Sentencia 2012-00554/1870-2013 de julio 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 250002325000201200554 01

Nº Interno: 1870-2013

Magistrado Ponente:

Dr. César Palomino Cortés

Demandante: Jorge Humberto Vaca Méndez

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Tema: Insubsistencia

Segunda Instancia - Decreto 01 de 1984

Bogotá, D. C., seis de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo(1), el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico.

El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia, se resume en establecer si la declaratoria de insubsistencia de Jorge Humberto Vaca Méndez, en su condición de Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito en la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz - Grupo Satélite de Investigación de Valledupar, adolece de los vicios de falsa motivación y desviación de poder alegados en la demanda.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la sentencia del 14 de diciembre de 2012, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Hechos probados.

Mediante Resolución 001 del 30 de junio de 1992 (fls. 25 - 27), el demandante fue incorporado a la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación como Fiscal Seccional Grado 19 en la ciudad de Bogotá, inscrito en carrera judicial mediante Resolución 0339 del 30 de junio de 1992 (fl. 28) en el cargo de Juez 1º de Inscriminal (sic) Ambulante para Cundinamarca.

A folio 29 del expediente, obra acta de posesión ante la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación, con fecha 1º de julio de 1992, en la que se observa que el demandante tomó posesión del cargo de Jefe de la Unidad Única de Delitos Especiales Grado 19, conforme a la Resolución 001 del 30 de junio de 1992.

La Comisión Nacional de Administración de Personal de la Fiscalía General de la Nación, mediante Resolución 085 del 20 de octubre de 1997, realizó la inscripción en el escalafón de carrera al demandante, en el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito (fls. 30 - 32).

El señor Jorge Humberto Vaca Méndez, mediante Resolución 0 - 2449 del 4 de agosto de 2006 (fl. 33), fue nombrado en provisionalidad en el cargo de Fiscal Delegado ante el Tribunal de Distrito de la Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar, cargo del cual se posesionó el 14 de agosto de 2006 (fl. 34); trasladado a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, para ocupar el mismo cargo, mediante Resolución 2 - 0867 del 10 de abril de 2008, por necesidades del servicio (fls. 43 - 44).

La Secretaria General de la Fiscalía General de la Nación, por Resolución 2 - 0387 del 9 de febrero de 2010, trasladó al señor Jorge Humberto Vaca Méndez al Grupo Satélite de Investigación Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz con sede en Valledupar (Cesar), conforme se observa a folios 41 a 42.

Mediante Resolución 0 - 1384 del 30 de mayo de 2011, se revocó la Resolución 0 - 0995 del 7 de abril de 2011 (fl. 37) mediante la cual se le ordenaba al señor Vaca Méndez reasumir las funciones del cargo que tiene derechos de carrera, esto es, como Fiscal Delegado ante los Jueces del Circuito de la Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar (fls. 22 - 23).

Por Resolución 0 - 1955 del 29 de julio de 2011, la Fiscal General de la Nación declaró insubsistente el nombramiento en provisionalidad realizado al demandante como Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito en la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz - Grupo Satélite de Investigación en Valledupar y ordenó que reasumiera las funciones como Fiscal Delegado ante los Jueces del Circuito en la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá (fls. 3 - 6), decisión notificada el 1º de agosto de 2011 (fl. 2).

A folio 7 del expediente, obra oficio suscrito por los Investigadores de la Unidad Satélite de Justicia y Paz, fechado 3 de agosto de 2011, en el cual agradecen la gestión realizada por el señor Jorge Humberto Vaca Méndez en su condición de fiscal delegado ante el tribunal, y aluden al proceso de organización y orientación a los servidores de policía judicial, implementado por el demandante en la unidad a la que hacen parte.

La Fiscal 160 de Apoyo del Grupo Satélite de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz de Valledupar, rinde “Informe de Gestión” fechado el 2 de agosto de 2011, en el cual manifestó respecto al demandante que asumió el cargo a partir del 18 de febrero de 2010, con la correspondiente carga laboral, quien procedió a conformar grupos de trabajo de acuerdo a la cantidad de postulados pertenecientes a cada frente en el departamento del Cesar, La Guajira y Norte de Santander, nombrando un líder en cada grupo de trabajo con la responsabilidad de coordinar y establecer estrategias para el buen desarrollo de las actividades de investigación (fls. 8 - 10). Así mismo, sostuvo que desde el 18 de febrero de 2010 al 29 de julio de 2011, se realizaron versiones libres (60), hechos tratados en diligencias de versión libre por los postulados (736), solicitudes de audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento (13), solicitud de audiencia de formulación de cargo (5), jornadas de atención a víctimas (13), carpetas organizadas en archivo físico (11.697) y carpetas re direccionadas al despacho 34 (4138) y se anexó el consolidado físico.

Obra a folios 108 a 114 del expediente, respuesta al derecho de petición suscrito por la Jefe de la Oficina Jurídica de la Fiscalía General de la Nación, quien respecto a la gestión realizada por los solicitantes durante su vinculación a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, se basó en las estadísticas presentadas por cada uno de los fiscales y con fundamento en el manual de funciones sin que sea necesario que medie acto administrativo que así lo disponga.

A folio 115 del expediente, obra el informe de auditoría, correspondiente a la verificación y seguimiento del Plan Operativo Anual POA 2010 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, realizado el 29 de marzo de 2011, en el cual se concluyó que “el nivel de cumplimiento de gestión de la Unidad, ponderado por el número de los resultados y objetivos fue del 100%, calificado como Sobresaliente; el cual se resume en el cuadro Nº 1 de este informe. El seguimiento efectuado a los controles internos aplicados en la formulación, ejecución y seguimiento del POA 2010, obtuvo una calificación del 100% Sobresaliente, la cual se resume en el cuadro Nº 2 del presente informe”.

