Sentencia 2012-00521 de marzo 8 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación 1100111020002012XXX 02

Magistrada Ponente:

Dra. María Lourdes Hernández Mindiola

Aprobado según acta 74 de la misma fecha

Bogotá, D.C., agosto tres de dos mil dieciséis.

Asunto a decidir

Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a resolver el grado jurisdiccional de consulta en sede de sentencia proferida el 16 de octubre de 2015, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Bogotá(1), sancionó con censura al abogado L.G.C.M., como responsable de la falta establecida en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007.

Situación fáctica y antecedentes procesales

Tiene su origen la presente investigación en compulsa ordenada por el juzgado XX civil del circuito de Bogotá, contra el abogado L.G.C.M., toda vez que dentro de proceso ejecutivo promovido por XXX Ltda. contra el señor E.P.A. y XXX network Ltda. radicado 2002-XXX, fue designado el 2 de agosto de 2011 como curador ad litem de la parte demandada, asunto en el cual pudo haber incurrido en falta disciplinaria, comoquiera que omitió proponer la excepción de prescripción de la acción cambiaria en la contestación de la demanda(2).

La Sala a quo inicialmente mediante auto del 29 de mayo de 2012(3), conforme al artículo 152 de la Ley 734 de 2002, dispuso la apertura de proceso disciplinario contra el abogado L.G.C.M., en condición de auxiliar de la justicia; por proveído del 29 de mayo de 2013(4), se decretó la nulidad de lo actuado desde el 29 de mayo de 2012, toda vez que no debió impartirse el trámite de la investigación de conformidad a la Ley 734 de 2002, sino de conformidad con la Ley 1123 de 2007, pues el disciplinado fungió como profesional del derecho en calidad de curador ad litem.

Calidad del disciplinado. Se procedió a incorporar al infolio el certificado remitido por la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia, mediante el cual se acreditó que el doctor L.G.C.M., identificado con la C.C. XXX se encuentra inscrito con la T.P. XXX, vigente, indicándose las direcciones de oficina y residencia(5).

Apertura de proceso disciplinario. El a quo mediante auto del 23 de septiembre de 2013(6), conforme al artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra el investigado, señalando la audiencia de pruebas y calificación provisional para el día 23 de enero de 2014.

Ante la inasistencia del investigado(7), se le emplazó, declaró persona ausente y designó defensor de oficio(8).

Audiencia de pruebas y calificación provisional. El 15 de mayo de 2014(9), se instaló la correspondiente audiencia, se constató la asistencia del defensor de oficio del disciplinable; de tal modo, procedió el Magistrado Instructor a correr traslado de la queja instaurada, acto seguido el abogado oficioso solicitó la práctica de prueba, allegándose al expediente copia del proceso ejecutivo tramitado con el radicado 2002-XXX adelantado por el juzgado XXX civil del circuito de Bogotá.

Calificación provisional. El Magistrado Instructor procedió a calificar provisionalmente la falta al considerar que el material probatorio recolectado era suficiente para emitir una decisión de fondo, de tal forma, declaró presuntamente responsable al investigado de la comisión de la falta establecida en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que omitió formular la excepción de prescripción del título valor dentro del proceso ejecutivo de la referencia donde actuó como curador ad litem.

Audiencia de juzgamiento. El 26 de junio de 2014(10), se adelantó la diligencia con la asistencia del defensor de oficio del disciplinable, a quien se le corrió traslado del oficio XXX del 10 de junio de 2014(11), mediante el cual el juzgado XXX de ejecución civil del circuito de Bogotá, remitió copias del proceso ejecutivo singular adelantado por XXX Ltda. contra el señor E.P.A. y XXX network Ltda.

El defensor de oficio presentó alegatos de conclusión, manifestando que la tarjeta profesional con la que cuenta el investigado, es prueba de su idoneidad en el ejercicio de su profesión, señaló que no hubo violación en los términos procesales, por lo tanto, no se le puede endilgar que no atendió el asunto por el exceso de compromisos profesionales. Aludió que el investigado no invocó la prescripción de la acción cambiaria en la contestación de la demanda, toda vez que no fue notificado dentro del término legal y no tenía la potestad para solicitar la declaratoria, pues ella debía hacerlo el directamente interesado.

Decisión nulitada. Mediante proveído adoptado el 11 de agosto de 2014(12), por la Sala a quo, se declaró disciplinariamente responsable al investigado por la comisión de la falta establecida en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007; no obstante, mediante sentencia de fecha 22 de octubre de 2014, esta colegiatura decretó la nulidad de la actuación disciplinaria desde el pliego de cargos.

Nueva formulación de cargos. El 14 de agosto de 2015(13), se adelantó nueva audiencia de pruebas y calificación provisional, luego de haber sido decretada la nulidad de las diligencias desde la formulación de cargos; de tal modo, se instaló la diligencia con la asistencia del defensor de oficio del investigado y el representante del Ministerio Público.

Procedió el Magistrado Instructor a calificar provisionalmente la investigación disciplinaria, formulando cargos por la presunta comisión de la falta establecida en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que el disciplinado fue designado en el referido proceso ejecutivo adelantado por el juzgado XXX civil del circuito de Bogotá, por lo cual procedió a contestar la demanda obviando solicitar la prescripción de la acción cambiaria lo cual era evidente y en su condición de profesional. Dicha infracción fue endilgada a título de culpa por el daño que este tipo de conductas causa al cliente y el desgaste de la administración de justicia.

Decretó como pruebas la actualización de los antecedentes disciplinarios del encartado, y escuchar el testimonio del señor E.P.A., quien fue representado por el investigado en el proceso ejecutivo.

Audiencia de juzgamiento. El 25 de septiembre de 2015(14), se adelantó la diligencia de que trata el artículo 106 de la Ley 1123 de 2007, a la cual compareció el defensor de oficio del investigado y en sus alegatos señaló que el cargo formulado a su prohijado es el de no tener el profesionalismo para asumir la defensa como curador ad litem del demandado en el proceso ejecutivo. Indicó que en la primera oportunidad que rindió alegaciones, hizo una afirmación en relación con que la calidad de profesional de derecho la otorgaba precisamente el Consejo Superior de la Judicatura cuando expedía la tarjeta profesional para el correspondiente abogado y esa es una forma de aprobar que es profesional.

Agregó que el hecho que ha dado lugar a la investigación disciplinaria es el no haber formulado la excepción de prescripción de la acción cambiaria cuando contestó la demanda dentro del proceso ejecutivo para el que fue nombrado como curador ad litem, en razón a que existe una corriente doctrinaria la cual afirma que el curador no está facultado para proponer la excepción de prescripción porque estaría disponiendo del derecho de su defendido y esa es una facultad que expresamente ha sido negada por el Código de Procedimiento Civil.

Las argumentaciones con las cuales se funda esa tesis, tiene origen en dos razonamientos: uno es que estaría disponiendo del derecho, pero otro tiene con un principio que debe informar a todo operador jurídico y es el principio de la buena fe, y así está señalando en la sentencia emanada del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil del 24 de marzo de 2004, dictada en un proceso ejecutivo de la Caja Agraria contra M.R.H., donde se hacen dos razonamientos, referente a que se estaría afectando el contrato principal que dio origen a la garantía, es decir, se patrocinaría el incumplimiento con la ausencia del demandado en los procesos ejecutivos, el incumplimiento de esas obligaciones y fundamentalmente el tema del mutuo, de tal manera que aquí habría una especie de contestación por parte del abogado o curador al litem de su prohijado cuando viola ese principio de la buena fe, y es que estaría encubriendo, ayudando a su prodigado a incumplir una obligación que él de buena fe asumió. Terminó señalando que el hecho de no haber formulado la excepción de prescripción, no constituye ninguna falta disciplinaria.

Decisión de primera instancia

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante providencia del 16 de octubre de 2015(15), sancionó con censura al abogado L.G.C.M., como responsable de la falta establecida en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, siendo dicha conducta endilgada culpa.

Lo anterior, toda vez que efectivamente el 2 de agosto de 2011, fue designado como curador ad litem de la parte demandada dentro de proceso ejecutivo adelantado con radicado 2002-00323 promovido por el juzgado XXX civil del circuito de Bogotá, procediendo a contestar la demanda el 8 de agosto de 2011, omitiendo alegar la prescripción de la acción cambiaria, medio exceptivo que resultaba evidente para el disciplinado, dada su condición de profesional del derecho, causando con su actuar perjuicios a su representado, ya que el proceso continuó con la ejecución; por lo tanto, se evidenció que no se encontraba capacitado para desplegar la gestión que se le encomendó.

Se indicó que si bien la defensa alegó que no existió antijuridicidad en el actuar desplegado por el investigado, pues no produjo un daño con su actuar, consideró la Sala a quo que no era necesario el daño, pues con la sola afectación injustificada al deber funcional se produce la antijuridicidad, pues desconoció el deber establecido en el numeral 4º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

De otra parte, manifestó la Sala que no le era permitido disponer de los derechos de la persona a la que representaba, pues la labor para la cual fue designado el disciplinable como curador, era para representar a la parte demandada dentro del referido proceso ejecutivo, lo cual implica que debía defender los intereses, y si la acción cambiaria ya se encontraba prescrita, debió alegarla como excepción en la demanda. Dicho actuar fue calificado como culposo.

Dosificación de la sanción. Determinó la primera instancia que el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007, señala las sanciones a imponer a los profesionales del derecho que incurran en falta disciplinaria, las cuales se impondrán atendiendo los criterios de graduación establecida en el artículo 45 ibídem. Así las cosas, teniendo en cuenta la trascendencia social de la conducta, su modalidad culposa, el perjuicio causado, las circunstancias en que se cometió la falta y los motivos determinantes del comportamiento, además de que no se presentan criterios de atenuación de la sanción y tampoco de agravación, se sancionó al disciplinado con censura.

Consideraciones de la Sala

Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia—, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura”, en concordancia con el parágrafo 1º del referido artículo y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 —Código Disciplinario del Abogado—.

Tal facultad legal se mantiene incólume para esta superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

Asunto a resolver. Atendiendo los fines de la consulta, en el asunto bajo escrutinio de la Sala. Se percibe que no se evidencian actuaciones irregulares que afecten la legalidad de la misma, ni de la sentencia. Se cumplieron los principios de publicidad y contradicción, se corrieron los traslados; se notificaron las providencias correspondientes, se practicaron las pruebas solicitadas y en la forma señalada en las normas instrumentales, se garantizaron los derechos de defensa, de contradicción y la oportunidad de interponer recursos para acceder a la doble instancia; en consecuencia procede a pronunciarse en grado jurisdiccional de consulta sobre el fallo proferido el 16 de octubre de 2015, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Bogotá(16), sancionó con censura al abogado L.G.C.M., tras hallarlo responsable de la falta establecida en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, cuyo tenor literal es el siguiente: “(...) i) Aceptar cualquier encargo profesional para el cual no se encuentre capacitado, o que no pueda atender diligentemente en razón del exceso de compromisos profesionales”.

De cara a la conducta descrita por el legislador y a efectos de resolver el problema jurídico planteado en el sub examine, referido a la responsabilidad disciplinaria del inculpado en la falta a la lealtad con el cliente, cuyo contenido normativo se transcribió anteriormente, la Sala parte del presupuesto de que el ejercicio de la abogacía a diferencia de otras profesiones, admite la exigencia de mayor rigor en cuanto al comportamiento del profesional en todos los órdenes, en atención a la trascendente función realizada por los togados como depositarios de la confianza de sus clientes y como defensores del derecho y la justicia, tal como lo expresó la Corte Constitucional en la Sentencia C-658 de 1996.

Caso en concreto. De conformidad con la compulsa ordenada por el juzgado XXX civil del circuito de Bogotá, se tiene que se adelantó investigación disciplinaria contra el abogado L.G.C.M., toda vez que fue nombrado como curador ad litem de la parte demandada dentro de proceso ejecutivo radicado 2002-XXX, promovido por XXX Ltda. contra el señor E.P.A. y XXX network Ltda., posesionándose en dicho cargo el 2 de agosto de 2011(17), a lo cual procedió a contestar la demanda el 8 de agosto de 2011(18), omitiendo efectivamente alegar como excepción la prescripción de la acción cambiaria, lo cual debió proponer en su condición de profesional del derecho y específicamente como curador ad litem.

Así las cosas, de forma contundente se probó que el hecho constitutivo de la investigación disciplinaria existió, esto es, la falta de lealtad para con su cliente por parte del inculpado, pues aceptó representar la parte demandada dentro de proceso ejecutivo de manera voluntaria, desconociendo lo establecido en el numeral 10 del artículo 784 y el artículo 789 del Código de Comercio, al no proponer en la contestación de la demanda la excepción de prescripción de la acción cambiaria, omitió, dejó de defender de manera eficiente a su representado, privándolo de su más fácil amparo frente a las peticiones de la demanda, con lo cual se evidenció que el togado encartado no se encontraba capacitado para desplegar la gestión que se le encomendó; las referidas normas son del siguiente tenor:

“ART. 784.—<Excepciones de la acción cambiaria>. Contra la acción cambiaria solo podrán oponerse las siguientes excepciones:

(...).

10) Las de prescripción o caducidad, y las que se basen en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción;

(...).

ART. 789.—<Prescripción de la acción cambiaria directa>. La acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento”.

Así las cosas, tal como lo indicó la Sala a quo, la labor para la cual fue designado el disciplinable como curador, era para representar a la parte demandada dentro del referido proceso ejecutivo, lo cual implica que debía defender los intereses, y si la acción cambiaria ya se encontraba prescrita, la manifestación que más demostraba la lealtad del abogado con sus apoderados, era alegarla como excepción en la demanda. Adicionalmente debemos recordar el papel de curador ad litem en un proceso es el de asumir la defensa de la parte que por alguna circunstancia no puede concurrir al proceso, para ello, primordialmente lo designa el juez, para garantizar el derecho de defensa de la parte que por cualquier circunstancia no acude al proceso. Tiene la obligación de desplegar toda su actividad y destreza para procurar por todos los medios proteger a quien representa, y una de las más elementales formas de hacerlo, es proponer o presentar medios exceptivos, de fondo o previas. El haber propuesto excepciones, en nada significa que estuviera disponiendo del derecho en litigio, eso, es algo evidentemente diferente.

