SENTENCIA 2012-00661 DE JUNIO 22 DE 2017

 

Sentencia 2012-00661 de junio 22 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 660011102000201200661 02

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Montoya Reyes

Aprobado según Acta de Sala Nº 047 de la fecha.

Bogotá D.C., veintidós de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia—, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.”, en concordancia con el parágrafo 1º del referido artículo y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007

—Código Disciplinario del Abogado—.

Dable es señalar que tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que ha sido avalada por la Corte Constitucional en diferentes providencias, entre ellas el Auto 278 del 9 de julio de 2015, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

Asunto a resolver.

Atendiendo a los fines del grado jurisdiccional de consulta y dado que no se observaron irregularidades que afecten la legalidad de lo actuado ni de la sentencia, procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a pronunciarse en grado jurisdiccional de consulta, respecto del fallo proferido el 21 de julio de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda , mediante el cual sancionó con Remoción del cargo al señor Mario Antonio Agudelo Sánchez en su calidad de Juez de Paz, de la Comuna de Cuba, en Pereira, tras hallarlo responsable de forma grave y dolosa de la inobservancia de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 497 de 1999 y por violación a los artículos 8º, 9º y 23 de la misma norma.

En el caso bajo estudio, la Sala de primera instancia, declaró disciplinariamente responsable al doctor Mario Antonio Agudelo Sánchez de la comisión de la falta prevista en las siguientes normas:

— Inobservancia de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 497 de 1999, que a su tenor literal reza:

“En todo momento el juez de paz y los jueces de paz de reconsideración podrán se removidos de su cargo por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, cuando se comprueba que en el ejercicio de sus funciones ha atentado contra las garantías y derechos fundamentales u observado una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo”.

— Inobservancia de los artículo 8º, 9º y 23 ibídem.

“ART. 8º—La Jurisdicción de Paz busca lograr el tratamiento integral y pacífico de los conflictos comunitarios o particulares que voluntariamente se sometan a su conocimiento.

“ART. 9º—Los jueces de paz conocerán de los conflictos que las personas o la comunidad, en forma voluntaria y de común acuerdo, sometan a su conocimiento, que versen sobre asuntos susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento y que no sean sujetos a solemnidades de acuerdo con la ley, en cuantía no superior a los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, los jueces de paz no tendrán competencia para conocer de las acciones constitucionales y contencioso-administrativas, así como de las acciones civiles que versen sobre la capacidad y el estado civil de las personas, salvo el reconocimiento voluntario de hijos extra matrimoniales.

PAR.—Las competencias previstas en el presente artículo, serán ejercidas por los jueces de paz, sin perjuicio de las funciones que para el mantenimiento del orden público se encuentren asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades de policía.

“ART. 23.—Competencia del juez de paz para conocer de un asunto en particular iniciará con la solicitud que de común acuerdo le formulen, de manera oral o por escrito, las partes comprometidas en un conflicto. En caso de ser oral, el juez de paz levantará un acta que firmarán las partes en el momento mismo de la solicitud.

Dicha acta deberá contener la identidad de las partes, su domicilio, la descripción de los hechos y la controversia, así como el lugar, fecha y hora para la audiencia de conciliación, que deberá celebrarse en el término que para el efecto señale el juez de paz.

Recibida la solicitud en forma oral o por escrito, el juez la comunicará por una sola vez, por el medio más idóneo, a todas las personas interesadas y a aquellas que se pudieren afectar directa o indirectamente con el acuerdo a que se llegue o con la decisión que se adopte.

La Corte Constitucional ha señalado que el derecho disciplinario constituye una forma de ejercicio de la potestad sancionadora del Estado y, como tal, debe estar fundado en principios y valores constitucionales y asegurar en todo momento la vigencia de los elementos propios de la garantía del debido proceso. En ese mismo orden, ha considerado que en tratándose de una forma de ejercicio del ius puniendi, la persona investigada o juzgada disciplinariamente tiene derecho a gozar de las mismas garantías que estructuran el derecho penal, tales como el principio de legalidad y de favorabilidad(7).

El principio de legalidad reconocido en varias disposiciones constitucionales exige que la conducta a sancionar, las sanciones, los criterios para su determinación y los procedimientos previstos para su imposición, deben estar expresa y claramente definidos por la ley con carácter previo a la aplicación e imposición de estas medidas.

