Sentencia 2012-00518 de junio 13 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110010102000201200518 02

Magistrado Ponente:

Dr. Henry Villarraga Oliveros

Tutela de segunda instancia.

Aprobado en Sala de Conjueces según Acta 043 de la misma fecha.

Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil trece.

Asunto a tratar.

Aceptados los impedimentos de los honorables magistrados Julia Emma Garzón de Gómez, Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Angelino Lizcano Rivera y José Ovidio Claros Polanco, procede esta Sala a resolver la impugnaciónformulada por el señor Óscar Fernando Montalvo Fierro contra la sentencia de primera instancia, proferida por la Sala de Conjueces de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, calendada quince (15) de noviembre de dos mil doce (2012), mediante la cual se resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida en contra de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de dicho seccional y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

I. ANTECEDENTES

El señor Montalvo Fierro, mediante escrito dirigido a esta magistratura del primero (1º) de marzo de dos mil doce (2012), invocó en su acción la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, trabajo, mínimo vital, congruencia, contradicción y presunción de inocencia, con ocasión de lo resuelto en los fallos de primera y segunda instancia proferidos por las salas disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y el Consejo Superior de la Judicatura, dentro del proceso con Radicado 5200111020002007 00278-00 adelantado en su contra.

Encuentra la Sala como intervenciones y actuaciones procesales relevantes para resolver el asunto de marras las siguientes:

1. En cuanto al proceso disciplinario cursado contra el accionante.

1.1. El proceso adelantado en contra del accionado, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Juez Promiscuo Municipal de Pupiales (Nariño), se originó en queja presentada por la señora Vilma del Rocío Revelo Moreno, recibida el veintinueve de mayo de dos mil siete (2007), en la que dio cuenta del acoso laboral del que fue víctima por parte del funcionario investigado.

1.2. Con auto del veintiséis (26) de junio de dos mil siete (2007) el competente dispuso la iniciación de una indagación preliminar en contra del accionado(1).

1.3. Mediante auto del veintiocho (28) de abril de dos mil diez (2010), la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, dispuso citar a audiencia de que trata el artículo 175 de la Ley 734 de 2002 y le formuló al investigado en los siguientes términos:

“PRIMERO. Formular cargos contra el doctor Óscar Fernando Montalvo Fierro en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Pupiales, por la posible la (sic) incursión en la falta al deber contenido en el artículo 153-1 de la Ley 27 de 1996, en concordancia con el artículo 48, numeral 1º, del Código Disciplinario Único y el artículo 286 del Código Penal, en la modalidad gravísima dolosa.

SEGUNDO. Formular cargos contra el doctor Óscar Fernando Montalvo Fierro en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Pupiales, por la posible comisión de la falta al deber contenido en el artículo 153-1 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en concordancia con el artículo 35, numeral 18, de la Ley 734 de 2002 y el Acuerdo 3560 de 2006 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Falta de carácter grave y dolosa

TERCERO. Formular cargos contra el doctor Óscar Fernando Montalvo Fierro en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Pupiales, por la posible comisión de la falta al deber contenido en el artículo 153-1 de la Ley 270 de 1996 y recorrer el tipo disciplinario gravísimo descrito en el artículo numeral primero del artículo 48 del CDU (sic), en concordancia con el artículo 292 del Código Penal, en modalidad dolosa.

CUARTO. Formular cargos contra el doctor Óscar Fernando Montalvo Fierro en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Pupiales, por la posible comisión acoso laboral, infracción disciplinaria que de acuerdo al artículo 153-1 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en concordancia con el numeral 6º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 y el numeral 1º del artículo (sic), de la Ley 1010 de 2006, se considera como falta gravísima, en la modalidad dolosa”.

Lo anterior con ocasión de la presunta comisión de varias conductas, como la falsedad ideológica en documento público, el nombramiento de una persona como empleado judicial sin el cumplimiento de los requisitos legales, la destrucción de documento público y acoso laboral(2).

1.4. Presta especial relevancia a efectos la cuestión que tiene que resolver la Sala ahora, lo que en su momento el Consejo Seccional de Nariño manifestó en relación con el acoso laboral en punto del cuarto de los cargos formulados al accionado:

“6.4. Acoso laboral.

Por último, la Sala también formulará cargos en contra del doctor Montalvo Fierro, por presunta infracción de acoso laboral ejercida contra la señora Revelo Moreno, que se determina en el artículo 35 numeral sexto del artículo 35 del CDU que señala “Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos, compañeros de trabajo, demás servidores públicos, o injuriarlos o calumniarlos. Siendo lo anterior falta grave y dolosa.

(...) además se debe tener en cuenta la declaración de la señora Inés Zarama, escribiente de ese despacho cuando afirmó que el doctor Montalvo le pedía la renuncia a la señora Revelo Moreno y esta no se lo quiso firmar, lo mismo reiteró que el 30 de abril de ese año discutía en el despacho porque Rocío no le quería firmar y remata expresando “todo esto lo que me trajo a mí fue problemas con el doctor Montalvo, hasta el punto de tener que pedir trabajo en otro juzgado por los malos tratos de él, incluso que a mi después de la declaración yo vine a rendir me dejó de hablar como un mes, él estaba furioso”.

Asimismo hemos de rescatar que la señora Zarama, en la primera declaración es consistente al afirmar que en el día de la mujer del 2007, el señor juez invitó, exclusivamente, a la ahora denunciante a “tomar unas cervezas”, que ella le había comentado sobre los apelativos utilizados en su contra, por parte del doctor Montalvo Fierro y que el comportamiento asumido hacia la querellante cambio desde el mes de abril de 2007.

Colofón de lo anterior, es preciso indicar que como elemento probatorio concluyente del acoso desplegado por el aquejado, encontramos la afirmación espontánea, entregada por la señora Inés Lucia Zarama, el día 24 de julio de 2009, ante el despacho del magistrado sustanciador, cuando testifica “(...) después de la declaración que yo vine a rendir el me dejó de hablar como un mes, él estaba furioso. Él era grosero y patán conmigo e incluso cuando la doctora Genith fue a la visita yo le comenté delante de él todo lo que estaba pasando en el juzgado (...).

En consecuencia, la formulación de cargos, respecto a la comisión de acoso laboral, se deberá hacer en consideración de lo dispuesto en el artículo 153-1 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en concordancia con el numeral 6º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 y el numeral 1º del artículo (sic), de la Ley 1010 de 2006, como falta gravísima, en la modalidad dolosa, pues no puede considerarse de otra manera cuando el funcionario gozaba de todas sus facultades y por lo tanto estaba consciente de los actos que infringió en contra de las que fueron sus empleadas”(3).

Por su parte, en sus alegatos el hoy accionado hizo referencia de modo exclusivo a los presuntos malos tratos de que hizo víctima a la quejosa, esto es Vilma del Rocío Revelo Moreno, haciendo alusión a la señora Inés Zarama con el único fin de calificar su testimonio de falaz y mentiroso (no como una víctima más del acoso):

“4. Al cuarto cargo.

Sobre el acoso laboral, en este acápite, se puede observar la parcialidad, el interés de perjudicar al suscrito, se construye un andamiaje alrededor de supuestos inciertos, (...).

Ni siquiera la testigo falaz Zarama, se atrevió a mentir en los términos que afirma la Sala, que la “intimidaba, violentaba sicológicamente a la señora Revelo Moreno”, (...).

