S2012-00507 de septiembre 2 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Radicación 200011102000201200507 01 (10677-24)

Aprobado según Acta de Sala 74

Asunto

Bogotá, D.C., dos de septiembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política; 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el doctor FABIAN ENRIQUE PUMAREJO CARO en condición de Juez Tercero Penal del Circuito de Descongestión de Valledupar, contra la sentencia proferida el 25 de febrero de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cesar, mediante la cual se le sancionó con suspensión de un (1) mes en el ejercicio del cargo, como autor responsable del incumplimiento del numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 196 de la Ley 734 de 2002. Conducta calificada como grave a título de culpa.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente, esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la nulidad.

Deprecó el funcionario acusado la nulidad de la actuación desde el momento que se dispuso el cierre de la etapa probatoria, precisando que mediante auto del 21 de febrero de 2014 se ordenó recibir el testimonio del doctor Alfonso Tatis Vásquez, el cual en su concepto era de vital importancia para el esclarecimiento de los hechos, pero el magistrado ponente le restó importancia y pese haberle citado en dos oportunidades, no empleó los medios con los cuales contaba para hacerlo comparecer .

Conforme a lo reglado en el artículo 143 del Código Disciplinario Único, la declaratoria de nulidad de la actuación procede por: i) La falta de competencia del funcionario para proferir fallo, ii) la violación del derecho de defensa del investigado y, iii) la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

Ha de señalarse por parte de esta Sala que las nulidades se encuentran regidas por los siguientes principios que orientan su declaratoria y convalidación en el procedimiento penal:

“Ley 600 de 2000

ART. 310.—Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación.

1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa.

2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento.

3. No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa técnica.

4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales.

5. Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial.

6. No podrá declararse ninguna nulidad distinta a las señaladas en el artículo 304 de este código.

Del examen sobre la actuación procesal realizada por el Seccional de instancia, considera esta Sala que en la presente investigación disciplinaria no se advierte irregularidad sustancial alguna con incidencia en el debido proceso, en razón a que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cesar, adelantó el proceso respetando las garantías al derecho de contradicción y defensa.

Esta Corporación debe señalar que no se configura la nulidad invocada por el funcionario FABIÁN ENRIQUE PUMAREJO CARO, toda vez que analizado el acervo probatorio allegado al plenario, se evidencia que el a quo contrario a lo esgrimido por el apelante en relación a que el funcionario de primer grado no practicó la totalidad de las pruebas solicitadas al momento de rendir sus descargos, la prueba sí fue ordenada por el Magistrado Sustanciador de instancia y se libró la respectiva citación (fl. 161 c.o primera instancia); no obstante, la realidad procesal evidencia que el servidor judicial Alfonso Tatis Vásquez no atendió el requerimiento efectuado a través de Oficio 347 del 26 de febrero de 2014, sin que ello conlleve la invalidez de la actuación, pues para el momento que fue dispuesto correr traslado para alegar de conclusión se habían recaudado en su mayoría las declaraciones ordenadas, más en modo alguno podía mantenerse en suspenso el proceso por la inasistencia de uno de los testigos llamados a la actuación.

Por lo anterior, al no observarse la incursión en irregularidad que afecte en lo sustancial el derecho de defensa del Juez investigado, se negará la nulidad solicitada en esta instancia.

3. De la apelación.

Al tenor del parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, cuyo texto legal es el siguiente:

“El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación” (negrilla fuera del texto original).

4. De la Calidad de funcionario del disciplinable.

Se acreditó la calidad de disciplinable del doctor FABIAN ENRIQUE PUMAREJO CARO como Juez Tercero Penal del Circuito de Descongestión de Valledupar, mediante Oficio A.G.M.-036-14 del 3 de abril de 2014, por medio del cual la Secretaría General de Valledupar allegó copia del acta de posesión del disciplinable (fls. 149 a 151 c.o primera instancia)

5. Del caso en concreto.

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por el funcionario sancionado, con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el recurrente en la sustentación de su apelación, como quiera que es en éstos donde se exponen las razones de inconformidad con la decisión impugnada.

La situación fáctica que dio génesis al presente disciplinario tuvo origen en la queja instaurada por Ruth Emilia Beleño Pérez contra el Juez PUMAREJO CARO por resolver el asunto penal plasmando hechos que no constaban en el escrito de acusación como componentes de la estructura del tipo penal de Estafa, pues mientras la Fiscalía fincó el ardid en la suscripción de las escrituras en la ciudad de Barranquilla ocultando el poder conferido para tal fin por Basilio de Jesús Padilla Vásquez, el Juez inculpado argumentó que la condenada desplegó la apariencia de actuar simultáneamente como mandataria frente a ARRENDAVENTAS y a Padilla Vásquez, lo cual no fue objeto de debate en juicio, ni fue relacionado de manera clara, expresa, concreta y detallada en el escrito de acusación, usurpando la función acusadora de la Fiscalía.

Tal comportamiento fue enmarcado como incumplimiento del numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por inobservancia de los artículos 6 y 29 de la Constitución Política; el artículo 48 de la Ley 270 de 1996; el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil aplicable al caso penal por remisión del artículo 23 de la Ley 600 de 2000:

Establece el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996:

ART. 153.—DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.

Por su parte, la contenida en la Ley 734 de 2002, dispone:

ART. 196.—FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código

A su vez, los artículos 6º y 29 de la Constitución, enseña que:

ART. 6º—Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

Las contenidas en el Código de Procedimiento Civil, señalan:

ART. 305.—CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio.

Revisado el expediente de la investigación penal 200013101003-201000393 seguida contra Ruth Emilia Beleño Pérez por el delito de Estafa, se observa:

• El 24 de septiembre de 2010, la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Valledupar, profirió resolución de acusación contra la señora Ruth Emilia Beleño Pérez por el delito de Estafa, aduciendo que la acusada: “con su actuar violó el artículo 246 del Código Penal, pues está demostrado que obtuvo para sí un provecho ilícito, cuando entró en su haber sin justa causa ni justo título un lote de terreno que comprado en OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000.oo) del año 2005, hoy valdrá mucho más, provecho que obtuvo induciendo en error a las firmas ARRENDAVENTAS y/o CENTRAL DE INVERSIONES por intermedio de un artificio, el esconder el poder con que actuaba, ir a firmar las escrituras públicas a una ciudad en dnde no sabían que ella era mera mandataria” (fls. 94 a 105 anexo II subraya fuera de texto)

• Correspondió conocer de la causa al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar, el cual por auto del 12 de octubre de 2010 avocó el conocimiento de la actuación. (fl. 112 anexo II)

• Evacuadas las respectivas audiencias en la causa penal, el 16 de octubre de 2012 el doctor FABIAN ENRIQUE PUMAREJO CARO profirió sentencia, mediante la cual se declaró responsable a Ruth Emilia Beleño Pérez como autora del punible de estafa, considerando:

“Siendo así las cosas, el hecho que la señora RUTH EMILIA BELEÑO PEREZ no tenga causa legal para sustentar la adquisición del derecho de dominio sobre el inmueble urbano tipo lote que hoy presenta en su haber personal, en nuestro entender ello configura un enriquecimiento sin causa que puede tener origen en el ejercicio arbitrario de sus propias razones (vía de hecho) si lo que pretende es cobrarse acreencias laborales a que considera tenía derecho o en la defraudación originada en un engaño al señor BASILIO DE JESÚS PADILLA CÁSQUEZ lo que en uno u otro caso atenta contra su patrimonio económico, por la negativa a reconocerle mediante escritura pública su derecho de propiedad o dominio, a más del hecho de haberle obstruido la posesión que en forma pacífica publica e ininterrumpida venía ejerciendo sobre el mencionado lote de terreno urbano.

“Frente a esta situación advierte el despacho que la tipicidad del delito de ESTAFA no se configura conforme los planteamientos de la fiscalía por el hecho de que la procesada haya suscrito las escrituras públicas en la Notaría Cuarta de la ciudad de Barranquilla, pues procesalmente se acreditó que fue la Superintendencia de Notariado y Registro la que mediante reparto designó para dicho acto esa notaría, ya que disposiciones legales así lo exigían por ser CENTRO DE INVERSIONES una empresa de economía mixta que maneja recursos del estado, de igual forma, también resultaría irresponsable por pare de la judicatura considerar que como ardid engañoso la procesada haya ocultado el poder, pues quedó acreditado como hecho relevante que este fue allegado al proceso fue por la parte denunciante: hoy supuesta víctima del reato constituida en parte civil, amén de las falencias relacionadas con la fecha de su presentación personal e imposibilidad de haberse determinado pericialmente la época de dicho documento, situación que no desvirtúa la versión defensiva de la procesada en el sentido que hasta el día de su indagatoria fue que conoció ese poder. De tal forma que hasta aquí son admisibles los alegatos esgrimidos por la defensa en la vista pública.

“No obstante, al advertir el despacho que en materia penal el principio de congruencia exige al operador judicial tener en cuenta los hechos imputados más allá de cualquier calificación jurídica, atendiendo los hechos jurídicamente relevantes dentro de la presente actuación penal, consideramos que la conducta desplegada por la señora RUTH EMILIA BELEÑO PEREZ si es típica frente a la descripción abstracta que contiene el artículo 246 del código penal colombiano, pues siendo el delito de ESTAFA una conducta punible de resultado que consiste en obtener para sí o para un tercero un provecho ilícito, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, desde el momento en que el señor BASILIO DE JESUS PADILLA VASQUEZ presentó a RUTH EMILIA BELEÑO PÉREZ ante la gerente y demás servidores de la firma intermediadora ARRENDAVENTAS, la procesada tenía pleno conocimiento que su intervención en el trámite de adquisición de dicho lote de terreno era en condición de mandataria de PADILLA CASQUE, quien de tal circunstancia si estaba seguro hasta el punto que suscribió un poder con intención de entregarlo para tal fin, pero que finalmente no le entregó quien sabe por qué circunstancia, mientras que RUTH EMILIA tampoco se lo exigió ni volvió a recordárselo, ya que inmediatamente él viajó al extranjero ella inició a nombre propio todo el trámite ante CISA aparentándole simultáneamente tanto a ARRENDAVENTAS en Valledupar como a PADILLA VASQUEZ en el exterior que sí actuaba como mandataria de este, pues lógicamente ante lo contrario cualquier persona del común no le hubiera girado a su cuenta personal el dinero del precio acordad, ni hubiera autorizado que retirara de una cuenta suya el faltante para cubrir el saldo de un dinero que hacía recibido por la venta de unos semovientes, como también los representante de ARRENDAVENTAS hubieran advertido entonces a CISA sobre la maniobra engañosa, pues su verdadero cliente el que siempre estuvo interesado en la adquisición del lote y con el que finalmente acordaron precio, era VASILIOPADILLA y no RUTH EMILIA BELEÑO PEREZ<, constituyéndose la doble apariencia de esta en el negocio, en su ardid engañoso para inducir a su víctima en el error que le permitiría finalmente obtener un provecho ilícito. Pero aún más, con esa doble apariencia en el negocio, antecedida con la confianza que ya se había ganado de su víctima, habida cuenta que estando él en los Estados unidos le rendía informe hasta por insignificantes $2.767 gastados en la compra de una válvula … frente al negocio de mayor magnitud en que participó, es decir el de la adquisición del lote donde aparentó actuar a nombre propio, nunca le rindió informe alguno al señor BASILIO PADILLA manteniéndolo en el error de que lo había hecho a nombre de él, pues este se percató de tal situación solo hasta el año 2007 cuando creyendo invenciblemente que la propiedad estaba registrada a su nombre quiso iniciar un proyecto de construcción con el arquitecto JOSE OROZCO OROZCO de la firma OBRE LTDA”. (fls. 1 a 20 anexo III)

• Contra la anterior determinación, la defensa impetró recurso de apelación, el cual fue desatado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, en sentencia del 22 de abril de 2013, por medio de la cual se revocó íntegramente la determinación adoptada por el a quo, señalando que el juzgador de primera instancia descartó las maniobras por las que en principio se había acusado, generando problemas de congruencia por modificar el núcleo básico y fáctico de la acusación, variación que afectaba el debido proceso y la destinataria de la acción penal, pues la estrategia exculpativa siempre estuvo orientada a enervar la postura incriminadora de la agencia instructora y no la adoptada en la sentencia. Además de lo anterior, se precisó que la valoración probatoria efectuada no fue la más afortunada. (fls. 44 a 68 c.o primera instancia)

Frente al recuento antes realizado, corresponde examinar las razones objeto de apelación por parte de la disciplinable, precisando que en relación al primer argumento aducido en la apelación, referido a la nulidad, ya se realizó pronunciamiento en precedencia.

Así las cosas, en relación al segundo punto de la apelación, sobre la inexistencia de la falta, pues lo que plasmó al proferir la sentencia correspondió a la valoración in extenso efectuada respecto de la situación puesta a su conocimiento.

Pues bien, sobre este aspecto en particular encuentra la Sala que, con independencia de las interpretaciones realizadas por el disciplinable, considerando los presupuestos para la imposición de la condena, lo cierto es que ésta se distanció de su deber funcional de servir al Estado y a la comunidad con moralidad, lealtad e imparcialidad, al privar a la procesada de la posibilidad de controvertir los cargos en el modo como fueron modificados en la sentencia, advirtiendo que reconoció e hizo mención en su decisión al principio de congruencia; sin embargo, optó por apuntar a circunstancias que en ninguna de las etapas fueron discutidas y menos debatidas por la defensa.

Ante semejantes contradicciones, y habida cuenta de todos los demás elementos de convicción acertadamente analizados por el a quo, esta Corporación concluye que no le asiste razón al apelante y que, en consecuencia, la decisión del juez disciplinario de primer grado fue acertada.

Lo anterior, en razón a que si bien es cierto, los funcionarios judiciales gozan del principio de autonomía e independencia judicial, también lo es que éstos deben ser cuidadosos al emitir las respectivas decisiones al interior de los asuntos que conocen, por cuanto, cuando éstas vulneran el ordenamiento jurídico, incurriendo en lo que doctrinalmente se ha denominado vía de hecho, o cuando, para cimentar su decisión, distorsiona ostensiblemente los principios de la sana crítica, orientadores de la valoración probatoria, supone indebidamente pruebas inexistentes en el expediente o desconoce groseramente las que obran en el plenario, dicho comportamiento se erige en falta disciplinaria., como ocurre en este evento, donde el actuar descuidado del operador de justicia acusado, trajo como consecuencia la emisión de una sentencia condenatoria contra la denunciante, decisión que apelada fue revocada en su integridad por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, mediante providencia del 22 de abril de 2013 (fls.44 a 68 c. o. primera instancia), donde textualmente se plasmó lo siguiente:

“Al margen de los eventuales problemas de congruencia que aquello podría generar, y que en efecto ostenta la potencialidad para hacerlo, por modificar el núcleo básico y fáctico de la acusación, pues una cosa es que se le diga que la maniobra engañosa consistió en hacer el proceso de escrituración en una ciudad diferente donde no sabían que ella era mandataria, y que haya ocultado el presunto poder que le fue otorgado para el efecto y otra muy distinta es que posteriormente se diga que esas ya no son las acciones timadoras, y que estas consisten en haberse ganado la confianza de la víctima, y luego haber aparentado en dos escenarios distintos la condición bajo la cual actuaba en la negociación, variación que sin duda alguna afecta el debido proceso y de contera el derecho de defensa del destinatario de la acción penal, pues la estrategia ex culpativa – incluso hasta en juzgamiento siempre estuvo orientada a enervar aquella postura incriminatoria de la agencia instructora, más no hacía la que a última hora adoptó el Juzgador en la sentencia que finalizó la primera instancia”.

(….) Pero aparte del problema de congruencia detectado, importa destacar que la valoración probatoria que hizo el Juzgador de Instancia, y de lo definitivamente demostrado dentro del proceso, no fue la más afortunada para dar por descontada la existencia del delito de Estafa previsto en el artículo 246 del Código Penal, pues en relación a la presunta doble apariencia de la condición en que actuaba, que se afirma hizo efectiva la procesada ante el denunciante mismo y sobre la agencia intermediaria para la negociación, jamás puede sostenerse que aquella haya quedado completamente consolidada en la actuación procesal, como lo indicaron la procesada y su defensor, existe prueba que permite afirmar lo contrario, es decir, que la denunciada, nunca aparentó ante ARRENDAVENTAS, que actuaba a nombre de un tercero (….)”.

De la misma manera, el mencionado Tribunal hizo alusión a una sentencia sobre la trascendencia de la resolución de acusación y la claridad y precisión que deben contener los cargos, dada la prevalencia del principio de congruencia.

Conforme lo anteriormente analizado, estima esta Colegiatura que como bien se plasmó en la sentencia objeto de apelación, el funcionario disciplinable no atendió la normatividad y los parámetros establecidos vía jurisprudencial relacionados con la modificación de la resolución de acusación.

En lo atinente al tercer punto de apelación, consistente en aseverar configurada la causal de exclusión de responsabilidad contenida en el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, esta Corporación, confrontando si el Juez implicado se enfrentó a un error capaz de conducir al quebrantamiento del deber funcional en la actuación procesal a su cargo, reitera la posición de la Sala en punto de que el único error que podría justificar la conducta omisiva es uno insuperable o invencible, entendiendo como tal, aquel con entidad suficiente para que una persona con mediana prudencia y diligencia no incurra en él.

Abordando el tratamiento del error en materia disciplinaria, doctrinariamente se ha considerado ser un problema que atañe directamente a la culpabilidad, “se presenta cuando existe una discordancia entre la conciencia del autor y la realidad; a su vez, los errores puede ser vencibles o invencibles dependiendo de si el autor hubiera podido salir de él aplicando esfuerzos razonables o si pese a poner la diligencia debida no hubiese podido salir del error. Así, en el error de hecho la representación equivocada recae sobre los presupuestos fácticos del deber sustancialmente infringido, la colisión de deberes, la colisión entre deber y derecho y el aspecto objetivo de las causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria”(2).

De esta manera, el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002 consagra como causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria “la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”.

Para que opere la exención de responsabilidad establecida en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, es obligatorio además de la existencia del error, que éste sea invencible. Es necesario que el disciplinado tenga la creencia plena y sincera de que actuaba ajustado al ordenamiento jurídico, y adicionalmente, que el error de apreciación no era humanamente superable dadas las condiciones personales del procesado y las circunstancias en que éste se realizó, lo cual no se evidencia en el presente evento, porque de la prueba recaudada se colige que el investigado actuó descuidadamente y sin diligencia, lo cual determina que su proceder fue contrario a derecho, se itera, en razón a que vulneró el principio de congruencia entre la resolución de acusación y la sentencia, lo cual en razón a su condición de Juez de la República debía conocer, lo cual significa que el error invencible alegado por el investigado, no lo era.

Conforme a lo anterior, no es de recibo como causal de justificación lo alegado por el disciplinable, por cuanto de tratarse de un error que no era insuperable, pues para resolver el caso puesto a su conocimiento le era de obligatoria consulta la norma que regula la materia, menos creíble resulta que la incursión en el yerro obedeció a tema meramente interpretativo, lo cierto es que respecto de la conducta punible de Estafa, incluso los testimonios acopiados a la actuación dieron cuenta en efecto de la potestad al Juzgador de variar la calificación provisional efectuada por el instructor; sin embargo, lo que se advierte en este caso es que surtidas las respectivas audiencias públicas, al momento de definir el asunto, la carga argumentativa de la sentencia apuntó a circunstancias respecto de las cuales la defensa de RUTH EMILIA no tuvo oportunidad de pronunciarse o desvirtuar probatoriamente, aspecto que no puede ser catalogado como un error insuperable, pues dada su trayectoria, el funcionario judicial al resolver el asunto debía tener en consideración que tales apreciaciones variaban ostensiblemente de los inicialmente endilgados a la quejosa.

Finalmente, en relación al último argumento, petición subsidiaria de examinar la falta disciplinaria como leve culposa, lo cual daría a la imposición de una amonestación, esta Colegiatura, contrario a lo considerado por el operador de justicia acusado, considera acertada la calificación efectuada por el a quo como grave, atendiendo el grado de jerarquía del investigado, pues su condición como administrador de justicia le exigía efectuar una adecuada valoración de los medios acopiados a la actuación penal, atendiendo los derechos fundamentales de la procesada, quien se vio sorprendida y privada del derecho de contradicción, ante el nuevo escenario considerado en su fallo por el operador judicial, y condenada por el delito de Estafa, decisión revocada integralmente por el Superior Jerárquico para en su lugar absolverla. .

Así, teniendo en cuenta que fue imputada la falta a título de culpa, la sanción a imponer no podía ser otra que la suspensión, obedeciendo la impuesta de un (1) mes, a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, amén de acoplarse a los criterios señalados en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002, por lo cual habrá de confirmarse.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada del 25 de febrero de 2015, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, sancionó con Suspensión de un

(1) mes en el ejercicio del cargo al doctor FABIÁN ENRIQUE PUMAREJO CARO en su condición de Juez Tercero Penal del Circuito de Descongestión de Valledupar, como autor responsable de la falta disciplinaria del numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, de acuerdo con lo considerado en la parte motiva de este pronunciamiento.

2. Comisiónese al Magistrado Sustanciador de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cesar, con facultades para subcomisionar, para que en el término de Ley, notifique a las partes de la presente providencia. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a esta Corporación.

Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al Consejo seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

SALVAMENTO DE VOTO

Respetuosamente, me permito expresar las razones por las cuales suscribí la providencia de la referencia con salvamento de voto.

Con la decisión objeto de este salvamento se decidía si se confirmaba o no la sentencia emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, por medio de la cual se sancionó con un mes en el ejercicio del cargo al doctor FABIAN ENRIQUE PUMAREJO CARO, Juez Tercero Penal del Circuito de Descongestión de Valledupar, como responsable de incurrir en falta disciplinaria, deducida a partir de la violación al deber consagrado en el artículo 153-1, en armonía con los artículos 305 del Código Civil, 6 y 29 de la Constitución Política, calificada como grave y a título de culpa.

En efecto, la investigación surgió con ocasión de la queja suscrita por la señora Ruth Emilia Beleño Pérez, con el fin de que se investigara la conducta del Juez porque, el 16 de octubre de 2012 emitió sentencia condenatoria, imponiéndole como pena principal 32 meses de prisión y multa de 66.66 s.m.l.m.v. y accesoria de inhabilitad para el ejercicio de derechos y funciones púbicas, pero se le concedió la suspensión condicional de la pena y, además, se autorizó a la víctima del delito de estafa para que reasumiera la posesión del inmueble, bajo el argumento de que tenía pleno conocimiento de que actuaba como mandataria del señor Padilla Vásquez e inició el trámite a nombre propio, aparentando que actuaba conforme al poder, cuando el escrito de acusación el ardid se fundamentó en la suscripción de las escrituras en la ciudad de Barranquilla ocultando el poder otorgado para ello.

En ese orden de ideas, se sancionó al funcionario porque modificó el núcleo básico de la acusación, afectando el derecho de defensa de la procesada por la incongruencia entre el fallo y la resolución de acusación.

Esta Sala resolvió confirmar el reproche y la sanción, siendo esta la inconformidad del suscrito, pues considero que la labor ejercida por el Dr. PUMAREJO CARO se orientó a la interpretación del material probatorio arrimado a la investigación, y si la exégesis por él realizada fue correcta o incorrecta es cuestión que no interesa a la jurisdicción disciplinaria, sino a la jurisdicción ordinaria, en este caso, al Tribunal Superior respectivo.

En ese orden de ideas, considera el suscrito que el funcionario actuó dentro de la autonomía funcional que ampara a los jueces y magistrados, tal cual lo señalan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos:

“Es necesario advertir, por otra parte, que la responsabilidad disciplinaria de jueces y Conjuecess no puede abarcar el campo funcional, esto es el que atañe la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según sus competencias. Por consiguiente, el hecho de proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la función de administrar justicia no da lugar a acusación ni a proceso disciplinario alguno.

Ahora bien, si se comprueba la comisión de un delito al ejercer tales atribuciones, la competente para imponer la sanción es la justicia penal en los términos constitucionales y no la autoridad disciplinaria. Ello resulta de la autonomía garantizada en los artículos 228 y 230 de la Constitución”(3).

Así mismo, esta Sala ha señalado:

“Por fuera de esas situaciones, las interpretaciones de la ley o el valor asignado por el funcionario a las pruebas, así tales comportamientos en un momento determinado puedan juzgarse equivocados, escapan del ámbito de control de la jurisdicción disciplinaria.

Así las cosas, estima la Sala que ninguna posibilidad hay de cuestionar por vía disciplinaria la conducta de los aquejados, máxime cuando se encuentran amparada por los principios de autonomía e independencia funcional, consagrados en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, los cuales impiden a la jurisdicción disciplinaria formular reproche de esta naturaleza

cuando simplemente el funcionario aplica el derecho, producto de la interpretación razonada y razonable de la ley o la valoración de las pruebas”(4).

En ese orden de ideas, considero que la decisión a emitirse era la absolución.

En ese sentido, dejo expuesto mi salvamento de voto.

Atentamente,

Wilson Ruiz Orejuela  

(2) Gómez Pavajeau Carlos Arturo. Dogmática del derecho disciplinario. Ed. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2004. Pág. 393

(3) Sentencia C- 417 de 1993. Corte Constitucional

(4) Decisión del 28 de mayo de 2012, Rdo. 201101966 00, M.P. Julia Emma Garzón de Gómez