SENTENCIA 2012-00637/1705-2014 DE ABRIL 20 DE 2017

 

Sentencia 2012-00637/1705-2014 de abril 20 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Exp. 05-001-23-33-000-2012-00637-01

Nº Interno: 1705-2014

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Luz Helena Naranjo Henao

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Bogotá D.C., veinte de abril de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(7), el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

Problemas jurídicos

Los problemas jurídicos a resolver en esta instancia se resumen en las siguientes preguntas:

1. ¿La demandante tiene derecho a la reliquidación de su pensión gracia con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus pensional, previstos en las leyes 33 y 62 de 1985?

2. ¿El disfrute y pago de la pensión gracia reconocida a favor de la demandante se encuentra condicionado al retiro del servicio por su vinculación posterior como docente del orden nacional y, en esa medida existe incompatibilidad con el salario percibido por su labor docente?

3. ¿Se configuró la prescripción trienal de las mesadas pensionales causadas, conforme a los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969?

Primer problema jurídico

¿La demandante tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación gracia con la inclusión de los factores salariales devengados en el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus pensional, previstos en las leyes 33 y 62 de 1985?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: Para la liquidación de la pensión gracia de la demandante se deben tener en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año anterior a la adquisición del estatus pensional con base en Ley 4ª de 1966 y en su Decreto Reglamentario 1743 del mismo año, como pasa a explicarse.

La pensión de jubilación gracia

1. La pensión gracia es una prestación especial que se otorgó en virtud de la Ley 114 de 1913, a los maestros de escuelas primarias oficiales que cumplan los requisitos previstos en el artículo 4º por servicios prestados a los departamentos y a los municipios; a su vez las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, previo cumplimiento de los requisitos prescritos en la Ley 114 de 1913, extendieron esta prerrogativa a otros empleos docentes e hicieron posible computar para este efecto los años laborados en la enseñanza secundaria y normalista(8).

2. En efecto, la pensión gracia no se rige por las leyes 33 y 62 de 1985, sencillamente porque no es una pensión ordinaria sino especial y fue excluida de esta reglamentación por determinación específica del legislador al tenor de lo dispuesto en el artículo 1º, inciso 2º de la Ley 33 de 1985(9).

“[…] No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por Ley disfruten de un régimen especial de pensiones […]”.

Lógico es deducir, que las pensiones de un régimen especial como la que nos ocupa, no podrían ser liquidadas al abrigo del ordenamiento invocado, pues el mismo legislador las excluyó de su ámbito de aplicación al consagrar expresamente tal excepción, como se infiere del aparte transcrito. Así, tampoco puede atenderse a lo previsto en la Ley 62 de 1985 pues esta tan solo modificó el artículo 3º de la citada Ley 33, por lo que se mantuvo incólume lo dispuesto en su artículo 1º en cuanto al régimen de excepción en su aplicación.

Ahora, si se tiene en cuenta que la pensión gracia, no obstante estar a cargo del Tesoro Nacional se causa sin que se requieran aportes a esta, mal podría liquidarse con base en el valor de los aportes realizados durante el último año de servicios, en tanto estos resultan inexistentes frente a dicha prestación.

En este sentido, el aspecto neurálgico que ha generado mayor controversia entre los beneficiarios de la pensión gracia, corresponde precisamente a la forma como se debe liquidar dicha prestación, por parte de la entidad demandada, toda vez que ha adoptado para tal efecto las normas anteriormente mencionadas (Leyes 33 y 62 de 1985) sin consultar su adecuada aplicación, procedimiento con el cual quedan excluidos de la liquidación de esta prestación especial, una serie de factores salariales que sin duda alguna afectan los intereses económicos y patrimoniales de los pensionados, quienes en forma injusta ven menguada su prestación, debido a una errónea interpretación y aplicación de la ley.

3. Las pensiones especiales se regulan por las normas aplicables a ellas y en el caso de la pensión gracia, la Ley 114 de 1913, en el artículo 2º, señaló que se liquida con la mitad del sueldo que hubiere devengado el docente durante los dos últimos años de servicios y en caso de que hubiese variado, se tenía en cuenta su promedio.

Este monto y promedio se considera modificado por la Ley 4ª de 1966, que fijó en el artículo 4º(10), en cuanto el mismo no excluyó ninguna pensión de las recibidas por los servidores oficiales; ley que fue reglamentada por el Decreto 1743 de 1966, el cual en el artículo 5º señaló:

“[…] A partir del veintitrés (23) de abril de 1960 inclusive, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, serán liquidadas y pagadas tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicios, previa la demostración de su retiro definitivo del servicio público. […]”.

De acuerdo con lo anterior, tal como lo ha señalado esta Corporación(11) es claro que las pensiones de régimen especial, como la gracia, no pueden ser liquidadas al tenor del ordenamiento invocado por la apelante, pues el mismo legislador la excluyó al consagrar una excepción. Tampoco puede atenderse lo previsto en la Ley 62 de 1985, pues esta solo modificó el artículo 3º y mantuvo incólume el artículo 1º, referente al régimen de excepción en su aplicación.

Por consiguiente, se debe observar la Ley 4ª de 1966 y su Decreto Reglamentario 1743 del mismo año. Corolario, se debe tomar como base el promedio mensual de los salarios obtenidos en el último año de servicios.

Precisa la Sala que a diferencia de las pensiones ordinarias, ese último año de servicios se refiere al año anterior a la adquisición o consolidación del derecho, pues ese es el momento a partir del cual empieza a devengarse, por su carácter especial, el cual admite su compatibilidad con el salario tratándose de docentes. En consecuencia, para gozar y percibir la pensión gracia, no es necesario el retiro definitivo del servicio.

En ese orden, es razonable la improcedencia de la reliquidación con base en los factores salariales devengados en el año anterior al retiro, pues el derecho a la pensión gracia se perfecciona con el cumplimiento de todos los requisitos que señaló el legislador y constituye un derecho invariable, salvo los ajustes anuales de ley, por lo que se impone liquidarla con todos los factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación del derecho pensional, y no es posible reliquidarla por nuevos tiempos de servicios prestados o factores devengados.

En el presente caso, se observa lo siguiente:

— A folios 154 vuelto a 157 del expediente obra la Resolución 27987 de 15 de septiembre de 2005 expedida por Cajanal (hoy sucedida por la UGPP) por medio de la cual se negó el reconocimiento de la pensión gracia de la demandante, con base en los siguientes argumentos:

“[…] Que de los documentos aportados en la solicitud se establece que la peticionaria labora en centros educativos del Departamento de Antioquia desde el 28 de enero de 1994 hasta la fecha dependiente del Ministerio de Educación Nacional.

Que de conformidad con el inciso primero del artículo primero de la Ley 91 de 1989, mediante la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el cual señala: Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal Nacional: Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional

Que de acuerdo con las normas antes trascritas se advierte que para el reconocimiento de la pensión gracia consagrada en la Ley 114 de 1913, no es admisible completar o computar tiempo de servicios prestados en la educación cuyo nombramiento provenga del Ministerio de Educación por ser estos incompatibles con los prestados en un departamento, municipio o distrito, razón por la cual los tiempos laborados en los centros educativos del Departamento de Antioquia desde el 28 de enero de 1994 hasta la fecha en su carácter de docente del orden nacional se deben desestimar […]”.

— Mediante la Resolución 7932 de 22 de noviembre de 2005 (folios 171 a 173) expedida por Cajanal, se reconoció la pensión gracia de la demandante a partir del 6 de julio de 2001, fecha en la que adquirió el estatus de pensionada por edad, “[…] pero: condicionada a retiro del servicio en calidad de docente nacional […]”.

Respecto a los factores que constituyen salario para la liquidación de la pensión gracia, señaló:

“[…] De otro lado analizadas las disposiciones legales que regulan la pensión gracia ninguna de ellas menciona los factores que constituyen salario para la liquidación de pensión de docentes, razón por la cual la Caja Nacional de Previsión Social por principios de hermenéutica jurídica, acude al régimen común de los empleados oficiales, esto es, al Decreto 1045/78 para quienes adquirieron su estatus a 28 de enero de 1985 y las leyes 33 y 62 de 1985 para quienes lo adquirieron a partir del 29 de enero de 1985 […]”.

Con base en lo anterior, procedió a liquidar la pensión de jubilación gracia de la demandante por el período comprendido entre el 1º de septiembre de 2002 al 30 de agosto de 2003. Como factor de liquidación incluyó únicamente la asignación básica (folio 173 vuelto).

De lo anterior se colige que la pensión de jubilación gracia de la señora Luz Helena Naranjo Henao debe ser reliquidada con base en la la Ley 4ª de 1966 y en su Decreto Reglamentario 1743 del mismo año, es decir, en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de los salarios obtenidos en el último año de servicios anterior a la adquisición de su estatus pensional y, no solo con la inclusión de la asignación básica como erradamente lo realizó la entidad demandada.

En conclusión: La señora Luz Helena Naranjo Henao tiene derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación gracia con el 75% del promedio mensual de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus pensional con base en la Ley 4ª de 1966 y en su Decreto Reglamentario 1743 del mismo año.

Segundo problema jurídico

¿El disfrute y pago de la pensión gracia reconocida a favor de la demandante se encuentra condicionado al retiro del servicio por su vinculación posterior como docente del orden nacional y, en esa medida existe incompatibilidad con el salario percibido por su labor docente?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: La pensión gracia de la demandante no se encuentra condicionada al retiro definitivo del servicio, porque no es incompatible con el salario, con base en los siguientes argumentos.

Compatibilidad en el reconocimiento pensional de los docentes con el salario

En relación con las pensiones de los docentes el ordinal 2º literal a) del artículo 14 de la Ley 91 de 1989, indicó:

“[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 81 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación […]” (Subraya la Sala).

Por su parte, el artículo 6º de la Ley 60 de 1993, señaló:

“[…] El régimen prestacional y aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial […]” (Subraya la Sala).

En cuanto a la compatibilidad de la pensión y salario de los docentes, el artículo 5º del Decreto 224 de 1972, enunció:

“[…] El Ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir 65 años de edad […]”.

Por su parte, el artículo 128 de la Constitución Política señala: “[…] Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en la que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas […]”.

Finalmente, el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, exceptúo de esta prohibición a los docentes, en los siguientes términos: “[…] Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados […]”.

De lo anterior se colige, que los docentes pueden presentar las siguientes situaciones laborales, que resultan compatibles:

i) adquirir el estatus pensional de la pensión gracia;

ii) obtener el reconocimiento y disfrute la pensión gracia;

iii) seguir prestando sus servicios como docente,

iv) adquirir el estatus pensional de jubilación,

v) obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y;

vi) a la vez seguir ejerciendo la actividad o retirarse del servicio.

Lo anterior tiene como fundamento, que en el caso especialísimo de los docentes no existe incompatibilidad entre la pensión ordinaria de jubilación y el salario, así como tampoco entre la pensión gracia, el salario y la pensión de jubilación. Por lo tanto, no es de recibo el argumento del recurso de apelación, según el cual existe incompatibilidad entre el pago de la pensión gracia y, otra asignación del tesoro nacional.

Sumado a ello, el derecho a la pensión gracia se obtiene con el cumplimiento de la totalidad de requisitos previstos en la ley, sin otro condicionamiento. Tanto es así, que la propia entidad demandada los encontró acreditados, entre ellos, el tiempo de servicios como docente del orden territorial y, por ello reconoció la pensión gracia a la demandante mediante la Resolución 7932 de 22 de noviembre de 2005.

En conclusión: En el presente caso el pago y disfrute efectivo de la pensión de gracia reconocida a favor de la demandante no se encuentra condicionado al retiro del servicio, porque según el literal g) del artículo 19 de la Ley 4 de 1992 para los docentes no existe incompatibilidad entre la pensión gracia y, el salario devengado en el ejercicio de la profesión docente.

Tercer problema jurídico

¿Se configuró la prescripción trienal de las mesadas pensionales causadas conforme a los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: Se encuentran prescritas las mesadas pensionales anteriores al 9 de noviembre de 2009, según los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, con base en los argumentos que se exponen a continuación.

Se aclara que la excepción de prescripción se analiza en esta instancia, toda vez que el a quo se limitó a indicar en la sentencia de primera instancia sobre la prescripción lo siguiente (f. 329 vto. y f. 330 vto.):

“[…]

La prescripción.

En la reliquidación, la demandada tendrá en cuenta la prescripción trienal, si ella hubiere operado […]”.

“[…]

CUARTO: SE RECONOCERÁN las mesadas atrasadas y no prescritas debidamente indexadas […]”

Lo anterior, sumado a que en el recurso de apelación, la entidad demandada solicitó que: “[…] en caso de prosperar las pretensiones de la demanda, solicita se aplique la prescripción trienal de las mesadas pensionales causadas. […]”

Ahora bien, la prescripción de las mesadas pensionales se rige conforme a los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969 que señalan:

“[…] 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual. […]”.

Al aplicar la norma trascrita, se deduce que de conformidad con el material probatorio obrante en el plenario operó la prescripción de las mesadas pensionales anteriores al 9 de noviembre de 2009, por las siguientes razones:

Se tiene que una vez causado el derecho se cuenta con un lapso de 3 años para reclamarlo ante la administración y, posteriormente en sede judicial. Sin embargo, el hecho de solicitarlo ante la administración, interrumpe la prescripción pero solo por un lapso igual.

En el presente caso, se observa:

• La demandante presentó la reclamación en sede administrativa el 25 de noviembre de 2006(folios 34 y 35).

• Por lo tanto, la señora Naranjo Henao tenía hasta el 5 de noviembre de 2009 para presentar la demanda.

• A pesar de que reiteró la petición anterior mediante escritos de 5 de agosto de 2009 (folios 38 a 40) y 23 de agosto de 2010 (folio 42), esta circunstancia no revive un nuevo término de prescripción.

• La demanda se presentó el 9 de noviembre de 2012 (folio 68) razón.

• Por lo anterior, transcurrieron más de 3 años entre la solicitud y la presentación de la demanda.

En consecuencia la prescripción opera en relación con las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 9 de noviembre de 2009.

En conclusión

En el presente caso conforme a los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969 las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 9 de noviembre de 2009 se encuentran prescritas.

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden la Subsección, modificará el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia y, ordenará el pago de la pensión de jubilación gracia de la demandante a partir del 9 de noviembre de 2009 por efectos de la prescripción trienal de las mesadas causadas con anterioridad a dicha fecha.

Se confirmará en lo demás la sentencia de primera instancia.

De la condena en costas

Esta Subsección en recientes providencias(12) tuvo la oportunidad de sentar posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se señaló como conclusión, lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio “subjetivo” —CCA— a uno “objetivo valorativo” —CPACA—.

b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP(13), previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

El a quo en la sentencia de primera instancia condenó en costas a la parte demandada quien resultó vencida en el proceso y fijó como agencias en derecho el equivalente al 5% del valor de las pretensiones. Por consiguiente, la condena en costas impuesta en primera instancia estuvo ajustada a derecho. Por tanto, no se accede a la solicitud del recurso de apelación, tendiente a revocar la condena en costas de primera instancia.

Ahora bien, toda vez que no hubo intervención en esta instancia de la parte demandante, no se condenará en costas en segunda instancia a la entidad demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar el ordinal 2º de la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió a las pretensiones de la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por la señora Luz Helena Naranjo Henao contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, el cual, quedará así:

“[…] SEGUNDO: CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP— a reliquidar y pagar la pensión gracia en favor de la señora LUZ HELENA NARANJO HENAO, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio y demás factores salariales del año anterior a la adquisición del estatus pensional, a partir del 9 de noviembre de 2009, por efectos de la prescripción trienal. […]”

2. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.

3. Sin condena en costas en la segunda instancia.

4. Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI” y, ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha».

7 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

8 Ver entre otras la sentencia de la Sección Segunda - Subsección “B” de 31 de mayo de 2012, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Número interno: 2410-2011, Actor: Gloria Teresa Martínez Valencia y la sentencia de 12 de mayo de 2011, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Expediente: 2045-2009, Actor: Pedro Pablo Jiménez Moreno, en las cuales se hace referencia al desarrollo legislativo de la pensión gracia.

9 «[…] No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por Ley disfruten de un régimen especial de pensiones. […]»

10 A partir de la Vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación e invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de derecho público, se liquidarán y se pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en último año de servicios.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de abril de 2016, Consejero Ponente William Hernández Gómez, número interno 0633-2014; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de julio de 2012, Consejero Ponente Gustavo Gómez Aranguren, número interno 2029-2010; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de agosto de 2012, Consejero Ponente Luis Rafael Vergara Quintero, número interno 1837-2011

12 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas por la Subsección “A” de la Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.

13 “ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: (…)”.