Sentencia 2012-00685/4204-15 de octubre 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000 23 25 000 2012 00685-01 (4204-15)

Actor: César Augusto Gómez Sánchez

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana

Consejero Ponente:

Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas

Bogotá, D.C., diecinueve de octubre de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: 2. Consideraciones.

2.1. El problema jurídico.

Se circunscribe a establecer (i) si la Nación, Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea Colombiana incurrió en mora para reconocer las cesantías anualizadas a favor del señor Cesar Augusto Gómez Sánchez; en caso afirmativo, (ii) determinar si procede a su favor el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, desde cuándo procede y si es viable conceder, de manera independiente, la sanción por las cesantías definitivas y por las cesantías parciales pagadas tardíamente.

2.2. Marco normativo.

La Ley 244 de 1995 “Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones” en su artículo 1º estableció el término de 15 días para que la. administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud que se haga en tal sentido. En todo caso, determinó que en el evento de que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente indicado.

Ahora bien, el artículo 2º ibídem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se haga efectivo el pago.

Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada en la aludida ley, en especial, los siguientes:

(…) la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante que la entidad pagadora, los fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin ningún reconocimiento para el trabajador(8).

Los artículos 4º y 5º de la Ley 1071 de 2006, adicionaron y modificaron lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, así:

“ART. 4º—Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PAR.—En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso 1º de este artículo.

“ART. 5º—Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PAR.—En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.

Valga aclarar que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2º(9) de la ley aludida, lo allí dispuesto también cobija a los miembros de la Fuerza Pública.

Ahora bien, como el demandante fue miembro de las Fuerzas Militares, es necesario remitirse a la normativa especial que lo rige en torno al reconocimiento de sus prestaciones sociales, en este caso, el Decreto 1211 de 1990 “[P]or el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares” que prevé:

“ART. 162.—Cesantía e indemnizaciones. El oficial o suboficial de las Fuerzas Militares que durante la vigencia de este decreto se retire o sea retirado del servicio activo por cualquier causa, tendrá derecho a que el tesoro público le pague, por una sola vez, un auxilio de cesantía igual a un mes de haberes correspondientes a su grado por cada año de servicio o fracción de seis (6) meses o más, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158, y a las indemnizaciones que legalmente le puedan corresponder liquidadas igualmente conforme al artículo antes citado.

Asimismo, es necesario tener en cuenta que, por tratarse de un régimen especial, el decreto mencionado, concedió un término para que se conformara el expediente prestacional de los miembros de las Fuerzas Militares que se retiraran del servicio. Así se dispuso en su artículo 164:

“ART. 164.—Tres meses de alta. Los oficiales y suboficiales que sean pasados a la situación de retiro temporal o absoluto con quince (15) o más años de servicio o con derecho a pensión de invalidez, continuarán dados de alta en la respectiva contaduría por tres (3) meses, a partir de la fecha que se cause la novedad de retiro, para la formación del correspondiente expediente de prestaciones sociales. Durante dicho lapso y salvo lo dispuesto en el artículo 178 de este Decreto devengarán la totalidad de los haberes de actividad correspondientes a su grado. Tal período se (sic) considerar como de servicio activo, para efectos prestacionales (negrilla fuera de texto).

Además, el artículo 232 ibídem establece que las prestaciones sociales a favor de este personal se deben reconocer en forma oficiosa, es decir, sin que medie solicitud por parte del interesado. Así se estableció:

“ART. 232.—Procedimiento oficioso. El reconocimiento de las prestaciones sociales a que tienen derecho los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares o sus beneficiarios, debe ser tramitado oficiosamente por el Ministerio de Defensa o por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, según el caso. Cuando las oficinas de personal no puedan producir de oficio las pruebas pertinentes, corresponde allegarlas al interesado, y si no existiere la prueba principal, ser reemplazada por la prueba supletoria que admita la ley (resalta la Sala).

2.3. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:

2.3.1. Respecto a la relación laboral del demandante.

El señor César Augusto Gómez Sánchez prestó sus servicios en la Fuerza Aérea entre el 1º de diciembre de 1984 y el 16 de enero de 2010(10) y su retiro definitivo del servicio se produjo en el grado de coronel.

2.3.2. En relación con el reconocimiento y pago de las cesantías al actor.

El 18 de marzo de 2010(11), el jefe de desarrollo humano del Comando Fuerza Aérea expidió la Resolución 213 mediante la cual reconoció y ordenó el pago de prestaciones sociales a favor del señor Cesar Augusto Gómez Sánchez, así:

Reconocer y ordenar pagar con cargo al presupuesto de la Fuerza Aérea, a favor del coronel (r) de la Fuerza Aérea, Gómez Sánchez Cesar Augusto, C.C. 00016713868, Código Nº 00008314648, la suma de ciento ochenta y un millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos cincuenta y cinco pesos m/cte. ($ 181.460.655) como cesantía definitiva por 27 años, 1 meses y 11 días, según hoja de servicio Nº 18 de 2010.

Dentro del tiempo de servicio tenido en cuenta para efecto de la liquidación de sus cesantías, se contabilizaron los “667 días como tiempo de formación y/o soldado y 173 días como separación temporal previa continuidad por tres meses de alta”. La resolución anterior fue notificada el 26 de marzo de 2010(12) y en ella se dejó constancia de que el actor renunció a términos para interponer los recursos de ley, razón por la cual quedó ejecutoriada en esa fecha, según lo constató el director de prestaciones sociales(13).

El 2 de junio de 2010(14), el jefe de desarrollo humano del Comando Fuerza Aérea emitió la Resolución 484, por la cual reconoció y ordenó el pago del reajuste de las prestaciones sociales reconocidas mediante la Resolución 213 del 18 de marzo de 2010; para tal efecto, consideró:

Que mediante Decreto 1530 del 3 de mayo de 2010, se fijaron los sueldos básicos de la vigencia 2010, para el personal de oficiales, suboficiales y civiles de las Fuerzas Militares.

Que por disposición del Decreto 1211 de 1990, artículo 164, los tres meses de alta para el personal militar, se consideran como servicio activo para efectos prestacionales.

Que como el reconocimiento de las cesantías se realizó inicialmente con salario correspondiente al año 2009, sin el incremento ordenado por el Decreto 1530 del 3 de mayo de 2010, es necesario reliquidar las cesantías con fundamento en los siguientes haberes reajustados y certificados para esa vigencia: (se citan).

(…)

Que del monto total de las cesantías definitivas reliquidadas con los nuevos haberes debe descontarse el valor reconocido con fundamento en los haberes anteriores y reconocer solo la diferencia por concepto de reajuste de cesantías (se resalta).

La anterior resolución se le notificó al demandante el 16 de junio de 2010(15) y quedó ejecutoriada en esa fecha, según lo certificó el director de prestaciones sociales de la Fuerza Aérea(16).

El 29 de noviembre de 2011(17), el jefe del Departamento Financiero de la Fuerza Aérea certificó la fecha en que se realizó el pago por concepto de las cesantías definitivas del demandante y la diferencia que resultó del reajuste de la asignación básica, en los siguientes términos:

— Se efectuó pago por concepto de cesantías definitivas al señor Cr. (r) Cesar Augusto Gómez Sánchez, por un valor de $ 107.940.174 mediante cheque Nº 3509597 del BBVA del 2011/02/04 a nombre de Luz Dary Cubillos Franky, apoderado o autorizado del causante (sic), el cual fue cobrado el 18 de febrero de 2011 por la beneficiaria, de acuerdo a nómina de prestaciones sociales CE-1103 de fecha 2011/01/06 por reconocimiento causado en la Resolución 213 de 2010/03/18.

— Se efectuó pago por concepto de reajuste cesantías definitivas al señor Cr. (r) Cesar Augusto Gómez Sánchez, por un valor de $ 3.629.205 mediante transferencia bancaria del BBVA del 2011/02/14 a la cuenta Nº 78147233344 de Bancolombia de la señora Luz Dary Cubillos Franky, apoderado o autorizado del causante, de acuerdo a nómina de prestaciones sociales CE-1109A de fecha 2011/01/14 por reconocimiento causado en la Resolución 484 de 2010/06/02 (se resalta).

2.3.2. En relación con la reclamación en sede administrativa.

El 27 de septiembre de 2011(18), el demandante formuló reclamación con destino al Ministro de Defensa Nacional, en la que requirió el reconocimiento y pago de la sanción por mora en la consignación de sus cesantías, por no haber sido canceladas en el término de 45 días hábiles que prevé la norma.

El 1º de noviembre de 2011(19), el director de prestaciones sociales de la Fuerza Aérea resolvió la solicitud anterior, mediante el oficio 20113430191111, en forma desfavorable a la reclamación y como fundamento de su negativa, manifestó:

Revisado el expediente prestacional 500179 de 2010, se evidencia que le fueron reconocidas las cesantías definitivas según Resolución 213 de fecha 18 de marzo de 2010, acto administrativo debidamente ejecutoriado desde el día 26 de marzo de 2010, y al haberse reclamado cheque por su apoderada el día 18 de febrero de 2011, tenemos que los días a que tiene derecho por la mora en el pago son doscientos doce (212) días de la vigencia 2010, y cuarenta y ocho (8)(sic) días de la vigencia 2011, para un total de doscientos sesenta (260) días, liquidados con base en los últimos haberes percibidos y partidas computables.

En cuanto a la Resolución 484 del 2 de junio de 2010, por medio de la cual se realizó el reajuste de cesantías definitivas se ejecutorio (sic) el día 16 de junio de 2010, y al haberse reclamado cheque por por (sic) su apoderada el día 10 de febrero de 2011, tenemos que en realidad los días a que tiene derecho por la mora en el pago del reajuste son ciento treinta (130) días por la vigencia 2010, y cuarenta (40) días de la vigencia 2011 para un total de ciento setenta (170) días, reconocimiento que se debe realizar sobre la diferencia del valor reajustado.

La Fuerza Aérea Colombiana no tiene previsto ningún rubro específico para la cancelación de mora en el pago de las cesantías definitivas, por lo cual se entenderá que cuenta con las vías legales correspondientes para obtener su reconocimiento y pago dentro de los parámetros fijados en el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006.

2.4. Caso concreto.

El reconocimiento y pago de las prestaciones definitivas a favor del demandante, en particular de las cesantías se produjo de la siguiente manera:

Acto de reconocimientoConceptoValorFecha de pago
R. 0213 de 18/03/2010Cesantías definitivas$ 181.460.655(20)18/02/2011
R. 0484 de 02/06/2010Reajuste de cesantías definitivas por ajuste de la asignación de actividad$ 3.629.20514/02/2011

De lo anterior se puede colegir que en lo que respecta al primer acto, es decir, el que reconoció la prestación definitiva, se emitió el 18 de marzo de 2010 y su notificación personal al demandante se produjo el 26 de ese mes y año, no obstante, el pago se realizó casi un año después.

En lo que se refiere al segundo acto administrativo, tuvo origen en el incremento de sueldos básicos decretado para el año 2010 por el Gobierno Nacional a través del Decreto 1530 del 3 de mayo de 2010, es decir, en forma posterior a la expedición de la Resolución 213 de 18 de marzo de 2010, por ello fue necesario que la administración reliquidara la prestación definitiva y la diferencia que se causó por tal reliquidación se pagó hasta el 14 de febrero de 2011, esto es, con anterioridad al pago del monto inicialmente reconocido por concepto de las cesantías definitivas, y respecto de esa diferencia también se configuró la mora, pues la administración tardó más de 8 meses para su pago.

Ahora bien, según el planteamiento del recurso, el señor Gómez Sánchez disiente de la decisión de primera instancia en torno a dos aspectos: (i) que el cómputo de los 45 días a partir de los cuales debe correr la mora, no se deben empezar a contabilizar desde los 3 meses de alta y (ii) que se debe reconocer la sanción por mora en forma independiente respecto del pago inoportuno de las cesantías definitivas y respecto de la diferencia que surgió con ocasión del incremento salarial, comoquiera que su reconocimiento se produjo mediante dos actos administrativos independientes.