Mediante requerimiento realizado por el a quo, respecto a los estudios de evaluación, el Jefe de Grupo Seccional de Personal de la Fiscalía General de la Nación, en oficio visible a folio 130 del expediente, manifestó que no se encontró documento alguno en la historia laboral del demandante.

A folio 170 del expediente, obra copia simple del informe de gestión del señor Jorge Humberto Vaca Méndez, entre el 10 de abril de 2008 a marzo de 2011, en la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz.

En el curso de la primera instancia, se recepcionaron los testimonios de Carlos Augusto Aya Vega (fls. 104 - 107), Fiscal Delegado ante el Tribunal en la Unidad de Justicia y Paz para 2008 y Edwin Alberto Cañaveral Flórez (fls. 121 125), Investigador Criminalístico del Grupo Satélite de Valledupar en la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz.

2.4. Análisis de la Sala.

Mediante la expedición de la Ley 975 de 2005(2), se creó la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, responsable de adelantar las diligencias que por razón de su competencia, le corresponden a la Fiscalía General de la Nación. Para tales efectos adicionó la planta de cargos establecida en el artículo transitorio 1º de la Ley 938 de 2004(3), para el año 2005, y en el parágrafo dispuso que “la Fiscalía General de la Nación destacará de su planta de personal, para conformar la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, los siguientes cargos: (…) 20 Fiscal Delegado ante Tribunal”.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Decreto 122 de 2008(4), mediante la cual se creó con carácter transitorio 39 cargos de Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito, hasta por un término de doce (12) años, con el fin de atender las funciones asignadas mediante la Ley 975 de 2005. Conforme a lo anterior y al tener el carácter de temporal los cargos anteriormente referidos, la provisión de los mismos se efectúo mediante nombramientos en provisionalidad, entre los cuales se encontraba el ocupado por el demandante.

Visto lo anterior, está probado en el proceso y no es causa de discusión, que el señor Jorge Humberto Vaca Méndez fue inscrito mediante Resolución 085 del 20 de octubre de 1997 de la Comisión Nacional de Administración de Personal de la Fiscalía General de la Nación, en el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito (fls. 30 - 32). Posteriormente, fue nombrado en provisionalidad mediante Resolución 0 - 2449 del 4 de agosto de 2006 (fl. 33), en el cargo de Fiscal Delegado ante el Tribunal de Distrito de la Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar, cargo del cual se posesionó el 14 de agosto de 2006 (fl. 34); trasladado a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, mediante Resolución 2 - 0867 del 10 de abril de 2008, (fls. 43 - 44) y posteriormente al Grupo Satélite de Investigación de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz con sede en Valledupar (Cesar), por Resolución 2 - 0387 del 9 de febrero de 2010 (fls. 41 a 42), carácter de provisional que mantuvo hasta la fecha en que fue declarado insubsistente, es decir, que no pertenecía a la carrera, como Fiscal Delegado ante el Tribunal de Distrito.

Ahora bien, por ostentar un nombramiento en provisionalidad y de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 76 de la Ley 938 de 2004, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279 de 2007(5), se estableció que para los casos de los funcionarios designados en provisionalidad en cargos de carrera, “el acto de desvinculación deberá ser motivado por razones del servicio específicas”(6).

Bajo estos supuestos, a partir del 18 de abril de 2007, fecha en que la Corte Constitucional profirió la sentencia aludida, el retiro del servicio de los empleados provisionales de la Fiscalía General de la Nación, debió darse mediante acto administrativo motivado, por razones del servicio y con el fin de salvaguardar el debido proceso.

En el mismo sentido, mediante Sentencia SU-917 de 2010, la Corte Constitucional estableció respecto a la desvinculación de los funcionarios nombrados en provisionalidad al interior de la Fiscalía General de la Nación, que:

El régimen especial de carrera de la Fiscalía General de la Nación y el deber de motivación de los actos de insubsistencia de nombramientos en provisionalidad

De acuerdo con el artículo 253 de la Constitución, al legislador corresponde, entre otros asuntos, determinar “lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro del servicio”. El artículo 5º transitorio constitucional dio facultades al Presidente de la República para “expedir las normas que organicen la Fiscalía General de la Nación”, como en efecto se hizo con el Decreto 2699 de 1991, “por el cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación”.

El Decreto-Ley 2699 de 1991 consagró el régimen de carrera para el ingreso, permanencia y ascenso en el servicio de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación (art. 65 y siguientes), donde el artículo 73 autorizó la vinculación excepcional mediante provisionalidad(7) y el artículo 100-5 el retiro por “insubsistencia discrecional, en los cargos de libre nombramiento y remoción”.

La Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, señaló que la Fiscalía General de la Nación tendría su propio régimen de carrera, sujeto a los principios del concurso de méritos y calificación de servicios, “orientado a garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y ascenso en el servicio de los funcionarios y empleados que la conforman” (art. 159), norma ésta declarada exequible por la Corte Constitucional(8).

El Decreto-Ley 261 de 2000 modificó la estructura de la Fiscalía General de la Nación y lo relativo al régimen de carrera de la institución (Título VI), en cuyo artículo 117 consagró la vinculación en provisionalidad(9).

Finalmente, la Ley 938 de 2004, “por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación”, reguló la administración de personal y el régimen especial de carrera. El artículo 70 autorizó el nombramiento excepcional en provisionalidad(10), mientras que el artículo 73 estipuló el retiro de la carrera mediante acto motivado y en los demás casos en ejercicio de la facultad discrecional(11).

Los artículos 70 y 73 de la Ley 938 de 2004 fueron objeto de control constitucional en la Sentencia C-279 de 2007. La Corte declaró la exequibilidad condicionada de dichas normas, “en el entendido de que en el caso de los funcionarios designados en provisionalidad en cargos de carrera, el acto de desvinculación deberá ser motivado por razones del servicio específicas, en los términos del apartado 4 de esta sentencia”. En ese fundamento jurídico la Sala reafirmó su extensa jurisprudencia sobre el deber de motivación de los actos de retiro de servidores vinculados en provisionalidad en cargos de carrera de la Fiscalía General de la Nación y sobre esa base condicionó la validez de las normas objeto de control. Dijo entonces(12):

“En múltiples oportunidades (entre otras, las sentencias T-1206 de 2004, T-031 de 2005, T-161 de 2005, T-222 de 2005, T-267 de 2005, T-392 de 2005, T-648 de 2005, T-660 de 2005, T-804 de 2005, T-1159 de 2005, T-1162 de 2005, T-1310 de 2005, T-1316 de 2005, T-1323 de 2005, T-081 de 2006, T-156 de 2006, T-653 de 2006), la Corte ha conocido de solicitudes de tutela en las que los actores han manifestado que se desempeñaban en provisionalidad en un cargo de carrera en la Fiscalía General de la Nación y que habían sido desvinculados de la entidad mediante un acto administrativo sin motivación, sustentado en la discrecionalidad del nominador. En todas las ocasiones la Corte ha amparado el derecho al debido proceso y a la igualdad de los solicitantes, cuando ha verificado la existencia del nombramiento en provisionalidad y de la declaración de insubsistencia sin motivación alguna.

— El derecho al debido proceso es aplicable a todas las decisiones administrativas, a pesar de las reglas específicas que rigen dichas actuaciones. En la Sentencia T-653 de 2006 se definió este derecho como: “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal. El objeto de esta garantía superior es (i) procurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus actuaciones, y (iii) salvaguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados (T-522/02)”.

— La motivación de los actos administrativos responde a la garantía de los principios de legalidad y de publicidad y al respeto al derecho al debido proceso, toda vez que dicha motivación permite el ejercicio del derecho a la defensa, lo cual evita la arbitrariedad por parte de las autoridades administrativas. Por lo tanto, la motivación de los actos administrativos asegura la garantía constitucional al derecho fundamental al debido proceso (SU-250/98).

— En consonancia con lo anterior, a partir de la Sentencia SU-250 de 1998 la Corte estableció que cuando un servidor público ocupaba un cargo de carrera en provisionalidad el acto de desvinculación debía ser motivado, “pues solo razones de interés general pueden conducir a la desvinculación” (SU-258/98, T-951/04). La Corte también ha distinguido entre la desvinculación de los servidores de libre nombramiento y remoción y la de los servidores de carrera, y resaltó que respecto de los primeros no existe el deber de motivación, en razón de la naturaleza del cargo, mientras que para los segundos sí es necesaria dicha motivación (T-951/04). Así, desde la Sentencia T-800 de 1998 se estableció que (…).

— Dada la restricción establecida para la discrecionalidad del nominador en lo relacionado con los nombramientos en provisionalidad, la Corte ha entendido que los servidores en condiciones de provisionalidad gozan de una cierta estabilidad que la jurisprudencia ha denominado como intermedia. Así, el funcionario que ocupa cargos en provisionalidad no goza de la estabilidad laboral que ostenta un funcionario de carrera, pero tampoco puede ser desvinculado como si su nombramiento se tratara de uno de libre nombramiento y remoción (Ver, entre otras, las sentencias T-800 de 1998, C-734 de 2000, T-884 de 2002, T-519 de 2003, T-610 de 2003, T-222 de 2005, T-660 de 2005, T-116 de 2005, T-1310 de 2005, T-1316 de 2005, T-1240 de 2004). Por lo tanto, la estabilidad de un funcionario nombrado en provisionalidad se concreta en que al ser desvinculado se le indique específicamente las razones de su declaración de insubsistencia.

— Igualmente, la Corte ha sido enfática en determinar que los actos en que se decide la desvinculación de los servidores en provisionalidad deben contener las razones del servicio por las cuales se separa del cargo al funcionario. Si bien el nominador cuenta con un cierto grado de discrecionalidad, ésta no puede convertirse en arbitrariedad. Por eso, los motivos de interés público que fundamentan la desvinculación deben ser explicitados para garantizar el derecho al debido proceso de la persona desvinculada (T-081 de 2006, C-031 de 1995). Así, la discrecionalidad del nominador solo puede atender a razones de interés general atinentes al servicio prestado por el funcionario habida cuenta de sus responsabilidades en la entidad, dentro de las cuales la Corte ha mencionado las razones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto. Por supuesto, la razón principal consiste en que el cargo va a ser ocupado por un funcionario que ha participado en un concurso de méritos y ocupado un lugar en dicho concurso que lo hace merecedor del cargo (T-1310 de 2005, T-222 de 2005, T-800 de 1998, T-884 de 2002, T-1206 de 2004 y T-392 de 2005).

(…)

Es preciso destacar que la jurisprudencia de la Corte también ha sido enfática al advertir que si bien los actos administrativos que declaran la insubsistencia de un funcionario público nombrado en provisionalidad requieren de su respectiva motivación para garantizar el derecho al debido proceso, esto no significa que los funcionarios nombrados en provisionalidad ostentan los derechos que se derivan de la carrera, y en particular el derecho a la estabilidad laboral que nace de haber accedido por concurso de méritos a la carrera y al cargo correspondiente”.

La línea jurisprudencial trazada en relación con el deber de motivación de los actos de retiro de servidores de la Fiscalía General de la Nación vinculados en provisionalidad ha sido reiterada en pronunciamientos posteriores y recientes de esta corporación(13).

Sentado lo anterior, la Sala procede a estudiar los argumentos del recurso de apelación, comenzando con que el acto demandado se encuentra falsamente motivado, al haberse fundado en el bajo desempeño laboral del demandante, acusación que no corresponde a la realidad de los hechos, de acuerdo a las razones esbozadas.

Al respecto, esta corporación ha establecido que la falsa motivación, como argumento para declarar la nulidad de los actos administrativos, se configura cuando la administración para tomar la decisión, se basa en razones de orden jurídico o fáctico que resultan ser inexistentes o contrarias a la realidad.

De lo obrante en el plenario, se observó que mediante Resolución 0 - 1955 del 29 de julio de 2011, la Fiscal General de la Nación, declaró insubsistente el nombramiento del señor Jorge Humberto Vaca Méndez en el cargo de Fiscal Delgado ante Tribunal del Distrito que desempeñaba en la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz - Grupo Satélite de Investigación Valledupar, en el cual se dijo:

“Que en un observatorio a la gestión de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, respecto al doctor Jorge Humberto Vaca Méndez quien actualmente se desempeña como Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz - Grupo Satélite del Investigación Valledupar, las estadísticas en términos de gestión y resultado muestran que desde su ingreso a dicha unidad por traslado efectuado mediante la Resolución 2 - 0867 de 10 de abril de 2008, su gestión en cuanto al avance en las versiones libres, verificaciones que de ellas se derivan y actuaciones frente a la Magistratura de los Tribunales de Justicia y Paz, no arroja un resultado acorde con la prontitud y la eficiencia que demanda la participación de la Fiscalía general de la Nación, de cara al cumplimiento de los objetivos de la Ley 975 de 2005.

Que de acuerdo con lo anterior, el doctor Jorge Humberto Vaca Méndez, quien conoce claramente las funciones que debe desempeñar al interior de la Unidad de Justicia y Paz, no ha ejercido de manera adecuada sus labores como Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito, conforme a los principios relacionados con la eficacia y la eficiencia en el manejo de las investigaciones y verificaciones a su cargo, afectando de esta manera el correcto funcionamiento del servicio público y la satisfacción del interés general, fines esenciales del Estado social de derecho.

Que la potestad nominadora en la Fiscalía General de la Nación se encuentra en cabeza del Fiscal General de la Nación, de conformidad con el numeral 2º, artículo 251 de la Constitución Política, en concordancia con los numerales 20 y 21 del artículo 11 de la Ley 938 de 2004.

Que en ejercicio de tales facultades, la Fiscal General de la Nación en su condición de máxima autoridad al interior de la Fiscalía General de la Nación, garantizando el cumplimiento de los principios superiores que orientan al Estado y los derechos de las víctimas establecidos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, propendiendo por el correcto funcionamiento del servicio público, se hace necesario declarar insubsistente el nombramiento en provisionalidad efectuado por Resolución 0 - 2449 de 4 de agosto de 2006 al doctor Jorge Humberto Vaca Méndez como Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito, quien se desempeña actualmente en la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz - Grupo Satélite de Investigación de Valledupar.

(…)”.

Los anteriores argumentos, fueron apoyados mediante la respuesta al derecho de petición elevado por el demandante, entre otros solicitantes, obrante a folios 108 a 114 del expediente, en el que la Jefe de la Oficina Jurídica de la Fiscalía General de la Nación, respecto a la gestión en la Unidad Nacional de Justicia y Paz, manifestó:

“Con el objeto de absolver de fondo cada una de las peticiones referenciadas en el acápite anterior, a continuación en estricto orden se da respuesta a cada una de las solicitudes:

PRIMERO: No existe ningún acto administrativo que hubiese ordenado la realización de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz de un observatorio a la gestión de manera explícita. Sin embargo, resulta pertinente aclararle a los peticionarios, que el observatorio de la gestión, no es más que el resultado de la revisión y análisis de la gestión de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz por parte de la Jefe de la Unidad, presentado a la entonces Fiscal General de la Nación, Doctora Viviane Morales Hoyos, conforme a las estadísticas presentadas por cada uno de los Fiscales pertenecientes a esa Unidad a Nivel Nacional, actividad que claramente se encuentra definida en las correspondientes resoluciones de insubsistencia.

Adicionalmente, de acuerdo con lo preceptuado en el Manual de Funciones, el seguimiento a las estadísticas le corresponde adelantarlo a la Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz sin que medie algún acto administrativo que disponga de manera particular la realización de un observatorio o un seguimiento a la gestión conforme a las metas institucionales, funciones que le están atribuidas mediante la Resolución 0 - 0513 de 2011 mediante la cual se le asignó la función de jefe de esa unidad.

Con el objeto de dilucidar claramente la competencia que le asistía a la doctora Elba Beatriz Silva, resulta pertinente citar lo establecido en el Manual de Funciones, requisitos y competencias laborales (Resolución 2 - 1892 de 2007 modificada por la 2 - 2072 de 2007, 2 - 1775 y 2 - 2145 de 2011), conforme al cual para el empleo de Fiscal Delegado ante el Tribunal de Distrito y como jefe de unidad, le corresponden las siguientes funciones:

“(…) Función general:

(…)

Funciones específicas:

(…)

13. Preparar y presentar los informes reglamentarios y los que le sean requeridos.

14. Colaborar y apoyar temporalmente el desarrollo de las actividades relacionadas con la naturaleza de su cargo, cuando por necesidades del servicio su superior lo requiera.

(…) Cuando le sean asignadas funciones de coordinador de unidad, deberá:

(…)

7. Evaluar, consolidar y remitir, a quien corresponda, la información estadística de la unidad. 

(…)

9. Colaborar en la elaboración del plan operativo anual del área a su cargo. 

(…)

11. Calificar el desempeño de los servidores del área a su cargo, que estén en período de prueba o inscritos en el Registro Único de Inscripción en Carrera de la entidad. 

Finalmente resulta pertinente indicar que la valoración de la gestión se realizó frente a la carga laboral de cada fiscal y las actividades que a cada uno correspondía desarrollar conforme con el procedimiento establecido en la Ley 975 de 2005 y sus decretos reglamentarios, acorde con las directrices impartidas por el jefe de unidad, en ejercicio de las facultades que le corresponden como jefe de unidad, con sustento en las estadísticas rendidas por cada uno de los servidores, conforme a solicitud que se les hiciera por correo electrónico, y las cuales hacen parte de los documentos que soportan los actos administrativos de insubsistencia, y que en cada caso particular implican las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron origen a la decisión del nominador.

SEGUNDO: No existe constancia o documento elaborado que de fe de las reuniones que se desprendieron del observatorio de gestión, como quiera que el análisis de la estadística presentadas por los diferentes fiscales a Nivel Nacional, se realizó por parte de la Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, quien presentó el correspondiente consolidado a la entonces Fiscal General de la Nación, con sustento en el cual se tomó la correspondiente decisión en cada caso particular.

TERCERO: No existe constancia o documento elaborado en el que se protocolice los criterios que la Fiscalía General de la Nación debió tener en cuenta para EVALUAR a la Unidad Nacional de Justicia y Paz. Lo anterior comoquiera que los servidores en provisionalidad de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 938 de 2004, Ley 270 de 1996 y la Ley 909 de 2004, no son objeto de evaluación de desempeño, la cual se prevé únicamente para los servidores de carrera.

Respecto a los servidores vinculados en provisionalidad no existe un documento que adopte un instrumento de evaluación. Sencillamente en el caso particular como se mencionó en la resolución de insubsistencia de acuerdo con las estadísticas rendidas por cada servidor se identificó que su gestión en cuanto al avance de las versiones libres, verificaciones que de ellas se derivan y actuaciones frente a la magistratura de los Tribunales de Justicia y Paz, no arrojaba un resultado acorde con la prontitud y la eficiencia que demanda la participación de la Fiscalía General de la Nación, de cara al cumplimiento de los objetivos de la Ley 975 de 2005.

Configurándose en consecuencia, de acuerdo con lo preceptuado por la honorable Corte Constitucional en la Sentencia SU-917 de 2010, argumento constitucionalmente admisible en el caso de los peticionaros una “razón específica atinente al servicio que está presentando y debería prestar el funcionario concreto”, para remover al servidor que con su gestión afecta el servicio de acuerdo con las metas trazadas para la Unidad Nacional, metas que se trazan de acuerdo con las estadísticas que se reportan mensualmente por parte de los diferentes fiscales que hacen parte de la dependencia, confrontando resultados y proyecciones, de acuerdo a requerimientos que se han visto reflejados a través de la jefatura por medio de memorandos, órdenes verbales entre otros.

(…)”.

De la misma forma, obra copia del “Informe de Gestión a marzo de 2011” (fl. 170) correspondiente al señor Jorge Humberto Vaca Méndez, entre el 10 de abril de 2008 a marzo de 2011, en la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, en el que se observa que:

“Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz

Informe de gestión a marzo de 2011

Jorge Humberto Vaca Méndez

Ingreso:10 de abril de 2008 a marzo 2011

Fiscal 58 de Justicia y Paz

Postulados privado de libertad 42

Versiones libres individuales 27

Formulación de imputación 4

Hechos en F. imputación 126

Formulación de cargos 0

Hechos en F. de cargos 0

Legalización de cargos 0

Hechos en legalización de cargos 0

Inicialmente fue asignado como fiscal 29 en el tema de subversión de abril de 2008 a ene. 2010, estuvo 38 días en versión, no realizó imputaciones ni formulación de cargos.

En febrero de 2010 fue trasladado a Valledupar como fiscal 58, a la fecha en ese despacho ha estado 71 días en versión libre, por estadística reportada al grupo de trabajo 30. Radico 3 solicitudes de imputación de 3 postulados con 82 hechos.

(…)”.

Por otro lado, aparece en el expediente el informe de gestión suscrito por la Fiscal 160 de Apoyo de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, con fecha 2 de agosto de 2011 (fls. 8 - 15), días después a la declaratoria de insubsistencia del demandante, en el que hace una descripción de la actividad realizada por el señor Vaca Méndez, en su condición de Fiscal Delegado ante el Tribunal, entre el 21 de febrero de 2010 y el 29 de julio de 2011, y allegó el consolidado estadístico en el cual se especifica el trabajo realizado en dicho lapso.

De lo antes relacionado, se observa que al expediente se allegaron diversos medios probatorios tendientes a demostrar, que el demandante no desempeñaba sus funciones en forma eficiente, y se evidenció las múltiples falencias en el cumplimiento de las funciones asignadas al cargo para el cual fue nombrado, conclusiones a las cuales llegó la entidad, al revisar las estadísticas presentadas por el demandante, y que fueron el motivo para expedir el acto de desvinculación. Entonces, la Sala observa que no es cierto que no existieran pruebas que demostraran un bajo rendimiento en el ejercicio del cargo, de tal suerte que el acto de insubsistencia, propendió fue por el mejoramiento en el servicio público, con el fin de obtener mejores resultados, acorde con los fines del Estado y los derechos de las víctimas establecidos en el marco de la ley de justicia y paz (Ley 975 de 2005).

Es así como la declaratoria de insubsistencia, tuvo entre otras causas, el bajo rendimiento en el desempeño del cargo, lo cual riñe con el concepto de buen servicio, por lo cual no puede acusarse de violar ninguna disposición legal.

De lo dicho hasta el momento, el demandante tenía a su cargo la obligación de mostrar que las razones invocadas en el acto de insubsistencia, no fueron los verdaderos motivos para su desvinculación de la entidad; circunstancia que no ocurrió en el presente caso. Por el contrario, se estableció que la decisión de desvincularlo del servicio, se basó en causas que analizaron el criterio del buen servicio público, ante la ineficiencia en el desempeño de las funciones por parte del señor Vaca Méndez, ello comportó que la administración, utilizara en forma adecuada, la prerrogativa que la ley le atribuye para remover a quienes no cumplen con las obligaciones asignadas al cargo que ejercen.

La Fiscalía General de la Nación encontró probadas los desatinos en las que incurrió el actor, con fundamento en las estadísticas reportadas por el demandante cuando pertenecía a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, dotando de esta forma de herramientas necesarias para que el demandante acudiera a la jurisdicción, en orden a desvirtuar los motivos por los cuales se estableció su bajo desempeño laboral.

Así las cosas, por tratarse de una presunción de legalidad, que surge de la naturaleza misma del acto, el demandante tiene la carga de demostrar los hechos en los cuales sustenta el cargo como causal de anulación y demostrar motivos diferentes a la buena marcha de la administración, fueron los que determinaron la expedición del acto de insubsistencia; si ello no fuera así, se juzgaría con base en meras apreciaciones subjetivas.

Ahora bien, el demandante también funda su inconformidad en que no se valoró el Informe de Auditoría realizada a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz (fls. 115 - 119), de acuerdo al informe presentado el 29 de marzo de 2011, en el que se concluyó que el nivel de cumplimiento fue del 100%, obteniendo un resultado como sobresaliente.

Al respecto, la Sala ha de manifestar, respecto de este medio probatorio, que si bien allí se evaluó el cumplimiento del Plan Operativo Anual para la vigencia 2010 en la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, en que el resultado fue sobresaliente de acuerdo a los criterios de evaluación allí dispuestos, se trató de un estudio realizado en conjunto a la unidad de la cual hacia parte el señor Vaca Méndez, lo cual no logra demostrar que las razones incorporadas en el acto de insubsistencia no fueran ciertas; se trató de un estudio realizado al interior de la unidad, en forma general y no en forma individual a quienes hacían parte de ella; de tal suerte que no se puede tener como argumento suficiente, para desvirtuar los motivos en los que se basó el acto de insubsistencia, tal y como así lo encontró también probado el juez de primera instancia.

Por otro lado, en el curso del proceso, se recibió la declaración de dos compañeros de trabajo del actor, con el fin de demostrar que su desvinculación del servicio, no fue con ocasión a su bajo rendimiento laboral.

El señor Carlos Augusto Aya Vega (fls. 104 - 107), Fiscal Delegado ante el Tribunal en la Unidad de Justicia y Paz, compañero de trabajo del demandante para 2008, quien al interrogarle sobre el desempeño laboral manifestó que fue una persona diligente y respetuosa de las personas que integraban el grupo de tareas y respecto al observatorio de gestión y estadísticas, llevado a cabo en la unidad, manifestó:

“PREGUNTADO: ¿Díganos si usted conoció un procedimiento administrativo interno en la Fiscalía que evaluara el desempeño de la unidad de justicia y paz y que se llamó observatorio a la gestión de la unidad misional de fiscalías para la justicia y paz? CONTESTÓ: No señor, no lo conocí. Hasta cuando yo estuve en la Unidad de Justicia y Paz fecha 18 de abril de 2012, nunca conocí que se hubiera hecho un observatorio a esta Unidad ni a los Fiscales que la integran, vine a saber de esto cuando salí de la institución, motivo por el cual elevamos un derecho de petición al actual Fiscal General de la Nación para preguntarle cual ha sido el observatorio de Justicia y paz que se realizó en la Unidad evaluando los Fiscales que la integraban, contestándonos con Oficio del 7 de junio de 2012 textualmente que no había ningún acto administrativo que hubiera ordenado ese observatorio y que anexo en copia y en 7 folios. PREGUNTADO: ¿Dígale al despacho si las fiscalías delegadas de la unidad nacional para la justicia y paz, presentaban informes estadísticos de su gestión, en caso afirmativo con qué periodicidad, bajo qué esquema o procedimiento? CONTESTÓ: Desde el momento en que yo llegué a la unidad en mayo del 2007 como titular del despacho 22 que fue el primer despacho que conoció sobre investigaciones sobre subversión en esa unidad, no se rendían estadísticas. Cuando se crean los grupos de tareas se rendían estadísticas mensuales por despacho al coordinador de cada grupo de tareas y este a su vez le suministraba a la jefatura una estadística grupal más no individual de cada despacho, es decir, le remitía a la jefatura el consolidado de los despachos que conformaban cada grupo, eso fue así hasta el momento de mi retiro, no sé si después de mi retiro cambiaron las circunstancias. Anexo CD con las estadísticas globales presentadas por Luis González en el año 2010. Quiero ser reiterativo en que nosotros no rendíamos estadísticas directamente a la jefatura sino al coordinador del grupo de tareas y este solo reportaba el total de todos los que conformaban cada grupo de tareas, sin discriminar, despacho por despacho. PREGUNTADO: ¿Díganos si esos informes estadísticos contenían explicaciones sobre retrasos o demoras en diligencias, circunstancias especiales sobre el señalamiento de nuevas fechas para las mismas, etc., o simplemente se incorporaba un número específico de diligencias consolidadas? CONTESTO: No señor, las estadísticas eran muy generales. Las estadísticas no eran muy específicas, eran muy generales. Así lo que se rendían eran básicamente número de versiones, número de audiencias que se realizaban ante la magistratura como imputación de cargos, formulación de cargos y legalización de cargos o de exclusión, hechos confesados, si habían víctimas o no, pero no más, de resto que si faltaban audiencias, nada de eso se incorporaba. Ese formato fue establecido por la jefatura. PREGUNTADO: ¿Siendo las estadísticas que se presentaban, individuales en la coordinación pero globales a la jefatura de unidad, y sin que contuvieran nada distinto a las diligencias cumplidas, sin adentrarse en otras circunstancias, era realmente eficaces para medir el desempeño de los fiscales delegados ante la unidad de justicia y paz, constituían un insumo suficiente para una evaluación de desempeño? CONTESTO: En mi sentir no. Con ese modelo de estadística no se podía medir a ningún Fiscal de la Unidad, es más que yo conozca hasta mi retiro no había ningún parámetro para medir el rendimiento de un Fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, por lo que vuelvo y repito eran estadísticas muy generales que se rendían al Coordinador del Grupo de Tareas y este a su vez remitía a la Jefatura un consolidado sin especificar cada despacho. PREGUNTADO: ¿Conoció usted algún referente relacionado con metas u objetivos trazados por la fiscalía para que se avanzara en las distintas diligencias judiciales y de investigación que competían a cada fiscal delegado? CONTESTÓ: No recuerdo el año, creo que fue a partir del año 2009, que se implementó lo del POA Plan Operativo Anual. Cuando se implementó ahí se fijaron las metas a las que se comprometía la Unidad, ese es el único procedimiento que se estableció, de resto no conozco más. PREGUNTADO: ¿Sabe usted si ese plan operativo anual, fue cumplido por la unidad en la época en la que usted la conformaba como discal delegado? CONTESTÓ: Que yo sepa la unidad siempre cumplió con eso y prueba de ello es una auditoría que hizo la Oficina de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación, al POA vigencia 2010 en la que cumplió con el 100% de las metas”.

Por su parte, Edwin Alberto Cañaveral Flórez (fls. 121-125), Investigador Criminalístico del Grupo Satélite de Valledupar, adscrito al Despacho 58 del cual era titular el señor Jorge Humberto Vaca Méndez al indagársele sobre los hechos de la demanda, respondió:

“PREGUNTADO. ¿En ejercicio de sus funciones conoció usted que a ese despacho se notificara el inicio y resultado de un proceso de evaluación de desempeño del titular del despacho que la Fiscalía General de la Nación denominó observatorio a la gestión de la unidad nacional de fiscalías para la justicia y paz? CONTESTÓ: Los requerimientos estadísticos fueron implementados mediante la expedición de diversos memorandos por parte de la Jefatura de la Unidad, en los cuales cada uno especificaba que tipo de información debía ser reportada de manera periódica todos los meses, lo cual para el momento del período en que el Dr. Vaca se encontraba como titular, el Bloque Norte era documentado por 4 Fiscales Delegados ante el Tribunal, entre ellos el Despacho Tercero con sede en la ciudad de Bogotá, el Despacho Doce con sede en la ciudad de Barranquilla, el Despacho 31 con sede en la ciudad de Santa Marta y el Despacho 58 con sede en la ciudad de Valledupar, dentro de los cuales existía un Coordinador que estaba en cabeza del Despacho Tercero y los otros 3 despachos se denominaron de apoyo al Despacho Coordinador, es así que los reportes mensuales eran enviados al Coordinador del Grupo en este caso al Despacho tercero, el cual realizaba un consolidado general de toda la gestión del Bloque Norte y así reportarlo ante la Jefatura de la Unidad. PREGUNTADO: ¿Díganos si en alguna ocasión fue usted requerido por la jefatura o la coordinación de la unidad o por algún otro funcionario de alto nivel de la Fiscalía General de la Nación para que rindiera informes más allá del estadístico sobre el desempeño laboral del señor Vaca Méndez? CONTESTÓ: Que se me interrogara directamente a mi sobre información para medir el desempeño laboral del Sr. Vaca, en ningún momento, la única información era la que solicitaba la jefatura y era a nivel general de despachos, y que de acuerdo a las funciones que desempeño dentro de la Unidad, proyectaba y elaboraba junto con el titular; se trataban de requerimientos específicos y seguimiento a los planes programados por cada despacho, pero como digo en un requerimiento general a todos los despachos y no de manera puntal al Despacho 58 ni mucho menos directamente dirigido a mí. ( . . . ) PREGUNTADO: ¿Usted conoció algún documento de la Fiscalía General de la Nación que estableciera el cumplimiento concreto de objetivos y metas por parte de la Fiscalía 58 Delegada ante la Unidad de Justicia y Paz, que pudiera servir de referente para la medición del desempeño de ese despacho? CONTESTO: Documento en sí, se manejaban de manera anual los Planes Operativos que se diseñaron para establecer las metas alcanzables y programadas por cada despacho durante los 12 meses, aclarando que varios de los ítems no se relacionaban directamente con la gestión del despacho sino que dependían de los Tribunales de Justicia y Paz quienes eran los encargados de fijar las diligencias solicitadas por los fiscales delegados. PREGUNTADO: ¿Supo usted si en relación con la gestión del dr. Vaca Méndez fue cumplido a cabalidad el plan operativo anual que fijaba objetivos y metas del que usted viene hablando? CONTESTÓ: Sí fue cumplido, ya que como lo mencioné anteriormente las metas que el Despacho 58 trazó en el Plan Operativo se trataban de metas alcanzables. ( . . . ) PREGUNTADO ¿Aclárele al despacho si el dr. Vaca que era titular del Despacho 58 motu proprio de fijaba un plan de trabajo o si este plan de trabajo era fijado por las directivas de la fiscalía para ese despacho en concreto? CONTESTÓ: El Plan Operativo venía diseñado con puntos específicos por parte de la jefatura de la unidad en cuanto a versiones libres, acreditación de víctimas, solicitudes de formulación de imputación, solicitud de imputación de cargos, audiencia de legalización de cargos, hechos documentados, postulados ratificados, entre otros aspectos. Estos eran remitidos a cada despacho delegado con el cronograma mes a mes donde el titular de cada despacho fijaba de acuerdo a su carga laboral y a la programación efectuada por él, las metas alcanzables en cada uno de los 12 meses del año. (…)”.

De las anteriores declaraciones, se observa que los deponentes coinciden en afirmar las calidades profesionales y trayectoria laboral del actor; sin embargo, no reportan certeza acerca de los motivos que originaron la declaratoria de insubsistencia; se trata de conjeturas y afirmaciones subjetivas sin respaldo probatorio. Si bien, hace referencia al trabajo realizado por el actor cuando se desempeñó en la Unidad Nacional de Justicia y Paz, y a los informes que debió rendir respecto a la gestión realizada cuando ocupó el cargo de Fiscal Delegado ante Tribunal, ellas no dan cuenta de la eficiencia o ineficiencia en el desempeño laboral. Se basan en simples registros, sin que en ellos se tenga la certeza de la gestión reportada en forma individual por el actor. Así mismo, coincidieron en declarar, que las estadísticas eran reportadas al coordinador del grupo, quien reunía la información de todos los despachos adscritos a la unidad y las remitía a la Jefatura sin discriminar la carga laboral y el trabajo realizado por cada uno de los despachos.

