Sentencia 2012-00504/20985 de septiembre 25 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-37-000-2012-00504-01

Consejera Ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Nº Interno: 20985

Demandante: Fundación Universitaria San Martín [NIT.860.503.634-9]

Demandado: Secretaría de Hacienda - Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá D.C.

Cobro coactivo - acto administrativo que deja sin efecto la facilidad de pago

Bogotá D.C., veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete

FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y la condena en costas(1).

Antecedentes

El Subdirector de Impuestos a la Producción y el Consumo de la Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C., a través de la Resolución 11093 DDI65949 del 19 de octubre de 2006(2), impuso a la Fundación Universitaria San Martín sanción por no declarar ICA por los bimestres 5 y 6 del año 2001 y por los seis bimestres de los años 2002 a 2004. Y mediante la Resolución 94 DDI006026 del 7 de febrero de 2007(3), profirió liquidación de aforo a la citada Fundación en relación con el impuesto de ICA de los seis bimestres de los años 2002 a 2004, actos que quedaron en firme por no haber sido controvertidos en la vía gubernativa ni en la judicial.

El 5 de noviembre de 2008, la Jefe de la Oficina de Cobro de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, expidió la Resolución DDI-188874, por la cual libró mandamiento de pago en contra de la demandante por la suma de $ 10.916.027.000, monto correspondiente al impuesto de ICA más la sanción y los intereses de mora establecidos en los anteriores actos(4).

Previo otorgamiento de una primera facilidad de pago a la Fundación Universitaria San Martín (a través de la Resolución DDI-286384 de 23 de diciembre de 2008(5)), la Jefe de la Oficina de Cobro de la Subdirección de Impuestos a la Producción y el Consumo de Bogotá profirió la Resolución DDI-236974 de 15 de octubre de 2009(6), por la cual dejó sin efecto la facilidad y ordenó iniciar el proceso de cobro coactivo por las seis vigencias de los años gravables 2005 a 2008 y seguir adelante con la ejecución de los procesos de cobro coactivo 2008-188874 y 2008-188875.

El 4 de marzo de 2011, la Jefe de la Oficina de Cobro de la Subdirección de Impuestos a la Producción y el Consumo de la Secretaría de Hacienda de Bogotá expidió la Resolución 5529DDI092573(7), por la cual libró mandamiento de pago a cargo de la fundación por la suma de $ 2.400.129.000, correspondiente al impuesto de ICA de los años 2005 a 2008.

El 7 de julio de 2011 la demandante solicitó nuevamente facilidad de pago sobre lo adeudado por concepto del impuesto de ICA por los bimestres 2 a 6 del año 2003 y 1 a 6 de los años 2004 a 2008(8).

El 12 de julio de 2011, el Jefe de la Oficina de Cobro de la Subdirección de Impuestos a la Producción y el Consumo de la Secretaría de Hacienda de Bogotá expidió la Resolución DDI 145847, por medio de la cual le concedió a la actora una facilidad de pago con un plazo de cinco años, para que pagara en cuotas, con periodicidad semestral, las obligaciones insolutas por concepto del impuesto de ICA de los bimestres 2 a 6 de 2003 y de los seis bimestres de los años 2004 a 2008.

El 11 de septiembre de 2012, la demandada profirió la Resolución DDI 043392(9), por la cual declaró el incumplimiento de la facilidad de pago, dejó sin efecto la Resolución DDI145847 de 12 de julio de 2011, declaró sin vigencia el plazo concedido, ordenó hacer efectiva la garantía y continuar con el proceso de cobro.

Contra dicha resolución la demandante interpuso recurso de reposición, el cual fue rechazado por extemporáneo por el Jefe de la Oficina de Cobro de la Subdirección de Impuestos a la Producción y el Consumo de la Secretaría de Hacienda del Distrito de Bogotá, a través de la Resolución DDI046035 del 1º de octubre de 2012(10).

Demanda

La Fundación Universitaria San Martín, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formuló las siguientes pretensiones:

1. Que se declare la Nulidad de las resoluciones DDI-043392 del 11 de septiembre de 2012, y ddi.046035 del 1º de octubre de 2012, “por medio de la cual se decretó el incumplimiento de una facilidad de pago” y “se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución ddi-043392 del 11 de septiembre de 2012” respectivamente expedidas por la oficina de cobro de la subdirección de impuestos a la producción y el consumo de la dirección distrital de impuestos de Bogotá D.C.

2. Que como consecuencia de la declaración anterior, se ordene el archivo de los expedientes de cobro coactivo Nº 2008-188874 y 2011EE119515, a título de restablecimiento del derecho, conforme a los hechos de la presente demanda.

3. Que el Distrito Capital, Dirección Distrital de Impuestos, queda obligada a dar cumplimiento a la sentencia dentro del término establecido en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, a partir del momento de ejecutoria de la sentencia.”

Indicó como normas violadas las siguientes:

• Artículos 29, 122, 338 y 363 de la Constitución Política

Adujo violación del debido proceso administrativo tributario, que concretó en lo siguiente:

Señaló que en materia tributaria la Fundación Universitaria San Martín hace parte del régimen establecido por el artículo 19 del Estatuto Tributario, por lo cual, al ser una fundación sin ánimo de lucro que tiene como objeto social prestar el servicio de educación superior, sus excedentes se encuentran exentos del impuesto de renta, de acuerdo con los artículos 356 y s.s. del E.T., de manera que el impuesto de industria y comercio no puede ser ajeno a tal prerrogativa. Además, el servicio que presta la institución no se encuentra incluido como una de las actividades señaladas en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983.

Afirmó que los actos administrativos que sirvieron como título ejecutivo para iniciar los procesos de cobro coactivo, se expidieron teniendo en cuenta actividades distintas a las establecidas en el objeto social de la institución y gravaron ingresos exentos por ley.

Adujo que, a su juicio, el acto que constituye título ejecutivo para seguir con la ejecución es la resolución que declaró el incumplimiento de la facilidad de pago.

Afirmó que, independientemente del acto que conforme el título para iniciar el proceso de cobro coactivo en su contra, lo cierto es que la determinación del impuesto a cargo de la actora, las sanciones o los acuerdos de pago, tomaron como base para liquidar el tributo, ingresos no gravados con el impuesto de industria y comercio, con lo cual se infringe el artículo 338 de la Constitución Política, en cuanto a los principios de legalidad, equidad, progresividad y eficiencia.

Contestación de la demanda

La Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C., a través de apoderado judicial, solicitó que se negaran las súplicas de la demanda, con fundamento en lo siguiente(11):

Violación al debido proceso

Señaló que si bien los actos administrativos demandados son la resolución que declaró el incumplimiento de una facilidad de pago y la que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la primera, los argumentos de la demandante están dirigidos a cuestionar los actos que conforman el título ejecutivo base de los procesos de cobro coactivo Nº 2008-188874 y 2011EE119515, lo cual carece de fundamento fáctico y jurídico, por cuanto la etapa procesal para ese fin se encuentra precluída.

Con base en los artículos 720 y 823-2 del E.T., explicó que frente a los actos contentivos de la sanción por no declarar y la liquidación de aforo, procedía el recurso de reconsideración en la vía gubernativa y acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para cuestionar su legalidad, sin embargo, la actora no ejerció ninguno de esos derechos.

Afirmó que no es aceptable que, so pretexto de demandar la nulidad del acto que declaró el incumplimiento de la facilidad de pago dentro del proceso de cobro coactivo, se pretenda revivir los términos legales con los que contaba para cuestionar la legalidad de los actos antes referidos.

Legalidad de los actos acusados

Señaló que por solicitud de la actora y de conformidad con los artículos 135 del Decreto 807 de 1993 y 814 del Estatuto Tributario, la Administración le concedió facilidad de pago, con un plazo de cinco años, frente a las obligaciones insolutas por concepto de ICA, correspondiente a los periodos gravables 2003 (2 a 6) y 2004 a 2008, la cual incumplió (por el no pago en las fechas establecidas) y, en consecuencia, la misma quedó sin vigencia y se ordenó continuar los procesos de cobro y hacer efectiva la garantía.

Aclaró que si bien es cierto en cualquier etapa del procedimiento administrativo coactivo el deudor puede suscribir una facilidad o acuerdo de pago con la entidad ejecutora, tal situación por sí misma no trae como consecuencia la terminación del proceso de cobro, pues a la luz de lo dispuesto por el artículo 841 del E.T., en el evento en que se celebre el referido acuerdo, el trámite de cobro coactivo se suspende, lo que ocurrió en este caso, por lo que cuando la Administración advirtió el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la actora, se reanudó el proceso.

Sostuvo que la demandante no presentó prueba que desvirtuara el incumplimiento en el pago de las cuotas adeudadas, ya que sólo cuestionó la legalidad de los actos administrativos que sirvieron como título ejecutivo, tanto así, que reconoció el incumplimiento de la facilidad de pago en el recurso de reposición que interpuso de forma extemporánea contra la Resolución DDI-043382 del 11 de septiembre de 2012, al manifestar que el atraso se debió a “traumatismos financieros”.

Audiencia inicial

El 27 de junio de 2013, el a quo llevó a cabo la audiencia inicial(12) prevista en el artículo 180 del CPACA, en la cual advirtió que no se presentaron irregularidades procesales, nulidades y no se propusieron excepciones previas ni se solicitaron medidas cautelares, por lo cual, al encontrarse saneado el proceso, se decretaron las pruebas pertinentes y se dio traslado a las partes para alegar de conclusión.

Sentencia Apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas, con fundamento en lo siguiente(13):

Consideró el a quo que el cargo de nulidad propuesto por la demandante, según el cual los actos administrativos que constituyeron el título ejecutivo para el cobro coactivo iniciado en su contra gravaron ingresos que se encuentran exentos por ley, no puede ser objeto de análisis en la determinación del incumplimiento de la facilidad de pago otorgada por la Administración, sino que debió ser ventilado en vía gubernativa, por cuanto para cobrar una obligación fiscal el título ejecutivo debe estar en firme y tal circunstancia fue la que se presentó en este caso.

Adujo que si la actora consideraba que los actos que constituyeron el título ejecutivo adolecen de nulidad, debió en su oportunidad interponer los correspondientes recursos o debatir su legalidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es decir, cuestionar su validez mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Advirtió que la Fundación San Martín también tuvo la posibilidad dentro del proceso de cobro coactivo de interponer contra el mandamiento de pago las excepciones de ley, las cuales fueron formuladas y después desistidas, razón por la cual la demandante no puede cuestionar en el proceso la legalidad del título ejecutivo.

Por otra parte, señaló que los actos demandados fueron expedidos dentro de un proceso de cobro coactivo adelantado en contra de la actora, por incumplimiento en el pago de las cuotas fijadas en la facilidad de pago.

Indicó que dentro del presente proceso está acreditado(14) que hubo incumplimiento en la facilidad de pago concedida por la entidad demandada, sin que la demandante hubiese desvirtuado tal hecho, pues además de aceptarlo con ocasión del recurso de reposición, al aducir que el incumplimiento obedeció a “traumatismos financieros”, se limitó a cuestionar la legalidad del título ejecutivo que se encuentra debidamente ejecutoriado, por lo cual la Administración Tributaria estaba facultada por ley para dejar sin efectos la referida facilidad de pago.

En criterio del Tribunal, era procedente reanudar el proceso de cobro coactivo adelantado contra la Fundación Universitaria San Martín, sin que tal decisión constituya una vulneración de su derecho al debido proceso, sino que es la consecuencia legal de haber dejado sin vigencia una facilidad de pago que sólo suspendió el proceso de cobro coactivo, más no lo dio por terminado.

No condenó en costas a la parte vencida en el proceso, al considerar en este caso se ventila un interés público, de conformidad con el artículo 188 del CPACA y la Sentencia C-445 de 1995.

Recurso de apelación

La parte demandante, inconforme con la decisión de primera instancia, interpuso recurso de apelación, en los siguientes términos(15):

Reiteró que a pesar de que formalmente los actos administrativos que sirvieron como título ejecutivo de la acción de cobro iniciada en su contra gozan de firmeza, en lo sustancial no se encuentran ajustados a la materialidad de los principios que rigen el sistema tributario, tales como la equidad, eficiencia y progresividad establecidos en el artículo 363 de la Constitución Política.

Afirmó que la actividad que realiza la Fundación Universitaria San Martín es la educación superior en diferentes ciudades del país, en las que percibió ingresos susceptibles de gravamen que fueron denunciados como ingresos brutos en las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios presentadas por los años 2001 a 2004.

Indicó que a partir del año 1998, la institución se abstuvo de declarar el impuesto de industria y comercio en Bogotá porque erróneamente consideraron que no eran sujetos pasivos, motivo por el cual la Administración Tributaria inició los procesos de fiscalización que concluyeron con la expedición de los actos administrativos que sirvieron como fundamento al proceso de cobro coactivo.

Resaltó que dentro de los procesos de sanción y determinación de la obligación tributaria, se le puso de presente a la demandada que los ingresos declarados en renta correspondían proporcionalmente a cada una de las ciudades donde se percibieron, con el fin de que al establecer el tributo se tuvieran en cuenta solo los ingresos obtenidos en Bogotá.

Adujo que la resolución sanción por no declarar viola los artículos 60 y 113 del Decreto 807 de 1993, en la medida en que debió liquidar la base teniendo en cuenta solamente los ingresos obtenidos en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá por actividades gravadas.

Expresó que si la entidad demandada estableció la sujeción pasiva al impuesto de ICA con fundamento en las declaraciones presentadas por la institución hasta el quinto bimestre de 1998, debió aplicar el mismo criterio para imponer la sanción respectiva, pero, por el contrario, tomó como base los ingresos brutos obtenidos a nivel nacional, que incluían otras ciudades diferentes a Bogotá, desconociendo lo dispuesto por los artículos 56-1 y 60-3 del Decreto 807 de 1993.

Afirmó que los actos que constituyen título ejecutivo en el proceso de cobro adelantado en su contra, adolecen de falsa motivación en la medida en que se liquidó una sanción desproporcionada que no concuerda con la realidad de los hechos.

Alegatos de conclusión

La demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda(16).

La demandante no presentó alegatos de conclusión.

El Ministerio Público rindió concepto(17) desfavorable al recurso de apelación, por lo que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Al respecto, resaltó que tal como lo expuso el a quo, la demandante no desvirtuó el incumplimiento que dio lugar a la expedición de los actos acusados, toda vez que en lugar de exponer el concepto de violación en contra de estos, expuso cargos de nulidad contra los actos que impusieron la sanción y liquidaron de aforo el impuesto.

Expresó que la anterior situación no tuvo ninguna modificación en el escrito de apelación, por cuanto actora insiste en la nulidad de la resolución sanción por considerar que la base que tomó la Administración para liquidar la sanción por no declarar el impuesto de ICA, incluyó ingresos que no son gravables en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá.

Dicho cargo no es materia de pronunciamiento en esta instancia, por cuanto el acto administrativo que contiene la sanción por no declarar, no corresponde a los actos demandados.

Por otro lado, indicó que los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme con las facultades otorgadas por el artículo 814-3 del Estatuto Tributario, cuando la Administración Tributaria verifica que el deudor incumplió con lo pactado en la facilidad de pago, lo que trae como consecuencia declarar sin efecto tal acto y continuar con el proceso de cobro coactivo.

Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala resolver sobre la legalidad de la Resolución DDI 043392 del 11 de septiembre de 2012, expedida por la Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C., mediante la cual se declaró el incumplimiento de una facilidad de pago concedida a la actora y se ordenó seguir adelante con la ejecución de lo adeudado por concepto del impuesto de ICA por los periodos comprendidos entre los bimestres 2 a 6 del año 2003 y 1 a 6 de los años 2004 a 2008, y la Resolución DDI046035 del 1º de octubre de 2012, que resolvió el recurso de reposición.

A juicio del recurrente, son nulos los actos administrativos que constituyeron el título ejecutivo dentro del proceso de cobro coactivo porque la base que tomó la Administración para imponer la sanción por no declarar el impuesto de ICA, incluyó ingresos que no son gravables en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá, con desconocimiento del principio de equidad establecido en el artículo 363 de la Constitución.

Previo a abordar el asunto motivo de apelación, es necesario determinar si los actos administrativos enjuiciados son susceptibles de ser demandados en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o, si por el contrario, se trata de actos de ejecución y, por tanto, escapan del control de legalidad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En relación con el acto administrativo que deja sin efecto la facilidad de pago concedida a quienes tienen deudas fiscales con la Administración, la Sala ha precisado que es admisible el control jurisdiccional cuando se trata de un acto que modifica la situación jurídica que se había creado a favor del contribuyente al concederle la facilidad(18).

En efecto, como lo ha expresado la Sala, el acto administrativo que deja sin efectos la facilidad de pago, constituye una declaración unilateral de la voluntad de la administración tributaria, que modifica la situación jurídica del beneficiario, en razón a que:

“[…] a) Se le excluye del tratamiento preferencial que implica el acuerdo de pago: Con la facilidad o acuerdo de pago se concede al contribuyente en mora un término de gracia para el pago de sus obligaciones, bajo condiciones más favorables que las del procedimiento de cobro coactivo, el cual se suspende. Luego, se trata de un período especial, en el que se brinda un tratamiento preferencial para que el contribuyente realice el pago de conformidad con sus posibilidades financieras, y que por demás, resulta más favorable que el procedimiento de cobro coactivo.

b) El contribuyente es afectado por medidas cautelares: Con la revocatoria del acuerdo de pago debe procederse a la práctica de medidas cautelares o volver a hacerlas efectivas, si se hubieren dictado previamente y se suspendieron con motivo de la concesión de la facilidad de pago.

c) Las garantías otorgadas pueden cobrarse coactivamente: A partir de la ejecutoria del acto de revocatoria, aquellas garantías que el contribuyente otorgó en el acuerdo de pago, se convierten en títulos ejecutivos(19).

d) Se reanuda el término de prescripción de la acción de cobro: El acuerdo de pago interrumpe el término de prescripción de la acción de cobro que puede ejercer la administración. Una vez se revoca la facilidad de pago, se reanuda dicho término(20) (21).”

No obstante, en algunas situaciones el acto que deja sin efecto una facilidad de pago no será susceptible de control de legalidad al tratarse de un acto de ejecución, es decir, de aquellos que “se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa(22), sin que pueda afirmarse que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la sentencia o acto ejecutado”(23).

Uno de los eventos en los cuales este tipo de actos no sería pasible de control judicial, se presenta con la resolución que deja sin efecto el acuerdo de pago suscrito con la Administración Tributaria, expedida por fuera del trámite del proceso del cobro coactivo, evento en el que adquiere la connotación de un acto de ejecución, en la medida en que constituye un trámite previo y obligado para dar inicio al referido cobro coactivo(24).

Caso contrario ocurre cuando dentro del proceso de cobro coactivo la Administración declara sin efecto una facilidad de pago y la parte perjudicada con esta decisión alega que no se configuraron los supuestos previstos en el artículo 814-3 del ET, según el cual, la vigencia de la facilidad de pago concedida por la Administración de Impuestos está supeditada a una serie de requisitos, tales como el pago oportuno de las cuotas otorgadas y al cumplimiento de las obligaciones tributarias que se generen con posterioridad al otorgamiento y notificación de la facilidad de pago, evento en el cual esa actuación sería susceptible de control de legalidad ante esta jurisdicción(25).

En el asunto concreto se tienen como probados los siguientes hechos:

• El 4 de marzo de 2011, la Oficina de Cobro de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo de la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital de Bogotá, mediante la Resolución 5529DDI092573, libró mandamiento de pago en contra de la actora dentro del proceso de cobro Nº 2011EE119515 por el impuesto de ICA de los años 2005 a 2008(26).

• El 7 de julio de 2011, la demandante solicitó una facilidad de pago por las deudas insolutas a su cargo correspondientes al impuesto de ICA por los bimestres 2 a 6 de 2003 y 1 a 6 de los años 2004 a 2008(27).

• El 12 de julio de 2011, la Administración Distrital expidió la Resolución DDI 145847, a través de la cual concedió la facilidad de pago(28).

• El 9 de julio de 2012, la Oficina de Cobro de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo de la Secretaría de Hacienda de Bogotá profirió la Comunicación Nº CORDIS 2012EE173409, por la cual le informó a la contribuyente que a la fecha no había cancelado lo correspondiente a una de las cuotas pactadas en la facilidad de pago otorgada(29).

• El 11 de septiembre de 2012, la misma Oficina de Cobro de la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo de la Secretaría de Hacienda de Bogotá declaró el incumplimiento de la facilidad de pago, ordenó hacer efectiva la garantía establecida previamente y seguir adelante con la ejecución.

• Contra el anterior acto, la Fundación Universitaria San Martín interpuso recurso de reposición(30), el cual fue rechazado por extemporáneo a través de la Resolución DDI 046035 del 1º de octubre de 2012(31).

Conforme con lo anterior, en el sub examine, el acto que declaró sin efecto la facilidad de pago se expidió al interior del proceso de cobro coactivo iniciado en contra de la demandante, quien no alegó ni menos demostró el cumplimiento de la facilidad, es decir, que no se hubieran configurado los supuestos previstos en el artículo 814-3 del E.T. para expedir el acto demandado (el pago oportuno de las cuotas otorgadas y el cumplimiento de las obligaciones tributarias generadas con posterioridad al otorgamiento y notificación de la facilidad de pago), pues con ocasión del recurso de reposición la Fundación adujo que el incumplimiento obedeció a “traumatismos financieros”.

Ahora bien, la Sala observa que los cargos planteados por la actora en la demanda y el recurso de apelación, se concretaron a cuestionar los actos administrativos ejecutoriados que constituyeron el título ejecutivo, advirtiendo que tuvieron en cuenta actividades distintas a las establecidas en el objeto social de la institución y se gravaron ingresos exentos por ley, así como que solo se debían tener en cuenta los ingresos obtenidos en Bogotá.

Analizado lo anterior, la Sala advierte que si bien es cierto los actos administrativos demandados se enmarcaron dentro del presupuesto que los hace susceptibles de control judicial, los argumentos esbozados por la recurrente no cuestionan la determinación de la Administración de declarar el incumplimiento de la facilidad de pago otorgada dentro del proceso de cobro coactivo, y por el contrario, delimitó la discusión a la ilegalidad de los actos que constituyeron el título ejecutivo (resolución que impuso sanción por no declarar y liquidación oficial de aforo), desconociendo que para tal fin el ordenamiento jurídico permite su controversia a través de los recursos en la vía gubernativa y, posteriormente, los medios de control dispuestos ante esta jurisdicción.

En otras palabras, la parte actora subsumió los argumentos de ilegalidad de los actos administrativos ejecutoriados que constituyeron título ejecutivo en un escenario ajeno, como es este proceso respecto de unos actos diferentes que dejaron sin efectos la facilidad de pago ante el incumplimiento que ella no cuestionó, por lo que se reitera que las razones de ilegalidad de tales actos que sirvieron de título ejecutivo, debieron alegarse al interior de una de las varias opciones antes señaladas, esto es, la discusión en la vía gubernativa a través del recurso de reconsideración o la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En consecuencia, procede confirmar el fallo recurrido que negó las pretensiones de la demanda, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Finalmente, a la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 (num. 8º) del CGP, estima la Sala que no hay mérito para condenar en costas a la parte vencida, porque en el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen(32).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confírmase la sentencia proferida el 12 de febrero de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

3. Reconócese personería a la doctora Martha Lucía Rincón Benítez, como apoderada de la DIAN, en los términos y para los efectos del poder conferido, visible en el folio 212 c.p.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Magistrados: Stella Jeannette Carvajal Basto, presidenta de la sección—Milton Chaves García—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(1) Fls. 81 a 104 c.p.

(2) Fls. 417 a 423 c.a. 3

(3) Fls. 426 a 435 c.a. 3

(4) Fls. 471 a 478 c.a.3

(5) Fls. 562 a 565 c.a. 3

(6) Fls. 699 a 703 c.a. 4

(7) Fls. 809 y 810 c.a. 5

(8) Fl. 1558 c.a. 9

(9) Fls. 281 a 283 c.a. 2 - 12 a 14 c.p.

(10) Fls. 287 a 288 c.a. 2 - 15 a 16 c.p.

(11) Fls. 36 a 45 c.p.

(12) Fls. 70 a 75 c.p.

(13) Fls. 81 a 104 c.p.

(14) Fl. 258 y vto c.a. 2

(15) Fls. 106 a 134 c.p.

(16) Fls. 176 a 181 c.p.

(17) Fls. 182 a 184 c.p.

(18) Sentencias de 9 de febrero de 2012, Expediente 17721, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, y de 2 de marzo de 2017, Expediente 20995, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(19) ART. 828-4 E.T. Títulos Ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo: (…)
“4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas”.

(20) Artículo 818 E.T.

(21) Sentencia del 29 de octubre de 2014, Radicado 080012331000-2010-01148-01 [19473], C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(22) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Ligia López Díaz, providencia del 30 de marzo de 2006, Radicación 25000-23-27-000-2005-01131-01(15784). Ver también sentencias del 15 de noviembre de 1996, Expediente 7875, C.P. Consuelo Sarria Olcos, del 9 de agosto de 1991, Expediente 5934 C.P. Julio Cesar Uribe Acosta y del 14 de septiembre de 2000, Expediente 6314 C.P. Juan Alberto Polo.

(23) Auto del 26 de septiembre de 2013, Radicado 680012333000-2013-00296-01 [20212], C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(24) En este sentido Cfr. el auto de 15 de mayo de 2014, Expediente 20295, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, y la sentencia de 2 de marzo de 2017, Expediente 20995, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(25) Cfr. Sentencia de 2 de marzo de 2017, Expediente 20995, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(26) Fls. 809 y 810 c.a. 5

(27) Fls. 1558 c.a. 9

(28) Fls. 1554 a 1557 c.a. 9

(29) Fls. 258 y vto c.a. 2

(30) Fl. 285 c.a. 2

(31) Fls. 287 y 288 c.a. 2

(32) En el mismo sentido, sentencias del 6 de julio de 2016, Expediente 21601, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y de 1º de junio de 2017, Expediente 20882, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.