Finalmente, se observa que la anterior sanción se ajusta a los principios establecidos en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, es decir, es razonada, necesaria y proporcionada, y está conforme a los criterios de graduación de que trata el artículo 45 ibídem, tales como la trascendencia social de la conducta, la modalidad, circunstancias y el perjuicio causado. Así las cosas, para las faltas endilgadas al abogado disciplinado, consagra el artículo 40 del estatuto deontológico cuatro tipos de sanción, partiendo de la censura como la más leve, pasando por la de suspensión y culminando con la exclusión como la de mayor gravedad, las cuales se podrá imponer de manera autónoma o concurrente con la multa.

De igual manera, la sanción antes referida e impuesta al disciplinado, cumple con el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta punitiva con la gravedad de la misma, pues sin justificación alguna, el litigante conculcó el estatuto deontológico en el aspecto de faltar a la lealtad profesional con su cliente, siendo que todo abogado debe propender por su observancia, pues ciertamente el togado al aceptar representar los intereses de un particular dentro de proceso ejecutivo desconociendo su trámite y normas aplicables, dejó de observar los deberes que se le exigía como profesional del derecho; además se tuvo en cuenta la inexistencia de antecedentes disciplinarios del encartado para la época de la comisión de los hechos.

Igualmente, se cumple también con el principio de razonabilidad, referido este a la idoneidad o adecuación al fin de la pena, la cual justifica la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio de la profesión impuesta al disciplinado, debiéndose atender lo expuesto por la Corte Constitucional, cuando dijo: “la razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”(19).

Así pues, es enfática esta Sala en reiterar que este tipo de conductas afectan de manera grave a los profesionales del derecho que escogen como medio de subsistencia el ejercicio de la abogacía de forma independiente, que deben ser individuos de sanas convicciones éticas que entiendan cabalmente cuáles son los fines primordiales de la justicia; también se afecta gravemente la credibilidad frente a la sociedad, teniendo en cuenta que justamente es el medio humano por el que se accede a la justicia, en busca de la verdad real y material, por lo que ha de propenderse entonces, porque la profesión de abogado se caracterice por un amplio sentido moral y ético, inspirado en principios y valores que se basen no solo en la ley positiva, sino en la ley moral, conciencia subjetiva del profesional del derecho.

Por lo anterior, esta superioridad procederá a confirmar en su totalidad la providencia consultada, pues se acompasa la misma con la realidad probatoria allegada al plenario, al igual que la responsabilidad del abogado frente a los cargos irrogados, pues en efecto, en este caso considera la Sala, que el comportamiento del disciplinado dista de la manera como debe actuar un profesional del derecho, especialmente cuando actúa como curar ad litem, en la medida de que no desplegó el ejercicio de su profesión con la debida lealtad en beneficio de su defendido cliente, por lo que la sanción censura, habrá de ser confirmada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de octubre de 2015, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Bogotá, sancionó con CENSURA al abogado L.G.C.M., tras hallarlo responsable de la falta establecida en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, conforme a las razones expuestas en las consideraciones de esta sentencia.

2. Anótese la sanción en el registro nacional de abogados, data a partir de la cual la misma empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Devuélvase el expediente al consejo seccional de origen para que notifique a todas las partes del proceso.

4. Por la secretaría judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: José Ovidio Claros Polanco—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—Julia Emma Garzón de Gómez—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

1 M.P. Rafael Vélez Fernández - Sala Dual con el magistrado Antonio Suárez Niño.

2 Folio 1, c. o.

3 Folios 3 - 5, c. o.

4 Folios 21 - 26, c. o.

5 Folio 13 y 31, c. o.

6 Folio 32, c. o.

7 Folio 44 y 46 - 47, c. o.

8 Folio 45, c. o.

9 Acta vista a folios 56 - 58 y Cd 1, c. o.

10 Acta vista a folios 69 - 70 y Cd 2, c. o.

11 Folio 67, c. o y cuaderno de anexos.

12 Folios 71 - 85, c. o.

13 Acta vista a folios 123 - 124 y Cd 3, c. o.

14 Acta vista a folio 131 y Cd 4, c. o.

15 Folios 133 - 144, c. o.

16 M.P. Rafael Vélez Fernández - Sala Dual con el magistrado Antonio Suárez Niño.

17 Folio 36, cuaderno anexo 1.

18 Folios 39 – 40, cuaderno anexo 1.

19 Sentencia C-530 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.