En este orden de ideas, los indicios que aduce el demandante como móviles para la declaratoria de insubsistencia, no tienen respaldo probatorio, pues no se invoca un hecho concreto que se pueda deducir de ellos, como la verdadera y real causa para la expedición del acto demandado, tal y como así lo encontró probado el juez de primera instancia.

La Sala ha de manifestar que el operador judicial al analizar los medios de prueba allegados al expediente, debe llegar a la absoluta convicción sobre la desviación de poder alegada en la expedición del acto acusado, que le permita concluir en forma razonable, que la administración basó su decisión en razones diferentes a las que la ley previó para la desvinculación de la entidad, circunstancia que no aconteció en el sub lite.

Conforme a las consideraciones expuestas, llevan a la Sala a la convicción de que el nominador al expedir el acto administrativo por medio del cual se declara insubsistente al señor Jorge Humberto Vaca Méndez, se encontraba precedido de supuestos de hechos reales, objetivos y ciertos, y persiguiendo razones de buen servicio público. De tal suerte que los argumentos de la demanda, se basaron en manifestaciones subjetivas, sin que haya logrado demostrar que las razones que llevaron al nominador a tomar la decisión del retiro, se fundamentaron con motivos diferentes al mejoramiento del servicio como tampoco logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija a todos los actos de la administración.

III. Decisión

Atendiendo la normatividad en cita y el acervo probatorio, la Sala concluye que la decisión de primera instancia fue acertada, en cuanto el demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre el acto administrativo demandado ni los vicios endilgados en la demanda, razón por la cual se confirmará la sentencia del 14 de diciembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las súplicas de la demanda promovida por el señor Jorge Humberto Vaca Méndez contra la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Se reconoce personería jurídica a la doctora Martha Siboney Rozo Caro, abogada con T.P. Nº 141.590 del C. S. de la J., en los términos y para los efectos del poder visible a folios 237 a 244 del expediente.

3. Por Secretaría, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

1 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.

2 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.

3 “Por el cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación”.

4 “Por el cual se modifica la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación”.

5 Sentencia C-279 de 2007 de la Corte Constitucional. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

6 Ibídem. “De acuerdo con la jurisprudencia, la desvinculación de los servidores que se encuentran nombrados en provisionalidad debe respetar el derecho al debido proceso, lo cual se concreta en el derecho de esos servidores de que en el acto que dispone su retiro se indiquen las razones específicas de la declaratoria de su insubsistencia. Además, los motivos invocados para justificar la desvinculación deben referirse al servicio, es decir, deben responder al interés público. Todo ello persigue evitar arbitrariedades, tratos discriminatorios o favoritismos. De acuerdo con lo anterior, para que el inciso segundo del artículo 76 de la Ley 938 se encuentre en armonía con el derecho al debido proceso y con la jurisprudencia de esta Corte en sede de tutela, es necesario precisar que el retiro de un funcionario que ocupa un cargo de carrera en provisionalidad debe ser motivado por razones del servicio atinentes específicamente al funcionario que habrá de ser desvinculado dada sus responsabilidades dentro de la entidad. Por lo tanto, la Corte declarará la exequibilidad del inciso segundo del artículo 70 así como del artículo 76 de la Ley 938 de 2004, en el entendido de que en el caso de los funcionarios designados en provisionalidad en cargos de carrera el acto de desvinculación deberá ser motivado por razones del servicio específicas, en los términos del apartado 4 de esta sentencia”.

7 “Artículo 73. Al iniciar el Período de prueba, la Fiscalía General deberá adelantar programas de inducción que garanticen al nuevo funcionario el adecuado conocimiento de la Institución y de la Rama del Poder Público a la cual ingresa y los derechos, deberes y garantías que adquiere. // Por excepción, de acuerdo con el reglamento, los nombramientos tendrán carácter provisional cuando se trate de proveer transitoriamente cargos vacantes temporal o definitivamente, con personal no seleccionado mediante concurso.

8 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996.

9 “Artículo 117. La provisión de un empleo de carrera se efectuará mediante proceso de selección no obstante, en caso de vacancia definitiva de éste y hasta tanto se efectúe la provisión definitiva mediante proceso de selección, podrá efectuarse nombramiento provisional, el cual no podrá exceder el término de ciento ochenta (180) días, en cada caso a partir del momento de la convocatoria. // Igualmente procede la provisionalidad en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo o la misma sea superior a un (1) mes”.

10 “Artículo 70. Nombramientos. La provisión de un cargo de carrera se efectuará mediante nombramiento en propiedad, una vez superado el período de prueba. Cuando ello no fuere posible, se procederá al nombramiento mediante la figura de encargo, atendiendo al lleno de los requisitos y al perfil del cargo respectivo. Excepcionalmente, cuando no fuere posible proveer dicho cargo en la forma anteriormente descrita, se procederá al nombramiento en provisionalidad, el cual en ningún caso generará derechos de carrera.

11 “Artículo 76. Retiro. Es una situación de carácter administrativo, que pone fin a la inscripción en el régimen de carrera y desvincula al servidor de la entidad en los eventos previstos como causales para tal efecto. // Los demás servidores serán objeto de la facultad discrecional del nominador. // El retiro de la carrera tendrá lugar mediante acto motivado, contra el cual procederán los recursos de la vía gubernativa”.

12 Por razones de orden metodológico la Corte omite algunas citas de la Sentencia C-279 de 2007.

13 Cfr. Sentencias T-410 de 2007, T-464 de 2007, T-793 de 2007, T-157 de 2008, T-1112 de 2008, T-109 de 2009, T-186 de 2009 y T-736 de 2009.