Sentencia 2012-00551 de diciembre 3 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Proyecto Registrado el 3 de diciembre de 2014

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Aprobado Según Acta de Sala 99

Expediente 660011102000201200551-01

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala tiene competencia para conocer la apelación de los fallos sancionatorios emitidos por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 270 de 1996(7) y 59 de la Ley 1123 de 2007(8); ahora bien, establecida la calidad de abogado en ejercicio del disciplinado, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponde, no evidenciando irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad lo actuado.

Si bien es cierto el artículo 26 de la Constitución política consagra que “(...) toda persona es libre de escoger profesión u oficio, dejándole al legislador la regulación de la misma (...)”. También lo es que el fin último de la interpretación de la ley disciplinaria deontológica es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la ley procesal penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

Del asunto en concreto. Teniendo claro el alcance del ejercicio de la profesión, la Sala procede a estudiar el comportamiento del abogado Guillermo Piedrahita Marín para determinar si puede ser objeto de reproche disciplinario o no, circunscribiéndose a los argumentos plasmados en el recurso de apelación.

En el material probatorio obrante en el proceso se encuentra el contrato de prestación de servicios suscrito por el disciplinable y las señoras Aydé Quiroga Rodríguez y Alcira Rodríguez, en el cual textualmente se señala:

“entre los suscritos, Ayde Quiroga Rodriguez Y Alcira Rodriguez quienes en adelante se denominaran los contratantes y de otra parte el Abogado Guillermo Piedrahita Marin, quien en adelante se denominara el contratista, hemos celebrado el siguiente contrato de prestación de servicios:

1. el contratista se encargara de la defensa del señor Alexander Barrientos Quiroga, en el proceso que se le adelanta por los delitos de hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas y otros por hechos ocurridos en la vereda el Shaquiro, el dia 20 de mayo de 2012.

2. el contratista podrá designar investigador o ejercerlo (sic) personalmente y defensor, en los casos en que fuere necesario, para proveer una eficaz defensa al joven Alexander Barrientos.

3. los honorarios pactados son la suma de un millón ochocientos mil pesos ($1.800.000), de los cuales declara haber recibido la suma de quinientos mil pesos en dos contados de doscientos cincuenta mil cada uno, según recibo”. (Sic a lo transcrito) (9) (negrilla fuera del texto)

De la misma forma, se tiene escrito suscrito por el señor Leónidas Marín Orrego, víctima al interior del proceso penal en el cual se pactó lo siguiente:

“1. el señor Alexander Barrientos Quiroga, pagará al señor Leónidas Marín Orrego, en su calidad de víctima, dentro del asunto de la referencia, la suma de dos millones de pesos M/Cte. ($2.000.000), distribuidos así:

a) La suma de $500.000 a la firma del presente documento.

b) La suma de $500.000 para el 4 de septiembre de 2012, los cuales serán consignados en la cuenta 07066004800 del Banco de Colombia, de la cual es titular el señor Marín.

La suma de $1.000.000

a) Frente a la sanción, consideró lo establecido en los artículo M/Cte., para el día 1º de octubre de 2012, los cuales serán consignados en la cuenta 07066004800 del Banco de Colombia,”(Sic a lo transcrito)(10)

Obra también al interior del plenario copia de la solicitud de audiencia preliminar realizada por el abogado Héctor Jaime Castaño Valencia, en la cual se pretendía realizar la retractación de la aceptación de imputaciones por vicios del consentimiento y solicitar la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

A su turno, se tiene copia de la denuncia penal realizada por la señora Aydé Quiroga Rodríguez quien relató que el 4 de septiembre de 2012, cuando se disponía a realizar la audiencia preliminar al interior del proceso penal adelantado contra su hijo Alexander Barrientos, el abogado investigado le informó de la imposibilidad de asistir a la audiencia porque estaba enfermo, sin embargo, lo realmente ocurrido es que estaba inhabilitado para ejercer la profesión.

Sintetizados como están los hechos la Sala procede a analizar los elementos estructurales de cada falta endilgada por la primera instancia.

De la falta a la honradez del abogado:

Tipicidad: la primera instancia le endilgó al profesional investigado la siguiente falta disciplinaria:

“Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

De las pruebas obrantes en el plenario se encuentra comprobado que el disciplinado, en virtud del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito en el mes de julio de 2012, recibió de la señora Aydé Quiroga la suma de $1.000.000, para que indemnizara al señor Leónidas Marín, víctima al interior del proceso penal, de los cuales le entregó la mitad el 1 de septiembre de 2012, quedando pendiente para el 4 de septiembre siguiente, el otro contado, sin que los mismos hayan sido entregados a quien correspondía tal cual lo establece el Estatuto Deontológico del Abogado, ni devueltos a sus clientes, una vez terminó su vínculo contractual con ellas.

Cabe aclarar, que el recibo de dichos dineros en ningún momento fue objetado por el disciplinado, por el contrario lo aceptó no sólo en la versión libre que efectuó en la audiencia de pruebas y calificación, sino en el recurso de apelación interpuesto, instancias en las que reconoció haberlo conservado en su poder, argumentando que no pudo devolverlo por haber sido objeto de amenazas.

Igualmente la prueba documental allegada, (copia de contrato de prestación de servicios profesionales) es contundente en el sentido de evidenciar que al togado encartado se le entregó la suma de $1.000.000, la cual iba a ser entregada a título de indemnización a la víctima en dos contados, sin embargo aún a la fecha de interposición del recurso de alzada se observa que el abogado no ha entregado dichos dineros, con lo cual infringe la disposición legal que señala la entrega en la menor brevedad posible.

Por lo anterior se concluye, que el disciplinado actualizó los elementos estructurales de la falta endilgada, puesto que no entregó a la víctima la totalidad de los dineros recibidos en virtud del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado, ni tampoco lo devolvió a quien se los dio, sin que tal omisión haya sido justificada.

Del ejercicio ilegal de la profesión:

Tipicidad: la primera instancia le endilgó al profesional investigado la siguiente falta disciplinaria:

“ART. 39.—También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional.”

En concordancia con:

“ART. 29. Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:

4. Los abogados suspendidos o excluidos de la profesión.”

Mediante certificado de antecedentes disciplinarios obrante en el proceso, se tiene sentencia expedida por esta corporación del 28 de julio de 2010, en virtud de la cual el abogado disciplinable fue sancionado con exclusión en la profesión, siendo la misma registrada desde el 24 de marzo del 2011.

Es decir, desde la fecha de registro de la sanción al abogado le estaba prohibido ejercer la profesión, sin embargo, en el expediente obra copia del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito en el mes de julio de 2012, por el cual, el abogado se encargó de la defensa del señor Alexander Barrientos Quiroga, al interior del proceso que se le adelanta por los delitos de hurto agravado y calificado y porte ilegal de armas, por hechos ocurridos el 20 de mayo de 2012.

En cumplimiento de la gestión, el abogado pactó el 1º de septiembre de 2012, un acuerdo indemnizatorio con el señor Leónidas Marín entregándole ese mismo día la suma de $500.000.

Nótese que, el investigado suscribió dicho contrato ostentando la calidad de abogado, afirmación a la que se llega luego de observar la literalidad del mismo y su forma de identificación a la cual acompañó con el número de tarjeta profesional.

Es más, que dejó de ejercer la defensa solamente hasta el 4 de septiembre de 2012, fecha en la cual estaba programada la aludida audiencia preliminar y en la cual expresó a la señora Aydé Quiroga Rodríguez, la imposibilidad de actuar al interior de ésta.

Además de la prueba documental, sobre la actividad desplegada por el encartado, se tiene el testimonio efectuado por el doctor Héctor Jaime Castaño, quien afirmó que el investigado lo contactó para que se interrogara con el procesado en la cárcel y le solicitara la audiencia preliminar a fin de revocar la medida de aseguramiento.

En este orden de ideas, no cabe duda que el abogado inculpado estuvo ejerciendo la profesión entre julio y septiembre de 2012, cuando suscribió el mencionado contrato obligándose a diligenciar la defensa del señor Alexander Barrientos Quiroga al interior del proceso penal que se le adelantaba, estando vigente la exclusión desde el 24 de marzo del 2011. De ahí que su argumento defensivo, según el cual, actuó como investigador y no como abogado, carece de soporte alguno, pues en su condición de abogado contratista, asumió la defensa de una persona procesada penalmente y se le otorgó la facultad de contratar a un investigador o fungir como tal, sin que ello quiera decir, como pretende hacerlo ver, que ese contrato no lo hizo ejerciendo la profesión de la que se le excluyó, pues claramente la labor de defensa judicial es propia del ejercicio de la abogacía, según el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007.

En este orden de ideas se tiene que el abogado investigado, incurrió en la falta establecida en el numeral 39 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con el numeral 4º del artículo 29, pues estando excluido de la profesión suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales, a fin de adelantar la gestión en aras de la defensa penal del señor Alexander Barrientos, y pretendía cumplir tal obligación, por interpuesta persona habilitada para ejercer la profesión de la cual se encuentra excluido.

Antijuridicidad. La Ley 1123 de 2007 consagra como una de sus principios rectores, el de antijuridicidad, según el cual, “Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrado en el presente código”(11), estadio o fase de la falta en la cual se analizan los argumentos de defensa para establecer la reciprocidad entre falta y deber y verificar lo antijurídico del comportamiento.

Significa lo anterior que, conforme a lo establecido en el estatuto de la abogacía, “mientras no se afecte un deber de los previstos en el catálogo expuesto en el artículo 28 de la Ley 1123 e 2007, la conducta del abogado constitutiva de falta al ejercer la profesión, no puede desvalorarse como antijurídica, afectación que en garantía de derechos del sujeto disciplinable, debe trascender igualmente de la simple descripción legal”(12)

El quebrantamiento de la norma sólo merece reproche de esta naturaleza cuando se desconoce la norma concebida para preservar la ética de la abogacía, de donde deviene afirmar entonces que la imputación disciplinaria no precisa de la afectación a un bien jurídico sino a la protección de deberes, directrices y modelos de conducta, debidamente legislados.

Frente a la falta contra la honradez del abogado disciplinable, alegó en defensa, no haber efectuado la entrega pues la misma se debía realizar el 4 de septiembre de 2012, en la audiencia preliminar programada cuando se aceptara por parte del despacho el acuerdo indemnizatorio, no obstante frente a la discusión presentada se rompieron las relaciones con sus contratantes, a tal punto que recibió amenazas debiendo abandonar la ciudad imposibilitándose para entregar los dineros.

Dicho argumento no será tenido en cuenta por esta instancia pues el investigado pretende excusarse bajo la excusa de no poder contactar a la quejosa una vez se rompieron las comunicaciones, sin embargo, al no haberse cumplido el acuerdo indemnizatorio y, presentado el inconveniente, el abogado estaba en la obligación de devolver todos los dineros recibidos, pues sabía que ya no era posible cumplir con lo pactado.

Además era consciente de que los mismos no le pertenecían y por lo tanto no eran apropiables, se hace énfasis en lo mencionado por el investigado en la versión libre en tanto tenía clara la destinación específica de dichos dineros, por cuanto le fueron entregados para indemnizar a la víctima, y no como pago de su gestión, igualmente no está probada la situación amenazante sufrida por el encartado, por lo tanto, no puede pretender que dicho argumento sea tenido en cuenta como exculpación, de la misma forma, no es entendible como una vez cesado el supuesto estado amenazante, luego de dos años no pudo efectuar la devolución. Por lo anterior se establece la vulneración sin justa causa al deber de obrar con lealtad y honradez en su ejercicio profesional.

