Sentencia 2012-00613/10613-24 de agosto 18 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Rad.: 050011102000201200613 01 (10613-24)

Aprobado Según Acta de Sala 79

Bogotá D.C., dieciocho de agosto del dos mil dieciséis.

Asunto

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 29 de enero de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual sancionó al abogado Jairo Antonio Henríquez Ferreira con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses tras hallarlo responsable de incurrir en las faltas disciplinarias contenidas en el artículo 30 numeral 4 y artículo 33 numeral 8 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con lo previsto en el artículo 28 numeral 8 ibídem.

Hechos y actuación procesal

1. Mediante escrito radicado el 20 de febrero de 2012, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia ordenó compulsar copias contra el abogado Jairo Antonio Henríquez Ferreira, quien fungiendo como apoderado del señor Nadín José Arteaga Segrera en el proceso penal tramitado en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia dentro del radicado 16000715201000209, realizó las siguientes conductas.

1.1. El abogado solicitó aplazamiento en varias audiencias la primera de estas fue la audiencia de formulación de acusación programada para el día 18 de noviembre de 2011 ante lo cual el Juez de conocimiento decidió reprogramarla para el día 30 del mismo mes, obteniendo como respuesta por parte del togado otra solicitud de aplazamiento para analizar la posibilidad de llegar a un pre acuerdo con la Fiscalía, razón por la cual se reprogramó la audiencia para el día 9 de diciembre de 2011.

1.2. El día 7 de diciembre del mismo año, el doctor Henríquez Ferreira allegó escrito al despacho de conocimiento manifestando que renunciaba al poder otorgado por su cliente ante lo cual el Juzgado le indicó que de todas formas era obligación del abogado acudir a la audiencia teniendo en cuenta que dicha renuncia surtiría efectos 5 días después de la aceptación, sin embargo el investigado no asistió a la diligencia impidiendo su realización, motivo por el cual ésta se reprogramó para el día 17 de enero de 2012.

1.3. El día 15 de diciembre de 2011 el disciplinado manifestó que reasumía el poder otorgado por el acusado, ante lo cual se programó como fecha para la realización de la audiencia el día 23 de enero de 2012, diligencia en la cual se presentó el abogado investigado asumiendo nuevamente la representación de su poderdante, en el transcurso de la audiencia el togado solicitó aplazamiento de la misma para así poder consultar con su prohijado la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía situación por la que el Juez de instancia decidió reprogramar nuevamente la audiencia para el día 8 de febrero de 2012,

1.4. El día 8 de enero de 2012 el abogado disciplinado tampoco asistió a la audiencia, por lo cual teniendo en cuenta todas las maniobras dilatorias llevadas a cabo por el doctor Jairo Antonio Henríquez Ferreira, el Juez de instancia decidió relevarlo de su cargo y nombrar un defensor de oficio para continuar con el trámite, ordenando compulsar copia con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia para que se investigara la conducta del togado.

2. El magistrado Instructor acreditó la calidad de abogado del doctor Jairo Antonio Henríquez Ferreira quien se identifica con la cédula de ciudadanía 8684849 y tarjeta profesional 30757, conforme al certificado 04502-2012 expedido el 2 de mayo de 2012 por el Director del Registro Nacional de Abogados (fl. 5 cdno. 1ª. instancia), así mismo mediante certificado 26971 se constató que el disciplinado registraba sanción de censura impuesta por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico con fecha del día 27 de octubre de 2008. Por otro lado, el a quo con auto del 2 de mayo de 2012, dispuso la apertura de proceso disciplinario y fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de pruebas y calificación Provisional para el día 17 de octubre de 2012. (fl. 5-8 c. 1ª. Instancia).

3. El día 17 de octubre de 2012, fecha en la cual se había programado la audiencia de pruebas y calificación Provisional, el magistrado de conocimiento decidió reprogramar la audiencia teniendo en cuenta que ninguna de las partes se hizo presente en la diligencia. (fl. 13 cdno. 1ª instancia)

4. Mediante oficio del día 31 de octubre de 2012, el disciplinado justificó su inasistencia argumentando que en razón a la huelga que se estaba llevando a cabo en la fecha de la audiencia en la ciudad de Medellín, le fue imposible asistir a la diligencia. Ante la justificación del togado, el magistrado instructor reprogramó la diligencia y fijó fecha para la audiencia de pruebas y calificación Provisional el día 7 de diciembre de 2012. (fl. 16 cdno. 1ª instancia).

5. El día 7 de diciembre de 2012, no asistió el disciplinado Jairo Antonio Henríquez Ferreira a la audiencia programada por el magistrado instructor razón por la cual no pudo realizarse la misma.

6. Mediante memorial del 18 de diciembre de 2012 el abogado disciplinado solicitó se enviara despacho comisorio teniendo en cuenta que le era difícil trasladarse a otra ciudad, pues su lugar de residencia era en la ciudad de Barranquilla generándosele dificultades a la hora de trasladarse. Por otro lado manifestó que días antes de la audiencia programada, se excusó puesto que tenía el grado de su hija, evento que no le permitía asistir a la diligencia programada (fl. 38-39 cdno. 1ª instancia).

7. En auto de 28 de febrero de 2012 el magistrado instructor reprogramó la audiencia de pruebas y calificación provisional.

8. El día 22 de marzo de 2013, fecha programada para la audiencia de pruebas y calificación, no asistió el disciplinado y mediante auto adiado 24 de septiembre de 2013, el a quo declaró al togado como persona ausente y nombró como defensor de oficio al doctor Mauricio Gómez Galeano ya que el disciplinado nunca allegó excusa para justificar su inasistencia a la diligencia. (fl. 48-55 cdno. 1ª instancia).

9. Teniendo en cuenta que el defensor de oficio Mauricio Gómez Galeano tomó posesión como defensor de oficio, el magistrado instructor programó la audiencia de pruebas y calificación para el día 28 de octubre de 2013. (fl. 54-56 cdno. 1ª instancia).

10. Mediante escrito del día 28 de octubre de 2013, el disciplinado informó porque no le era posible acudir a la diligencia programada, además expuso que teniendo en cuenta su lugar de residencia y las dificultades que ha encontrado para transportarse, solicitó nuevamente que se comisionara al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico para ser escuchado en versión libre y así lograr que no se le vulnerara su derecho al debido proceso. (fl. 63-69 cdno. 1ª instancia).

11. El día 28 de octubre de 2013, se instaló audiencia de pruebas y calificación provisional contando con la presencia del defensor de oficio designado, el magistrado instructor realizó la lectura de la queja y comisionó al Seccional del Atlántico para recibir la versión libre del disciplinado, el testimonio de su mensajero el señor Víctor Emilio Estrada Moya, así mismo, ordenó al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia allegar copia del cuaderno principal del proceso seguido en contra de Nadín José Arteaga Segrera, en el que actuó como defensor el encartado. (fl. 69-72 cdno. 1ª instancia).

12. Mediante comisión realizada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico Sala Jurisdiccional Disciplinaria se recaudó el testimonio del señor Víctor Emilio Estrada Moya quien afirmó que conocía al disciplinado desde hace 30 años, manifestando que era de su conocimiento que el abogado disciplinado nunca había tenido inconveniente alguno con sus clientes; además sostuvo que se desplazó junto a éste varias veces a la ciudad de Medellín para cumplir con sus obligaciones en el proceso penal adelantado en contra de Nadín José Arteaga Segrera habiéndose visto perjudicado por el retraso del vuelo que los llevaría a dicha ciudad, por otro lado el disciplinado nunca recibió el pago de los viáticos como se había pactado con la madre del procesado Arteaga Segrera razón por la cual se generó un inconveniente más al momento de tener que trasladarse a la ciudad de Medellín. Sostuvo el mensajero que ante tales circunstancias lo único que pudo hacer el abogado disciplinado fue recomendar a su prohijado la búsqueda de un defensor de oficio teniendo en cuenta las dificultades para pagar honorarios y viáticos razón por la cual se dejó el proceso tal y como se encontraba en ese momento procesal esperando a que se nombrara un defensor de oficio para que el trámite siguiera su curso.

Igualmente se recibió versión libre del doctor Jairo Antonio Henríquez Ferreira quien respecto a los hechos que estaban siendo investigados, relacionados con su conducta como apoderado del proceso penal en contra del señor Nadín José Arteaga Segrera tramitado en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia de radicado 16000715201000209, en dicha diligencia manifestó el señor Henríquez Ferreira haberse enterado acerca de la investigación disciplinaria que cursaba en su contra cuando el Juez Primero Municipal Penal del Circuito de Medellín compulsó copias porque no había asistido a una de las audiencias programadas en el proceso penal en contra del señor Nadín José Arteaga Segrera afirmando que él sí había asistido a la diligencia, sólo que había llegado 20 minutos tarde, razón por la cual el Juez de conocimiento cerró la diligencia. Por otro lado, sostuvo el togado que una de las razones por las que sus traslados a la ciudad se vieron afectados, fue el incumplimiento en el pago de viáticos por parte de la madre de su prohijado, hecho que según el disciplinado fue de gran importancia para que se incumpliera con la asistencia a las diligencias programadas. Por último manifestó el togado que en cuanto a otras inasistencias a audiencias en el mencionado proceso penal, fueron justificadas debidamente y en el término permitido por la ley a través de fax, asegurando que dichas excusas se encontraban en el expediente del proceso penal. (fl. 65-105 cdno. 1ª instancia).

13. Mediante auto del 18 de junio de 2014, El magistrado instructor fijó como fecha para la continuación de audiencia de pruebas y calificación Provisional el día 23 de julio de 2014. (fl. 114 cdno. 1ª instancia).

14. El día 23 de julio de 2014 se instaló audiencia de Pruebas y Calificación Provisional contando con la presencia del defensor de oficio designado, el a quo procedió a la calificación jurídica de la actuación del togado formulando pliego de cargos por la infracción al deber consagrado en el artículo 28 numeral 10 de la ley 1123 de 2007 junto con la conducta descrita como falta en el artículo 37 numeral 1 a título de culpa por no haber actuado con diligencia en los encargos profesionales en el proceso tramitado en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia de radicado 16000715201000209 por demorar la prosecución de las gestiones encomendadas y dejar de hacer oportunamente las diligencias encargadas. Se abrió el juicio a pruebas teniendo que el defensor de oficio no solicitó ninguna, el fallador de instancia ordenó de oficio la actualización del certificado de antecedentes disciplinarios del investigado fijando fecha para el 20 de agosto de 2014 para efectos de realizar la Audiencia de Juzgamiento. (fl. 115 cdno. 1ª instancia)

15. Se allegó certificado de antecedentes disciplinarios de fecha 5 de agosto de 2014 del doctor Jairo Antonio Henríquez Ferreira en el cual se certificó que no existía sanción alguna en contra del togado. (fl. 119 cdno. 1ª instancia)

16. El día 20 de agosto de 2014 se instaló Audiencia de Juzgamiento encontrándose presente solamente el defensor de oficio, se verificó la legalidad de la actuación determinando la ausencia de causal de nulidad alguna. Se concedió el uso de la palabra al defensor de oficio para efectos de que expresara sus alegatos de conclusión para finalmente informar a los intervinientes que el proceso pasaba al despacho para Sentencia por parte del magistrado instructor. (fl. 120 cdno. 1ª instancia)

17. El 19 de septiembre de 2014 el magistrado de conocimiento procedió a emitir auto declarando la nulidad de lo actuado en el presente proceso puesto que se evidencian 2 causales de nulidad, “ La violación del derecho de defensa del disciplinable” y “ La existencia de irregularidades que afectan el debido proceso”, por lo cual dispuso el saneamiento de la actuación hasta ahora adelantada, desde la providencia que calificó jurídicamente la conducta del doctor Jairo Antonio Henríquez Ferreira , emitida en el curso de la audiencia de pruebas y calificación Provisional celebrada el día 3 de junio de 2014 (fl. 125 cdno. 1ª instancia) con el fin de que se formulen los cargos en debida forma.

18. El fallador de instancia fijó fecha para realizar la audiencia de pruebas y calificación provisional y rehacer la actuación, el día 27 de octubre de 2014. (fl. 135 cdno 1ª instancia)

19. Después de cumplida la comisión, mediante auto del 16 de octubre de 2014 el magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, reprogramó la audiencia de pruebas y calificación Provisional para el día 27 de octubre de 2014. (fl. 139 cdno. 1ª instancia).

