Sentencia 2012-00667 de octubre 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 050012333000201200667-01

Nº Interno: 20481

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Asunto: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Víctor Alonso Duque Gómez

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Sanción por no enviar información

Bogotá, D.C., nueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el demandante, la Sala decide si son nulas la Resolución 112412011001117 del 20 de octubre de 2011, mediante la cual la DIAN impuso a Víctor Alonso Duque Gómez la sanción por no enviar información prevista en el artículo 651 del estatuto tributario, y la Resolución 900119 El 16 de octubre de 2012 mediante la cual se modificó la sanción impuesta.

En concreto, la Sala debe decidir si los actos administrativos demandados son nulos por violar el debido proceso y el artículo 651 del estatuto tributario y si procedía la reducción de la sanción al 20% solicitada por el demandante.

Para decidir se tienen como relevantes y ciertos los siguientes hechos:

1. El 16 de mayo de 2011, la división de gestión de fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, expidió el pliego de cargos 112382011000348, mediante el cual propuso imponerle al demandante la sanción por no enviar información de que trata el artículo 651 del estatuto tributario en cuantía de $ 262.365.000, según las especificaciones de la Resolución 12690 de 2007 que se detallan a continuación(1).

Artículo resoluciónFormatoNombre formato
51002Información de retenciones en la fuente practicadas
61003Información de retenciones en la fuente que le practicaron
91005Información del impuesto sobre las ventas descontado
91006Información del impuesto sobre las ventas generado
81007Información de los ingresos recibidos en el año
101008Información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre de 2007
111009Información saldo pasivos a 31 de diciembre de 2007

2. El 20 de octubre de 2011, la división de gestión de fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, mediante la Resolución 112412011001117, le impuso al demandante la sanción propuesta en el pliego de cargos(2).

3. El 19 de diciembre de 2011, el demandante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 112412011001117 del 20 de octubre de 2011 y solicitó la reducción de la sanción al 20% según lo estipulado en el artículo 651 del estatuto tributario(3). Para efectos de la reducción pagó $ 52.471.000. En todo caso, discutió el monto de la sanción impuesta.

4. El 16 de octubre de 2012, la subdirección de recursos jurídicos de la dirección de gestión jurídica de la DIAN, mediante la Resolución 900119, resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por la demandante en el sentido de modificar la sanción para fijarla en $ 244.742.000(4).

En relación con la reducción de la sanción solicitada, dijo que no era procedente porque la información presentada con ocasión del recurso de reconsideración presentaba errores.

3.1. De la sanción por no enviar información.

El fundamento legal que impone la obligación de presentar la información en medios magnéticos es el artículo 631 del estatuto tributario(5), según el cual, el director de la DIAN puede solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, información con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos.

En concordancia con lo anterior, y para el año 2007, la Resolución 12690 de 2007, expedida por el director general de la DIAN, especificó la información, las condiciones y los plazos en los que debía ser presentada para los fines previstos en el artículo 631 del estatuto tributario.

La sanción por no cumplir la obligación establecida en el artículo 631 del estatuto tributario está contemplada en el artículo 651 ibídem que para el periodo objeto de la discusión señalaba:

“ART. 651.—Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

a) Una multa hasta de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000)(6), la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

— Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea

— Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio,

b) El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la administración de impuestos.

Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá el término de (1) mes para responder.

La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.

En todo caso si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el literal b). Una vez notificada la liquidación solo serán aceptados los factores citados en el literal b), que serán probados plenamente.

PAR.—No se aplicará la sanción prevista en este artículo, cuando la información presente errores que sean corregidos voluntariamente por el contribuyente antes de que se le notifique pliego de cargos”.

La norma transcrita establece una sanción para los obligados a suministrar información tributaria y para aquellos a los que la administración les ha solicitado informaciones o pruebas, cuando: i) no entregan la información ii) no entregan la información dentro del plazo que debían hacerlo; iii) entregan información cuyo contenido presenta errores y iv) suministran información distinta de la que se les pidió.

Según ha precisado la Sala, los hechos que constituyen infracción son diferentes e independientes entre sí e implican acciones u omisiones de características distintas, pues, no es lo mismo no presentar información, que presentarla tardíamente o con errores(7).

Que así, el artículo 651 del estatuto tributario prevé consecuencias diversas para cada hecho sancionable. En los casos de no presentar la información o suministrar una diferente a la solicitada, la base de la sanción es el monto total de la información que debió suministrarse. Pero, en el evento de la presentación extemporánea de la información o de su entrega con errores, la sanción es hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales la información exigida se suministró en forma errónea o extemporánea.

La Sala también ha precisado que según el artículo 651 del estatuto tributario, si la sanción se impone mediante resolución independiente, debe darse el traslado de cargos al sancionado, que tiene un mes para responderlo. El pliego de cargos es la imputación que hace la administración que debe ser conocida por el obligado para ejercer su derecho de defensa. Que de manera coherente, la sanción debe imponerse por los mismos hechos planteados en el pliego de cargos, pues si se sanciona por hechos distintos, se desconoce el debido proceso, dado que el administrado no tiene la oportunidad de ejercer su derecho de defensa(8).