En lo relativo al ejercicio ilegal de la profesión, manifestó en primera medida que su actuación no se realizó como abogado sino como investigador comunicando en todo tiempo la imposibilidad de ejercer el litigio, en segundo lugar, manifestó que jamás se identificó como abogado pues la tarjeta profesional se le extravió y finalmente indicó que se debió haber juzgado como auxiliar de la justicia y no como abogado.

Frente al primer argumento esta superioridad considera que carece de sustento pues de la prueba documental allegada al proceso se establece que el disciplinable, se identificó y suscribió el contrato de prestación de servicios como abogado, desplegando comportamientos propios de tal como se observa del acuerdo conciliatorio realizado el 1º de septiembre de 2012.

Ahora bien, el hecho de comunicar o no la imposibilidad de ejercer el litigio resulta superfluo pues la prohibición de ejercer el derecho está en cabeza del disciplinado, sin que se tenga como excusa haber manifestado ello, en ultimas, está comprobado que el abogado aceptó la defensa del procesado sabiendo que no puede ejercer la profesión en ningún ámbito.

Lo anterior por cuanto en múltiples ocasiones se ha establecido que el ejercicio profesional comporta las actividades tanto del litigio como por fuera de éste, en las cuales se actué como abogado, tal cual se establece de lo consagrado en el inciso primero del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007:

“ART. 19.—Destinatarios. Son destinatarios de este código los abogados en ejercicio de su profesión que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público, en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión y quienes actúen con licencia provisional.”

Igualmente la Corte Constitucional al definir qué se entiende por ejercicio profesional ha dicho:

“Tratándose de la abogacía, en forma reiterada la Corte ha indicado que “el abogado desarrolla las tareas asignadas en dos escenarios claramente diferenciales: (i) dentro del proceso o juicio, a través de la figura de la representación judicial, y (ii) por fuera del mismo, prestando asesoría y consejo a quienes así lo soliciten”[8].

El cumplimiento de estas actividades debe contribuir “al buen desarrollo del orden jurídico y al afianzamiento del Estado social de derecho” (Sic a lo transcrito)(13)

En su oportunidad el Consejo de Estado también preciso sobre las actividades que comprende el ejercicio de la abogacía:

“De conformidad con el Decreto Ley 196 de 1971 se definió el ejercicio de la abogacía La anterior regulación en términos de que la práctica de la abogacía comprende la participación en la realización de la recta y cumplida administración de justicia, así como defender en justicia los derechos de la sociedad y los particulares, permite concluir que actividades tales como el litigio, la asistencia y representación y la asesoría y consultoría, tanto en forma independiente como subordinada, así como las mismas actividades cumplidas en el ejercicio de cargos en todas las ramas del poder y en los demás órganos del Estado y en empleos privados constituyen ejercicio de la abogacía. En el derecho positivo colombiano se ha definido de tiempo atrás el ejercicio de la profesión de abogado como el cumplimiento de actividades jurídicas de manera independiente y en cargos públicos en cualquiera de las ramas del poder como en cargos privados.” (Sic a lo transcrito)(14)

De lo anterior se desprende, que el abogado actuó en ejercicio de la profesión al suscribir y adelantar las actuaciones propias a fin ejercer la defensa del señor Alexander Barrientos, sin estar permitido tal comportamiento pues estaba excluido de la profesión desde el 24 de marzo de 2011. Así las cosas, el abogado infringió su deber de respetar el régimen de acatar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión.

Culpabilidad. Respecto de la falta contra la honradez del abogado, el inculpado tomó para sí los dineros otorgados a sabiendas de que no le pertenecían, puesto que la entrega de los mismos se realizó a título no traslaticio de dominio con el fin de indemnizar a la víctima, demostrando su voluntad de no entregarlos a quien correspondía, pues continua reteniéndolos, evidenciándose así un comportamiento doloso, por cuanto, como abogado que es —aunque excluido—, sabe que no le es permitido apoderarse del dinero de su contratante y sin embargo, ha sido su querer abstenerse de entregarlo a quien corresponde.

