Sentencia 2012-00642 de noviembre 24 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 730011102000201200642 01/3105 F

Acta 95 de la misma fecha.

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Bogotá D.C., veinticuatro de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De acuerdo con las atribuciones conferidas por los artículos 256.3 de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, esta Colegiatura es competente para conocer de la apelación contra el fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, por medio del cual declaró disciplinariamente responsable al doctor MARIO MARTÍNEZ SILVA, en su condición de Juez Promiscuo de Familia de Honda, por haber incurrido en la infracción dolosa del artículo 196 de la Ley 734 de 2002, al cumplir el deber descrito en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por infringir lo dispuesto en los artículos 149 y 150.9 del Código de Procedimiento Civil. Y lo sancionó con la destitución del cargo e inhabilidad general por el término de 10 años.

En desarrollo de la competencia antes mencionada, procede la Sala a desatar el recurso de alzada interpuesto por el funcionario sancionado, con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales atinentes al tema a debatir, y teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la sustentación de su recurso de alzada, como quiera que es en Estos donde se exponen las razones de inconformidad con la decisión impugnada.

Previo a abordar el análisis del material probatorio allegado al plenario, la Sala parte del principio según el cual, la manifestación de la potestad sancionadora del Estado, se concreta en la posibilidad de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de estos al Estado, en razón de la relación jurídica surgida por la atribución de una función jurisdiccional. De esta manera se pretende que, el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se realice dentro de una ética del servicio público, con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que deben caracterizar sus actuaciones.

En este orden de ideas en el derecho disciplinario funcional, la falta siempre supone la existencia de un deber, cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento trae como consecuencia la respuesta represiva del Estado.

De lo anterior se deduce que lo que genera el reproche del Estado a la servidora judicial no es propiamente la voluntad de lesionar intereses jurídicos tutelados, sino los comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto y defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan.

Así, se tiene que el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, define la falta disciplinaria, en los siguientes términos:

“ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este Código”.

Resulta en consecuencia imperioso analizar si en su actuar funcional, del doctor MARIO MARTINEZ SILVA, en su condición de Juez Promiscuo de Familia de Honda, incurrió en las conductas enrostradas en el pliego de cargos y le mereció reproche disciplinario por parte del a quo en la providencia que es objeto de revisión por vía de apelación.

Tenemos que al disciplinado se le enrostró la falta contemplada en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, la cual es la siguiente:

“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.

(…)”

E infringió lo dispuesto en el artículo 149 y 150 numeral 9º del Código de Procedimiento Civil lo cual preceptúa:

“ART. 149.—Modificado. D.E. 2282/89, Artículo 1º, num. 88. Declaración de impedimentos. Los magistrados, jueces y conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación, deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta.

El juez impedido pasará el expediente al que deba reemplazarlo, quien si encuentra la causal configurada y procedente asumirá por auto su conocimiento; en caso contrario, remitirá el expediente al superior para que resuelva sobre la legalidad del impedimento.

Si el superior encuentra fundado el impedimento, enviará el expediente al juez que debe reemplazar al impedido si lo considera infundado, lo devolverá al juez que venía conociendo de él.

El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en conocimiento del magistrado que le sigue en turno en la respectiva sala, con expresión de la causal invocada y de los hechos en que se funda, para que esta resuelva sobre el impedimento y en caso de aceptarlo pase el negocio al magistrado que deba reemplazarlo, o fije fecha y hora para el sorteo de conjuez si hubiere lugar a ello.

El auto en que se manifieste el impedimento, el que lo decida y el que disponga el envío del expediente, no son susceptibles de recurso alguno.

ART. 150.—Modificado. D.E. 2282/89, Artículo 1º, num. 88. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:

(…)

9. Existir enemistad grave por hechos ajenos al proceso, o a la ejecución de la sentencia, o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

(…)”

Observamos cómo el Juez en oficio emitido por él mismo, con fecha del 15 de agosto de 2012, expresó y reconoció que en su despacho llevaba el proceso de alimentos de su antigua amante y empleada doméstica, y que solo hasta cuando se vio denunciado penalmente por ella, se declaró impedido en el proceso; esta prueba y su reconocimiento, infiere que teniendo un romance y luego una pelea con la ahora quejosa, no se declaró impedido a tiempo; realizando varias actuaciones dentro del proceso, hasta el punto de embargarle el salario del demandado en un 50% para cuota alimentaria, a sabiendas que estaba incurriendo en una falta disciplinaria.

De conformidad con el material probatorio ninguna duda ofrece la materialidad de las faltas endilgadas al disciplinable, por cuanto que en oficio del 1º de diciembre de 2010, por parte del Juzgado Promiscuo de Familia de Honda, enviado a la “Empresa Eléctricas Lac Ltda”, donde le notificaron sobre la fijación de cuota alimentaria para el menor hijo de la quejosa el 50%, esto quiere decir que este Juzgado tenia a cargo para la fecha este proceso; el relato del mismo disciplinado quien afirmó que la quejosa en el año 2009, acudió al Juzgado a su cargo, a pedirle orientación frente al problema que tenía con el padre de su hijo el cual no le respondía con la manutención alimentaria para el menor, desde ese momento se inició proceso de alimentos en ese Juzgado, e iniciaron una relación íntima clandestina, hasta el punto que para el mes de junio de 2010, la recibió en su casa como empleada doméstica; por medio de escrito presentado a la Fiscalía por parte de la señora ANA DEL CARMEN LOPEZ, del 8 de junio de 2011, manifiesta que retira la denuncia penal al doctor MARIO MARTINEZ SILVA, además se tiene la ampliación de la queja de la señora Ana del Carmen la cual es coherente con los hechos y las pruebas.

Si bien es cierto que el disciplinado en su apelación, argumentó que no se valoraron las pruebas que obraban en su favor, hay que decir que en este proceso disciplinario se valoraron y estudiaron todas las pruebas además se escuchó al disciplinado, tanto que él mismo reconoció que sí tuvieron una relación sentimental por muchos meses y después entraron en conflicto, mientras tanto estaba en curso el proceso de alimentos que había

instaurado la señora Ana del Carmen, quien fue su antigua amante, y que solamente hasta cuando lo denunció penalmente ante la fiscalía, se declaró impedido.

Además el disciplinado siendo todo un administrador de justicia, tenía que actuar en derecho, esto significa que para actuar no tenía por qué infringir ninguna norma, y si quería ayudar al menor como lo expresó, lo hubiera podido hacer de muchas otras formas, y no violando las leyes cometiendo actuaciones que propiamente no van encaminadas a impartir justicia. De esta forma no se encauza ningún eximente de responsabilidad atribuible en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Confirmar la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2014, por la Sala Dual de Decisión Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, por medio del cual declaró disciplinariamente responsable al doctor Mario Martínez Silva, en su condición de juez promiscuo de familia de honda, por haber incurrido en la infracción dolosa del artículo 196 de la Ley 734 de 2002, al incumplir el deber descrito en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por infringir lo dispuesto en los artículos 149 y 150-9 del Código de Procedimiento Civil y sancionarlo con destitución del cargo, e inhabilidad general por el termino de diez (10) años.

2. Notifíquese esta decisión a la disciplinable, informándole que contra ella no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, comuníquese a la oficina de registro y control de la procuraduría general de la nación, a las presidencias de las salas administrativas del consejo superior de la judicatura y seccional de la judicatura del magdalena y a la fiscalía general de la nación, conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la ley 734 de 2002.

4. Devuélvase el expediente al seccional de origen para lo de su cargo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

Salvamento parcial de voto

Magistrada María Mercedes López Mora

Con el respeto de siempre, la suscrita ve la necesidad de salvar parcialmente el voto en el asunto de la referencia, al considerar que se debió absolver al disciplinado por la falta prevista en el artículo 153 numeral primero de la Ley 270 de 1996, toda vez que se irrogó también la comisión de la falta gravísima prevista en el artículo 48 numeral 17 de la Ley 734 de 2002, y por ende, se impuso la sanción de destitución.

En consecuencia, al estarse reprochando la misma conducta a través de dos tipos disciplinarios, se está vulnerando el Principio del Non bis in ídem.

De los Honorables Magistrados.