Sentencia 2012-00626 de mayo 18 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-22-03-000-2012-00626-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

Bogotá, D.C., dieciocho de mayo de dos mil doce.

Discutido y aprobado en Sala de la dieciséis de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El artículo 86 de la Constitución Política, garantiza a toda persona la inmediata protección de sus derechos fundamentales frente a su vulneración o amenaza por acción u omisión de las autoridades públicas y, en ciertas hipótesis, por los particulares, mediante el ejercicio de la acción de tutela, cuya finalidad protectora es de naturaleza excepcional, residual, subsidiaria y comporta la ausencia de otros mecanismos, el agotamiento de los disciplinados por el ordenamiento y su ejercicio en término coherente con el menoscabo.

De la misma forma, se ha señalado que, en línea de principio, esta acción no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisión por completo desviada del camino previamente señalado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado “vía de hecho”, situación frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados.

2. En el presente asunto la queja constitucional se enfila contra la sentencia de segunda instancia que revocó la del Juzgado Noveno Civil Municipal de Descongestión, que había declarado probada la excepción de mérito de “falta de legitimación cambiaria de la parte actora”, y por esa razón se abstuvo de pronunciarse frente a las demás excepciones, conforme el inciso 2º del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil.

2.1. El ad quem consideró que los ejecutantes actuaban como “sucesores en el patrimonio del acreedor inicialmente designado como beneficiario del título valor de marras”, lo que imponía que, las normas relativas a la sucesión debían regular el asunto sometido a su conocimiento. De allí que, si dentro de esa universalidad jurídica existían derechos de crédito como el contenido en la letra de cambio, entonces, los herederos que han aceptado la herencia están legitimados para ejercer las prerrogativas y acciones derivadas de tal asignación, como si se tratara del acreedor original y por ello no tienen ninguna restricción (fls. 16 y 17, cdno. 1).

A dicho respecto, en un asunto de similares contornos la Sala expresó que, “lo concerniente a la transferencia del instrumento en el que se documentó el derecho y la prestación dineraria propiamente dicha, es asunto que debe disciplinarse por las normas que rigen la sucesión por causa de muerte. Si el destinatario o titular de una orden incondicional de pago fallece sin haber transferido, por ningún medio, la letra de cambio respectiva, es claro que la circulación de ese título, como es obvio y natural, ya no podrá regirse por el estatuto mercantil, de modo que los derechos que del mismo provienen quedan en cabeza de los llamados a suceder al beneficiario y tenedor del instrumento, vale decir, el modo como corresponderá adquirir todas las prerrogativas radicadas en cabeza del causante, respecto de aquel, no podrá ser distinto al que prevé el Código Civil y su concreción o materialización se someterá a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil” (Sent. ago. 8/2008, Exp. 73001-22-13-000-2008-00208-01).

2.2. Ahora bien, en lo que atañe a la excepción de pago propuesta por los deudores, el juez no la halló probada porque no estuvo respaldada en el mismo título valor según el artículo 624 del Código de Comercio, que establece que “si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague” (fls. 19 y 29, cdno. 1).

No obstante, se refirió a la prueba testimonial enderezada a demostrar la ocurrencia del pago, juzgando que los testimonios no eran “elocuentes”, porque no fueron “certeros” al mencionar que ocurrió el pago, sólo uno de ellos aseguró presenciar el momento en que se efectuó, pese a lo cual, señala que “pudo tratarse de otro negocio y no (...) del instrumentado en la letra de cambio”, más aún cuando de los testimonios presentados se colige que el sacerdote Rodrigo Vesga Arenas también se dedicaba a prestar dinero (fls. 18 a 20, cdno. 1).

Del anterior contexto, se tiene que el juzgador además de relievar lo preceptuado en el artículo 624 del estatuto mercantil, examinó los medios de convicción aducidos para probar el pago de la acreencia, como fueron los testimonios recaudados a instancia de ambas partes (fls. 110 y 111, 136 a 142, 149 a 151 y 155, cdno. juzgado de primera instancia).

Luego, desde esa perspectiva, no se asoma un error preeminente en la decisión en comento, pues el alcance probatorio dispensado a la prueba testimonial, independientemente de que se comparta o no, no evidencia error susceptible de ser remediado en el marco de la acción de tutela. Esto es, el hecho de que la autoridad accionada haya optado por darle preponderancia demostrativa a una determinada prueba, no conlleva, per se, un desconocimiento de las garantías superiores, máxime cuando en materia de ponderación probatoria la jurisprudencia de la Sala ha sido consistente en señalar que “[e]n el trámite de la acción de tutela solo podría involucrarse el juez constitucional en aspectos probatorios cuando el juez de la causa no haya apreciado en absoluto las pruebas o las haya apreciado en burda contravía de lo que ellas acreditan, y no cuando les dispensa un mérito distinto del que las partes aspiran a que se les reconozca” (Sent. ene. 24/2008, Exp. 2007-02136-00).

2.3. En punto de la excepción de prescripción de la acción cambiaria, se tiene que el juez de la apelación dio por interrumpido el término extintivo en la fecha de presentación de la demanda, esto es, el 3 de abril de 2009, por cuanto consideró que el mandamiento de pago fue notificado a la parte demandante por anotación en estado de 20 del mismo mes y año y a los demandados el 26 de marzo de 2010 y el 21 de abril siguiente (fls. 86 y 87, cdno. juzgado primera instancia); por lo tanto, concluyó que, “a tan solo dos días del fenecimiento del término del año previsto en el artículo 90 adjetivo civil, término entonces que en modo alguno supera el año previsto” en el citado precepto “como límite para hacer la notificación al demandado que tenga la virtud de interrumpir el término prescriptivo por el hecho de la presentación de la demanda”.

Planteamiento que se muestra coherente con la realidad procesal y se acompasa con lo dispuesto en los artículos 632(1), 792(2) y 825(3) del Código de Comercio, en lo que respecta a la interrupción de la prescripción en tratándose de deudores cambiarios en un mismo grado.

En ese orden de ideas, se considera que la providencia censurada se encuentra soportada en una hermenéutica que no se opone a los dictados del ordenamiento jurídico, con independencia de que la Sala comparta o no las argumentaciones del operador judicial en el asunto sometido a su conocimiento.

3. Finalmente, en lo concerniente al reclamo de falta de “competencia funcional” del ad quem para resolver sobre las excepciones de pago (cobro de lo no debido) y prescripción, toda vez que éstas no fueron objeto de pronunciamiento en primera instancia como quiera que el a quo al encontrar probada la excepción de falta de legitimación de la acción cambiaria, no estimó necesario pronunciarse respecto de los demás medios exceptivos, cumple señalar que, por virtud de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 306 en concordancia con el literal a), del artículo 510, ambos del Código de Procedimiento Civil, correspondía al juez de la alzada asumir el estudio de los restantes.

4. Por lo anterior, se impone confirmar el fallo objeto de impugnación.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.

Por secretaría, remítase el expediente adjunto al juzgado de origen».

(1) Artículo 632, Código de Comercio. Cuando dos o más personas suscriban un título-valor, en un mismo grado, como giradores, otorgantes, aceptantes, endosantes, avalistas, se obligarán solidariamente. El pago del título por uno de los signatarios solidarios no confiere a quien paga, respecto de los demás coobligados, sino los derechos y acciones que competen al deudor solidario contra éstos sin perjuicio de las acciones cambiarias contra las otras partes.

(2) Artículo 792, ídem. Las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los deudores cambiarios no la interrumpen respecto de los otros, salvo el caso de los signatarios en un mismo grado.

(3) Artículo 825, ibídem. En los negocios mercantiles, cuando fueren varios los deudores se presumirán que se han obligado solidariamente.