En cuanto al ejercicio ilegal de la profesión, también se observa un comportamiento doloso pues el abogado a sabiendas de la sanción de exclusión de la que es sujeto, suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales, ostentando la calidad de abogado, para hacer las gestiones necesarias en defensa del señor Barrientos quien estaba siendo procesado por varios delitos. Es decir, sabe que no puede ejercer la abogacía y es su querer seguir actuando como abogado en ejercicio, burlándose del régimen disciplinario que lo vincula.

De la sanción: El defensor del disciplinado en el recurso de alzada manifestó su inconformidad principalmente en la desproporcionalidad y la falta de razonabilidad de la sanción impuesta por el a quo, toda vez que ésta debió ser menor, teniendo en cuenta la concurrencia del disciplinado al proceso y efectuado la versión de sus hechos.

Contrario a lo manifestado por el recurrente, esta colegiatura considera que la sanción impuesta en este caso, deviene en proporcional y razonable respecto a la conducta desplegada por el abogado, toda vez que los criterios de agravación y atenuación, adoptados por la primera instancia para su tasación fueron correctamente aplicados, como pasa a verse a continuación:

No puede desconocer esta Sala, tal y como lo hizo la primera instancia, la proclividad del abogado Piedrahita Marín para incumplir en reiteradas ocasiones las diferentes disposiciones disciplinarias en sus relaciones como profesional del derecho, situación consignada en el fallo sancionatorio, así:

“y teniendo en cuenta que registra como antecedente disciplinario sanciones, consistentes en suspensión por periodos importantes, dentro de los 5 años anteriores, y una exclusión a la comisión de la conducta que se investiga, considera esta Sala, que la sanción a imponer al disciplinado, de acuerdo con los principios de proporcionalidad y razonabilidad debe ser la exclusión” (sic a lo trancrito)

No obstante hay que aclarar que la Sala tiene en cuenta solamente cinco antecedentes pues los otros están prescritos según el artículo 27 de la Ley 1123 de 2007.

Sin perjuicio de lo anterior, esta colegiatura estima que comparecer al proceso no es un atenuante regulado en la Ley 1123 de 2007, pues así lo contempla el artículo el literal B del artículo 45 ibídem, igualmente tampoco el abogado ha procurado resarcir el perjuicio y en cambio acudió a argumentos inaceptables para pretender ser absuelto.

Así también, la sanción impuesta en esta oportunidad deviene en proporcional toda vez que el disciplinado con su conducta, no solo vulneró el deber de honradez sino que ejerció ilegalmente la profesión, de tal manera que, en razón al impacto que comportamientos como el reprochado causa a la profesión del derecho, la consecuencia jurídica es razonable en aras de salvaguardar la imagen de los abogados frente a la sociedad, ya que, su conducta deviene en reprochable y merecedora de una sanción acorde con los deberes trasgredidos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR. el fallo proferido el 8 de noviembre de 2013, mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, sancionó con EXCLUSIÓN del ejercicio de la profesión al abogado Guillermo Piedrahita Marín, al declararlo responsable de la comisión de las faltas establecidas en el numeral 4º del artículo 35 y artículo 39 de la Ley 1123 de 2007.

2. NOTIFÍQUESE personalmente lo decidido por esta superioridad a la disciplinada y de no ser posible a través de la notificación subsidiaria, para lo cual se comisiona a la Sala Seccional de primera instancia, en consecuencia, por la secretaría, devuélvase el expediente al sitio de origen.

3. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la Oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

Notifíquese y cúmplase».

(7) “Art. 112. Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura”.

(8) “Art. 59. De la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria Del Consejo Superior de la Judicatura conoce:
1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este código…”.

(9) Folio 77.

(10) Folio 76.

(11) Articulo 4º.

(12) Lecciones de derecho disciplinario Volumen 13. Procuraduría General de la Nación. Año 2009. Tema: Ilícito disciplinario. Pag 35 y s,s.

(13) Sentencia C-398 de 2011.

(14) Sección Primera Radicación número: 11001-03-15-000-2000-0001-01(IJ-2370,2373,2376) Consejero Ponente: Reinaldo Chavarro Buriticá.