SENTENCIA 2012-00531 DE ABRIL 27 DE 2016

 

Sentencia 2012-00531 de abril 27 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 660011102000201200531-02

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Montoya Reyes

Aprobado según acta 34 de la fecha

Ref.: Auxiliar de justicia en consulta.

Denunciado: Guillermo Antonio Henao Posada. Auxiliar de justicia - secuestre.

Informante: Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira.

Primera instancia: Exclusión de la lista de auxiliares de justicia y multa de 1 smmlv.

Segunda instancia: Confirma.

Bogotá, D.C., veintisiete de abril de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Conforme con las atribuciones conferidas por los artículos 256.3 de la Constitución Política y 112.4 de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer y decidir en este asunto.

Sea lo primero señalar que los auxiliares judiciales, en tanto cumplen funciones públicas, se encuentran sometidos al régimen disciplinario, recayendo la competencia según la Ley 1474 de 2011, artículo 41, en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los consejos seccionales y Superior de la Judicatura, precepto que a la fecha cuenta con la presunción de constitucionalidad, razón por la cual debe ser aplicado en su totalidad.

Con fundamento en la citada norma y según lo dispone el artículo 53 de la Ley 734 de 2002: “El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes administren recursos públicos u oficiales (…)” (resaltado fuera de texto).

Así las cosas, esta corporación tiene la competencia para adelantar el juicio disciplinario a quienes ostentan la calidad de auxiliares de la justicia y bajo el entendido que el derecho disciplinario tiene su base sustancial en la intención del Estado de asegurar el comportamiento ético, moral y eficiente de los servidores públicos, en pro de la garantía en el efectivo funcionamiento de los servicios y el logro de los fines esenciales.

Tal facultad-deber constitucional y legal se mantiene incólume para esta superioridad, a pesar de la entrada en vigencia el primero (1°) de julio de 2015 del Acto Legislativo 2 de 2015, que creó el nuevo órgano rector disciplinable, en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del citado artículo 19 que señala: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, siendo por lo tanto absolutamente claro que la atribución legal de esta Alta Corte de disciplinar a los profesionales del derecho, se mantiene en el tiempo hasta tanto entre a funcionar la referida comisión.

La Corte Constitucional mediante Auto 278 de 9 de julio de 2015 ratificó las atribuciones de esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria, al señalar:

“6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”.

Caso en concreto

En el presente caso se le formularon cargos al señor Guillermo Antonio Henao Posada, auxiliar de la justicia, por presunto incumplimiento de sus funciones —secuestre— dentro del proceso ejecutivo hipotecario 2006-0130, que llevó a la vulneración del deber consagrado en el inciso 1º, del artículo 683 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el numeral 4º, literal c), del artículo 9º, de la misma normatividad.

Análisis objetivo de la falta

El disciplinado fue sancionado en primera instancia por inobservancia de los deberes consagrados en el inciso 1º, del artículo 863, en concordancia con el numeral 4º, literal c), del artículo 9º, disposiciones normativas que a la letra rezan:

“ART. 9º—Designación, aceptación del cargo, calidades y exclusión de la lista. Para la designación, aceptación del cargo, calidades y exclusión de la lista de los auxiliares de la justicia se observarán las siguientes reglas:

(…).

4. Exclusión de la lista. Las autoridades judiciales excluirán de las listas de auxiliares de la justicia, e impondrán multas hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales según el caso:

(…).

c) A quienes como secuestres, liquidadores o curadores con administración de bienes, no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestión, o cubierto el saldo a su cargo, o reintegrado los bienes que se le confiaron o los hayan utilizado en provecho propio o de terceros, o se les halle responsables de administración negligente”.

“ART. 683.—Funciones del secuestre y caución. El secuestre tendrá la custodia de los bienes que se le entreguen, y si se trata de empresa o de bienes productivos de renta, las atribuciones previstas para el mandatario en el Código Civil, sin perjuicio de las facultades y deberes de su cargo”.

Ahora bien, de lo probado en primera instancia se extrae que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira dentro del proceso ejecutivo 20060130, libró despacho comisorio con el fin de realizar la diligencia de secuestro del apartamento 503, bloque 5, del conjunto residencial “Parque Residencial Alburquerque”. En dicha diligencia (mar. 16/ 2007), se designó como secuestre al señor Guillermo Antonio Henao Posada, quien en cumplimiento de sus funciones rindió informes manifestando que el inmueble se encontraba desocupado por las deudas de administración y servicios públicos. No obstante lo anterior, en el mes de noviembre de 2011 rindió informe final, indicando que el bien inmueble bajo su custodia se encontraba ocupado desde marzo de 2010 por el cesionario, señor Carlos Mario Franco Mejía, quien realizó algunas reparaciones locativas, canceló las cuotas de administración, servicios públicos e impuestos prediales, razón por la cual celebró contrato de comodato, el que posteriormente se convirtió en contrato de arrendamiento con el fin de cruzar cuentas, esto es, que el dinero invertido por el tenedor ($28.000.000) se cruzaban con los cánones de arrendamientos causados.

De lo anterior se puede concluir sin lugar a equívocos que el auxiliar de la justicia a pesar haber rendido informes oportunamente sobre su gestión como administrador del bien inmueble dejado bajo su custodia en [la] diligencia de secuestro celebrada el 16 de marzo de 2007, omitió rendir las cuentas, toda vez que no relacionó el valor de los cánones de arrendamiento causados desde marzo de 2010, fecha en que el cesionario ocupó el apartamento, tal como lo reconoció en su versión libre.

Por tanto, desde el punto de vista meramente objetivo se halla acreditada a cabalidad la falta atribuida al secuestre de marras, pero no basta con tal demostración, pues es menester analizar las circunstancias bajo las cuales se produjo ya que, como se sabe, en materia disciplinaria está prohibida toda forma de responsabilidad objetiva, según el claro mandato contenido en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002.

Análisis subjetivo de la conducta endilgada

Al examinar los alegatos presentados por el defensor de oficio del investigado, se tiene que plantea la antijuridicidad de la conducta por la no afectación de su deber funcional ante el saneamiento de su conducta, esto es, la celebración del contrato de arrendamiento. Así las cosas, pasa la Sala a establecer si la conducta del auxiliar se encuentra justificada o no.

Sea lo primero señalar que el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, establece:

“ART. 10.—Custodia de bienes y dineros. Los auxiliares de la justicia que como depositarios, secuestres o administradores de bienes perciban sus productos en dinero, o reciban en dinero el resultado de la enajenación de los bienes o de sus frutos, harán la consignación inmediatamente en la cuenta de depósitos judiciales a la orden del juez del conocimiento.

El juez podrá autorizar el pago de impuestos y expensas con los dineros depositados; igualmente, cuando se trate de empresas industriales, comerciales o agropecuarias, podrá facultar al administrador para que, bajo su responsabilidad personal, lleve los dineros a una cuenta corriente bancaria que tenga la denominación del cargo que desempeña. El banco respectivo enviará al despacho judicial copia de los extractos mensuales.

En todo caso, el depositario o administrador dará al juzgado informe mensual de su gestión, sin perjuicio del deber de rendir cuentas”.

Pues bien, considera esta corporación que el auxiliar investigado trasgredió el mandato contenido en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil al no rendir cuentas de su gestión, no consignar de manera inmediata los dineros producto de los arrendamientos cancelados por el tenedor y efectuar cruce de cuentas que no fueron autorizados por el juez de conocimiento, comportamiento con el cual se extralimitó en sus funciones.

Sobre este puntual aspecto, el artículo 683 de la misma normatividad señala:

“ART. 683.—Funciones del secuestre y caución. El secuestre tendrá la custodia de los bienes que se le entreguen, y si se trata de empresa o de bienes productivos de renta, las atribuciones previstas para el mandatario en el Código civil, sin perjuicio de las facultades y deberes de su cargo”.

Por su parte, el artículo 2158 del Código Civil establece las facultades del mandatario, así:

“ART. 2158.—Facultades del mandatario. El mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración, como son pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario; perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones, en lo tocante a dicho giro; contratar las reparaciones de las cosas que administra, y comprar los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras, minas, fábricas u otros objetos de industria que se le hayan encomendado” (resaltado fuera de la Sala).

Así las cosas, los preceptos normativos en cita eran de imperativo cumplimiento por parte del auxiliar de la justicia cuando de cumplir con su deber de rendir cuentas se trataba. Y era imprescindible hacerlo una vez recibiera los frutos (canon de arrendamiento) del bien inmueble dejado bajo su administración.

Está demostrado que el señor Guillermo Antonio Henao Posada, actúo en contravía del ordenamiento legal, debido a que al tomar posesión del cargo de secuestre, debía cumplir con los deberes que por mandato legal le impone la ley, como rendir cuentas de su gestión, lo que no hizo, comoquiera que ocultó al despacho judicial la ocupación del bien inmueble dejado bajo su administración por su calidad y los cánones de arrendamiento, comportamiento agravado por el hecho de ocultar al despacho judicial el presunto cruce de cuentas con el morador del bien inmueble. No son de recibo las exculpaciones de la defensa, toda que contrario a lo afirmado, s[í] se afectó el deber funcional, pues la desatención en las funciones a cargo del auxiliar de la justicia conllevó a una mala administración del inmueble, ya que desde marzo de 2010 se dejaron de percibir sus frutos, es decir, los cánones de arrendamiento, lo que sin lugar a dudas afectó económicamente a la parte demandada.

Las anteriores consideraciones llevan a concluir que el auxiliar de la justicia de manera injustificada desatendió sus obligaciones, concretamente, el deber de rendir cuentas de gestión a pesar de que era su obligación hacerlo cada mes, atendiendo la normatividad que regula sus funciones, según la cual este debe rendir informes y cuentas comprobadas de su gestión, lo que en efecto no hizo el investigado. Por otra parte, se extralimitó en sus funciones al celebrar un contrato de comodato para el presunto cruzamiento de cuentas con el tenedor del bien inmueble, sin autorización judicial.

El análisis precedente lleva sin duda a la conclusión de que en relación con el disciplinado obran elementos para plantear la existencia de la conducta especificada en la sentencia de primera de instancia, así como su responsabilidad sin que en su favor pueda reconocerse ninguna circunstancia que lo desligue de la autoría de la falta. De esta manera, poniendo de relieve las razones anteriores, considera la Sala inadmisibles por infundados los argumentos exculpatorios traídos por la defensa del disciplinado en tanto, como quedó demostrado, hay prueba fehaciente de la actitud negligente con que actuó aquel.

Naturaleza jurídica de la falta y sanción

Contrario a lo manifestado por la primera instancia, que calificó la conducta como grave culposa, es cierto y está demostrado que la gravedad de la falta está dada en el desconocimiento deliberado de las normas reguladoras del caso, el sometimiento a la ley. Es decir, se torna grave que un auxiliar de la justicia se aparte de las reglas que rigen su actividad. Y no es permitido que el secuestre actúe sin rendir cuentas de su gestión, más aún cuando la naturaleza propia del bien objeto de la medida cautelar así lo requiere. Conducta que reviste la connotación de gravísima de acuerdo con lo previsto en la ley, desnaturalizando con su proceder el objeto propio del secuestro de bienes.

Así mismo, se demostró una modalidad dolosa de las conductas realizadas por el disciplinable, por cuanto si se observa con detenimiento el acervo probatorio se encuentra que el auxiliar judicial incumplió e inobservó los preceptos normativos civiles en los que se establece que los secuestres deben rendir cuentas de su gestión mientras subsista el secuestro. Sin embargo, el aludido auxiliar judicial, deliberadamente y de manera injustificada desatendió tales deberes a pesar de que era su obligación.

Habiéndose demostrado una conducta típica, ilícita y culpable, la Sala encuentra que la sanción de exclusión de la lista de auxiliares de la justicia debe ser confirmada, atendiendo que la consecuencia jurídica de su falta disciplinaria se hace necesaria toda vez que las conductas desplegadas por el disciplinable son gravísimas, pues la omisión en la rendición de cuentas comprobadas y la extralimitación de sus funciones al disponer sobre los frutos percibidos por la administración de los bienes dejados bajo su custodia, demuestran conductas que no pueden permitirse dentro del ámbito funcional que desempeñan, desatendiendo los principios que orientan el servicio de los auxiliares de la justicia como la responsabilidad, eficacia, transparencia, lealtad, imparcialidad, independencia, buena fe y solvencia moral.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia de 7 de octubre de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, mediante la cual sancionó al señor Guillermo Antonio Henao Posada , en su condición de auxiliar de la justicia - secuestre, con exclusión de la lista de auxiliares de la justicia y multa de 1 smmlv, por inobservancia de los deberes consagrados en el inciso 1º, artículo 683 del CPC, en concordancia con el artículo 9º, numeral 4º, literal c), ibídem, por las razones puntualizadas en la parte motiva de esta providencia.

2. ORDENAR la devolución inmediata del expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, para los fines de ley a que haya lugar, tal como se expuso en la parte motiva de esta providencia.

3. Por la secretaría judicial líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto me permito manifestar que no salvo el voto con respecto a la decisión asumida por la Sala como lo había expresado, puesto que al revisar detenidamente la actuación considero que lo decidido en el presente asunto, así como las consideraciones de la providencia estuvieron acertadas.

Se remite a la secretaría judicial un expediente en 4 cuadernos con 37-37-303-69 folios.

Fecha ut supra, 

Julia Emma Garzón de Gómez».