Respecto de las finalidades de este principio, la jurisprudencia constitucional(8) ha señalado que este (i) otorga certidumbre normativa sobre la conducta y la sanción a imponer; (ii) exige que el texto predeterminado tenga fundamento directamente en la ley; (iii) constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos; (iv) protege la libertad individual; (v) controla la arbitrariedad judicial y administrativa; y (vi) asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo y sancionador del Estado.

Para el caso aquí tratado, la Sala encuentra que, una vez evaluado objetivamente el expediente y el trámite desde sus inicios y hasta el momento de proferir sentencia, no se configura ninguna situación que pueda ser considerada como grave irregularidad, inconsistencia o error procesal, ni falta alguna a la garantía constitucional y legal del derecho de defensa, ni mucho menos falta de competencia en el a quo para haber adelantado su actuación de primera instancia.

Del caso concreto.

Entrando al estudio de fondo del asunto sometido a consulta, la Sala encuentra que la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda no resulta reprochable, en tanto el análisis fáctico efectuado, ni y el análisis jurídico normativo aplicado, se realizaron conforme a derecho.

En efecto el análisis realizado por el a quo resulta adecuado y suficiente para considerar demostrada la ocurrencia de la conducta objeto de investigación, en los términos fijados en la formulación de los cargos.

Con el material probatorio recaudado es posible concluir, que efectivamente, en la ciudad de Pereira, en la Ciudadela Comfamiliar Cuba, contiguo a la manzana 20, se encontraba en un lote con una capilla cerrada; igualmente se pudo establecer que el día 26 de julio se presentó escrito donde la comunidad de Ciudadela Comfamiliar uno y dos solicitaron al doctor Mario Antonio Agudelo Sánchez en su condición de Juez de Paz, se les restituyera el derecho al culto y la creencia religiosa, mediante la reapertura de la capilla en mención.

También se pudo establecer que el Juez de Paz, Mario Antonio Agudelo Sánchez, el 1º de agosto de 2012 emitió decisión cuya referencia fue la restitución de derecho declarando lo siguiente.

“El suscrito juez civil de paz Mario Antonio agudelo Sánchez con TP 161 DEL CS DE LA JUDICATURA, en uso de su atribuciones legales que le confiere la lee (sic) 497 de 1999 y dando respuesta al derecho popular de acuerdo a la constitución política enviado por la comunidad de la ciudadela Comfamiliar uno y dos y demás barrio circunvecinos ordena.

A

La comunidad de la ciudadela Comfamiliar reabrir de nuevo el tempo ubicado en la ciudadela Comfamiliar uno y dos frente a la cancha contiguo a la manzana 20, y asi restituirle el derecho al culto el cual fue violentado” (Sic a lo transcrito).

Así pues, teniendo intereses contrapuestos entre miembros de la comunidad de la Ciudadela Confamiliar de la Comuna de Cuba en Pereira y quienes decidieron cerrar la Capilla allí ubicada, dentro de los cuales se encontraba el quejoso, Mario Antonio Agudelo Sánchez, como bien lo indicó el a quo, es posible colegir que si bien una de las partes interesadas y en disputa por la reapertura del bien, solicitó al juez iniciar el trámite para reestablecer su derecho la otra o estaba enterada de la solicitud, y pese a que la ley establece un procedimiento para el conocimiento de dichos asuntos, el Juez de Paz, se limitó a proferir una decisión sin observancia de dicha normatividad.

De este modo, es claro que el señor Miguel Antonio Agudelo Sánchez, en su calidad de Juez de Paz de la Comuna de Cuba de la ciudad de Pereira inobservó los deberes consagrados en los Artículos 8º, 9º y 23 de la Ley 497 de 1999, según los cuales la Jurisdicción de Paz busca lograr el tratamiento integral y pacífico de los conflictos comunitarios o particulares que voluntariamente y de común acuerdo se sometan a su conocimiento.

Lo anterior, en tanto el disciplinado no solo no buscó un tratamiento integral y pacifico del conflicto, sino que además tomó una decisión sin saber la situación fáctica de una de las partes, la cual no sometió voluntariamente el conocimiento del asunto a su jurisdicción.

