4 del artículo 30, numeral 9 del artículo 33 y literal a) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007.

2. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. NOTIFÍQUESE personalmente esta decisión al abogado, y en caso de no comparecer procédase por los medios subsidiarios de ley.

4. DEVUÉLVASE el expediente a la seccional de origen.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente—Julia Emma Garzón de Gómez—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Julio César Villamil Hernández.

Yira Lucia Olarte Ávila, Secretaria judicial.

1 Con ponencia de la magistrada Glenis Iglesias de López integrando Sala con el magistrado Lucas Monsalvo Castilla.

2 ART. 256: Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: … 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.

3 ART. 112: Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: … 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas jurisdiccionales disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

4 ART. 59: De la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoce: 1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las Salas jurisdiccionales disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este Código.

5 Magistrado sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez.