Sentencia 2012-00635/2264-2014 de agosto 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A.

Consejero ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández

Rad.: 05001 2333 000 2012 00635 01 (2264-2014)

Actor: Yamile Sofía Montalvo

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Ley 1437-2011

Bogotá, D.C., veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete

Extractos: «VII. Consideraciones.

1. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala de Subsección A de esta Corporación establecer si la señora Yamile Sofía Montalvo satisface los presupuestos legales señalados para acceder a la sustitución de la pensión gracia en calidad de cónyuge supérstite del fallecido Óscar de Jesús Muñoz Castro.

En ese orden de ideas, para resolver el problema jurídico planteado, se analizará la normativa aplicable al caso objeto de estudio, esto es, Ley 71 de 1988 y se valorarán las pruebas allegadas oportunamente al expediente.

2. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.

2.1. Pensión gracia.

El 4 de diciembre de 1913, el Congreso de Colombia expidió la Ley 114 que creó una “pensión de jubilación vitalicia” para los maestros de escuelas oficiales que hubiesen prestado sus servicios en el magisterio por un tiempo no menor de veinte años, equivalente a la mitad del salario devengado en los dos últimos años de labor, o al promedio del sueldo recibido, si este fuese variable, siempre y cuando cumplieran con los siguientes requisitos, establecidos en su artículo 4º:

“1º. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.

2º. Que carece de medios de subsistencia en armonía con su posición social y costumbres.

3º. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente lo dispuesto en este inciso no obsta para que un maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación y por un Departamento.

4º. Que observa buena conducta.

5º. Que si es mujer está soltera o viuda.

6º. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento”.

Esta prestación fue extendida en el año 1928 a través de Ley 116, a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública. Cinco años después, mediante la Ley 37 de 1933, cobijó a los maestros que hubieran completado los servicios en establecimientos de enseñanza secundaria.

Posteriormente, se expidió la Ley 43 de 1975 “por la cual se nacionaliza la educación primaria que oficialmente vienen prestando los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones”.

Este cuerpo normativo terminó con el régimen anterior de responsabilidades compartidas en materia educativa entre la Nación y los departamentos y municipios al establecer que “La educación primaria y secundaria oficiales serán un servicio público a cargo de la Nación. En consecuencia, los gastos que ocasione y que hoy sufragan los Departamentos, intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente Ley”.

Así, con ocasión del proceso de nacionalización en comento y la posterior centralización en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente nacional y nacionalizado, se expidió la Ley 91 de 1989 a través de la que el Legislador no solo creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló la forma en que serían asumidas las cargas prestacionales del personal docente luego de la nacionalización, sino que además buscó amparar la expectativa que en cuanto a pensión gracia ostentaban todos aquellos docentes que siendo territoriales (es decir, sujetos de su otorgamiento conforme a la finalidad con la que se previó inicialmente dicha prestación gratuita), quedaron inmersos dentro de la mencionada nacionalización a 31 de diciembre de 1980, fecha en la que culminó el aludido proceso, y se consagró un régimen de transición para éstos que les permitiera mantener dicho beneficio hasta la consolidación de su derecho protegiendo dicha expectativa frente al coyuntural cambio que implicaba la extinción del derecho a la pensión gracia, y se precisó además, que para los demás docentes, es decir los vinculados con posterioridad a tal fecha, tan sólo se reconocería la pensión ordinaria de jubilación.

Ahora, en cuanto a la correcta interpretación del contenido de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena Contenciosa de lo Contencioso Administrativo en Sentencia de 27 de agosto de 1997 definió su ámbito de aplicación frente al extinto derecho a la pensión gracia y los docentes que gozaban de una expectativa válida referente a la misma con ocasión del mencionado proceso de nacionalización, en virtud del cual en principio la perderían, por lo que precisó con toda claridad el alcance del régimen de transición que ésta contenía, en el sentido de:

“3. El artículo 15 # 2, literal A, de la Ley 91 de 1989 establece:

“Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 81 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”.

“4. La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “... otra pensión o recompensa de carácter nacional”.

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el de colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculados después de la fecha a que se acaba de hace referencia, no existe posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (art. 15, Lit. B, Num. 2, ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de estar vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a lene derecho a la pensión de gracia...siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la Ley”.

Lo anterior permite concretar: i) la inexistencia de derecho alguno a la pensión gracia para los docentes nacionales, como quiera que no fueron sujetos de su creación o previsión legal; ii) la vigencia del derecho a la pensión gracia para aquellos docentes territoriales o nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, siempre y cuando reúnan la totalidad de requisitos consagrados en la ley para tal efecto; iii) la extinción de dicho beneficio para los docentes territoriales o nacionalizados vinculados por primera vez a partir del 31 de diciembre de 1980; como también, iv) la excepción en cuanto a la pensión gracia que permite la compatibilidad en el pago de dos pensiones de carácter nacional —pensión gracia y pensión ordinaria de jubilación— en virtud de la Ley 91 de 1989, que es limitada a aquellos docentes departamentales y municipales que a la fecha señalada en tal disposición, quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización iniciado con la Ley 43 de 1975, quienes deberán reunir en todo caso los demás requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913 para hacer efectivo dicho beneficio.

Ahora, a fin de determinar en cada caso la clase de vinculación que ostenta el personal docente que aspira a acceder a la pensión gracia, la Ley 91 de 1989, en su artículo 1º, definió quiénes son docentes nacionales, y quiénes ostentan vinculación nacionalizada y territorial, así:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, particularmente en el artículo 10º.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

2.2. Sustitución de la pensión gracia.

La sustitución pensional es una institución legal creada para brindar protección a los familiares de la persona fallecida con el fin de mantener las condiciones económicas y garantizar al núcleo familiar la estabilidad necesaria para continuar viviendo en circunstancias dignas.

En otros términos, su objetivo es mantener la seguridad económica de los beneficiarios del pensionado fallecido(5).

Ahora bien, tratándose de la pensión gracia, si bien la normativa especial que la regula, no contempla la sustitución de la misma a favor de los beneficiarios, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en aceptarla pues no existe una prohibición expresa para su aplicación y tampoco una causal de extinción del derecho, mucho menos está contemplado su cese o pérdida con ocasión del fallecimiento del pensionado o docente con derecho(6).

Así lo consideró la Subsección B de esta Sección en Sentencia del 17 de mayo de 2007, Rad. (1922-2006), cuando reconoció la sustitución de la pensión gracia pretendida por la parte demandante:

“(...)

La Pensión Gracia Post. Mortem.

La finalidad de la sustitución pensional, es precisamente garantizarle a los beneficiarios del pensionado la posibilidad de su congrua subsistencia, en otras palabras, que la esposa o esposo, o compañero permanente, y los hijos menores de edad o que continúen sus estudios hasta los 25 años, tengan la seguridad, al menos económica, que recibían del pensionado fallecido quien aportaba al sostenimiento del hogar.

(…)(7)

Posición que fue reiterada por la Subsección A de la Sección Segunda, mediante providencia de fecha 28 de enero de 2010, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Rad. 0500 -23-31-000-2004-05315-01(1026-07), en los siguientes términos:

“(…)

Corolario de lo expuesto, si bien la normatividad relativa a la pensión gracia de jubilación no contempla en caso de fallecimiento del docente la sustitución pensional en cabeza de sus posibles beneficiarios, como se observa, esta jurisdicción en diversos pronunciamientos ha hecho referencia a lo aquí planteado, haciendo procedente la sustitución de la pensión gracia de jubilación.

(...)

Dentro del anterior contexto, habrá de revocarse la providencia apelada y, en su lugar, se accederá a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenando el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación post-mortem a favor del señor Orlando Alberto Gutiérrez Zapata (q.e.p.d.) a partir del 20 de octubre de 1999, fecha en que ocurrió su deceso y se ordenará la sustitución a favor de los demandantes, de acuerdo con las previsiones de ley. La liquidación de ésta prestación se realizará tomando en cuenta el promedio de los últimos factores salariales percibidos por el señor Gutiérrez Zapata antes de ocurrido su fallecimiento.

(...)”

Y en providencia de 4 de marzo de 2010, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicado 08001-23-31-000-2006-00004-01 (0824-09), cuando señaló:

“(...) que la pensión gracia, tal como lo ha entendido la Jurisprudencia y la Doctrina, es una pensión especial de origen legal cuya gratuidad, es decir, la ausencia de aportes o cotizaciones para tal efecto, no impide su consolidación como derecho adquirido con justo título y por ende su aptitud para ser sustituida en caso de muerte del beneficiario, pues una vez configurados los elementos que permiten el otorgamiento de la pensión gracia, se entiende que el derecho ingresa al patrimonio del docente tornándose potencialmente sustituible dada su naturaleza pensional y la categoría de derecho adquirido que obtiene una vez consolidado.

Debe aclararse además que dentro de nuestro ordenamiento legal el régimen de sustitución pensional se consagró como un mecanismo de seguridad social orientado a proteger el núcleo familiar inmediato del empleado que muere siendo titular de una pensión, de manera que éstos gocen del mismo grado de seguridad social y económica con que contarían en vida del fallecido, lo que independiza la viabilidad del derecho a la sustitución pensional de la existencia de aportes para conformar el derecho pensional primigenio.

Ahora, si bien la normatividad especial que regula la pensión gracia no contempló específicamente la sustitución de la misma a favor de los beneficiarios del docente luego de su deceso, lo cierto es que tampoco la prohibió, ni señaló —para quienes lograron obtenerla o gozan de una expectativa válida frente a la misma por virtud del régimen de transición de la Ley 91 de 1989— causal alguna de extinción del derecho, mucho menos su cese o pérdida con ocasión del fallecimiento del pensionado o docente con derecho. (...)”(8)

En relación con lo anterior y teniendo en cuenta que la pensión gracia constituye un derecho sustituible(9), para tal efecto la gobiernan y resultan aplicables las disposiciones generales que regulan la materia, que por exclusión expresa del artículo 279 de la Ley 100 de 1993(10) frente a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio(11) y de acuerdo a la fecha de fallecimiento del causante el 25 de enero de 2011, corresponden a las contenidas y habilitadas en la Ley 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1160 de 1989. De tal manera, la Sala revocará la sentencia de primera instancia de conformidad con lo siguiente:

La citada Ley 71 de 1988 recogió los derechos mínimos en materia de sustituciones pensionales en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las Entidades de Previsión Social del Sector Público en todos sus niveles. De igual manera, en su artículo 3º extendió las previsiones sobre sustitución pensional de las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, en forma vitalicia al cónyuge supérstite, al compañero o compañera permanente, a los hijos menores o inválidos y a los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado fallecido(12).

La pensión gracia es un derecho sustituible y sus beneficiarios están dispuestos en la ley vigente y aplicable, que para este caso en particular es la Ley 71 de 1988, pues el docente beneficiario se encontraba en el régimen de excepción del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En lo que atañe, a la comprobación de la convivencia al momento del fallecimiento del cónyuge, esta Corporación ha resaltado la posición de la Corte Suprema de Justicia que expuso lo siguiente:

“Es cierto, como se afirma en el cargo, que al precisar el concepto de convivencia o de vida marital, para efectos de determinar el derecho a la pensión de sobrevivientes del cónyuge o compañera o compañero permanente del afiliado o del pensionado fallecido, esta Sala de la Corte ha proclamado que esa convivencia no desaparece cuando los esposos o compañeros permanentes no pueden vivir bajo el mismo techo por circunstancias particulares originadas en el trabajo, la salud, la fuerza mayor; etc., que no impidan ni signifiquen la pérdida de la comunidad de vida ni la vocación de la vida en común, pues lo que interesa para que esa convivencia exista es que en realidad se mantengan, el afecto, el auxilio mutuo, el apoyo económico, y el acompañamiento espiritual, característicos de la vida en pareja(13)”.

3. Caso concreto.

Bajo las anteriores precisiones normativas, se procede a examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin de verificar si a la señora Yamile Sofía Montalvo le asiste el derecho al reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia, por cumplir con los requisitos legales, concretamente frente a la calidad de cónyuge supérstite, sin necesidad de entrar a demostrar la convivencia efectiva hasta el deceso del señor Óscar de Jesús Muñoz Castro como quiera que el régimen aplicable es la Ley 71 de 1988, la cual no exige que se demuestre dicha convivencia.

En ese sentido, obran en el expediente, las siguientes pruebas:

—A folios 49 a 51 obra Resolución 01021 de 2001, por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación, proferida por la Caja Nacional de Previsión, y en la que se indicó lo siguiente:

“Se indicó que el peticionario prestó sus servicios de docente en el Departamento de Antioquia desde el 25 de mayo de 1970 hasta el 30 de junio de 2000. Que nació el 5 de septiembre de 1949 y que adquirió el estatus jurídico el 5 de septiembre de 1999. Y las disposiciones aplicables Ley 114/1913; Leyes 33 y 62 de 1985”.

—De los actos administrativos demandados y de los hechos de la demanda se advierte que el señor Óscar de Jesús Muñoz Castro y la señora Yamile Sofía Montalvo contrajeron matrimonio el 3 de agosto de 2007(14).

—A folio 11 se observa solicitud de vinculación pensiones voluntaria(15), en donde se indica como única beneficiaria a la señora Yamile Montalvo.

—A folios 24 a 27 se observa contrato de compraventa de bien inmueble suscrito por la actora y el señor Muñoz, como promitentes compradores y otra promitente vendedora de fecha 11 de diciembre de 2006(16).

—A folios 49 a 51 se encuentra Resolución 010121 del 30 de abril de 2001, por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación, (pensión gracia) al señor Óscar Muñoz Castro proferida por la Caja Nacional de Previsión(17).

—A folios 52 a 55 obra Resolución 38933 proferida por la Caja Nacional de Previsión Social, se ordenó la reliquidación de la pensión gracia.

—A folios 36 y 37 se encuentran 4 fotografías alusivas a la convivencia de la actora con el causante.

—A folio 23 obra acta de recepción de declaraciones extra juicio con fecha 18 de agosto de 2006, en la que se indica que comparecieron ante la Notaria Segunda del Circulo de ltagüí, los señores Yamile Sofía Montalvo y Óscar de Jesús Muñoz Castro, declarando que conviven en unión libre desde el 5 de septiembre de 2003, y no tienen hijos en común.

—Se observa que en el CD de audiencia de pruebas se encuentran los testimonios de las señoras Viviana Gallego Arango, Merlín Rodriguez Córdoba y Flavia Patricia Molina Marín, celebradas el 26 de septiembre de 2013.

—Testimonio de la señora Viviana Gallego Arango; declara que conoció a la demandante en el año de 1993 y para el año 1998 conoció al señor Óscar Muñoz Castro, y para la fecha, en que conoce al causante, éste ya tenía una relación con la señora Yamile Montalvo(18). Asegura que la señora Yamile como su cónyuge estuvo en toda la enfermedad del señor Muñoz.

—Testimonio de la señora: Merlín Rodríguez Córdoba: manifiesta conocer a la actora y al señor Óscar Muñoz Castro, como quiera que eran sus vecinos, cuando vivían en el parque de Cataluña desde hace 6 años(19), y los conoció como pareja desde que la testigo se mudó a ese lugar y se volvieron amigas(20).

—Testimonio de la señora: Flavia Patricia Molina Marín: declara que no conoció al señor Muñoz Castro sino a la demandante hace tres años y desde que llegó a la urbanización.

A la luz de los anteriores elementos de prueba y poniendo de presente que la Ley 71 de 1988 recogió los derechos mínimos en materia de sustituciones pensionales en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las Entidades de Previsión Social del Sector Público en todos sus niveles y en su artículo 3º extendió las previsiones sobre sustitución pensiona! de las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, en forma vitalicia al cónyuge supérstite, al compañero o compañera permanente, a los hijos menores o inválidos y a los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado fallecido, se advierte que la demandante tiene derecho a que se le reconozca la sustitución pensional.

En orden a lo anterior, la Sala observa que la señora Yamile Sofía Montalvo cumple con los requisitos previstos en el artículo 3º de la Ley 71 de 1988 para acceder al derecho en su condición de beneficiaria de la pensión gracia, razón por la cual las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar y así el proveído recurrido amerita ser revocado, pues en efecto, no era necesario demostrar o exigir una convivencia igual o superior a los 5 años para el reconocimiento de la sustitución de pensión gracia, como lo establece la Ley 100 de 1993, pues se itera que el causante se encontraba cobijado bajo el régimen mencionado y no el contemplado en esta, como lo estableció el a quo.

Por lo expuesto la Sala procederá a revocar la sentencia de primera instancia, proferida el 24 de febrero de 2014 por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, ordenará el reconocimiento del derecho y la sustitución pensional de la pensión gracia a favor de la demandante como cónyuge supérstite con retroactividad a la fecha en que falleció el causante, esto es, 25 de enero de 2011.

Las sumas reconocidas serán reajustadas conforme la siguiente fórmula:

FORMULAS-00635-A
 

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la actora a título de mesada pensional, por el guarismo que resulta al dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial, vigente para la fecha en que debió hacerse el pago.

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de causación de cada uno de ellos.

De la condena en costas.

De conformidad con lo señalado en recientes providencias de esta Subsección(21) en el presente se impondrá condena en costas en ambas instancias a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, toda vez que resulta vencido en el proceso de la referencia, conforme el ordinal 4º del artículo 365 del Código General del Proceso que señala “(...) Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias (...)”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la Sentencia proferida el 24 de febrero de 2014 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las pretensiones de la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por la señora Yamile Sofía Montalvo contra la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

2. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 31832 del 8 de febrero de 2012 y 43515 del 23 de abril de 2012 expedidas por la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal, que negó el reconocimiento de la pensión gracia a la señora Yamile Sofía Montalvo.

3. ORDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP reconocer y pagar la pensión gracia la señora Yamile Montalvo.

4. ORDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP a actualizar las sumas que resulten a favor de la demandante, con base en la fórmula indicada en la parte considerativa de esta providencia.

5. La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

6. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandada y a favor de la parte demandante, las cuales se liquidarán por el a quo.

7. Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI” y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

5. La Subsección “B” de esta Sección, en Sentencia de 5 de febrero de 2009; radicación número: 08001-23-31-000-1998-0158-01(3084-01); C.P.: Bertha Lucia Ramírez de Páez, lo manifestó en los siguientes términos: “[...]
La finalidad de la sustitución pensional, es precisamente garantizarle a los beneficiarios del pensionado la posibilidad de su congrua subsistencia, en otras palabras, que la esposa o esposo, o compañero permanente, y los hijos menores de edad o que continúen sus estudios hasta los 25 años, tengan la seguridad, al menos económica, que recibían del pensionado fallecido quien aportaba al sostenimiento del hogar.
(...)”

6. Ver las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, Sentencia de 5 de febrero de 2009; radicación número: 08001-23-31-000-1998-0158-01 (3084-01), C.P.: Bertha Lucia Ramírez de Páez; Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección “A”, Sentencia del 4 de marzo de 2010, Radicado 08001-23-31-000-2006-00004-01 (0824-09), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección “A”, No. Interno. 1259-2009, C.P. Gustavo Gómez Aranguren.

7. Sentencia del 17 de mayo de 2007. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Actor: Gloria Stella Scott de Serrano. Rad. 1999-02169-01 (1922-06).

8. Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección “A”, Sentencia del 4 de marzo de 2010. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicado 08001-23-31-000-2006-00004-01(0824-09).

9. Ibídem.

10. “ART. 279.—Excepciones. li Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. (...)10.

11. El señor Óscar de Jesús Castro Muñoz pertenece al régimen de excepción del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de conformidad con la resolución Visible en folio 12 del expediente.

12. “ART. 3º—Extiéndase las previsiones sobre sustitución pensional de la Ley 33 de 1973, de la Ley 12 de 1975, de la Ley 44 de 1980 y de la Ley 113 de 1985 en forma vitalicia, al cónyuge supérstite compañero o compañera permanente, a los hijos menores o inválidos, a los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado, en las condiciones que a continuación se establecen:
1. El cónyuge sobreviviente o compañero o compañera permanente, tendrán derecho a recibir en concurrencia con los hijos menores o inválidos por mitades la sustitución de la respectiva pensión con derecho a acrecer cuando uno de los dos órdenes tengan extinguido su derecho. De igual manera respecto de los hijos entre sí.
2. Si no hubiere cónyuge o compañero o compañera permanente, la sustitución de la pensión corresponderá íntegramente a los hijos menores o inválidos por partes iguales.
3. Si no hubiere cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, ni hijos menores o inválidos, la sustitución de la pensión corresponderá a los padres.
4. Si no hubiere cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente, ni hijos menores o inválidos, ni padres, la sustitución de la pensión corresponderá a los hermanos inválidos que dependan económicamente del causante”.

13. Citado por el Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección “B”, en la Sentencia del 30 de agosto de 2012. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Radicado 05001-23-31-000-2001- 01414-01 (0708-12).

14. El matrimonio civil, se llevó a cabo en la Notaría octava de Medellín, quedando registrado bajo el indicativo serial 4999788 (…)

15. El 28 de junio de 2005, se solicitó por cuenta del señor Oscar Muñoz Castro la vinculación a pensiones voluntarias de la señora Yamile Montalvo. Folio 15.

16. Folio 21.

17. En los considerandos de la resolución se indicó lo siguiente: el señor Muñoz Castro Oscar de Jesús. Laboró un total de 10836 días, 1548 semanas, que nació el 5 de septiembre de 1949 y cuenta con más de 51 años edad, que el último cargo desempeñado por el peticionario fue el de Docente en el Departamento de Antioquia, que adquirió el status jurídico el 5 de septiembre de 1999. (...). Disposiciones aplicables, Ley 114/13 leyes 33 y 62 de 1985.

18. Minutos 9 a 10 de la grabación contenida en el CD, obrante a folio 117 de este cuaderno.

19. Fecha del 26 de septiembre de 2013.

20. Minutos 23 a 25 de la grabación contenida en el CD obrante a folio 117 de este cuaderno.

21. Al respecto ver Sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas por la Subsección “A” de la Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.