Individualización de la sanción

Para establecer la sanción de la cual es merecedor el señor Mario Antonio Agudelo Sánchez en su calidad de Juez de Paz es necesaria la aplicación del principio de favorabilidad, de manera que se debe integrar la Ley 270 de 1996 que prevé una serie de deberes y prohibiciones, y la Ley 734 de 2002, que establece varias sanciones como la amonestación, multa y suspensión del cargo, claro está, dependiendo de la gravedad de la conducta y la forma de culpabilidad, aspectos estos últimos que por demás no establece la Ley 497 de 1999, pero a los cuales debe acudir el juez disciplinario para efectos de su imposición.

La Corte Constitucional ha considerado obligatorio el respeto del principio de favorabilidad, de conformidad con el cual la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplica de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Frente a este punto, ha advertido que aun cuando el artículo 29 de la Constitución se refiere a la aplicación del principio en “materia penal”, ello “(…) no impide que el legislador lo extienda a otros ámbitos del derecho sancionador, como el disciplinario. Tampoco conduce a que el juez deba interpretar restrictivamente esta garantía, que tiene pleno sentido y especial relevancia dentro de un estado social de derecho en otros contextos punitivos diferentes al penal”.

En cuanto al juicio de responsabilidad y la proporcionalidad de la sanción impuesta, la Sala considera que cuando se trata de jueces de paz, ha de tenerse en cuenta el perfil de este tipo de particulares que ejercen transitoriamente función pública, la naturaleza especialísima de esta función y la gratuidad del servicio prestado.

Ciertamente, los jueces de paz fallan en equidad, no deben ser necesariamente conocedores del derecho y del ordenamiento jurídico aplicable a los conflictos que dirimen, pero sí tienen la carga mínima de conocer y aplicar la Ley 497 de 1999 en concordancia con la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, el Código Disciplinario Único y los principios y derechos fundamentales constitucionales. En ese orden de ideas, para el caso en concreto consultado, se observa que el a quo bien consideró que la conducta era grave, por los bienes jurídicos tutelados que estaban en juego y analizó adecuadamente que se trataba de una conducta dolosa o deliberadamente dañina: conocía de los deberes de obrar de conformidad con el mandato legal, pero de manera consciente y voluntaria realizó un acto arbitrario e injusto.

Aclara la Sala, que si bien se tiene como criterio que la sanción de remoción de cargo establecida en el artículo 34(9) la Ley 497 de 1999(10), no puede ser aplicada sin más, ello obedece a los casos en los que la falta se analiza únicamente para sancionar con esa norma.

No obstante lo anterior, se observa que el disciplinado fue sancionado bajo los parámetros de la Ley 734 de 2002, norma que consagra en el artículo 44(11) la sanción de destitución e inhabilidad. Frente a la cual, se asume la postura, en virtud del principio de integración normativa y de economía procesal, que son sanciones equiparables a la remoción por cuanto las consecuencias jurídicas son las mismas, esto es, la separación de cargos.

Dentro de este contexto fáctico y normativo, la sanción impuesta al señor Mario Antonio Agudelo Sánchez, consistente en remoción del cargo, resulta necesaria, adecuada, proporcionada y acorde a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 63 de la Ley 734 de 2012. Por lo cual se procederá a confirmar la decisión de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la Constitución y la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR, la decisión consultada, proferida el 26 de octubre de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, mediante la cual sancionó con REMOCIÓN DEL CARGO a Mario Antonio Agudelo Sánchez, tras hallarlo responsable por violación a los artículos 8º, 9º y 23 de la Ley 497 de 1999, conforme las consideraciones expuestas en este proveído.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen, para que notifique a las partes del proceso y cumpla lo dispuesto por esta Superioridad.

4. Por Secretaría líbrense las comunicaciones de Ley.

Notifíquese y cúmplase».

7 Sentencia T-1102 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería

8 Sentencia C-030 de 1º de febrero de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

9 (Sic)

10 En todo momento el juez de paz y los jueces de paz de reconsideración podrán ser removidos de su cargo por la Sala Disciplinaria del Concejo Seccional de la Judicatura, cuando se compruebe que en el ejercicio de sus funciones ha atentado contra las garantías y derechos fundamentales u observado una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo.

11 Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: 1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima.