Sentencia 2012-00547/20646 de septiembre 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Bogotá, D.C., trece de septiembre de dos mil diecisiete.

Rad. 05001-23-33-000-2012-00547-01 (20646).

Actor: Bancolombia S.A.

Demandado: DIAN.

Estabilidad tributaria - Intereses moratorios.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Provee la Sala sobre la legalidad de los actos administrativos demandados, en cuanto negaron a Bancolombia S.A. el reconocimiento de intereses moratorios respecto de las sumas previamente devueltas por concepto de GMF de los años 2001 a 2005, impuesto al patrimonio de los años 2004 y 2005 y sobretasa al impuesto de renta 2004, que en total ascendieron a $ 21.403.121.726.

En la sentencia apelada, el tribunal acepta que la DIAN debe pagar a favor de la demandante los intereses moratorios que se originaron por el pago de lo no debido realizado por la demandante, en esas condiciones, debía aplicarse lo dispuesto en el artículo 863 E.T. y, eventualmente lo previsto en el artículo 1617 CC para reconocer la desvalorización de las sumas devueltas. Sin embargo, con fundamento en los principios de justicia rogada y de derecho al debido proceso, el a quo concluyó que, como la demandante había solicitado los intereses regulados en la Ley 80 de 1993 y dado que dicha normativa no es aplicable al régimen de estabilidad tributaria, era lo propio negar las pretensiones de la demanda.

La demandante, en el recurso de apelación, invoca el derecho a la igualdad y el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, para insistir en que tiene derecho al reconocimiento de intereses moratorios y en el restablecimiento de la ecuación económica del contrato, pues mientras los actos demandados negaron el pago de aquéllos, el demandante sí tuvo que pagar los intereses moratorios que le exigió la DIAN para la devolución de los impuestos estabilizados(10).

Para resolver, se observa:

De los intereses procedentes sobre saldos a favor devueltos como consecuencia de las sentencias que declaran la existencia de los contratos de estabilidad tributaria.

Las resoluciones visibles en los folios 65 a 96(11), ordenaron las devoluciones que el demandante solicitó respecto del pago de lo no debido(12) por concepto de gravamen a los movimientos financieros correspondiente a los años 2001 a 2005, impuesto al patrimonio de los años 2004 y 2005 y de la sobretasa del impuesto de renta del año 2004(13).

Es un hecho no discutido que, para esos periodos, el demandante no estaba cobijado por el régimen especial establecido en el artículo 240-1 del ET y, por lo tanto, debía pagar los tributos generados durante esas vigencias, toda vez que la existencia del contrato de estabilidad tributaria entre dicha corporación y la DIAN sólo se declaró cuatro años después, mediante Sentencia del 5 de marzo de 2009, en la cual se resolvió:

“Primero: Declárase no probada la excepción de inepta demanda por indebido ejercicio de la acción.

Segundo: Declárase la existencia del contrato de estabilidad tributaria de que trata el artículo 169 de la Ley 223 de 1995, correspondiente al artículo 240-1 del Estatuto Tributario vigente al 19 de mayo de 2000, fecha de presentación de la solicitud entre la Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Corporación Financiera Nacional y Suramericana S.A. –Corfinsura– en los términos solicitados en la demanda desde el 19 de julio del año 2000.

Tercero: Se abstiene de emitir pronunciamiento sobre la nulidad del proyecto de contrato de estabilidad tributaria que emitió la Dirección de Impuestos Nacionales con respecto a la Corporación Financiera Nacional y Suramericana S.A. –Corfinsura–.

Cuarto: Para efectos de lo previsto por los artículos 59 y siguientes de la Ley 190 de 1995 y su Decreto Reglamentario 1477 de 1995 se ordena la publicación del mencionado contrato en el diario único de contratación pública”.

De acuerdo con lo anterior, a partir de la ejecutoria de la Sentencia del 5 de marzo de 2009, se entiende que el demandante gozaba del régimen de estabilidad tributaria desde el 19 de mayo de 2000 y, por consiguiente, para las partes surgieron cargas dirigidas a materializar dicha decisión, es decir, como lo ha sostenido la Sala en asuntos similares al ahora debatido(14), “obligaciones que corresponden a las que habrían nacido si se hubiera concedido el régimen de estabilidad tributaria en las condiciones que solicitaron los contribuyentes, esto es, por diez años”.

Así pues, para la DIAN surgió el deber de devolver los impuestos que se hubieran creado en vigencia de ese régimen de estabilidad y que el actor le hubiere pagado, como ocurre en este caso con el GMF, el impuesto al patrimonio y la sobretasa del impuesto de renta, aspecto no discutido en este proceso. Por su parte, la demandante quedó obligada a pagar los dos puntos porcentuales adicionales de la tarifa ordinaria del impuesto de renta, por los años durante los cuales le era aplicable el régimen de estabilidad tributaria, obligación que fue cumplida y acreditada en el expediente.