La Sala Disciplinaria, llamó el día 26 de noviembre de 2010, a Rocío Revelo Moreno, a ampliar la queja presentada en mayo de 2007; no obstante, y como se puede apreciar, esta, lo que hizo fue repetir las mendacidades plasmadas en su escrito anterior, no aportó nada nuevo, y sus dichos los basa como ella misma lo dice, en su testigo Inés Lucia Zarama Varela(4).

1.5. Con providencia del cinco (5) de agosto de 2011 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, profirió fallo en el proceso de la referencia, resolviendo absolver al accionado del primero, el segundo y el cuarto de los cargos, en tanto que declaró su responsabilidad disciplinaria en relación con el tercer cargo(5).

1.6. En relación con el cuarto cargo, que atiende al presunto acoso laboral, el fallador de primera instancia aseveró:

“La acusación de acoso laboral se originó por el posible agobio sufrido por las señoras Vilma del Rocío Revelo Moreno e Inés Lucia Zarama Varela, quienes se desempeñaban en el Juzgado Promiscuo Municipal de Pupiales, en los cargos de secretaria y escribiente, respectivamente.

Las actuaciones que llevaron al convencimiento de la colegiatura para proferir cargos, consistían en el cambio en el trato del señor juez con la señora secretaria, desde el momento en que ella se negó a acceder a sus pretensiones románticas, y el presunto ultraje sufrido por la señora Zarama Varela, posterior a que rindiera su declaración ante esta corporación, el día 21 de abril del año 2008, teniendo como resultado que solicitara su traslado a un juzgado en la ciudad de Ipiales”(6).

1.7. Habiendo sido leída la providencia de primer grado en audiencia, fue debidamente apelada por parte del representante del Ministerio Público y del investigado; aquel para solicitar la revocatoria de la absolución por el acoso laboral —por considerar que de lo diligenciado existía evidencia de la falta en virtud del comportamiento reprochable del investigado en contra de la señora Inés Zarama—, en tanto que éste para pedir igual solución jurídica a la sanción que se le había impuesto con ocasión de la destrucción de documento público. En consecuencia, con ponencia del honorable magistrado Jorge Armando Otálora Gómez, la Sala Dual Quinta de Decisión(7), profirió sentencia segunda instancia de fecha dos (2) de febrero de dos mil doce (2012), en la que accedió a lo pretendido por los apelantes, resolviendo entonces:

“PRIMERO. REVOCAR la providencia de fecha 5 de agosto de 2011 dictada por la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, por medio de la cual sancionó al doctor Óscar Fernando Montalvo Fierro, en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Pupiales, Nariño, con DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL, por el término de diez (10) años, al hallarlo responsable de incurrir en la falta consagrada en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 48.1 del CUD y el artículo 292 del Código Penal, para en su lugar ABSOLVERLO, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. REVOCAR la providencia de fecha 5 de agosto 2011 dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, por medio de la cual absolvió al doctor Óscar Fernando Montalvo Fierro, en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Pupiales, Nariño, de la falta disciplinaria con el artículo 35.6 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 2º, numeral 1º, de la ley 1010 de 2006, para en su lugar SANCIONARLO con DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL por el término de diez (10) años, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de este proveído”(8).

1.8. En lo que respecta a la segunda decisión del ad quem, se discurrió que:

“2. Apelación del Ministerio Público.

Ahora bien, propone el recurrente que se revoque la decisión absolutoria de primera instancia, pero únicamente en lo que concierne al supuesto acoso laboral imputado al doctor Montalvo Fierro respecto de la señora Zarama Varela.

Para sustentar su solicitud recordó que con las pruebas incorporadas a la actuación se probó que el inculpado acosó laboralmente a su escribiente Zarama Varela, aprovechándose de su posición de jefe, al punto que la obligó a solicitar su traslado a otro despacho judicial, principalmente, con las declaraciones del señor Édgar Enrique Erazo Arévalo y de la doctora Mary Genith Viteri Aguirre”(9).

Concluyendo que,

“Por lo tanto, valorados en conjunto todos esos medios de prueba, permiten concluir que el inculpado Montalvo Fierro, en su condición de superior jerárquico, desplegó comportamiento persistente sobre su empleada Zarama Varela, encaminado a incluir angustia, generar desmotivación en el trabajo, y/o inducir la renuncia de la misma.

Vistas así las cosas, esta Sala considera que no existía justificación del comportamiento del inculpado, a diferencia de los que su apoderado expreso, pues teniendo claro que él le sumó a las exigencias ordinarias del cargo una serie de comentarios hostiles de descalificación profesional que llevaron a la señora Zarama Varela a manifestar públicamente su inconformidad y, de hecho, condujeron a que solicitara su traslado a otro despacho judicial, por sugerencia de una magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura, está plenamente probado el incumplimiento del deber por parte del juez”(10).

2. En cuanto al trámite tutelar.

2.1. En firme la providencia de segundo grado, mediante escrito fechado primero (1º) de marzo de dos mil doce (2012), el doctor Óscar Fernando Montalvo Fierro, interpuso ante esta colegiatura la acción de tutela que nos convoca de nuevo sobre el asunto, alegando una vía de hecho de las providencias de instancia que dieron lugar a la sanción por el acoso laboral en contra de la señora Inés Zarama Varela. El accionante asume tal cosa acusando de dichas providencias una incongruencia en relación con los cargos que le fueron imputados en el proceso, en la medida en que estos se refirieron —en punto del acoso laboral— al comportamiento suyo frente a la quejosa, la señora Revelo Moreno, y no en relación con la señora Zarama Varela(11). En términos del accionado:

“La presente acción de tutela por vía de hecho judicial se dirige en contra de la Sala Disciplinaria del Consejo seccional de la Judicatura de Nariño y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. El primero de los despachos señalados profirió fallo sancionatorio de primera instancia el 9 de septiembre de 2011 y el segundo confirmó esta decisión el 2 de febrero de 2012, apoyado en hechos y situaciones jurídicas disímiles a las que fueron objeto de investigación y debate probatorio al argumentar que se configuró la falta disciplinaria, no respecto de la proponente de la queja señor Vilma del Rocío Revelo Moreno, sino con relación a Inés Lucia Zarama Varela, quien es persona totalmente ajena a la investigación, pues solo fue llamada a declarar como testigo de la quejosa y en ningún momento, durante el trámite disciplinario, se tuvo a esta dama como presunta víctima de acoso laboral”(12).

2.2. Inicialmente, mediante auto del dos (2) de mayo de dos mil doce (2012), el suscrito magistrado admitió la tutela interpuesta y resolvió negativamente la medida provisional solicitada por el accionante(13).

2.3. Mediante providencia del veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012), con ponencia de la magistrada (e) María Constanza Rivera Peña(14), resolvió NEGAR el amparo solicitado por el doctor Óscar Fernando Montalvo Fierro(15).

2.4. Con ponencia de la doctora María Mercedes López Mora, mediante providencia del doce (12) de julio de dos mil doce (2012) Aprobada según Acta 069 esta Sala declaró la NULIDAD de todo lo actuado a partir del citado auto admisorio de la acción del dos (2) de mayo de dos mil doce (2012) inclusive. El veintiséis (26) de septiembre de dos mil doce (2012) el suscrito magistrado ponente dispuso la remisión inmediata del expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño a efecto de surtirse la primera instancia del trámite(16).

2.5. Admitida nuevamente la acción con providencia del primero (1º) de noviembre de dos mil doce (2012) por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño(17), los presidentes de las Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y el Consejo Superior de la Judicatura solicitaron que se declarara como improcedente la acción interpuesta, al no existir evidencia de los defectos sustanciales que acusaba el accionante de las providencias de primer y segundo grado en el proceso que se siguió en su contra, así como no estar cumplido los presupuestos jurisprudenciales para recurrir a la acción de tutela con el los propósitos del doctor Montalvo Fierro(18). Vale la pena traer a colación parte de lo argüido en la segunda de las intervenciones referidas:

“Frente a las vías de hecho, la misma colegiatura ha revaluado su doctrina para desarrollar lo que ahora denomina causales genéricas de procedibilidad (T-774/2004) considerando que una providencia judicial es objeto de tal situación cuando (1) presente un grave defecto sustantivo orgánico o procedimental, es decir, cuando se encuentre basada en una norma claramente inaplicable al caso concreto; (2) presente un flagrante defecto fáctico, (3) se este (sic) frente a un error inducido (4) se presente una decisión sin motivación, (5) exista desconocimiento del precedente y (6), se evidencie una violación directa de la Constitución. En suma, ello se produce cuando el juzgador, en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico.

Así las cosas —tal como se indicó en precedencia— no se puede permitir que con el recurso de amparo, el actor reabra el debate conceptual cerrado en debida forma en la instancia judicial ordinaria e igualmente indique el sentido que debe darse a las normas que fundaron la determinación de su responsabilidad al interior del proceso disciplinario adelantado en su contra, más cuando al revisar la providencia censurada se aprecia que tal conclusiónes el producto de un razonamiento ponderado y juicioso, además —la misma— se soporta en una debida integración normativa y fáctica, no pudiendo permitirse que con el recurso de amparo, el petente reabra un debate conceptual cerrado en debida forma en la instancia disciplinaria ordinaria e igualmente indique el sentido que debe darse a los soportes probatorios y a las normas que fundaron la responsabilidad disciplinaria reprochada”(19).

II. Sentencia de primera instancia

Con providencia del quince (15) de noviembre de dos mil doce (2012), la Sala de Conjueces de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño declaró improcedente la acción instaurada por el doctor Montalvo Fierro, al considerar como no cumplidos los presupuestos específicos para que proceda la acción de amparo en contra de decisiones judiciales, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, concretamente en lo que fue dicho en la Sentencia C-590 de 2005(20).

Igualmente fue dicho por el juez de tutela de primera instancia que las decisiones adoptadas en el marco del proceso disciplinario tuvieron una base probatoria suficiente y debidamente valorada por las autoridades competentes, por lo que el debate interpretativo se había sido agotado legalmente, frente a lo cual la acción de tutela no podía convertirse en una extraordinaria oportunidad de volver sobre lo ya discutido en términos y formalidades de ley previstas en la ley disciplinaria.

III. Impugnación del fallo

Estando en desacuerdo con lo resuelto por la primera instancia, el doctor Óscar Fernando Montalvo Fierro, en su condición de accionante, mediante escrito allegado al a quo el veintidós (22) de noviembre de dos mil doce (2012), presentó los fundamentos de su impugnación, reafirmando lo que fue dicho en su primer escrito acerca de la incongruencia de los cargos con la sanción impuesta por el acoso laboral ejercido en contra de la señora Inés Zarama Varela, al tiempo que ofrece interpretaciones alternativas a las efectuadas por las autoridades disciplinarias de primera y segunda instancia y acusa de equivocada la manera en que se instruyó el proceso en su contra(21).

IV. Consideraciones

Competencia.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política; el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer y decidir en segunda instancia de la presente solicitud de amparo constitucional.

De la procedencia de la acción de tutela en contra de las decisiones de instancia en el proceso disciplinario cursado en contra del accionante.

Sin lugar a dudas, la tutela es el mecanismo con el que cuentan las personas para acudir en defensa de sus derechos fundamentales constitucionales cuando estos sean vulnerados o teman que puedan llegar a ser amenazados por la acción u omisión de las autoridades, entiéndase judiciales y administrativas; significa entonces, que la tutela no tiene por objeto desplazar las competencias ordinarias o especiales que fueron creadas por el legislador, en la medida en que no es útil para decidir el fondo de las controversias relacionados con procesos sancionatorios cuyo trámite legal a fenecido. Es decir, como procederemos a examinar en seguida, si bien, de modo excepcional resulta procedente, la acción de tutela no puede acabar constituyendo en una instancia extraordinaria en la que el interesado en una decisión favorable en dichos procesos pueda trasladar al trámite tutelar el debate sobre el valor del material probatorio que le sirvió a la autoridad sancionatoria para adoptar sus decisiones, así como la argumentación ofrecida.

Así, reitera la Sala, la acción de tutela no puede asumirse, y menos convertirse en la práctica, como una fase procesal adicional o complementaria, acumulativa ni alternativa; tampoco en una instancia ni un recurso, de donde se infiere, que la acción de tutela no desplaza las acciones ordinarias; por ello las personas tienen el deber de acudir primero ante los escenarios jurídicos naturales que el legislador previó en cada caso, pues es evidente que la tutela es eminentemente subsidiaria, de lo contrario, nos veríamos avocados a que pudieran existir pronunciamientos encontrados entre las distintas jurisdicciones y la constitucional. Admitir lo contrario se traduciría en un peligroso espacio para la inseguridad jurídica y, peor aún, en la desnaturalización constitucional de la acción de tutela como mecanismo excepcional para la protección de los derechos fundamentales.

Valga precisar entonces, que el sabido reconocimiento de idoneidad a la acción tutela para controvertir decisiones judiciales, que ha hecho la jurisprudencial constitucional y de esta corporación, se da bajo estrictos presupuestos encaminados a restringir el alcance de la misma en desmedro de la seguridad jurídica y el debido respeto a la autonomía judicial. Este recurso extraordinario solo resulta admisible, en virtud de ello, en la medida en que se evidencie una afectación grave y manifiesta a los derechos fundamentales del procesado o las víctimas con ocasión de una decisión abiertamente arbitraria, esto es, se constate que la misma constituye sin más una vía de hecho. Se trata por tanto, de una aptitud de la acción altamente restringida, entendida como un excepcional para salvaguardar la intangibilidad de los derechos fundamentales de las personas, cuando el proceso judicial o administrativo per se no ha cumplido, materialmente, dicho cometido. En consecuencia, solo será válido accionar por esta vía procesal extraordinaria en contra de decisiones de simple apariencia legal, pero que albergan defectos sustanciales que lesionan o amenazan gravemente derechos fundamentales de las partes e intervinientes. Bajo este entendido, la Jurisprudencia constitucional ha identificado por lo menos ocho defectos sustanciales de las decisiones que pueden justificar que el juez constitucional entre a evaluar el contenido material de una decisión judicial o administrativa que ya ha hecho tránsito a cosa juzgada, sin que ello se entienda como un desconocimiento al criterio del fallador del caso o un camino para la inestabilidad general del sistema jurídico. Para la Corte Constitucional bien puede hablarse de los siguientes:

“a) Defecto orgánico. Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b) Defecto procedimental absoluto. Se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c) Defecto fáctico. Surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d) Defecto material o sustantivo. Son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e) Error inducido. Se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f) Decisión sin motivación. Implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g) Desconocimiento del precedente. Esta hipótesis se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos, la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

h) Violación directa de la Constitución”(22).

Sin embargo, estos apenas constituyen falencias que distorsionan la legalidad material de una decisión judicial —o lo que es lo mismo, evidencias de una manifiesta arbitrariedad—, que por sí mismas no alcanzan para justificar la intervención excepcional del juez de tutela; para lograrlo este deberá ineludiblemente verificar el cumplimiento de los siguientes presupuestos especiales de procedibilidad:

“(i) que la cuestión que se discuta tenga clara relevancia constitucional;

(ii) que los medios —ordinarios o extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada se hayan agotado, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable;

(iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración;

(iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta tenga efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y afecte los derechos fundamentales de la parte actora;

(v) que se identifiquen tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados, poniendo además de presente que los mismos fueron alegados en el proceso judicial en que se produjo la violación, siempre que ello hubiese sido medianamente posible; y finalmente,

(vi) que el amparo no se promueva contra una providencia proferida en el trámite de la acción de tutela”(23).

Finalmente, aceptada de esta manera la posibilidad de que la acción de amparo sea apta para impugnar sentencias judiciales, con motivo de graves defectos de que puedan adolecer estas, la Corte misma entra a afirmar que su revisión por esta sede solo se justifica para remediar defectos sustanciales de la actuación procesal del fallador y no para prolongar el debate probatorio, presentando por el accionante alternativas de interpretación fácticas y/o normativas que habrían de ser discutidas en el marco del proceso regular. En términos más precisos:

“Excepcionalmente se permite la intervención del juez de tutela en ese ámbito de autonomía judicial, cuando por ejemplo, la interpretación o aplicación de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes de control abstracto de constitucionalidad, que han definido su alcance y también cuando la aplicación e interpretación es contraevidente o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes, es irrazonable o desproporcionada.

(...).

En el mismo sentido ha considerado que la mera divergencia interpretativa del juez constitucional con el criterio del fallador no constituye irregularidad que haga procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, como tampoco el hecho de contrariar el criterio interpretativo de otros operadores jurídicos o de los sujetos procesales, pues se trata de una manifestación que es inmanente al ejercicio de la función del juez de otorgarle sentido a las disposiciones que aplica, en desarrollo de los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial previstos en los artículos 228 y 230 superiores. Al respecto esta Corte ha señalado:

“Es improcedente... la acción de tutela cuando se trata de controvertir la interpretación que los jueces hacen en sus providencias de una norma o de una institución jurídica. // La interpretación de un precepto no puede considerarse como un desbordamiento o abuso de la función de juez (vía de hecho), por el solo hecho de no corresponder con aquella que se cree correcta u ofrece mayor beneficio para la parte que la plantea (Sents. T-094/97 y T-249/97, entre otras). // Se desconocería el principio de autonomía e independencia judicial, si se admitiese la procedencia de la acción de tutela por la interpretación o aplicación que de un precepto o figura jurídica se hiciera en una providencia judicial, cuando esa interpretación o aplicación responde a un razonamiento coherente y válido del funcionario judicial”.

También ha establecido esta corporación que no cualquier discrepancia sobre el entendimiento de la norma aplicable puede ser objeto de examen por el juez constitucional, sino solamente aquella que desconozca abiertamente valores, principios y derechos constitucionales”(24).

Precisado lo anterior, procederá la Sala a determinar el tipo de defecto que adolece las decisiones controvertidas por el doctor Montalvo Fierro, y verificar la procedibilidad especial de la acción en virtud de los hechos del caso concreto.

Del caso concreto.

En cuanto a las causales especiales de procedibilidad.

Conforme los hechos a los que está referida la acción de tutela interpuesta por el señor Montalvo Fierro, a continuación se verificará la aptitud inicial de este recurso para entrar a resolver de fondo sobre lo pretendido en su escrito, esto es, que se deje sin efectos jurídicos las decisiones de primera y segunda instancia dentro del proceso disciplinario que se siguió en su contra.

(i) Que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional. En el caso sub lite el accionante ha planteado como afectados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al trabajo, al mínimo vital, congruencia, contradicción y presunción de inocencia, con ocasión de los fallos de primer y segundo grado dentro de un proceso disciplinario que se adelantó en su contra y que terminó en su destitución como Juez Promiscuo Municipal de Pupiales, Nariño, e inhabilidad general por el término de diez (10) años, de las cuales denuncia irregularidades propias de una vía de hecho.

La Sala, para su resolución, deberá determinar la legalidad de lo adoptado en dichas providencias, sin que ello presuponga la reapertura del debate probatorio y fáctico subyacente; tendrá que analizarse la congruencia entre los cargos formulados al accionante y las determinaciones de instancia que no dieron lugar a parte de sus pretensiones procesales.

Se trata indudablemente de un asunto de especial relevancia constitucional que obliga al juez constitucional a estimar con rigurosidad la posible afectación de derechos fundamentales de quien fue sancionado y denuncia que las providencias impugnadas devienen en una arbitrariedad manifiesta.

(ii) Que se hayan agotado todos los mecanismos judiciales idóneos y adecuados, ordinarios y extraordinarios antes de acudir a la acción de tutela. Conforme lo que consta en la foliatura correspondiente al caso, dentro del proceso disciplinario seguido en contra del accionante las autoridades disciplinarios resolvieron definitivamente sobre la responsabilidad que le asiste a aquel por conductas descritas por el ordenamiento jurídico como constitutivas de una infracción a sus deberes funcionales y genéricos de la actividad judicial, contra las cuales a acaecido el fenómeno de la cosa juzgada, en virtud del cual no es procedente la interposición de recurso alguno.

(iii) Requisito de inmediatez. Verificado el curso de las diligencias, tenemos que la última de las providencias fue proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el dos (2) de febrero de dos mil doce (2012); en tanto que la presentación del escrito de tutela se llevó a cabo el día cinco (5) de marzo de la misma anualidad. Considera la Sala que se trata de un plazo razonable que permite dar cuenta de su inmediatez, por lo que dará como cumplido este presupuesto.

(iv) Que, en caso de tratarse de un problema procedimental, se haya alegado dentro del proceso ordinario. Si bien el accionante califica como defectuosas las valoraciones fáctica y probatoria de los falladores de instancia, para en su lugar ofrecer su propia interpretación —por supuesto favorable a sus pretensiones—, la Sala se detendrá a examinar la congruencia entre los cargos formulados y las decisiones controvertidas, a fin de determinar si en el presente caso, le fueron vulnerados efectivamente los derechos fundamentales en la forma en que lo asegura. Ello está referida directamente con la imposición, en segunda instancia, de una sanción por cuenta de un cargo específico relacionado con el presunto acoso laboral de que hizo objeto a la señora Inés Zarama Varela, quien para la época de los hechos oficiaba como escribiente en el despacho del accionante. Es evidente entonces que, considerando la instancia en la que se presentó esta inconformidad, el accionante no tuvo oportunidad de presentar sus alegaciones al respecto (en la apelación se enfocó a presentar las razones que daban lugar a su absolución por él, lo que obliga a la Sala a dar por cumplido este requisito.

(v) Que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta haya sido alegada en el proceso judicial, en caso de haber sido posible. Como fue dicho antes, el accionante alega la afectación de sus derechos fundamentales ligados al debido proceso, principalmente, por una equivocada valoración probatoria de los falladores de ambas instancias y por la incongruencia entre los cargos que le fueron formulados y la sanción que finalmente fue impuesta por la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura. Advirtiendo desde ya que la Sala asumirá como inadmisibles los argumentos del accionante en relación con la valoración que de los hechos y las pruebas fueron efectuadas por los falladores de primer y segundo grado, estima la Sala relevante el estudio de la restante irregularidad comentada por el accionante. A este respecto, de la lectura del escrito de tutela y de impugnación al fallo de primera instancia, suscrito por el doctor Montalvo Fierro, son identificables prolijamente los hechos que dan lugar a la denunciada incongruencia; en consecuencia, se tendrá por cumplido este presupuesto.

(vi) Que el fallo controvertido no sea una sentencia de tutela. Ha quedado establecido con suficiente claridad que las decisiones controvertidas por el accionante no son de la naturaleza a que está referida este último requisito.

Así las cosas, la Sala considerará como procedente la acción en contra de las providencias proferidas por las salas disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y el Consejo Superior de la Judicatura dentro del proceso sancionatorio adelantado en contra del accionante; por lo tanto, se dispondrá a verificar a la luz de los pormenores del caso la realidad de lo alegado y su identificación con alguno de los defectos establecidos por la jurisprudencia constitucional para que, como lo afirma el accionante, las mismas constituyan una vía de hecho.

De las irregularidades denunciadas por el accionante.

Desde su primer escrito, por medio del cual interpuso la acción de tutela, el doctor Óscar Fernando Montalvo Fierro, denuncia tres irregularidades que, a su juicio, afectan la calidad jurídica de las providencias de primera y segunda instancia de su proceso disciplinario.

La primera, referida a la incongruencia entre el pliego de cargos que le fueron formulados en relación con la conducta constitutiva de acoso laboral (del cual fue absuelto en primera instancia) y la sanción impuesta por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Señala el accionante que le fue impuesta una sanción por el acoso laboral de que hizo víctima a la señora Inés Zarama Varela, cuando en la formulación de los cargos esta particular conducta estaba referida a su relación de trabajo con la señora Vilma del Rocío Revelo Moreno, quien interpuso la queja que dio origen al proceso en su contra. Al respecto afirma:

“No se observa que oficiosamente la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño haya formulado pliego de cargos en mi contra por haber incurrido, supuestamente, en acoso laboral en contra de la señora Inés Lucia Zarama Varela. Este pliego de cargos como podrán evidenciar, no se registran las descripciones como tal: sus nombres y apellidos, como sí lo hizo citando a la quejosa”(25).

La segunda, relacionada con un presunto falso juicio de identidad derivado del análisis probatorio de los falladores de instancia frente al acontecer fáctico de su proceso(26); en tanto que la tercera con un presunto falso raciocinio por la equivocada construcción de los argumentos que sirvieron para imponer la sanción de destitución y la inhabilidad general aparejada.

Del fallo de primera instancia.

Como fue dicho anteriormente, la Sala de Conjueces de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, resolvió declarar como improcedente la acción de tutela de convoca la Sala en segunda instancia al considerar, respecto de las tres irregularidades denunciadas por el accionante, que el cargo respecto de la sanción impuesta al accionante efectivamente se encontraba dentro del cargo formulado por la conducta de acoso laboral. Explicó el a quo que la conducta de acoso laboral estaba referida no solo al comportamiento desplegado en contra de la quejosa, sino también en contra de la señora Inés Zarama Varela; por lo que en esa medida no habría lugar a la incongruencia alegada.

“En cuanto al primer debate, resulta necesario dilucidar el punto de afectación del debido proceso y la necesaria vulneración del derecho conculcado, ya que se queda corto el accionante sobre este tópico expresando de manera genérica una supuesta incongruencia entre cargos y sanción, sobre todo si tiene en cuenta que fueron dos instancias las que sancionaron de manera diversa los diferentes comportamientos del disciplinado (...).

Teniendo en cuenta, estas consideraciones es el mismo Ministerio Público como defensor de los derechos de la sociedad en general, quien apela la decisión ya que argumenta que no pueden pasarse por alto tales comportamientos vulneradores de la dignidad de los empleados judiciales y, la segunda instancia, con base en ello considera que se demostró la conducta de acoso laboral en la humanidad de la señora Inés Lucia Zarama Varela era una conducta disciplinable. No obstante, lo anterior se encontraba inmerso dentro del contexto del cargo de acoso laboral tal como se demuestra en la redacción del cargo específico...”.

Finalmente, en cuanto a las restantes dos irregularidades alegadas en la tutela, consideró el fallador de primera instancia que por sí mismas suponen la reapertura del debate probatorio y fáctico, lo cual constituye, conforme a lo que ya ha advertido la Sala, fines para los cuales no está prevista la acción de tutela cuando se incoa en contra de sentencias judiciales.

En cuanto a la viabilidad de lo pretendido por el accionante.

Sea lo primero afirmar que, en completo acuerdo con lo considerado por el fallador de primera instancia, las irregularidades alusivas al falso juicio de identidad y al falso raciocinio alegadas por el accionante, implican en la práctica una controversia sobre la valoración fáctica y probatorio efectuada por las autoridades disciplinarias dentro del proceso regular seguido en su contra, lo cual supone ni más ni menos un uso abusivo de la acción de amparo. No puede la Sala admitir, como lo pretende el accionante, que se debata nuevamente sobre el contenido de las interpretaciones de los hechos, las pruebas y las normas llevadas a cabo al interior del proceso, entendiendo que la oportunidad para ello ya fue agotada en los términos y las formas establecidos en la ley disciplinaria.

Sobre este punto vale la pena reseñar lo argüido por el doctor Angelino Lizcano Rivera, oficiando como presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en escrito del ocho (8) de noviembre de dos mil doce (2012):

“... no se puede permitir que con el recurso de amparo, el actor reabra el debate conceptual cerrado en debida forma en la instancia judicial ordinaria e igualmente indique el sentido que debe darse a las normas qu e fundaron la determinación de su responsabilidad al interior del proceso disciplinario adelantado en su contra, más cuando al revisar la providencia censurada se aprecia que tal conclusión es el producto de un razonamiento ponderado y juicioso, además —la misma— se soporta en una debida integración normativa y fáctica, no pudiendo permitirse que con el recurso de amparo, el petente reabra un debate conceptual cerrado en debida forma en la instancia disciplinaria e igualmente indique el sentido que debe darse a los soportes probatorios y a las normas que fundaron la responsabilidad disciplinaria reprochada”(27).

Asimismo, la Corte Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto, en idéntico sentido en que lo hizo el doctor Lizcano Rivera, significando que admitir pretensiones como las que presenta el accionante en el caso bajo examen de esta Sala involucra la afectación a la seguridad jurídica y el desconocimiento de la autonomía de las autoridades de la causa(28). Conviene traer a colación la categórica afirmación de la doctrina(29) al respecto:

“Si el juez realiza una interpretación que el peticionario no comparte, éste no puede recurrir a la acción de tutela para que sea en esta sede en donde se le confiera la correcta interpretación a la norma.

De hecho no existe la correcta interpretación, y menos interpretaciones oficiales, sino decisiones judiciales más o menos razonables, que puedan convencer al público o a los usuarios con argumentos inteligentes y lógicos”(30).