El artículo 651 del estatuto tributario también establece un beneficio consistente en la reducción de la sanción al 10% o al 20%, según la oportunidad en que se subsane la omisión, que procede siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: i) acreditar que la omisión fue subsanada, ii) presentar un memorial de aceptación de la sanción y ii) pagar o suscribir acuerdo de pago sobre la sanción.

La aceptación de la sanción supone asumir la sanción propuesta en el pliego de cargos o en el acto sancionatorio, según corresponda. Sin embargo, el hecho de acogerse a la sanción reducida no significa que se acepte la omisión y, por consiguiente, la sanción. Tampoco implica que el obligado renuncia al derecho a controvertir la legalidad de los actos mediante los que la administración acepta o niega la sanción reducida, pues ello equivaldría a excluir del control gubernativo y/o jurisdiccional tales decisiones(9).

3.2. El caso concreto.

Según el demandante, con los actos administrativos en discusión se violó el debido proceso y el derecho de defensa, al rechazarse la reducción de la sanción con el argumento de que la información suministrada con el recurso de reconsideración presentaba errores, es decir, a partir de un hecho no propuesto en el pliego de cargos o en la resolución sancionatoria. Que, en ese evento, lo procedente era iniciar un nuevo proceso sancionatorio en el cual se pudieran discutir las posibles inconsistencias.

La Sala advierte que, en efecto, tanto en el pliego de cargos como en la resolución sanción, el hecho sancionado fue no suministrar la información exógena correspondiente al año 2007, mientras que el motivo del rechazo de la reducción de la sanción, como consta en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, fueron los errores que la administración dijo encontrar al verificar si se cumplían los requisitos del artículo 651 del estatuto tributario.

De esa forma, al rechazar la reducción de la sanción por errores en la información, sin haberle dado al demandante la oportunidad de controvertir esa decisión, la administración quebrantó el procedimiento establecido en el artículo 651 del estatuto tributario y el derecho a la defensa consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. Lo anterior, porque, como lo ha señalado la Sala, si al subsanar una omisión el obligado comete otra infracción, lo procedente es la formulación de un nuevo pliego de cargos, y el trámite de un nuevo procedimiento sancionatorio(10).

Lo anterior es suficiente para declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.

Ahora bien, el demandante solicitó como restablecimiento del derecho que se declarara que la reducción de la sanción era procedente en tanto que cumplió en su totalidad los presupuestos previstos en el artículo 651 del estatuto tributario para su reconocimiento.

Vistas las pruebas allegadas al proceso, la Sala considera que la reducción de la sanción era procedente por cuanto el demandante: i) puso de manifiesto de manera expresa su voluntad de acogerse a la reducción de la sanción(11), ii) mediante los formatos establecidos entregó la información exógena correspondiente al año 2007(12) y iii) pagó mediante recibo oficial en bancos el equivalente al 20% de la sanción impuesta(13).

Si bien la exigencia de subsanar no se entiende cumplida con la entrega formal de la información, en tanto que esta debe atender a las condiciones de calidad previstos en los reglamentos correspondientes, del tal manera que pueda ser utilizada por la administración para efectos de control y fiscalización, la discusión frente a posibles inconsistencias, como se advirtió, deber ser objeto de un proceso sancionatorio diferente.

En consecuencia, la Sala encuentra acreditados la totalidad de los presupuestos del artículo 651 del estatuto tributario para reconocer la reducción de la sanción solicitada por el demandante. De esa manera, se reconocerá la reducción de la sanción al 20%, lo que equivale al monto de $ 52.471.000, suma que ya fue pagada por el demandante en el Banco de Bogotá por la cifra indicada, conforme consta en el folio 45 del cuaderno principal en el que reposa la copia del recibo oficial de pago de impuestos nacionales 490702779927 5 del 16 de diciembre de 2011.

Por lo anterior, se revocará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar, DECLÁRESE la nulidad parcial de la Resolución 112412011001117 del 20 de octubre de 2011 y de la Resolución 900119 del 16 de octubre de 2012 en cuanto decidieron imponer el 100% de la sanción por no enviar información exógena y rechazar el pago reducido de esa sanción al 20%.

En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que el demandante se encuentra a paz y salvo en el pago de la sanción que le impuso la DIAN por no enviar la información exógena.

2. RECONÓZCASE personería a la abogada Maritza Alexandra Díaz Granados como apoderada de la DIAN.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Folios 145 al 148 del c. p.

(2) Folios 154 al 157 del c. p.

(3) Folios 169 y 170 del c. p.

(4) Folios 56 al 60 del c. p.

(5) Modificado por el artículo 139 de la Ley 1607 de 2012.

(6) Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006. El texto con los valores reajustados es el siguiente: Una multa hasta de 15.000 UVT.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejero ponente Héctor J. Romero Díaz. Bogotá, D.C., 30 de agosto de 2007. Radicación 08001-23-31-000-2000-01446-01. Número interno 15542. Actor Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar. Demandado DIAN.

(8) Ibídem.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejero ponente Héctor J. Romero Díaz. Bogotá, D.C., 28 de febrero de 2008. Radicación 05001-23-31-000-1998-03137-01. Número interno 15140. Actor Exportadora Antioquia Ltda. Demandado DIAN.

(10) Op. cit. sentencia del 30 de agosto de 2007.

(11) Folios 40 al 42 del c. p.

(12) Folios 46 al 55 del c. p.

(13) Folio 45 del c. p.