Ahora bien, aunque la Sentencia del 5 de marzo de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, declaró únicamente la existencia del contrato de estabilidad tributaria, dentro de un proceso contractual, tal situación no impide que las reglas de ejecución de dicha sentencia se asimilen a las que en otras oportunidades la Sala ha considerado aplicables en casos análogos, toda vez que “independientemente de que la sentencia que declara la existencia del régimen de estabilidad tributaria no haya dictado una orden de condena en concreto o en abstracto, lo cierto es que esas sentencias tienen un componente económico: el pago mutuo de obligaciones pecuniarias. Y el cumplimiento de esas obligaciones se materializa cuando se ejecuta la providencia, en las mismas condiciones en que se ejecuta una sentencia condenatoria. De ahí que sea pertinente que esos fallos se ejecuten siguiendo las reglas de los artículos 177 y 178 del CCA(15) (resaltado fuera de texto).

Por lo tanto, la Sentencia del 5 de marzo de 2009 es declarativa, porque reconoció el derecho al régimen de estabilidad tributaria que tenía la actora desde el año gravable 2000 y hasta el año 2010 pero, además, es constitutiva del derecho a la devolución, por tanto, para su ejecución, los intereses aplicables a las sumas que deben devolverse por parte de la administración, son los corrientes y moratorios del artículo 177 del CCA(16), teniendo en cuenta el plazo de 30 días para el cumplimiento de la sentencia, previsto en el artículo 176 ibídem(17).

Precisa además la Sala que aunque “medie una petición de devolución a instancia de la expedición de la sentencia, lo cierto es que la devolución ya no es un asunto que debe ser controvertido sino, simple y llanamente, cumplido y, por lo tanto, en las condiciones que prevén los artículos 176, 177 y 178 del CCA(18)”, por lo tanto, no se requería que la sentencia hubiera dispuesto el reconocimiento de intereses sobre la suma objeto de devolución, pues las condiciones para el cumplimiento de la sentencia previstas en el Código Contencioso Administrativo operan por ministerio de la ley.

En ese contexto, además debe concluirse que la forma de actualización de la suma a devolver se rige por lo dispuesto en el artículo 178 CCA(19), como lo ha señalado la Sala, toda vez que esa devolución es la forma de restablecimiento consecuencial con la declaratoria judicial del régimen de estabilidad tributaria a través de una providencia judicial que, por lo mismo, adquiere la condición de “sentencia condenatoria”.

Lo anterior descarta, per se, la pretensión de reconocimiento de intereses moratorios a la luz del numeral 8 del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 porque, se repite, la Sentencia del 5 de marzo de 2009 es la fuente jurídica de la devolución de las sumas por las cuales se piden dichos intereses y, en esa medida, la decisión sobre los mismos debe adoptarse en el contexto de la efectividad de la condena contra entidades públicas y no en el del incumplimiento de los contratos estatales y ruptura del equilibro de la ecuación económica contractual, máxime cuando el contrato de estabilidad tributaria es un tipo especial de contrato estatal, que se rige por el artículo 240-1 del E.T.

De acuerdo con lo expuesto, los actos demandados infringen las normas en las que debían fundarse por no haber aceptado la liquidación de intereses que legalmente procedían a la luz del artículo 177 del E.T., frente a la declaratoria hecha por la Sentencia del 5 de marzo de 2009 y a la devolución que implicó.

Así pues, la Sala advierte que, de una parte, la pretensión de la demandante ha sido constante frente al reconocimiento de intereses y, de otra, ese reconocimiento es la consecuencia legal de la ejecución de una sentencia, aspecto regulado en los artículos 176, 177 y 178 del Decreto 01 de 1984, aplicable al presente asunto.

Adicionalmente, la decisión que adopta la Sala no vulnera el derecho al debido proceso y a la defensa de la demandada, toda vez que a pesar de que la actora desde sede administrativa solicitó los intereses en los términos dispuestos en la Ley 80 de 1993, en los actos demandados la DIAN manifestó su posición en relación con la aplicación del artículo 177 del CCA al sostener que “la sentencia no impuso a la administración el deber de pagar o devolver una suma líquida de dinero oficiosamente o en los términos en que debiera hacerlos si se tratara de una sentencia de condena. Por tanto, no es aplicable al caso concreto, el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, el cual regula la manera de hacer efectivas las condenas contra entidades públicas(20)”, criterio que fue también fue expuesto ante esta jurisdicción.

Caso concreto.

De acuerdo con lo decidido en el ordinal segundo de la Sentencia del 5 de marzo de 2009, mediante el cual se declaró la existencia del contrato de estabilidad tributaria entre la Nación – Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Corporación Financiera Nacional y Suramericana S.A. –Corfinsura–, dicho contrato regía desde el 19 de julio del año 2000.

Mediante Resoluciones 14279, 14281, 14282, 14283 y 14284 del 6 de agosto de 2010, 14394, 14395, 14396, 14397, 14398 y 14399 del 10 de agosto de 2010, la DIAN devolvió las sumas que le pagó el demandante por GMF de los años 2001 a 2005, impuesto al patrimonio de los años 2004 y 2005 y sobretasa al impuesto de renta 2004, que en total ascendieron a $ 21.403.121.726.

Actualización de la suma objeto de devolución.

De acuerdo con lo explicado, los valores devueltos tendrán que indexarse en los términos del artículo 178 del CCA, es decir, con base en el índice de precios al consumidor, entre la fecha en que se hicieron los respectivos pagos de GMF de los años 2001 a 2005, impuesto al patrimonio de los años 2004 y 2005 y sobretasa al impuesto de renta 2004 y hasta la fecha de ejecutoria de la Sentencia del 5 de marzo de 2009, esto es, el 11 de septiembre de 2009, como título de la devolución(21).

Para la actualización se aplicará la siguiente fórmula:

F1
 

Donde:

Ra es la renta o impuesto pagado actualizado (lo que se busca).

R es la renta histórica, es decir, la renta o impuesto al momento de los hechos (lo pagado).

If es el índice de precios al consumidor certificado por el DANE para la fecha en que se haga la devolución.

Ii es el índice de precios al consumidor para la fecha de los hechos, esto es, la fecha en que se pagó el impuesto objeto de devolución.

Al expediente no fueron aportados los recibos de pago de los mencionados impuestos y si bien con la demanda se allegó un CD que contiene unos cuadros con las fechas de pago, estos no pueden constatarse.

Ahora bien, sobre el valor indexado se generan intereses moratorios a la luz del artículo 177 del CCA, a partir de los 30 días(22) siguientes a la ejecutoria de la Sentencia del 5 de marzo de 2009 (11 de septiembre de 2009) esto es, en el caso concreto, hasta el 26 de octubre de 2009, de acuerdo con lo previsto en el artículo 176 ibídem. Esa liquidación tendrá dos cortes:

Primer corte:

En efecto, como la DIAN ordenó devolver los valores solicitados por el demandante respecto de los pagos que hizo por concepto de GMF de los años 2001 a 2005, impuesto al patrimonio de los años 2004 y 2005 y sobretasa al impuesto de renta 2004, mediante las Resoluciones 14279, 14281, 14282, 14283 y 14284 del 6 de agosto de 2010, 14394, 14395, 14396, 14397, 14398 y 14399 del 10 de agosto de 2010, la devolución se hacía efectiva al siguiente día hábil de notificarse cada una de ellas(23) y hasta ese día se causaron intereses de mora sobre los valores devueltos.

Segundo corte:

Distinta es la situación respecto del remanente producto de la actualización que la presente sentencia ordena realizar, pues como esa parte aún no ha sido devuelta, los intereses moratorios se prolongan en el tiempo y continuarán causándose hasta que el pago se realice.

Finalmente, en relación con los intereses corrientes previstos en el artículo 177 del CCA, la Sala retoma las precisiones hechas en la Sentencia del 14 de julio de 2016, expediente 19775(24), así:

El artículo 177 del CCA disponía, en el aparte pertinente a los intereses objeto de análisis, lo siguiente:

“ART. 177.—Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.

(…)

Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorias después de este término.

Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-188 de 1997 y precisó el momento en que se causan los intereses, así:

“Es entendido que, en las dos normas sobre cuya constitucionalidad resuelve la Corte, el momento en el cual principia a aplicarse el interés de mora depende del plazo con que cuente la entidad pública obligada, para efectuar el pago. Así, en el caso de la conciliación, se pagarán intereses comerciales durante el término que en ella se haya pactado y, vencido éste, a partir del primer día de retardo, se pagarán intereses de mora. En cuanto al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago —evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales—, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria”.

De acuerdo con lo anterior, no hay lugar al pago de intereses comerciales “a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago”. Como en el presente caso la Sentencia del 5 de marzo de 2009 no estableció un plazo para la devolución de tributos a la que conducía la declaratoria de existencia del contrato de estabilidad tributaria, no proceden intereses comerciales.