20. Mediante escrito del día 3 de octubre de 2014 el disciplinado solicitó que se aplazara la audiencia de pruebas y calificación Provisional por causa de algunos compromisos académicos que tenía en la ciudad de Bogotá. (fl. 142 cdno. 1ª instancia).

21. Toda vez que el disciplinado presentó oportunamente solicitud de aplazamiento de la audiencia de pruebas y calificación Provisional, el magistrado instructor reprogramó la diligencia para el día 15 de diciembre de 2014. (fl. 143 cdno. 1ª instancia)

22. El día 15 de diciembre de 2014 el a quo instaló audiencia de pruebas y calificación Provisional encontrándose presente solamente el defensor de oficio designado, procediendo a la calificación jurídica de la actuación formulando pliego de cargos por la posible infracción al deber consagrado en el artículo 28 numerales 5 y 6 de la Ley 1123 de 2007 y la probable comisión de las conductas descritas como faltas en el artículo 30 numeral 4 y artículo 33 numeral 8 de la Ley 1123 de 2007 en la modalidad dolosa por cuanto el abogado disciplinado presentó solicitud de libertad por vencimiento de términos el día 10 de noviembre de 2011 y ante la negativa del fallador de instancia, decidió el togado presentar solicitud para aplazar varias audiencias e inclusive procedió el disciplinado a renunciar al poder otorgado por su prohijado para finalmente reasumir el poder y solicitar nuevamente aplazamiento de la audiencia que en aquel momento había sido programada. Se abrió el juicio a pruebas y el defensor de oficio no solicitó prueba alguna, de oficio se ordenó la actualización de los antecedentes del abogado y se fijó fecha para el 23 de enero de 2015 para iniciar la audiencia de juzgamiento. (fl. 147 cdno. 1ª instancia).

23. El día 23 de enero de 2015 el instructor de instancia instaló la Audiencia de Juzgamiento encontrándose presente solamente el defensor de oficio designado del encartado, se verificó la legalidad de la actuación y se concedió el uso de la palabra al defensor de oficio para que expresara los alegatos de conclusión en los cuales manifestó que el traslado de la ciudad de Barranquilla a la ciudad de Medellín, siempre fue un inconveniente a la hora de asistir a las diligencias, pues si bien eran programadas con anterioridad, el investigado siempre reportó dichas dificultades específicamente el día en que arribó tarde a la audiencia sin tener posibilidad de presentarse ante el Juez de conocimiento, pues la audiencia ya había sido cerrada. En segundo lugar solicitó tenerse en cuenta los testimonios brindados por el disciplinado junto con el del señor Víctor Estrada Moya. Por último argumentó el defensor de oficio designado que la situación precaria de la familia de su prohijado fue la razón principal para ausentarse a las diferentes audiencias, pues los viáticos pactados nunca se pagaron, razón por la cual el desplazamiento entre diferentes ciudades se hizo bastante difícil. Culminados los alegatos de conclusión, el magistrado informó a los intervinientes que el proceso pasaría a despacho para sentencia por parte de la sala dual. (fl. 150 cdno. 1ª instancia)

De la sentencia apelada

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, en sentencia proferida el 29 de enero de 2015, sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses al abogado Jairo Antonio Henríquez Ferreira, tras hallarlo responsable de las faltas disciplinarias consagradas en el artículo 30 numeral 4 y artículo 33 numeral 8 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

La Sala a quo fundamentó su decisión teniendo en cuenta que el encartado incumplió con el deber de conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión puesto que obró con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión por recurrir a diversas maniobras tendientes a impedir el desarrollo de la audiencia de acusación en el proceso penal de marras como fue la solicitud de aplazamiento de la audiencia en reiteradas ocasiones y la renuncia al poder conferido por el indiciado días antes de la diligencia, la cual ya había sido programada nuevamente, siendo obligación del disciplinado asistir por cuanto la renuncia no pone fin al poder sino 5 días después. Además encontró el seccional de Instancia que el abogado no compareció y reasumió el poder 5 días después para solicitar nuevamente aplazamiento.

Evidenció entonces la Sala de instancia que con su actuar el abogado pretendió demorar el desarrollo del proceso por medio de acciones dilatorias y usando vías de derecho de forma excesiva obrando con mala fe con el propósito de beneficiar a quien era su prohijado en dicho proceso,

Finalmente, impuso como sanción, suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses, atendiendo a la ausencia de antecedentes disciplinarios del abogado para ese momento y teniendo en cuenta los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad y los criterios de graduación establecidos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007. (fls. 115 a 117 cdno. 1ª, instancia).

De la apelación

Mediante escrito radicado el 6 de marzo de 2015, el abogado disciplinado presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida el 29 de enero de 2015, centrando su inconformismo bajo los siguientes argumentos:

1. Los aplazamientos solicitados por el abogado disciplinado en fechas programadas para la realización de las audiencias, no constituyen falta disciplinaria alguna, esto teniendo en cuenta que dichas solicitudes de aplazamiento son un derecho del procesado, razón por la cual no existe falta disciplinaria por estos hechos, además las peticiones hechas al Juez de conocimiento en el proceso penal en el cual fungía como defensor, fueron con el fin de llegar a algún acuerdo con la Fiscalía, hecho que también constituye un derecho para el procesado.

2. Respecto a la renuncia al poder enviado vía fax y la inasistencia a la audiencia del día 7 de diciembre de 2011, sostuvo el togado que renunció al poder con la antelación suficiente y el motivo de su no comparecencia a la diligencia se debió a que su cliente no cumplió con la obligación de pagar los pasajes, razón por la cual en vez de entorpecer el curso normal del proceso, decidió renunciar al poder.

3. En cuanto a la audiencia programada para el día 8 de enero de 2012, sostuvo el abogado disciplinado que si bien se le está acusando de no asistir a la diligencia programada, la información dista de la verdad puesto que si se hizo presente en el despacho pero 20 minutos después de la hora programada por el Juzgado de conocimiento del asunto de autos, al momento de arribar al despacho se dio cuenta que ya le habían compulsado copias, razón por la cual le reclamó al Juez y le solicitó una constancia en la que se observara que si había asistido a la diligencia sólo que por motivos ajenos a su voluntad como fue el retraso del vuelo que lo transportaba a la ciudad de Medellín, arribó tarde a la diligencia programada.

4. Sostuvo el apelante que exige la ley que exista certeza al momento de sancionar, y una simple probabilidad como se enuncia en la providencia apelada no es suficiente, el hecho de que se mencione la posible comisión de la falta hace que exista duda razonable acerca de la comisión de las conductas, razón por la cual no es válida la sanción.

Sostuvo el togado que las razones expuestas anteriormente, demuestran que no hay motivo para hablar de conductas dolosa como se enuncia en la sentencia sancionatoria, razones por las cuales no se dan requisitos para proferir sentencia sancionatoria, y en su lugar se le debió absolver de los cargos endilgados.

Trámite en segunda instancia

1. Mediante proveído del 30 de abril de 2015, quien funge como magistrada ponente avocó el conocimiento del asunto y además ordenó, comunicar a los intervinientes, allegar los antecedentes disciplinarios del investigado e informar si en su contra cursan otras investigaciones en esta corporación (fl. 6 cdno. 2ª instancia).

2. El 12 de mayo de 2015, la secretaría judicial de esta corporación, surtió comunicación al disciplinado, al defensor de oficio y al agente del Ministerio Público (fls. 7 a 9 cdno. 2ª instancia).

3. El 9 de junio de 2015 la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura allegó el certificado de antecedentes disciplinarios número 213453 del doctor Jairo Antonio Henríquez Ferreira en el cual se constató que el disciplinado no registraba sanción alguna. (fl. 17 cdno. 2ª instancia).

4. La representante del Ministerio Público, al verificar la documentación allegada al dossier, consideró que no existe certeza si el encartado incurrió o no en la falta, toda vez que hay insuficiencia probatoria respecto a las reales intenciones del implicado, pues estas no debían quedarse simplemente en el estado de la presunción y para esto el fallador de instancia debió investigar más a fondo, razón por la cual solicitó que se revocara el fallo apelado puesto que no existe certeza absoluta de la comisión de las faltas. (fl. 15 cdno. 2ª instancia).

Consideraciones

1. Competencia.

Conforme a las atribuciones conferidas por los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política, 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia, y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, esta Colegiatura es competente para conocer de los recursos de apelación contra las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el país.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistradas de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en autos 278 del 9 de julio de 2015 y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistradas de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistradas de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente ésta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la calidad del investigado.

Se trata del doctor Jairo Antonio Henríquez Ferreira, quien se identifica con cédula de ciudadanía 8684849 y es portador de la tarjeta profesional No. 30757, según consta en el certificado 26971 expedido el 2 de mayo de 2012 por el Director del Registro Nacional de Abogados (fl. 5 cdno. 1ª instancia.)

3. Requisitos para sancionar.

Para proferir fallo sancionatorio se requiere la existencia de prueba que conduzca a la certeza de la tipicidad de la falta atribuida y de la responsabilidad de la disciplinable, exigencia consagrada en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

4. De la materialidad de la conducta.

El cargo por el cual se sancionó al jurista en el fallo apelado se encuentra contenido en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 cuyo contenido es el siguiente:

ART. 30.—Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:

4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión.

ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

8. “Proponer incidentes, interponer recursos, formular oposiciones o excepciones, manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones legales y, en general, el abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad.”

5. De la apelación.

Sea lo primero indicar que el recurso de apelación impetrado por el doctor Jairo Antonio Henríquez Ferreira, mediante escrito radicado el 6 de marzo de 2015 fue presentado oportunamente, pues la última notificación de la sentencia recurrida tuvo lugar por edicto, fijado el 13 de febrero de 2015 y desfijado el día 16 de febrero de 2015, tal como se verifica a folio 167 del cuaderno original de primera instancia, siendo procedente su estudio.

A continuación, esta corporación resolverá el recurso de alzada formulado por el litigante sancionado, circunscribiéndose el presente pronunciamiento a lo inescindiblemente vinculado al objeto de la apelación, atendiendo el mandato del parágrafo del artículo 171 del Código Disciplinario Único, al cual se llega por remisión del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.

Pues bien, tal y como se explicó en precedencia, la Sala de Primer Grado enrostró responsabilidad disciplinaria al abogado Jairo Antonio Henríquez Ferreira, al considerar que éste en virtud de la gestión encomendada por su cliente, incurrió en las faltas establecidas en los artículos 30 numeral 4 y 33 numeral 8 de la ley 1123 de 2007 a título de dolo.

Frente a dicha decisión el abogado sancionado, impetró recurso de apelación, el cual, será abordado así:

1. El disciplinado afirmó que en varias de las audiencias solicitó aplazamiento teniendo en cuenta que era un derecho del procesado, sobre el particular, debe señalar la Sala que dicha afirmación no contiene elementos de juicio suficientes para desvirtuar la materialización de las faltas endilgadas, pues si bien es cierto que bajo circunstancias excepcionales descritas explícitamente en la ley existe la posibilidad de aplazar audiencias con justa causa, en el presente caso se evidencia que dicho comportamiento por parte del abogado apelante no fue para proteger los derechos del procesado, más bien se evidencia que la finalidad del disciplinado era la de extender el proceso teniendo en cuenta que en una etapa anterior, en el mencionado proceso penal, el abogado había solicitado ante el Juzgado de conocimiento la libertad por vencimiento de términos de su defendido obteniendo la negativa por parte del fallador de instancia y sumado a esto, se evidencian las intenciones dilatorias del togado puesto que fue durante los 3 meses posteriores a la negativa de libertad de su detenido por vencimiento de términos que el actuar del abogado impidió que se realizara la Audiencia de Formulación de Acusación, configurándose entonces el abuso de las vías de derecho por parte del profesional dentro del proceso de autos, al dilatar el normal desarrollo de la acción penal en el asunto de autos.

2. Se refirió el apelante a la renuncia al poder enviado vía fax y la inasistencia a la audiencia del día 7 de diciembre de 2011, afirmando que renunció al mandato con la antelación suficiente y el motivo de su no comparecencia a la diligencia se debió a que su cliente no cumplió con la obligación de pagar los pasajes, razón por la cual en vez de entorpecer el curso normal del proceso, decidió renunciar al poder. Considera la Sala que la afirmación carece de sustento jurídico alguno, puesto que teniendo en cuenta el numeral 4 del artículo 76 del Código General del Proceso, “La renuncia no pone término al poder sino cinco (5) días después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la comunicación enviada al poderdante en tal sentido”.

En el caso concreto se evidencia que es clara la falta del abogado al no asistir a la Audiencia programada por el magistrado instructor a sabiendas que la renuncia presentada aún no había cobrado efectos legales, pues un profesional del derecho debe tener clara dicha norma, y no dejar al procesado sin representante en juicio y es aquí cuando se deben proteger los derechos procesales y de defensa del sindicado en el trámite penal en curso. Por otro lado, si bien afirmó el disciplinado en la justificación ante el Juzgado de conocimiento y en su escrito de apelación que no se le habían pagado los viáticos para el desplazamiento hasta la ciudad de Medellín, evidencia la Sala que él disciplinado no aportó copia del contrato de prestación de servicios o prueba sumaria alguna para demostrar sus afirmaciones, relacionadas con la obligación de su mandante a ello.

3. En cuanto a la audiencia programada para el día 8 de enero de 2012, diligencia a la cual no asistió el disciplinado, argumentó el togado que sí concurrió pero por causas ajenas a su voluntad como lo fue el retraso en el vuelo que lo transportaba desde Barranquilla hasta Medellín, su presencia solo fue posible 20 minutos después de que el Fallador de instancia de marras diera por concluida la audiencia además, manifestó el abogado en su escrito de apelación que le solicitó al Juez de conocimiento una certificación para comprobar su asistencia obteniendo como respuesta la negativa por parte del funcionario.

Encuentra la Sala que dichas afirmaciones no contienen elementos de juicio que permitan desvirtuar la materialización de las faltas endilgadas, en primer lugar refiriéndose a la tardía presentación por parte del disciplinado a la diligencia, es necesario tener en cuenta lo que reza en el Código General del Proceso en su artículo 107 numeral 1 inciso 3 en el cual se enuncia : “Las audiencias y diligencias se iniciarán en el primer minuto de la hora señalada para ellas, aun cuando ninguna de las partes o sus apoderados se hallen presentes.” En el caso concreto se evidencia que el fallador de instancia en el proceso penal tramitado en el Juzgado Segundo Penal del circuito Especializado de Antioquia de radicado 16000715201000209 actuó según las leyes procedimentales, pues observa esta corporación que ante los constantes aplazamientos y la inasistencia a la audiencia del día 8 de enero de 2012 el Juez instaló la audiencia y procedió al nombramiento de defensor de oficio para posteriormente dar por terminada la diligencia y compulsar copias con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia para que se investigara la conducta del togado.

En segundo lugar, se remite esta Colegiatura a lo contemplado en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal en el cual se enuncia que la ausencia en Audiencia deberá justificarse por caso fortuito o fuerza mayor, en el argumento expuesto por el disciplinado sobre el retraso en el vuelo en el que se desplazaba el abogado disciplinado con el fin de estar presente en la audiencia que se trata en este punto podría constituirse como un caso de fuerza mayor, pues no fue el disciplinado quien encaminó su voluntad para conseguir ese objetivo, por el contrario fue una circunstancia externa la que no le permitió llegar a tiempo, sin embargo observa la Sala que el togado no aportó prueba alguna que demostrara dicha afirmación ni ante el fallador de primera instancia, ni en el escrito de apelación, razón por la cual no es posible acoger dicho argumento como válido.

4. Sostuvo el apelante que la ley exige certeza al momento de endilgar faltas y una simple probabilidad como se enuncia en la providencia apelada no es suficiente para tener como ciertos los hechos que generaron la comisión de las faltas endilgadas, ante esta afirmación considera la Sala que si bien es cierto que en el fallo de primera instancia se enuncia la probable comisión de las faltas, en ningún momento logró el disciplinado controvertir las pruebas en su contra, pues la ausencia de justificaciones válidas frente a las inasistencias a audiencias y los constantes aplazamientos permitieron demostrar la mala fe con la que el abogado obró en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión, empleando vías de derecho de forma contraria a su finalidad, dicho lo anterior, los hechos mencionados anteriormente dan certeza acerca de la comisión de las faltas sin perjuicio de las expresiones empleadas en el fallo de primera instancia.

Para concluir encuentra la Sala con relación a la falta descrita en el artículo 30 numeral 4º que en lo pertinente, el encartado obró con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión, encuentra esta corporación que los elementos objetivos de la falta contenida la Ley 1123 de 2007 se verifican plenamente en el caso concreto, por cuanto, en primer lugar el encartado procedió de manera consciente y voluntaria a ejecutar acciones dirigidas a generar efectos diferentes a los esperados en el normal curso de un proceso penal, por lo cual se suspendieron las audiencias programadas una y otra vez por solicitud del disciplinado e incluso el haber renunciado al poder otorgado por su mandante para reasumirlo una semana después solamente para volver a faltar a la nueva diligencia programada, con lo cual evidencia esta Colegiatura que no se configuran los elementos descritos en la Ley que permiten identificar la aplicación el principio de presunción de buena fe.

Sobre el particular, se tiene que la mala fe es lo opuesto a la buena fe, principio constitucional consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, y el cual ha sido definido por la Corte Constitucional como: “(…) la probidad, transparencia, respeto, lealtad y solidaridad que en todo momento han de poner en práctica los asociados en el desempeño de sus deberes y derechos, que así exige a los particulares y a las autoridades públicas actuar correctamente, en el marco de unas relaciones de confianza mutua y para garantizar la convivencia pacífica…” (Sentencia T-358 de 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla), es decir, en una relación contractual con su prohijado y frente a las autoridades que en su momento dirimían el proceso penal tramitado en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia de radicado 16000715201000209, hay ausencia total de cualquiera de los elementos enunciados en el artículo anterior de la Carta Magna que permitan suponer que se evidencia buena fe por parte del disciplinado.

En este orden de ideas, y de conformidad con las pruebas allegadas al plenario, las conductas se encuadran perfectamente en la falta descrita en el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, desconocimiento la obligación de actuar con buena fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión.

En cuanto a la falta descrita en el artículo 33 numeral 8 de la Ley 1123 de 2007 encuentra esta Colegiatura que teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, el constante aplazamiento de las diligencias programadas y así como la ausencia de pruebas que demostraran que las justificaciones allegadas por parte del abogado disciplinado eran ciertas, son prueba suficiente de que la intención del investigado no era otra que la entorpecer y demorar el desarrollo del proceso, pues en ningún momento logró demostrar el apelante que su ausencia en las audiencias programadas tuvieran como causa los hechos que enunció en el escrito de apelación, simplemente decidió solicitar el aplazamiento de dichas audiencias por más de una vez con el único fin de extender el proceso para así lograr obtener algún beneficio procesal para su prohijado.

Es evidente que el retardo en el trámite procesal fue el único fin del abogado en dicho proceso, pues desde el inicio de la investigación, se entorpeció el óptimo desarrollo del proceso con actuaciones dilatorias de la defensa, quien solicitó en reiteradas ocasiones el aplazamiento de las audiencias programadas, renunció al poder otorgado por su cliente aduciendo diferentes causas sin justificar ninguna, reasumió el asunto y faltó a varias de las diligencias.

En lo relativo al concepto expedido por la Agente del Ministerio Público, no está de acuerdo la Sala con lo que propone dicha entidad, en tanto el disciplinado en ningún momento logró desvirtuar los cargos endilgados por el magistrado instructor, con lo cual el análisis elevado en esta procedencia resulta ajustado.

Por lo anterior, la Sala CONFIRMARA la sentencia apelada proferida 29 de enero de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual se sancionó con suspensión de cuatro (4) meses en el ejercicio de la profesión al abogado Jairo Antonio Henriquez Ferreira, como autor responsable de la falta prevista en el numeral 8 del artículo 33 y número 4 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007 a título de dolo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley.

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de enero de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses al abogado Jairo Antonio Henríquez Ferreira, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8684849 y portador de la Tarjeta Profesional No. 30757, como autor responsable de la falta prevista en el numeral 8 del artículo 33 y número 4 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007 a título de dolo.

2. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la Oficina encargada del Registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUÉLVASE la actuación al Consejo Seccional de origen para que en primer lugar, notifique a los intervinientes de la presente decisión, en los términos previstos en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, así mismo el magistrado Sustanciador tendrá facultades para comisionar cuando así lo requiera para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo orden, cumpla con lo dispuesto por la Sala y demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Ovidio Claros Polanco, presidente—Magda Victoria Acosta—Walteros Fidalgo—Javier Estupiñan Carvajal—Julia Emma Garzón de Gómez—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucia Olarte Ávila, secretaria judicial.