Sentencia 2012-00612/6254-19 de diciembre 11 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 680011102000201200612 01 (6254-19)

Aprobado Según Acta de Sala 101

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Bogotá D.C., once de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política, 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996 y 59 de la Ley 1123 de 2007, la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer en segunda instancia de las sentencias proferidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura.

2. De la condición de sujeto disciplinable.

La calidad de abogado está demostrada con la certificación del Registro Nacional de Abogados, en la cual se enuncia que Álvaro Mendoza González está inscrito como profesional del derecho, quien se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 91.280.978 y tarjeta profesional Nº 101.516 vigente (fl. 7 c. o. primera instancia).

Al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir fallo sancionatorio se requiere de prueba que conduzca a la certeza de la existencia de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable.

Corresponde entonces a la corporación decidir si con las pruebas real y oportunamente allegadas al expediente disciplinario se encuentra demostrada la materialidad u objetividad de las faltas endilgadas al abogado Álvaro Mendoza González, conforme a los cuales el a quo la consideró responsable de las faltas descritas en el numeral 1º del artículo 35 y el un numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, así:

“ART. 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:

1. Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos.

“ART. 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.

3. De la apelación.

Procede la Sala a pronunciarse únicamente sobre los motivos de discrepancia planteados en la apelación y a lo inescindiblemente ligado a ello, en atención a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 171 del Código Disciplinario Único, aplicable a los procesos disciplinarios seguidos contra abogados, por remisión expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, en consecuencia el análisis se circunscribirá a lo que es materia del recurso.

4. Del caso concreto.

En el caso sub lite, la falta se sustentó en el hecho de que el abogado Álvaro Mendoza González fue contratado por la señora Inés Rodríguez Ortega para representar a su esposo Iván Durán Lizarazo condenado a la pena de 53 años de prisión, gestión por la cual en la audiencia celebrada el Seccional de instancia el 10 de septiembre de 2013 (cd 4) sostuvo haberle cancelado la suma de $ 3.400.000.oo, de los cuales únicamente le efectuó la devolución de $ 1.600.000, pues no realizó gestión alguna en representación de su cónyuge.

Luego, en el plenario figura la inspección practicada en la audiencia del 3 de agosto de 2012 al expediente del proceso penal adelantado contra Iván Durán Lizarazo por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas (Record 25.08 a 43.02 cds 2 y 3), dentro del cual no figuraba actuación alguna del disciplinable.

Sumado a lo anterior, el hijo del quejoso en la audiencia celebrada el 13 de febrero de 2013, aseveró haber hecho entrega al inculpado de la suma de $ 2.000.000.oo (Record 4.20 a 19.09 cd 6) y al obtener copias del expediente seguido contra su progenitor, indagó al disciplinable sobre el asunto y éste ni siquiera había leído el expediente.

Esta corporación, respecto a los argumentos expuestos por la defensa de oficio referido a que se dio plena credibilidad a las razones del quejoso y al testimonio rendido por los señores Inés Rodríguez Ortega y Jorge Luis Durán Rodríguez; estima que la prueba testimonial recaudada en este caso, permite colegir sin elucubración alguna que el profesional del derecho acusado, incurrió en la falta a la indiligencia por la cual fue sancionado en primera instancia, pues como se ha venido señalando, el hecho de no existir evidencia documental del poder o de los montos cancelados a título de honorarios por parte de los familiares del denunciante, no es óbice para desvirtuar por completo su dicho.

Estima esta colegiatura que por el transcurso del tiempo era posible que los señores Rodríguez Ortega y Durán Rodríguez no expusieran con precisión de las fechas en las cuales acaecieron las entrevistas con el disciplinable o en las cuales lo acompañaron a visitar al sentenciado en el mencionado proceso penal, sin embargo se infiere razonablemente y al ser valorados sus testimonios a la luz de la sana crítica y las reglas de la experiencia, que en efecto existió una contratación de carácter verbal en virtud de la cual al investigado le fue encomendado examinar el expediente penal en virtud del cual se encontraba privado de la libertad el señor Iván Durán Lizarazo.

Por consiguiente, no es como lo deprecó la defensa de oficio y el disciplinable en la alzada, que ha debido resolverse el presente caso teniendo en cuenta el principio de presunción de inocencia al no determinarse la existencia del vínculo contractual, pues es claro que los testigos indicaron bajo la gravedad del juramento haber contratado al acusado para representar a su esposo y padre; sobre lo cual, la precisión de los montos cancelados lo tenía la señora Inés Rodríguez pues fue ella quien se entendió directamente con el profesional, lo cual significa que efectivamente existió un vínculo laboral con el profesional del derecho implicado

De otra parte, es necesario precisar por parte de esta Sala que el acusado tuvo la oportunidad de comparecer a cada una de las audiencias celebradas en primera instancia, no siendo de recibo entonces el argumento referido a la confusión del quejoso y de sus familiares respecto del abogado al cual contrataron; además resultan igualmente coincidentes las visitas realizadas por el inculpado al Establecimiento Carcelario en el cual se encontraba recluido el señor Durán Lizarazo, y si en efecto se trataba de una confusión bien pudo hacer acto de presencia en las audiencias, para controvertir la acusación efectuada en su contra.

Por lo anterior, para esta colegiatura y como bien lo plasmó la Sala a quo en el fallo apelado, el abogado disciplinable fue indiligente, se itera, porque no llevó a cabo las gestiones que le habían sido confiadas, a pesar que le fueron cancelados los estipendios profesionales, razón por la cual no se accederá a la solicitud de la defensora de oficio.

De otra parte en relación a los argumentos expuestos por el investigado en la apelación, concretamente no haber suscrito poder, tampoco haber visitado al quejoso, ni actuar en representación de aquél porque nunca existió relación contractual entre ellos o con la esposa del condenado, considera esta corporación que la prueba testimonial recaudada (declaración de la esposa del querellante y del hijo de éste) a pesar de ser familiares del denunciante, ello no implica per se que no puedan ser valoradas probatoriamente, y por el contrario, lo que se evidencia es que efectivamente el profesional del derecho inculpado no actuó diligentemente.

Para la Sala no existe duda que el abogado implicado a pesar de haber exigido dinero para llevar a cabo la gestión encargada no cumplió lo acordado, ni siquiera obtuvo poder para examinar el expediente y establecer si había lugar a ejercer alguna acción en defensa del aquí quejoso y por el contrario, les manifestaba que todo estaba bien y que el asunto iba por buen camino.

En este orden de ideas, y como quiera que lo aducido por los apelantes se ciñó a alegar la inexistencia de pruebas que comprometieran la responsabilidad del investigado y de otra parte que el aquí acusado no fue el abogado con el cual se acordó la revisión de la situación penal del señor Iván Durán Lizarazo, argumentos desvirtuados en precedencia, estima esta colegiatura que la sentencia objeto de apelación, proferida por la Sala jurisdiccional disciplinaria del consejo seccional de la judicatura de Santander el 27 de enero de 2014, a través de la cual se sancionó con suspensión de dos (2) años en el ejercicio de la profesión al abogado Álvaro Mendoza González, como autor responsable de incurrir en las faltas previstas en el artículo 35 numeral 1º y en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, debe ser confirmada.

En mérito de lo expuesto, la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada proferida el 27 de enero de 2014 por la Sala jurisdiccional disciplinaria del consejo seccional de la judicatura de Santander, a través de la cual sancionó con suspensión de dos (2) años en el ejercicio de la profesión al abogado Álvaro Mendoza González, como autor responsable de incurrir en las faltas previstas en el artículo 35 numeral 1º y en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la oficina encargada del registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

3. Comisiónese al magistrado sustanciador de la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional De La Judicatura De Santander, con facultades para subcomisionar, para que notifique la presente providencia en los términos de ley. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a esta corporación. Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al Seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase».