Sentencia 2012-00645/21550 de abril 5 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 05001-23-33-000-2012-00645-02 (21550)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Colinversiones S.A. ESP

Demandado: Departamento de Antioquia

Temas: Nulidad de los actos administrativos tributarios por pérdida de competencia temporal.

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Bogotá D.C., abril cinco de dos mil dieciocho.

«EXTRACTOS: Consideraciones

1. Problema jurídico.

En los precisos términos del recurso de apelación, y teniendo en cuenta que la competencia del Juez de Segunda Instancia se circunscribe a aquellos asuntos de la sentencia apelada que el recurrente señala como motivos de inconformidad, la Sala debe determinar si en el caso concreto era necesario protocolizar el acto ficto producto del silencio de la administración para efectos de su configuración.

2. Nulidad de los actos administrativos de carácter tributario por notificación extemporánea de los mismos.

2.1. De conformidad con el artículo 732 del Estatuto Tributario, la administración tributaria tiene un término de un año para resolver los recursos de reconsideración, contado a partir de su interposición en debida forma.

Esta Sección(1) ha precisado que el término “resolver” al que se refiere la norma, comprende la notificación del respectivo acto administrativo, pues mientras el contribuyente no conozca la determinación de la administración, esta no produce efectos jurídicos y no puede considerarse resuelto el recurso.

2.2. Tratándose de los actos de liquidación de impuestos y resolución de recursos, la sola notificación extemporánea de los mismos da lugar a su nulidad, por expresa disposición del artículo 730-3 del Estatuto Tributario, que señala:

“ART. 730.—Causales de nulidad. Los actos de liquidación de impuestos y resolución de recursos, proferidos por la administración tributaria, son nulos:

(…)

3. Cuando no se notifiquen dentro del término legal.

(…)”

Todo, con fundamento en la pérdida de competencia temporal de la Administración para pronunciarse y liquidar o modificar el gravamen.

Tales actos —los notificados extemporáneamente— pueden ser objeto de una solicitud de declaratoria de ocurrencia del silencio administrativo positivo, o bien, ser demandados ante la jurisdicción contenciosa, con fundamento en la causal de nulidad del artículo 730-3 ib., en concordancia con el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que consagra la expedición sin competencia, como causal de anulación.

2.3. Eso es así, porque aunque comparten una causa común (la pérdida de competencia temporal de la administración), se trata de vías independientes: con ocasión de la primera, se produce un acto nuevo, que puede o no, ser favorable a los intereses del recurrente, mientras que cuando se acude a la sede contenciosa, el juez declarará la nulidad de la decisión recurrida, con los efectos que esto genera; esto es, la firmeza de la declaración privada, la desaparición de la sanción, la prosperidad de lo pretendido en la solicitud o recurso respectivo, etc.

La ocurrencia del silencio administrativo positivo en este caso concreto, no impide que el contribuyente acuda a la jurisdicción contenciosa, porque se trata de una ficción que opera en su favor; luego, este tiene la opción de hacer uso o no de la misma. Por eso, se reitera, el ciudadano tiene la posibilidad de acudir a una u otra vía, elección que dependerá de sus intereses particulares(2).

3. Caso concreto.

3.1. En el recurso de apelación no se cuestiona la extemporaneidad en la notificación de la Resolución 51889 de 2012, que confirmó el acto que negó la devolución del impuesto de registro pagado por el registro del aumento de capital de la sociedad Generar S.A. ESP(3), decretado con ocasión de un proceso de reestructuración de la misma.

Para el ente territorial demandado, a pesar del vencimiento del término de ley, no se configuró el silencio administrativo positivo, habida cuenta de que la contribuyente no procedió a protocolizar el acto ficto.

3.2. Sobre el particular, la Sala debe precisar, con fundamento en las pautas expuestas en el punto 2 de esta providencia, que la demanda estuvo siempre dirigida a que se anularan los actos cuestionados por efectos de la pérdida de competencia de la administración.

Ese supuesto —pérdida de competencia—, se repite, no está en discusión, amén de que el recurso de reconsideración fue presentado el 7 de junio de 2011(4) y la notificación de la resolución se surtió por edicto fijado el 19 de junio de 2012 y desfijado el 3 de julio del mismo año; esto es, por fuera del término de un año que concede la ley para ese propósito(5).

En esas condiciones, es claro que se configura la causal de nulidad contemplada en el artículo 730-3 del Estatuto Tributario, razón suficiente para anular los actos cuestionados.

3.3. De ahí que no resulta relevante para el caso concreto la presunta omisión de protocolización del silencio administrativo positivo, pues la nulidad se deriva directamente del incumplimiento del plazo contemplado por la ley para la resolución del recurso.

En todo caso, no puede perderse de vista que la regla general es que el silencio de la administración opera de pleno derecho, por el mero transcurso del tiempo.

3.4. El Estatuto Tributario prevé que sea la administración la que de oficio o a petición de parte declare la ocurrencia del silencio administrativo positivo. Eso significa que el acto ficto surte efectos, igualmente, a partir del día siguiente a la configuración del silencio administrativo, sin perjuicio del reconocimiento que de esa situación haga, mediante acto expreso declarativo, la administración.

3.5. Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad de los actos demandados con fundamento en la causal de nulidad del artículo 730-3 del Estatuto Tributario, y ordenó la devolución de las sumas cuyo reintegro fue negado en tales decisiones.

No se condenará en costas en esta instancia porque no se acreditó que se hubieran causado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 26 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin costas en esta instancia.

3. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) Ver, exps. 19515 de septiembre 12 de 2013, 17142 de octubre 21 de 2010, y 15532 de abril 12 de 2007.

(2) Piénsese, por ejemplo, en aquel que no desee someterse a la contingencia de que la administración niegue su solicitud de declarar la existencia del acto ficto, sumada al posterior juicio de dicha decisión, y elija entonces acudir directamente al juez. Por el contrario, puede suceder que el contribuyente confíe en una decisión favorable por parte de la administración, y en consecuencia, escoja pedir que se declare la ocurrencia del silencio administrativo positivo.

(3) Hoy, Colinversiones S.A. ESP.

(4) Ver folio 18.

(5) En este caso se aplican las disposiciones del Estatuto Tributario Nacional, por la remisión normativa que ordenan los artículos 59 de la Ley 788 de 2002 y 249 de la Ordenanza Departamental 15 de 2010 (Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia, vigente para la fecha de expedición de los actos demandados).