Es claro entonces, y así mismo lo entiende la Sala, que lo que pretende el accionante, en este punto, no es otra cosa que aunar a su manifiesto inconformidad con la sanción impuesta alternativas de interpretación que suplan las ofrecidas en las providencias de instancia; error en el que no puede incurrir el juez constitucional. Aceptarlo devendría en un indiscutible, como injustificado, desbordamiento de las finalidades de la acción como recurso extraordinario y excepcional para la garantía de derechos, en tanto que representaría un palmario desconocimiento de la autonomía que le asistía a las autoridades disciplinarias para valorar el material probatorio y los hechos frente a las normas útiles para resolver el caso y adoptar las decisiones correspondientes(31). En consecuencia, la Sala no estima admisible un debate en este sentido.

Ahora bien, en lo que respecta a la posible incongruencia entre la formulación de los cargos y la sanción impuesta por el fallador de segunda instancia, en cuanto al acoso laboral sufrido por la señora Inés Zarama Varela, la Sala se permitirá verificar estrictamente el contenido de una y otra providencia para verificar la ocurrencia o no de dicha irregularidad.

Así las cosas, es preciso volver sobre los términos en que fue formulado el cargo 4 y contrastarlo con lo resuelto finalmente en la segunda instancia por el consejo superior. En la relación de las actuaciones e intervenciones relevantes que hizo al comienzo la Sala, se referenció ello así:

En cuanto a la formulación específica del cargo y su sustentación:

“6.4. Acoso laboral.

Por último, la Sala también formulará cargos en contra del doctor Montalvo Fierro, por presunta infracción de acoso laboral ejercida contra la señora Revelo Moreno, que se determina en el artículo 35 numeral sexto del artículo 35 del CDU que señala “Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos, compañeros de trabajo, demás servidores públicos, o injuriarlos o calumniarlos. Siendo lo anterior falta grave y dolosa.

(...) además se debe tener en cuenta la declaración de la señora Inés Zarama, escribiente de ese despacho cuando afirmó que el doctor Montalvo le pedía la renuncia a la señora Revelo Moreno y ésta no se lo quiso firmar, lo mismo reiteró que el 30 de abril de ese año discutía en el despacho porque Rocío no le quería firmar y remata expresando “todo esto lo que me trajo a mí fue problemas con el doctor Montalvo, hasta el punto de tener que pedir trabajo en otro juzgado por los malos tratos de él, incluso que a mi después de la declaración yo vine a rendir me dejó de hablar como un mes, él estaba furioso”.

Asimismo hemos de rescatar que la señora Zarama, en la primera declaración es consistente al afirmar que en el día de la mujer del 2007, el señor juez invitó, exclusivamente, a la ahora denunciante a “tomar unas cervezas”, que ella le había comentado sobre los apelativos utilizados en su contra, por parte del doctor Montalvo Fierro y que el comportamiento asumido hacia la querellante cambio desde el mes de abril de 2007.

Colofón de lo anterior, es preciso indicar que como elemento probatorio concluyente del acoso desplegado por el aquejado, encontramos la afirmación espontánea, entregada por la señora Inés Lucia Zarama, el día 24 de julio de 2009, ante el despacho del magistrado sustanciador, cuando testifica “(...) después de la declaración que yo vine a rendir el me dejó de hablar como un mes, él estaba furioso. Él era grosero y patán conmigo e incluso cuando la doctora Genith fue a la visita yo le comenté delante de él todo lo que estaba pasando en el juzgado (...).

En consecuencia, la formulación de cargos, respecto a la comisión de acoso laboral, se deberá hacer en consideración de lo dispuesto en el artículo 153-1 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en concordancia con el numeral 6º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 y el numeral 1º del artículo (sic), de la Ley 1010 de 2006, como falta gravísima, en la modalidad dolosa, pues no puede considerarse de otra manera cuando el funcionario gozaba de todas sus facultades y por lo tanto estaba consciente de los actos que infringió en contra de las que fueron sus empleadas(32).

“CUARTO. Formular cargos contra el doctor Óscar Fernando Montalvo Fierro en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Pupiales, por la posible comisión acoso laboral, infracción disciplinaria que de acuerdo al artículo 153-1 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en concordancia con el numeral 6 del artículo 35 de la ley 734 de 2002 y el numeral 1º del artículo (sic), de la Ley 1010 de 2006, se considera como falta gravísima, en la modalidad dolosa,”

Como se observa, al sustentar el cargo correspondiente al acoso laboral, el fallador de primera instancia fue explícito en afirmar que dicho comportamiento estaba referido al trato indebido por parte del procesado en contra de la señora Vilma del Rocío Revelo Moreno, quien interpuso la queja. Nótese igualmente, que la referencia en ese mismo acápite a los dichos de la señora Inés Zarama Varela tiene por fin corroborar lo anterior pero sin explicitar de idéntica manera que el cargo tenía relación directa con el comportamiento descomedido y amedrentador hacia esta funcionaria; en otras palabra dicho, el fallador alude a la señora Zarama Varela como testigo del acoso en contra de su compañera por parte del doctor Montalvo Fierro, y no como víctima del mismo.

Otro aspecto relevante en el modo en que fue formulado este cargo, tiene que ver con la diferente explicación argumental y sustentación probatoria del comportamiento del disciplinado hacia Vilma del Rocío Revelo e Inés Zarama Varela. Observa la Sala que mientras la autoridad disciplinaria buscó sustentar probatoriamente el acoso de la primera funcionaria en el testimonio rendido por la segunda, no hizo lo mismo con lo alegado por la señora Zarama Varela. Esto indica, como lo afirma el accionante, que el cargo no estuvo referido directamente con el comportamiento que involucraba a Inés Zarama. En todo caso, esto es evidencia de la ambigüedad del citado cargo.

Esto no quiere decir, por supuesto, que esta Sala considere que la formas en que el disciplinario trató a la señora Zarama Varela no pueda a su vez ser considerada igualmente como constitutiva de acoso laboral y a todas luces reprochable; solo se llama la atención sobre el indiscutible hecho de que en términos del fallador el cargo 4 estuvo referido al comportamiento del disciplinado frente a la quejosa y no en relación con la señora Zarama Varela. Si bien, su alusión en el mismo acápite de la formulación de los cargos pudiera servir para decir que el cargo abarcaba igualmente el acoso sufrido por la señora Zarama Varela, lo cierto es que —aun admitiendo ello, insiste la Sala—, se evidencia de bulto una ambigüedad, tal que terminó por afectar el derecho a la defensa del encartado.

Evidencia de esto último se encuentra en la forma misma en que el disciplinado asumió su defensa posterior a la formulación de los cargos; tenemos pues, que en sus descargos, el hoy accionante solo hace referencia y, en consecuencia se defiende del cargo 4 teniendo como base del mismo el comportamiento observado frente a la quejosa, y asumiendo como una simple fuente de prueba —no como víctima del mismo— lo declarado por la señora Zarama Moreno.

“4. Al cuarto cargo.

Sobre el acoso laboral, en este acápite, se puede observar la parcialidad, el interés de perjudicar al suscrito, se construye un andamiaje alrededor de supuestos inciertos, (...).

Ni siquiera la testigo falaz Zarama, se atrevió a mentir en los términos que afirma la Sala, que la “intimidaba, violentaba sicológicamente a la señora Revelo Moreno”, (...).

La Sala Disciplinaria, llamó el día 26 de noviembre de 2010, a Rocío Revelo Moreno, a ampliar la queja presentada en mayo de 2007; no obstante, y como se puede apreciar, esta, lo que hizo fue repetir las mendacidades plasmadas en su escrito anterior, no aportó nada nuevo, y sus dichos los basa como ella misma lo dice, en su testigo Inés Lucia Zarama Varela(33).

Considera la Sala, que de haber existido un mayor grado de precisión en la vinculación fáctica del cargo relativo al acoso laboral (cargo 04) con el comportamiento desplegado contra ambas funcionarias, seguramente el disciplinado se habría despachado en forma diferente en contra de la formulación de los cargos, exculpándose de alguna manera de su reprochable actuar en el específico caso de su escribiente. La Sala estima valiosa la intervención, sobre el particular, del Procurador General de la Nación en el trámite del proceso que dio por resultado la Sentencia de Unificación 901 de 2005, quien recuerda que: “La congruencia entre el pliego de cargos y el fallo debe ser personal, fáctica y jurídica. Las dos primeras son absolutas en tanto que la última es provisional ya que la calificación de la conducta puede ser degradada en el fallo”. Recordando lo afirmado por misma corporación en sentencias de tutela por casos similares, que involucraban la estructuración de los cargos, tenemos que:

En atención a lo anotado, la Corte Constitucional ha señalado, que “El auto de formulación de cargos es una providencia de trámite que sienta los cimientos sobre los cuales se edifica el proceso disciplinario destinado a establecer la responsabilidad disciplinaria del inculpado, de modo que el órgano titular del poder disciplinario fija en aquella el objeto de su actuación y le señala al imputado, en forma concreta, cual es la falta disciplinaria que se le endilga a efecto de que pueda ejercer su derecho de defensa”(34).

“Una vez finalizada la investigación, luego de la evaluación de las pruebas y circunstancias del hecho, si se concluye que objetivamente se encuentra establecida la existencia de una falta disciplinaria que compromete la responsabilidad del disciplinado, se abre paso el juzgamiento, el cual comprende varias etapas, entre las cuales se encuentra, la formulación de los respectivos cargos, que constituyen el marco dentro del cual debe desarrollarse el proceso disciplinario, para que el investigado pueda proveer a su defensa”(35).

Por lo tanto, siendo el pliego de cargos el instrumento que determina el dialogo procesal entre la autoridad disciplinaria y el encartado (circunscribiendo su defensa a hechos específicos), en tanto que condiciona los fallos de instancia, su confección ha de ser tan cuidadosa de modo que no dé cabida alguna a ambigüedades sobre la vinculación de los hechos, las pruebas y las normas infringidas so pena de afectar la defensa del procesado(36). Como el caso que nos ocupa, no puede esperar la Sala que el disciplinado hubiera tratado de desvirtuar o justificar su comportamiento no solo frente a la quejosa sino también frente a quien acudió al proceso en calidad de testigo, esto es la señora Zarama Varela, máxime cuando explícitamente —conforme lo advirtió la autoridad disciplinaria de primer grado al entrar a estructurar el cargo por acoso laboral— se afirmó que el cargo estaba relacionado con la primera y no con la segunda.

En este punto, la ambigüedad fáctica del cargo supuso una vulneración evidente al debido proceso, a instancia del derecho a la defensa. No hay que perder de vista que, al haber sido absuelto de este cargo en el primero de los fallos, es apenas entendible que el accionante no haya hecho referencia a dicha imprecisión en la vinculación fáctica del cargo 4, por lo que, como ya se dijo, la sanción por el acoso en contra de quien él asumió como testigo y no víctima del mismo —y no necesariamente por una equivocada lectura del cargo— devino en sorpresiva; ello no dio lugar a su debida y oportuna contradicción.

Sin embargo, esto parece no haber sido suficientemente advertido por el fallador disciplinario de primera instancia al referir a la responsabilidad disciplinaria del procesado en cuanto al acoso laboral. En efecto, en el punto 8.3.4 del fallo, el a quo afirmó que: “La acusación de acoso laboral se originó por el posible agobio sufrido por las señoras Vilma del Rocío Revelo e Inés Lucia Zarama Varela, quienes se desempeñaban en el Juzgado Promiscuo Municipal de Pupiales, en los cargos de secretaria y escribiente respectivamente”(37). Indudablemente, esto contrasta con lo explicitado por la misma autoridad en los cargos que fueron formulados, como ya hemos puesto en evidencia; en la medida en que si bien ambos comportamientos pudieran ser constitutivos de acoso laboral, ello no fue lo suficientemente explícito en la formulación de los cargos. En otras palabras, el fallador disciplinario de primer grado incurrió en un equívoco que a su vez determinó la apelación del Ministerio Público y lo resuelto en la segunda instancia.

La ambigüedad que evidencia la Sala respecto a la manera en que le fueron formulados los cargos al disciplinado, no deja lugar a afirmar cosa contraria a que, en efecto, una sanción fundada en los mismos aludiendo al acoso laboral ejercido en contra de la señora Inés Zarama Varela devino en sorpresiva, posiblemente no referida por el accionante en la apelación que interpuso en contra del fallo de primer grado habida cuenta que por dicho cargo terminó siendo absuelto.

Valga la pena afirmar, que de conformidad con lo expuesto en la Sentencia de Unificación 901/05 la congruencia entre el pliego de cargos y el fallo es tridimensional: personal, fáctica y jurídica. En esta medida, de haberse asumido el comportamiento en contra de la señora Inés Zarama Varela como constitutivo de falta disciplinaria, debió haberse explicitado con la suficiente claridad en los cargos formulados, o en su defecto haber procedido a variar los mismos, brindándole la oportunidad al procesado de controvertir la imputación fáctica, así como su fundamento probatorio y calificación jurídica, en aras de preservar incólume su derecho fundamental al debido proceso.

Luego estima la Sala que lo dicho da cuenta de la existencia de un defecto fáctico, derivado de la falta de alusión directa del cargo 4 —relativo a las conductas constitutivas de acoso laboral— y el comportamiento sufrido por la señora Inés Zarama Varela. Se trata de una deficiencia estructural del cargo específico, que lo hace impreciso en relación con la (s) conducta(s) a que está referido y las pruebas que lo sustentan; lo cual entraña, en consecuencia, una afectación sustancial al debido proceso del disciplinado.

En este orden de ideas, para esta colegiatura lo considerado en precedencia constituye razón suficiente para revocar la decisión impugnada en el sentido de acceder al amparo solicitado por el señor Óscar Fernando Montalvo Fierro, a sus derechos al debido proceso y la defensa, con ocasión de la sanción impuesta por la sala dual quinta de decisión, mediante providencia del dos (02) de febrero de dos mil doce (2012), consistente en destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Pupiales, Nariño, con ocasión de su reprochable comportamiento hacia la señora Inés Zarama Varela, quien fungía como escribiente en su despacho. Así pues, en lugar de la providencia revocada, procederá la Sala a dejar sin efectos jurídicos lo dispuesto en el segundo punto de la parte resolutiva del citado fallo disciplinario de segunda instancia del dos (02) de febrero de dos mil doce (2012), esto es:

“SEGUNDO. REVOCAR la providencia de fecha 5 de agosto 2011 dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, por medio de la cual absolvió al doctor Óscar Fernando Montalvo Fierro, en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Pupiales, Nariño, de la falta disciplinaria con el artículo 35.6 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 2º, numeral 1º, de la Ley 1010 de 2006, para en su lugar sancionarlo con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de este proveído”.

Precisa la Sala que las restantes partes de la mencionada providencia, así como la integridad de la correspondiente a la primera instancia proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño calendada cinco (5) de agosto de 2011 quedarán incólumes.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1 CONCEDER el amparo deprecado por el señor Óscar Fernando Montalvo Fierro, a sus derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y LA DEFENSA, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

2. En consecuencia se dispone DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS el fallo de segunda instancia proferida por la Sala Dual Quinta de Decisión de esta corporación, dentro del proceso disciplinario seguido en contra del accionante en lo que respecta al segundo punto de su parte resolutiva: SEGUNDO. REVOCAR la providencia de fecha 5 de agosto 2011 dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, por medio de la cual absolvió al doctor Óscar Fernando Montalvo Fierro, en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Pupiales, Nariño, de la falta disciplinaria con el artículo 35.6 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 2º, numeral 1º, de la Ley 1010 de 2006, para en su lugar SANCIONARLO con DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL por el término de diez (10) años, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de este proveído”.

3. Una vez notificada esta providencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual Revisión.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Wilson Ruíz Orejuela—María Mercedes López Mora—Henry Villarraga Oliveros—Martha Lucía Bautista Cely—Edilberto Carrero López—José Yesid Barbosa Suárez—Jesús Antonio Guarnizo Palacio.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

(1) Folios 35-34 CO 1.

(2) Fls 122-128 CO. Tutela de primera instancia Rad. 1100191020002012518 00.

(3) Fls 129 CO. Tutela de primera instancia Rad. 1100191020002012518 00.

(4) Fl. 83 ibídem.

(5) Fls 75-76 ibídem.

(6) Fl. 72 ibídem.

(7) Sala Dual Quinta de Decisión conformada por el citado magistrado y el también magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Aprobada según Acta 05 del dos (2) de febrero de dos mil doce (2012).

(8) Fl. 46 ibídem.

(9) Fl. 43 ibídem.

(10) Fl. 44 ibídem.

(11) Fl. 1-41 ibídem.

(12) Fl. 02 ibídem.

(13) Fl. 193-197 CO del trámite tutelar Radicado 11001010200020120051801.

(14) En Sala Séptima Dual de Decisión conformada con el magistrado Ovidio Claros.

Fl. 233-248 CO. Ibídem.

(15) Fl. 14 a 22 CO trámite tutelar adelantado ante el CSJ de Nariño.

(16) Fl. 38 ibídem.

(17) Fl. 65 CO del trámite tutelar Radicado 11001010200020120051801. Conjuez Ponente María Elena Almeida Arellano en Sala conformada con el Conjuez Alberto Peralta Penso.

(18) Fl. 74-99 ibídem.

(19) Fl. 97-98 ibídem.

(20) Fl. 141 ibídem.

(21) Fls. 190 a 197 ibídem.

(22) Corte Constitucional, Sentencia T-022 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

(23) Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(24) Corte Constitucional, Sentencia T-022 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

(25) Fl. 09 ibídem.

(26) Fl. 11-15 ibídem.

(27) Fl. 98 ibídem.

(28) En dicho sentido se despachó en la Sentencia de Unificación 901 de 2005, con ponencia del honorable magistrado Jaime Córdoba Triviño, al referirse a la inexistencia de defectos fácticos en la valoración de la prueba por parte de las autoridades administrativas y judiciales:

El ejercicio legítimo de las facultades de valoración de la prueba de las autoridades administrativas y judiciales no tiene por qué rotularse bajo el calificativo de actuaciones contrarias a los postulados de la Carta Política. Por lo tanto, si bien se está ante dos afirmaciones en las que se advierte anfibología, tal es una impropiedad que afecta una situación muy puntual de la extensa argumentación en la que se apoyó el fallo disciplinario y que, frente al compendio probatorio aducido a la actuación y los alcances que se le reconocieron, resulta completamente irrelevante y, por lo mismo, inadecuada para generar vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor”.

(29) En idéntico sentido, la Corte Constitucional afirmó en Sentencia T-1001 de 2001:

“En materia de interpretación judicial, los criterios para definir la existencia de una vía de hecho son especialmente restrictivos, circunscritos de manera concreta a la actuación abusiva del juez y flagrantemente contraria al derecho. El hecho de que los sujetos procesales, los particulares y las distintas autoridades judiciales no coincidan con la interpretación acogida por operador jurídico a quien la ley asigna la competencia para fallar el caso concreto, o no la compartan, en ningún caso invalida su actuación ya que se trata, en realidad, de “una vía de derecho distinta” que, en consecuencia, no es posible acomodar dentro de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. De esta manera, queda a salvo, pues, el respeto por el principio democrático de la autonomía funcional del juez que reserva para este, tanto la adecuada valoración probatoria como la aplicación razonable del derecho”.

(30) Correa Henao, Néstor Raúl. Derecho procesal de la acción de tutela. Pontificia Universidad Javeriana, facultad de ciencias jurídicas, Colección Profesores, Segunda Edición, 2007. Página 169.

(31) (sic).

(32) Fls 129 CO. Tutela de primera instancia Rad. 1100191020002012518 00.

(33) Fl. 83 Ibídem.

(34) Corte Constitucional, Sentencia T-418 de 1997.

(35) Corte Constitucional, Sentencia T-330 de 2007.

(36) Sobre el debido proceso, en este tipo de actuaciones, la Corte Constitucional ha afirmado lo siguiente:

“Esta corporación ha señalado que la garantía constitucional al debido proceso (superior, art. 29) tiene aplicación en los procesos disciplinarios adelantados por los centros educativos de naturaleza pública y privada. En virtud de ello, la imposición de una sanción disciplinaria debe estar precedida del agotamiento de un procedimiento justo y adecuado, en el cual el implicado haya podido participar, presentar su defensa y controvertir las pruebas presentadas en su contra. (Sent. T-196/11).

“Debido proceso, derecho de defensa y proscripción de la responsabilidad objetiva.

5. El debido proceso, que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, tiene como una de sus manifestaciones más importantes el derecho de defensa y este, a su vez, involucra numerosos aspectos, de uno de los cuales deberemos ocuparnos, cual es el la formulación de cargos en el proceso disciplinario, sobre cuyos presupuestos se adoptará la decisión en el presente caso.

La Corte Constitucional ha afirmado en numerosas oportunidades que el derecho disciplinario es una modalidad de derecho sancionatorio, razón por la cual los principios del derecho penal son aplicables en este campo atendiendo sus características particulares y, en consecuencia, en materia disciplinaria tienen vigencia las garantías sustanciales y procesales a favor de la persona investigada, que tienen como propósitos el respeto de los derechos fundamentales del individuo investigado y el control para que la potestad sancionatoria del Estado se realice escrupulosamente dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales(1).

(...).

Afirmó la Corte en aquella oportunidad que al ser el derecho disciplinario una modalidad del derecho sancionador, su concepción hoy en día debe estar orientada por los principios del estado social y democrático de derecho previstos en el artículo 1º de la Constitución, garantizando el respeto a las garantías individuales pero también los fines del Estado determinados en el artículo 2º ibídem y para los cuales han sido instituidas las autoridades públicas”. (Sent. T-330/07).

(37) Fl. 72 ibídem.