Sentencia 2012-00575 de mayo 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001-23-33-000-2012-00575-01

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Bogotá, D.C., siete de mayo de dos mil trece.

Actor: José Libardo Muñoz.

Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Cali.

Acción de tutela-Impugnación.

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte actora contra la sentencia de 7 de diciembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que negó la protección de los derechos fundamentales pretendidos.

1. Antecedentes.

El señor José Libardo Muñoz, por intermedio de apoderada, presenta acción de tutela para lograr la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la igualdad, presuntamente vulnerados por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali.

Narra como hechos que el 28 de noviembre de 2007 presentó junto con los señores José Freddy Ceballos Muelas, Ana Lilia Muelas, Flor Edith Muñoz Velázquez, Yoli Gabriela Ceballos Muelas, Luz Elena Ceballos Muelas y Yazmín Ceballos Muelas, demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, con el objeto de que se le declarara administrativamente responsable por los perjuicios ocasionados como consecuencia de las lesiones causadas al señor José Freddy Ceballos Muelas cuando se encontraba prestando el servicio militar obligatorio en calidad de soldado regular.

Señala que el Juzgado 9º Administrativo del Circuito de Cali —a quien le correspondió conocer del asunto— profirió auto admisorio de la demanda identificando como demandante al señor José Libardo Muñoz y otros, y bajo este nombre se notificaron por estado las demás actuaciones del proceso que se surtieron en dicho despacho judicial.

Cuenta que el 22 de septiembre de 2011 —con ocasión de las medidas de descongestión adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura— el proceso fue remitido al Juzgado 4º Administrativo de Descongestión de Cali, y este avocó el conocimiento del mismo y ordenó notificar la determinación por estado, en el cual se indicó como demandante a José Libardo Muñoz y otros, mismo con el que se venía identificando en el Juzgado 9º Administrativo del Circuito de Cali.

Indica que cuando el juzgado notificó la sentencia adoptada mediante edicto fijado el 8 de noviembre de 2011, modificó de forma sorpresiva el nombre del demandante al indicar como tal a José Freddy Ceballos Muelas y otros y consignó de manera incompleta el número de radicación del proceso, hecho que le impidió tener conocimiento de la sentencia y ejercer su derecho de defensa y contradicción, ya que solo vino a saber de la misma hasta el 19 julio de 2012, cuando se enteró de que el proceso estaba archivado.

Sostiene que como consecuencia de lo anterior, solicitó mediante memorial de 23 de julio de 2012 la nulidad de la notificación de la sentencia, pero el juzgado mediante Auto Interlocutorio 404 de 5 de septiembre de 2012, negó dicha solicitud.

El 10 de septiembre de 2012, su apoderado presentó recurso de reposición contra la anterior decisión, y el 16 de noviembre de 2012, el Juzgado 4º Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali decidió no reponer el recurso.

Argumenta que no se puede endilgar falta de diligencia al apoderado judicial en no recurrir la sentencia, pues aunque si bien es cierto una de sus obligaciones es estar al tanto de las actuaciones judiciales que se surtan en el mismo para intervenir de manera oportuna en defensa de los intereses de sus representados, también lo es, que a este no se le puede pedir lo imposible, como lo es memorizar en todos los casos la totalidad de los demandantes de un proceso.

En este sentido, sostiene que al haberse identificado el proceso en el edicto que notificó la sentencia, con un nombre diferente del demandante con el que se había identificado el proceso durante toda la actuación, y además, al no consignarse la totalidad de los números del radicado de proceso, se indujo en error al apoderado quien al no conocer oportunamente de la notificación de la sentencia, no le fue posible presentar el recurso de apelación correspondiente.

Sobre el código único de radicación de los procesos trajo a colación la sentencia de 19 de febrero de 2004, consejero ponente Alier Eduardo Hernández Enríquez, proferida dentro del proceso con Radicado 25000-23-26-000-1998-02513-01 (26648), actor: Cementos Paz del Río S.A., donde se señaló que un proceso solo se puede identificar o distinguir frente a otro, cuando se cumplen las exigencias procesales previstas, entre otros, en los artículos 303 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil, y el Acuerdo 201 de 1997 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

Asimismo menciona la sentencia de tutela de 28 de mayo de 2009, consejera ponente Susana Buitrago, proferida dentro del proceso con Radicado 11001-03-15-000-2009-00079-00, que protegió los derechos de defensa y acceso a la administración de justicia, al encontrar que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado, donde se notificó la sentencia por edicto, se había modificado el número de radicación que se le había asignado al expediente.

2. Objeto de tutela.

Solicita que en protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y el debido proceso, se ordene al Juzgado 4º Administrativo de Descongestión de Cali, dejar sin efecto jurídico la notificación de la Sentencia 48 de 24 de octubre de 2011, proferida dentro del proceso de reparación directa Radicación 76001-23-31-000-2007-00302-00, así como las actuaciones surtidas con posterioridad a esta, y en consecuencia, se le ordene notificar nuevamente la sentencia, identificando los 23 dígitos del proceso, y el nombre del actor principal como José Libardo Muñoz y otros.

3. La sentencia impugnada.

El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca mediante sentencia de 7 de diciembre de 2012, negó la protección de los derechos fundamentales pretendidos. Luego de plantear el caso y traer a colación un precedente constitucional sobre la notificación por edicto contemplado en la Sentencia T-358 de 16 de mayo de 2012, magistrados ponentes Jorge Iván Palacio Palacio, concluyó que en el sub lite no se presentaba vulneración de derechos fundamentales, pues si bien es cierto en las actuaciones anteriores a la notificación de la sentencia se había identificado el proceso anotándose como demandante el señor José Libardo Muñoz, no es menos cierto que el señor José Freddy Ceballos Muelas, también era demandante dentro del proceso, y que además, dentro de la notificación se anotó la expresión “y otros”, lo cual daba a entender que la parte actora estaba integrada por otros sujetos procesales.

En relación con el número de radicación anotado señaló que no hubo error en la digitación de los mismos, pues aunque el número de radicado no se consignó en su totalidad no puede pregonarse que esta situación haya dado lugar a que la parte actora se viera imposibilitada para saber que en el proceso se había dictado fallo.

Asimismo indicó que si el apoderado de la parte actora presentó memorial el 19 de julio de 2012 solicitando algunas piezas procesales, es este un hecho que hace pensar que este conocía del contenido de la sentencia proferida en el proceso, ya que no a otra conclusión puede llegarse cuando solicitó la primera copia de la providencia que presta mérito ejecutivo.

4. La impugnación.

La parte actora impugna la decisión de primera instancia. Señala que el caso de marras es muy disímil al precedente jurisprudencial traído a colación por el a quo, por cuanto en el presente no se está pidiendo que se enuncie la totalidad de los demandados y demandantes como textualmente dice la Corte, sino que en el edicto se identifique el nombre del demandante principal que estableció la administración judicial en cabeza del Juzgado 9º Administrativo de Cali y el Juzgado 4º Administrativo de Descongestión, es decir con el demandante José Libardo Muñoz y otros.

Resalta que el nombre con el que el apoderado de la parte actora revisaba las actuaciones del proceso en el despacho judicial era el escogido por el mismo juzgado para identificar el proceso, por lo que no se le puede exigir memorizar todos los nombres, menos aun cuando eran varios los demandantes.

Sostiene que si bien es cierto con la norma contenida en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, sobre los requisitos de la notificación por edicto, no se establece la forma de identificar a la parte demandante, se debe aplicar por analogía el artículo 21 ibídem, que regula las notificaciones por estado, así: “(...) si varias personas integran una parte, bastará la designación de la primera de ellas añadiendo la expresión: y otros. (...)”, y la primera de ellas debe ser necesariamente la que identifica el proceso desde el primer acto del juez, pues de lo contrario se estaría vulnerando la ley y el principio de la confianza legítima que se deposita en la administración de justicia.

Manifiesta que el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Cali desconoció la tesis de la Corte Constitucional, en cuanto a que la notificación por edicto debe contener los 23 números que identifican un proceso o al menos el año y los cinco números siguientes de manera completa, máxime cuando por la medidas de descongestión, donde se cambian los procesos de juzgado, en un mismo despacho pueden haber varios procesos radicados con el mismo número.

Adiciona al escrito de impugnación, un pronunciamiento del Consejo de Estado en auto de 19 de febrero de 2004, actor: Cementos Paz del Río S.A., demandado: Instituto de los Seguros Sociales (ISS), Proceso 25001-23-26-000-1998-02513-01; y otro de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de 6 de agosto de 2004, actor: Luis Armando Alegría Valencia y otros, demandado: Juzgado Primero Civil de Buenaventura, Proceso T-76111-22-13-000-2004-00068-01, magistrado ponente Octavio Munar Cadena, que hablan sobre la importancia y la obligación de los despachos judiciales de identificar el proceso con el nombre que siempre se ha identificado y no con otro, ya que si esto ocurre el despacho judicial está en la obligación de informar tal circunstancia, en aras de no alterar la posibilidad de acceder al real y efectivo conocimiento de las decisiones judiciales, situación que no ocurrió en el presente caso.

Para resolver, se

5. Considera.

La Carta Política de 1991, en su artículo 86, contempla la posibilidad de reclamar ante los jueces, mediante el ejercicio de la acción de tutela bajo las formas propias de un mecanismo preferente y sumario, la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública. Por su parte, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, prevé que este mecanismo sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se presente como instrumento transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probarse.

En el presente caso, la parte actora depreca la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la igualdad, los cuales siente vulnerados con la actuación desarrollada por el Juzgado 4º Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali, al modificar en el edicto que notificó la sentencia de primera instancia, el nombre del demandante principal y en no consignar dentro del mismo, los 23 dígitos que identifican el proceso de reparación directa iniciado contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, situación que, asegura, desencadenó la imposibilidad de presentar el recurso de apelación respectivo.

Conforme a lo anterior, se evidencia que el sub lite no comporta per se el enjuiciamiento de una providencia judicial, sino de una actuación de trámite dentro del decurso de la demanda de reparación directa que inició la parte actora —cuyo contenido no viene al caso ilustrar—, hecho que implica entonces en principio, una trasgresión al principio de publicidad de las actuaciones judiciales.

Sobre el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, la Corte Constitucional en Sentencia C-1114 de 2003(1) señaló:

“Este (...) plantea el conocimiento de las actuaciones judiciales y administrativas, tanto por los directamente interesados en ellas como por la comunidad en general.

En el primer caso, el principio de publicidad se realiza a través de las notificaciones como actos de comunicación procesal; es decir, del derecho a ser informado de las actuaciones judiciales o administrativas que conduzcan a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica o a la imposición de una sanción (...).

Y en el segundo caso, el principio de publicidad se realiza mediante el reconocimiento del derecho que tiene la comunidad a conocer las actuaciones de las autoridades públicas y, a través de ese conocimiento, a exigir que ellas se surtan con total sometimiento a la ley. Es decir, aparte de las notificaciones como actos de comunicación procesal, el principio de publicidad comporta también el reconocimiento del derecho ciudadano a enterarse de las decisiones tomadas por la administración y la jurisdicción, aunque, desde luego, con las limitaciones impuestas por el ordenamiento jurídico. En este último evento, el principio de publicidad constituye una garantía de transparencia en la actuación de los poderes públicos y un recurso que permite las condiciones necesarias para el reconocimiento del derecho a controlar el ejercicio del poder”.

Se extrae entonces, que el principio de publicidad de las actuaciones judiciales es uno de los contenidos del derecho fundamental al debido proceso y que este se manifiesta de dos maneras: la primera, asegurando el conocimiento de las decisiones judiciales por las partes interesadas a través de los mecanismos de notificación y la segunda, amparando el derecho de los ciudadanos a conocer las actuaciones de las autoridades públicas, como una garantía de transparencia en la actuación de los poderes públicos y un mecanismo que facilita su control(2).

Bajo este panorama y descendiendo al caso concreto, se encuentra en el plenario que la demanda de reparación directa interpuesta por la parte actora le correspondió por reparto al Juzgado 9º Administrativo del Circuito de Cali, despacho judicial que siempre identificó el proceso bajo el siguiente radicado: Expediente: 2007-00302; demandante: José Libardo Muñoz y otros; demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, y que le dio trámite al mismo hasta la etapa de alegatos de conclusión, cuando debió remitir el proceso a un juzgado de descongestión en cumplimiento de lo dispuesto por el Acuerdo PSAA06-8376 de 29 de julio de 2001, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Sometido a reparto el proceso, le correspondió conocer del mismo al Juzgado 4º Administrativo en Descongestión del Circuito Judicial de Cali, quien mediante auto de 20 de septiembre de 2011 avocó su conocimiento y notificó por estado la decisión, identificando el proceso de la siguiente forma: Proceso 2007-0302; demandante: José Libardo Muñoz y otros; demandado: Nación-Ejército Nacional; acción: reparación directa; es decir, con la misma identificación del demandante principal que lo hizo el Juzgado 9º Administrativo del Circuito de Cali (fl. 210).

No obstante, cuando el juzgado profirió sentencia de primera instancia y notificó dicha decisión por edicto fijado el 8 de noviembre de 2011 (fl. 241), cambió el nombre de identificación del demandante principal por el de José Freddy Ceballos Muelas y otros, también demandante dentro del proceso, según se pasa a observar:

República de Colombia

Juzgado Cuarto Administrativo en Descongestión del Circuito Judicial de Cali

Edicto

La suscrita secretaria del Juzgado Cuarto Administrativo en Descongestión del Circuito Judicial de Cali

Hace saber:

Que dentro de la reparación directa, propuesta por el señor José Freddy Ceballos Muelas y otros, contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, Expediente 2007-0302, se ha dictado Sentencia 48 de fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil once (2011).

De conformidad con los dispuesto en el artículo 173 del Código Contencioso Administrativo, en la forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, se fija el presente edicto en un lugar visible de la secretaría del juzgado por el término de tres (3) días, siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.), hoy, ocho (08) de noviembre de dos mil once (2011).

Julia Helena Fajardo Guevara

Secretaria

Este hecho, manifiesta la parte actora, cercenó su derecho al debido proceso y de contera al de acceso a la administración de justicia, en tanto indujo a su apoderado en error, pues aunque es cierto que el señor José Freddy Ceballos Muelas también es demandante dentro del proceso de reparación directa, en el proceso siempre se había identificado como demandante principal al señor de José Libardo Muñoz y Otros y bajo este nombre era que se procedía a revisar las actuaciones surtidas dentro del mismo.

Pese a lo anterior, considera la Sala que la actuación desarrollada por el Juzgado 4º Administrativo en Descongestión del Circuito Judicial de Cali, no vulnera los derechos alegados por la parte actora, pues el edicto cumplió con los requisitos establecidos en la norma para su respectiva publicidad.

Señala el artículo 173 del Código Contencioso Administrativo —vigente para la época de los hechos-sobre la notificación de la sentencia que: “Una vez dictada la sentencia conforme lo dispone el artículo 103 de este código se notificará personalmente a las partes, o por medio de edicto, en la forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil tres (3) días después de haberse proferido (...)” (se resalta).

El artículo 323 del Código de Procedimiento Civil por su parte, dispone que: “Las sentencias que no se hayan notificado personalmente dentro de los tres días siguientes a su fecha, se harán saber por medio de edicto que deberá contener: 1. la palabra edicto en su parte superior, 2. la determinación del proceso de que se trata y del demandante y el demandado, la fecha de la sentencia y la firma del secretario (...)” (se resalta).

Si bien es cierto el juzgado demandado modificó en el edicto el nombre del demandante con el que se venía identificando el proceso, esto es, José Libardo Muñoz y otros, por otro que también es demandante dentro del mismo, Freddy Ceballos Muelas y otros, este hecho por sí solo no hace que el proceso haya sido inidentificable, en tanto en el edicto también se incorporó el código de identificación del proceso, que aunque no con los 23 dígitos de radicado, sí con la abreviatura que se utilizó durante todo el trámite del proceso de reparación directa, esto es, con el Radicado 2007-00302, nunca objetado por las partes.

La Sala no cree que la modificación del orden de los demandantes dentro del edicto, haya inducido a error al apoderado para que este considerara que no se había proferido fallo de primera instancia, pues lo que enseña la experiencia es que antes de que el dependiente judicial o el respectivo apoderado se acerque a verificar el edicto, lo primero que hace es conocer las actuaciones surtidas dentro del despacho judicial a través del Software de Gestión Siglo XXI.

De aquí que lo que evidencia la Sala es que en el presente caso hubo falta de diligencia y cuidado por parte del apoderado de la parte actora en estar pendiente de las actuaciones surtidas dentro del proceso, a través del Software de Gestión Siglo XXI, el cual una vez consultado por este despacho, muestra que en lo que se refiere a la fijación del edicto, fue esta una actuación que se registró incluso cuatro (4) días antes de su fijación (se anexa al expediente impresión de la consulta efectuada en la página web de la Rama Judicial, link consulta de procesos).

Cabe mencionar al respecto que la información o mensajes de datos que se registran a través de las pantallas de los computadores de los despachos judiciales y del enlace de procesos de la página oficial de la Rama Judicial (www.ramajudicial.gov.co) son, ante todo, instrumentos para dar a conocer a la comunidad las actuaciones judiciales, y además, una herramienta valiosa para que las partes puedan llevar control del desarrollo del proceso, sobre todo, tratándose de personas que no residen en la sede del despacho judicial a cargo de su proceso, circunstancia que les permite estar al tanto de todo sin necesidad de desplazarse físicamente; así, el instrumento facilita la efectividad de la tecnología en beneficio de la comunidad.

En este sentido y al encontrarse que no existe vulneración de los derechos fundamentales alegados, resulta imperativa la denegación de la protección constitucional deprecada, razón por la que la Sala confirmará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que negó la protección de los derechos fundamentales pretendidos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

6. Falla.

CONFÍRMASE la providencia impugnada proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca el 7 de diciembre de 2012, que negó la protección de los derechos fundamentales pretendidos.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: Gustavo Gómez Aranguren—Alfonso Vargas Rincón—Luis Rafael Vergara Quintero.

(1) Por medio de ella, se resolvió la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Humberto Longas Londoño contra los artículos 5º, 9º, 14 parcial, 24 parcial, 28 parcial, 42, 43, 44, 50, 54 incisos 5º y 6º, 55 parcial, 59, 60, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 80, 82, 83, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 107, 112, 117 y 118 parcial de la Ley 788 de 2002 “por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial, y se dictan otras disposiciones”, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(2) Sentencia del doce (12) de junio de dos mil ocho (2008), número de Radicación: 0500123310002008-00385-01, actor: Julio César Noreña Mejía, C.P. Ligia López Díaz.