Sentencia 2012-00510 de noviembre 14 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Rad.: 760011102000201200510 01 (7075-15)

Aprobado según Acta de Sala 88

Bogotá D.C., catorce de noviembre de dos mil trece.

Asunto

Negada la ponencia al magistrado Henry Villarraga Oliveros(1), procede la Sala a conocer en grado jurisdiccional de consulta, la sentencia proferida el 22 de octubre de 2012, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, con ponencia del magistrado Víctor Humberto Marmolejo Roldán(2), mediante la cual sancionó con suspensión de un (1) año en el ejercicio de la profesión al abogado Juan Carlos Calle Mercado, tras hallarlo responsable de la falta descrita en el artículo 35 numeral 4º agravada por la utilización del artículo 45 literal C numeral 4 de la Ley 1123 de 2007.

Hechos y actuación procesal

1. Mediante escrito radicado el 15 de marzo de 2012, la señora Caroline Jensen Mosquera, a través de apoderado judicial, interpuso queja contra el abogado Juan Carlos Calle Mercado, a quien acusó de apoderarse de los dineros recaudados en los procesos ejecutivos para los cuales le otorgó poder.

Aseguró que en su condición de representante legal de la sociedad ASHE S.A., facultó al profesional del derecho inculpado para iniciar los siguientes procesos ejecutivos:

Contra Harold Ramírez Medina y Francisca Teresa Medina de Ramírez, el cual se adelantó ante el Juzgado 5 Civil Municipal de Cali, bajo el radicado 2007-00868.

Contra Papelería Arango Ltda., adelantado ante el Juzgado 26 Civil Municipal de Cali, con radicado 2009-01111.

Contra DP Impresores Ltda., ante el Juzgado 9 Civil del Circuito de Cali, bajo el radicado 2008-038.

Agregó además, que los procesos contra Harold Ramírez Medina, y DP Impresores Ltda, fueron terminados por pago total de la obligación, sin embargo el disciplinable no entregó a su mandante los dineros allí recaudados.

Frente al proceso seguido contra Papelería Arango Ltda., indicó, que el togado descuidó y abandonó dicho litigio, omitiendo entregar los informes de la gestión.

Por último, reseñó, haber entregado anticipos al litigante encartado por la prestación de sus servicios profesionales, para adelantar los referidos procesos ejecutivos. Anexó copia de contrato de prestación de servicios, suscrito con el abogado Calle Mercado; certificado de existencia y representación de la sociedad ASHE S.A.; comprobantes de pago y cuentas de cobro respecto de los honorarios del profesional del derecho, y petición elevada al disciplinable, solicitándole informes sobre la gestión encomendada (fls. 1 a 17 cdno. 1ª instancia).

2. Establecida la condición de abogado del investigado (fl. 20 cdno. 1ª instancia), mediante auto del 23 de abril del 2012, el magistrado instructor de la Sala a quo abrió investigación disciplinaria, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, a la vez, en cumplimiento del artículo 105 de dicha ley, señaló fecha para llevar a cabo la diligencia de audiencia de pruebas y calificación provisional (fl. 22 cdno. 1ª instancia).

3. A folio 30 del cuaderno de primera instancia, obra poder otorgado por el disciplinable a un defensor de confianza, para asumir su representación en la presente actuación disciplinaria.

4. En fecha 5 de julio de 2012, se llevó a cabo audiencia de pruebas y calificación provisional, diligencia en la cual se surtieron las siguientes actuaciones.

a) El magistrado sustanciador de instancia, una vez dio lectura al escrito de la queja, procedió a decretar la ruptura procesal para asumir la investigación respecto de las presuntas irregularidades en que incurrió el letrado encartado, en el trámite del proceso ejecutivo de sociedad ASHE S.A. contra Harold Ramírez Medina y Francisca Teresa Medina de Ramírez, el cual se adelantó ante el Juzgado 5 Civil Municipal de Cali, bajo el radicado 2007-00868.

b) El apoderado judicial de la quejosa, ratificó y amplió la queja instaurada contra el abogado Juan Carlos Calle Mercado, señalando que el disciplinable, actuando en el proceso ejecutivo en referencia como representante judicial de la sociedad ASHE S.A., recibió la suma de diez millones de pesos ($10’000.000), de manos de los demandados Harold Ramírez Medina y Francisca Teresa Medina de Ramírez, los cuales no entregó a su mandante.

Afirmó que el togado no estaba facultado para transar con la contraparte, y tampoco para solicitar la terminación del proceso, tal y como lo efectivamente lo realizó, una vez recaudó la suma en comento. Anexó certificación del cheque entregado al letrado Calle Mercado, para adelantar la gestión encomendada por su representada.

c) El defensor de confianza del letrado investigado, solicitó la suspensión de la diligencia en aras de presentarse en el investigativo el abogado Juan Carlos Calle Mercado, a lo cual accedió el despacho (fl. 30 y CD cdno. 1ª instancia).

5. Mediante oficio 1892 del 18 de julio de 2012, el Juzgado 5 Civil Municipal de Cali, remitió copia del proceso radicado bajo la partida 2007-00868, de sociedad ASHE S.A., contra Harold Ramírez Medina y Francisca Teresa Medina de Ramírez, en calidad de gerente y representante legal, respectivamente de la Librería y Papelería Ramírez Ltda. (fls. 39 119 del cdno. 1ª instancia).

6. El 24 de septiembre de 2012, se dio continuación a la audiencia de pruebas y calificación provisional, actuación en la cual el profesional del derecho se allanó a cargos, así:

a) El abogado Juan Carlos Calle Mercado, señaló que debió disponer de los dineros recaudados en el litigio seguido contra Harold Ramírez Medina y Francisca Teresa Medina de Ramírez, la suma de diez millones de pesos ($10’000.000), para cubrir una deuda de un amigo, a quien le sirvió de fiador.

Afirmó que no tenía antecedentes disciplinarios y tampoco penales, debiendo utilizar el dinero de su poderdante, debido al constreñimiento del cual venía siendo objeto por los acreedores de la obligación adquirida por su amigo.

b) El magistrado sustanciador de instancia, informó al disciplinable, que su conducta se adecuaba a la falta descrita en el artículo 35 numeral 4º agravada por la utilización del artículo 45 literal C numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

Frente a la imputación de la falta disciplinaria, el togado Calle Mercado, aceptó su comisión, en los términos vistos en precedencia, razón por la cual el a quo, en concordancia con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 105 de la Ley 1123 de 2007, procedió a dictar sentencia. (fl. 121 y CD cdno. 1ª instancia).

7. A través de la certificación expedida el 25 de septiembre de 2012, la secretaría judicial de esta corporación, informó que el disciplinado fue sancionado, en sentencia del 24 de febrero de 2010, con suspensión de 6 meses en el ejercicio de la profesión, por incurrir en la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en el radicado 200800316 01. (fls. 122 y 123 cdno. 1ª instancia).

De la sentencia consultada

Mediante fallo del 22 de octubre de 2012, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, impuso sanción de suspensión de un (1) año en el ejercicio de la profesión, al abogado Juan Carlos Calle Mercado tras hallarlo responsable de la falta descrita en el artículo 35 numeral 4º agravada por la utilización del artículo 45 literal C numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, en la modalidad dolosa.

Argumentó su decisión señalando, que entre el disciplinado y la sociedad ASHE S.A., se gestó una relación contractual, y de acuerdo a los hechos aceptados por el abogado encartado, éste recaudó la suma de diez millones de pesos ($10.000.000), los cuales no entregó a su mandante.

Por otro lado, no acogió la justificación entregada por el litigante inculpado, quien excusó su conducta, señalando que utilizó los dineros obtenidos en la gestión encomendada, para cubrir unas deudas previamente adquiridas, y por las cuales estaba siendo presionado “pues estaba en posibilidad cierta de dar cumplimiento a sus deberes éticos y aunque aparentemente justifique tal omisión, dirigió su conducta a la trasgresión de la norma en desmedro evidente de los intereses de su poderdante, defraudando así la conducta de la empresa que lo contrató, máxime que como se dejó reseñadazo (sic) fueron varios los asuntos que le confiaron y que al parecer tienen identidad de resultados” (sic).

Consideró el a quo, que la conducta desplegada por el profesional del derecho, resultaba agravada de conformidad con lo establecido en el artículo 45 literal C numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, pues como lo confesó, utilizó en provecho suyo el dinero obtenido en el proceso ejecutivo de marras, para cancelar una obligación dineraria, para la cual fue constreñido.

Frente a la dosimetría de la sanción, indicó que la sanción de suspensión de un año en el ejercicio de la profesión, se avenía ajustada, de acuerdo a la conducta desplegada por el togado inculpado, el agravante aplicado a la misma, y la presencia de antecedentes disciplinarios (fls. 124 a133 cdno. 1ª instancia).

Actuaciones en segunda instancia

1. En fecha 15 de abril de 2013, se avocó conocimiento del presente proceso, además se ordenó correr traslado al Ministerio Público por el término de 5 días para rendir concepto, y se le notificara al investigado (fl. 7 cdno. 2ª instancia).

2. En fecha 30 de abril de 2013, se notificó al Ministerio Público de la anterior decisión (fl. 12 cdno. 2ª instancia).

3. La secretaría judicial de esta corporación, expidió certificado de antecedentes disciplinarios del investigado, en fecha 27 de mayo de 2013, en donde consta registro de una sanción disciplinaria consistente en suspensión de 6 meses en el ejercicio de la profesión, impuesta al litigante en fecha 24 de febrero de 2010, por incurrir en la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

Así mismo, se aportó por la Secretaría Judicial, constancia donde informó que no cursan otras investigaciones en contra del letrado inculpado (fls. 16 a 18 cdno. 2ª instancia).

Consideraciones

1. Competencia.

De conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 256-3 de la Constitución Política, 112-4 - parágrafo 1º de la Ley 270 de 1996 y 59 de la Ley 1123 de 2007, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para conocer y resolver en grado jurisdiccional de consulta de las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas homólogas de los consejos seccionales, cuando fueren desfavorables a los procesados y estas no hayan sido apeladas.

2. De la calidad de disciplinable del investigado.

Se certificó la calidad de abogado del investigado, con la búsqueda realizada en la página web de Rama Judicial, http://ramajudicial.gov.co, el 17 de abril de 2012. (fls. 20 y 21 cdno. 1ª instancia).

3. De la falta imputada.

El cargo por el cual se sancionó en primera instancia al jurista Juan Carlos Calle Mercado, está descrito en el artículo 35 numeral 4° de la Ley 1123 de 2007, agravada conforme al artículo 45 literal C numeral 4 ibídem, así:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(...).

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

“ART. 45.—Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes:

(...).

C. criterios de agravación.

(...).

4. La utilización en provecho propio o de un tercero de los dineros, bienes o documentos que hubiere recibido en virtud del encargo encomendado.”.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que recogen la temática.

4. Del caso en concreto.

La presente actuación disciplinaria se originó en la queja presentada por la representante legal de la sociedad ASHE S.A., quien a través de apoderado judicial, acusó al litigante Calle Mercado, de no entregar las sumas recaudadas al interior del proceso ejecutivo seguido contra Harold Ramírez Medina y Francisca Teresa Medina de Ramírez, el cual se adelantó ante el Juzgado 5 Civil Municipal de Cali, bajo el radicado 2007-00868, en el que actúo como apoderado de la sociedad demandante.

La materialidad u objetividad de la falta endilgada al disciplinado, se demuestra con las pruebas real y oportunamente allegadas al expediente disciplinario que a continuación se relacionan:

Así tenemos, que se allegó al infolio(3) copia de la actuación surtida ante el Juzgado Quinto Civil Municipal de Cali - Valle del Cauca, al interior del proceso ejecutivo iniciado contra Harold Ramírez Medina y Francisca Teresa Medina de Ramírez, en el cual el letrado investigado, fungió como apoderado de la sociedad ASHE S.A., la demandante, veamos:

La señora Caroline Jensen Mosquera, obrando en calidad de Gerente y Representante Legal de la sociedad ASHE S.A., en data 11 de abril de 2007, otorgó poder al abogado Juan Carlos Calle Mercado, para iniciar y llevar hasta su terminación proceso ejecutivo singular de mínima cuantía contra Harold Ramírez Medina y Francisca Teresa Medina de Ramírez(4).

El letrado encartado, radicó la demanda ejecutiva en mención el día 7 de septiembre de 2007, presentando a cobro judicial nueve facturas cambiarias, por valor total de once millones treinta mil quinientos setenta pesos ($11’030.570)(5).

La acción judicial correspondió al Juzgado Quinto Civil Municipal de Cali, Despacho que en auto del 24 de octubre de 2007(6), libró mandamiento de pago a favor de la parte actora, ordenó notificar a los demandados, y reconoció personería jurídica al letrado investigado.

Mediante memorial radicado el 21 de mayo de 2010(7), el litigante sancionado, elevó petición al despacho de conocimiento de ordenarse la terminación del proceso por pago total de la obligación, y el levantamiento de las medidas cautelares decretadas contra los bienes de los demandados.

El Juzgado Quinto Civil Municipal de Cali, en auto del 15 de julio de 2010(8), accedió a lo pretendido por el apoderado de la parte actora, ordenando por ende, la terminación del proceso ejecutivo, y decretando el levantamiento de las medidas cautelares.

Aunado lo anterior, se advierte que en desarrollo de la audiencia de pruebas y calificación provisional, el abogado Juan Carlos Calle Mercado, aceptó la comisión de la falta descrita en el artículo 35 numeral 4º agravada por la utilización del artículo 45 literal C numeral 4 de la Ley 1123 de 2007.

Reseñó el disciplinado, que efectivamente recibió del demandado Harold Ramírez Medina, la suma de diez millones de pesos ($10’000.000), razón por la cual deprecó la terminación del proceso ejecutivo de marras, aduciendo además, haber utilizado el dinero de su poderdante, para cubrir una deuda de la cual fue fiador de un amigo.

Así las cosas, aunado a la confesión de la conducta reprochada, es dable indicar que los medios de convicción allegados oportuna y legalmente al dossier, dan certeza de la comisión de la falta endilgada en sede de primera instancia por parte del litigante Calle Mercado, quien omitió entregar en el menor tiempo posible, los dineros recaudados en la gestión encomendado, a su legítimo propietario, en este caso a la sociedad ASHE S.A.

Al punto, recuerda la corporación que la utilización contenida en el artículo 35 numeral 4º ejusdem, constituye una conducta de carácter permanente, la cual subsiste mientras se encuentre en el deber de hacer entrega de aquello que no le pertenece, como son los dineros recibidos por el mandato o gestiones encomendadas, ya directamente del sujeto de la causa pasiva de la relación jurídico procesal.

En consecuencia, considera este juez colegiado, encontrarse debidamente acreditado el incumplimiento por parte del investigado, de los deberes consagrados en el artículo 28 numeral 8 de la Ley 1123 de 2007, según el cual:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(...).

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.

Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago.

(...)”.

En el señalado orden de ideas, considera la Sala estar debidamente acreditada la materialidad de la falta endilgada, pues es evidente que el letrado no ha entregado el dinero obtenido con ocasión de la gestión encomendada por la sociedad ASHE S.A., cuya conducta se enmarca dentro de la descripción típica del numeral 4º del artículo 35 la Ley 1123 de 2007.

4.1. Antijuridicidad.

Preceptúa la Ley 1123 de 2007 en su artículo 4º, que el profesional del derecho incurre en falta antijurídica cuando con su conducta afecte sin justificación, alguno de los deberes allí consagrados.

Verificada como está desde el punto de vista objetivo la infracción al deber imputado al profesional del derecho investigado, compete a la Sala determinar sí del caudal probatorio analizado en precedencia surge causal alguna que justifique su conducta, o si por el contrario, en ausencia de ésta, la utilización por él desplegada en el sub lite, impone confirmar el fallo materia de consulta.

Valorados los medios de convicción, no obra causal excluyente de responsabilidad que justifique el comportamiento antijurídico del sancionado, pues su conducta se realizó con total desinterés por el ordenamiento disciplinario.

En efecto, tal y como lo reseñó el fallador de instancia, al plenario no se aportó prueba alguna que desvirtúe la responsabilidad disciplinaria endilgada al abogado Calle Mercado, pues sus exculpaciones, de haber utilizado el dinero recibido de manos del demandado Harold Ramírez Medina, para cubrir una deuda adquirida previamente por un amigo, no tienen la entidad suficiente para derruir la argumentación base de la sentencia proferida en su contra.

4.2. Culpabilidad.

Respecto a la culpabilidad, debe decirse que la falta a la honradez profesional es un comportamiento por naturaleza doloso, por cuanto se incurre en ella con el conocimiento del carácter reprochable de su actuar con intención de lesionar el patrimonio, la confianza y la honradez.

Ahora, es evidente, dada su condición de abogado del investigado y por su experiencia profesional, era plenamente conocedor que al utilizar el dinero producto de la gestión para la cual fue contratado y no entregarlo al momento de haberlo recibido, conllevaba a la realización de un comportamiento contrario al deber de actuar con absoluta honradez en el ejercicio de la profesión, pues resulta inexplicable que habiendo recibido los dineros de manos del deudor de su mandante, no los haya entregado de inmediato a la sociedad ASHE S.A., acreedora de su representada, o a esta última, como propietaria del metálico.

En el señalado orden de ideas, al no existir prueba demostrativa que justifique el actuar reprochable del togado investigado y ante la ausencia de causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, la Sala confirmará la sentencia sancionatoria, en cuanto halló responsable al litigante inculpado, de incurrir en la falta a la honradez por encontrarse reunidos los presupuestos exigidos en la Ley 1123 de 2007 en su artículo 97.

5. Dosimetría de la sanción.

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción se requiere tener en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Así las cosas, para la falta endilgada al investigado consagran el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007 cuatro tipos de sanciones, la censura, suspensión, exclusión, y la multa la cual se impone de manera autónoma o concurrente con las de suspensión o exclusión, atendiendo la gravedad de la falta y los criterios de graduación allí establecidos.

Ahora, teniendo en cuenta, el antecedente que registra, consistente en suspensión de 6 meses en el ejercicio de la profesión, por incurrir en la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, impuesta en sentencia del 24 de febrero de 2010(9), así como la modalidad y gravedad de la conducta disciplinariamente reprochable cometida por el abogado Juan Carlos Calle Mercado, a quien se le exigía un actuar absolutamente honrado en aras de la protección de los derechos y patrimonio económico de su poderdante, la sanción de suspensión del ejercicio de la profesión de abogado por el término de un (1) año, cumple con los criterios legales y constitucionales exigidos para tal efecto, pues como profesional del derecho estaba obligado a cumplir con el mandato conferido y guardar absoluto celo con el patrimonio de su cliente y era su obligación restituirle el dinero que había recaudado.

Ahora, en el sub lite, la sanción impuesta al disciplinado, cumple con el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta sancionatoria con la gravedad de la misma, dado que en el plenario no se observó siquiera que el disciplinado tuviera la intención de devolver los dineros recibidos a nombre del quejoso, por tanto la sanción está acorde con la acción objeto de reproche disciplinario.

Finalmente, se cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción disciplinaria impuesta al disciplinado, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993

“(...) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Así las cosas, y de conformidad con los criterios previstos para la graduación de la sanción disciplinaría, era imperativo la imposición de la sanción al letrado encartado, al considerarse que la comisión de este tipo de faltas genera, por un lado, impacto social, pues si bien el perjudicado con la actuación irregular del togado, viene hacer directamente su poderdante, quien vio afectado su patrimonio, en el conglomerado se genera desconfianza en la labor que desempeñan los profesionales del derecho, afectándose con ello, indirectamente la dignidad profesional de los abogados que desempeñan con honestidad y lealtad su trabajo.

Pues la motivación al requerirse los servicios de los juristas, no es otro que la defensa de los intereses de quien los contrata, de ahí la desazón que genera la violación de los deberes por parte de los abogados, más aún si estas se traducen en un perjuicio patrimonial en sus poderdantes.

Aunado a lo anterior, es preciso advertir como criterio de agravación de la sanción aplicable al asunto de estudio, corresponde al hecho que la falta a la honradez profesional, en que incurrió el disciplinado, se aprecia como un comportamiento por naturaleza doloso, por cuanto se incurre en ella con el conocimiento del carácter reprochable de su actuar con intención de lesionar el patrimonio, la confianza y la honradez.

Además, se considera acertado que el fallador de primer grado, tal y como lo hizo, haya endurecido el juicio de reproche en contra del litigante, pues se evidencia que en la conducta desplegada por éste, el haber utilizado en provecho propio el dinero recibido en virtud del encargo encomendado por el quejoso, se presenta como circunstancia expresa de agravación prevista en el numeral 4 del literal C del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, veamos:

“ART. 45.—Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes:

(...).

C. Criterios de agravación

(...).

4. La utilización en provecho propio o de un tercero de los dineros, bienes o documentos que hubiere recibido en virtud del encargo encomendado.

(...)”.

Por lo anterior, la Sala confirmará la providencia apelada acorde con la parte motiva del presente proveído pues la conducta en que incurrió comporta violación al utilizar dineros recibidos por cuenta de su cliente, incurriendo en falta contra la honradez del abogado, luego a la luz del artículo 45, la sanción impuesta cumple con los parámetros legales, dada la gravedad, modalidad y circunstancias de la falta.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, sancionó con suspensión de un (1) año en el ejercicio de la profesión al abogado Juan Carlos Calle Mercado, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 70.557.604 y T.P. 125.424, tras hallarlo responsable de la falta descrita en el artículo 35 numeral 4º agravada por la utilización del artículo 45 literal C numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con lo expuesto en el cuerpo de este proveído.

2. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. COMISIÓNASE al magistrado sustanciador de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, para que en el término de 10 días hábiles, notifique a las partes de la presente providencia. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a esta corporación.

Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al Consejo Seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Wilson Ruíz Orejuela, presidente—José Ovidio Claros Polanco, vicepresidente—Julia Emma Garzón de Gómez—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, secretaria judicial.

(1) Negado en Sala 24 del 10 de abril de 2013.

(2) En Sala Dual con la magistrada Carlina Mireya Varela Lorza.

(3) Folios 41 a 119 cdno. 1ª instancia.

(4) Folio 41 cdno. 1ª instancia.

(5) Folios 42 a 62 cdno. 1ª instancia.

(6) Folios 63 a 66 cdno. 1ª instancia.

(7) Folio 70 y 71 cdno. 1ª instancia.

(8) Folio 75 cdno. 1ª Instancia.

(9) Sanción impuesta en el radicado 200800316 01.