En este orden de ideas, la Sala revocará la sentencia apelada para, en su lugar, anular los actos demandados y disponer sobre la devolución del valor indexado, junto con los intereses moratorios previstos en el artículo 177 del CCA, en las condiciones antes señaladas.

De la condena en costas.

A la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 (num. 8) del CGP, estima la Sala que la decisión anulatoria no amerita condenar en costas a la parte vencida, porque en el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen(25).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la Sentencia del 3 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone:

1) ANÚLANSE las Resoluciones 1201001 del 11 de abril de 2012, 001 del 16 de mayo y 001 del 6 de junio del 2012, proferidas por la división gestión de recaudo de la dirección seccional de impuestos de Medellín.

2) En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la DIAN indexar las sumas que las Resoluciones 14279, 14281, 14282, 14283 y 14284 del 6 de agosto de 2010, 14394, 14395, 14396, 14397, 14398 y 14399 del 10 de agosto de 2010 ordenaron devolver, desde la fecha en que se realizaron los pagos de los impuestos a los que cada una de ellas aluden y hasta el 11 de septiembre de 2009.

3) CONDÉNASE a la DIAN a devolver a Bancolombia S.A. la diferencia resultante entre el capital debidamente indexado, conforme a los parámetros señalados en la parte considerativa de esta sentencia, y los valores devueltos en virtud de las resoluciones señaladas en el numeral anterior.

4) CONDÉNASE a la DIAN a reconocer intereses moratorios sobre las sumas devueltas, debidamente indexadas, desde el 26 de octubre de 2009, hasta la fecha en que se hicieron las devoluciones.

5) CONDÉNASE a la DIAN a reconocer intereses moratorios sobre la parte del capital indexado que falta por devolver a la demandante, desde el día en que se hizo efectiva la devolución de parte del capital, hasta cuando se devuelva efectivamente dicho remanente.

2. No se condena en costas.

Reconócese personería para actuar como apoderada de la demandada, a la abogada Maritza Alexandra Díaz Granados, en los términos del poder visible en el folio 499 de este cuaderno.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(10) En los folios 388 a 407 del expediente, obra constancia expedida por el jefe de la división de gestión de cobranzas de la dirección seccional de Medellín, en la cual certifica que, el 25 de mayo de 2010, Corfinsura pagó los dos puntos porcentuales adicionales sobre el impuesto de renta de los años 2001 a 2005, junto con los intereses moratorios.

(11) Resoluciones 14279, 14281, 14282, 14283 y 14284 del 6 de agosto de 2010, 14394, 14395, 14396, 14397, 14398 y 14399 del 10 de agosto de 2010.

(12) Solicitudes del 28 y el 29 de junio de 2010 y el 1º de julio del mismo año, según lo enuncian las respectivas resoluciones.

(13) El ordinal tercero del aparte “hechos” de la resolución que negó la petición de intereses moratorios, asoció cada resolución de devolución y/o compensación a cada uno de los tributos y periodos señalados.

(14) En similar sentido, las Sentencias de 4 de febrero de 2016, exp. 18551 – 18962 – 19045; del 10 de febrero de 2016, exp. 18957; de 18 de febrero de 2016, exp. 18929; de 25 de febrero de 2016, exp. 18749, Actor: Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A., M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, del 30 de marzo de 2016, exp. 19048, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; de 7 de abril de 2016, exp. 19100, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y de 23 de febrero de 2017, exp. 19841, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

(15) Ibídem.

(16) CCA. ART. 177.—Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.
(…).
<Apartes tachados Inexequibles> Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorias después de este término.
(…).
Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.

(17) CCA. ART. 176.—Ejecución. Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento.

(18) Ob. Cit. Nota 15.

(19) CCA. ART. 178.—Ajuste de valor. La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor.

(20) Fl. 39 vto. Resolución 1201001 del 11 de abril de 2012, que negó la solicitud de intereses presentada por la actora. Este argumento que fue reiterado al resolver el recurso de reposición (fl. 43 vto.) y el de apelación (fl. 50).

(21) De conformidad con el artículo 331 del CPC, en el presente caso el auto que inadmitió el recurso fue notificado por estado el 8 de septiembre de 2009, por tanto, la sentencia se entiende ejecutoriada el 11 de septiembre de 2009.

(22) De acuerdo con el artículo 59 del CRPM, “en los plazos en días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario…”.

(23) En el expediente no reposan las constancias de esa notificación.

(24) C.P. Martha Tersa Briceño de Valencia.

(25) En el mismo sentido, Sentencias del 6 de julio de 2016, exp. 21601, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, 1º de febrero de 2017, exp. 21179 y 1º de junio del mismo año, exp. 20882, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.