En torno al primer aspecto, debe señalar la Sala que para contabilizar el término de 45 días de los que disponía la entidad para pagar las cesantías, el a quo consideró:

Así las cosas, en atención al criterio jurisprudencia, que se cita, cuando se resuelve la solicitud de reconocimiento de las cesantías de manera tardía, de conformidad con la Ley 1071 de 2006, el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías, es decir, 15 días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más 5 días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida en tiempo, con la salvedad a que alude el mismo precepto, más 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria.

Sin embargo, es de resaltar que en el caso de la Fuerza Pública, este término tiene una especial forma de cálculo, si se tiene en cuenta que, dentro de la normatividad especial de este sector, se encuentra la figura de los 3 meses de alta, tiempo con el que cuenta la correspondiente fuerza para la formación del expediente de prestaciones sociales, y que se considera como de servicio activo, para los mismos efectos.

En estos casos, entonces, no es de recibo contar los 15 días para la expedición del acto administrativo de reconocimiento de la prestación, y los 5 días de su ejecutoria, más aún, si se tiene en cuenta que es la misma normatividad especial de la Fuerza Pública, y para el caso particular, la contenida en el artículo 232 del Decreto 1211 de 1990, la que establece el reconocimiento de las prestaciones sociales a que tienen derecho los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y sus beneficiario (sic) debe ser tramitado oficiosamente, es decir, sin que medie petición del interesado, por el Ministerio de Defensa, o por la Caja de Sueldos (sic) de Retiro de las Fuerzas Militares, según el caso, tal como ocurrió en el sub examine.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala es del criterio que, en el caso de la Fuerza Pública, el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual se cumplen los 3 meses de alta, es decir, 45 días hábiles a partir de esa fecha, para que la entidad cancele la prestación, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria (negrilla fuera de texto).

En torno a lo anterior, la Sala debe señalar qué si bien es cierto el actor, en su condición de miembro de las Fuerzas Militares, es beneficiario de lo previsto en la Ley 1071 de 2006, tal como lo dispone su artículo 2º, también lo es que por ser integrante de la Fuerza Pública, está cobijado por un régimen especial para el reconocimiento de sus prestaciones sociales.

En efecto, las normas especiales qué lo cobijan confieren a la administración un término de tres meses para conformar el expediente administrativo de prestaciones sociales y ese tiempo debe contabilizarse para efectos prestacionales, es decir, se incluye como tiempo de servicio tanto para el reconocimiento de la asignación de retiro, como para el de las cesantías.

Lo anterior quiere decir que se trata de un período que, por ficción jurídica, se debe entender como de actividad y por ello se incluye dentro del tiempo que se ha de tener como base para liquidar las prestaciones; además, lo percibido durante él se computa para liquidar las cesantías; por tal razón, la Sala estima que no puede exigirse a la administración que liquide esa prestación con anterioridad al vencimiento del aludido término, comoquiera que, se repite, esos tres meses hacen parte integral de la totalidad de tiempo de servicios que se ha de tener en cuenta para la liquidación de la prestación.

Ahora bien, la ley especial que rige a los miembros de las Fuerzas Militares(21) establece que el reconocimiento de las cesantías procede sin solicitud de parte, es decir, el acto debe expedirse de oficio por parte de la autoridad correspondiente.

Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que el término para la expedición del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías para los miembros de las Fuerzas Militares, previsto en el artículo 4° de la Ley 1071 de 2006 15 días, se debe contabilizar desde cuando se completaron los 3 meses de alta pues hasta ese término se considera tiempo de servicioy, una vez quede en firme el acto administrativo, el pago se debe realizar dentro de los 45 días siguientes, al tenor de lo dispuesto en el artículo 5º ibídem.

Así las cosas, en el asunto que ocupa la atención de la Sala, como el vencimiento de los 3 meses de alta se produjo el 16 de enero de 2010(22), desde esa fecha, la administración tenía 15 días para expedir el acto administrativo, los cuales vencían el 5 de febrero; no obstante, el acto se expidió hasta el 18 de marzo de 2010, es decir, la entidad excedió el plazo fijado en la ley para el reconocimiento de la prestación y, finalmente, lo notificó el 26 de marzo, fecha en la que quedó ejecutoriado, comoquiera que el actor renunció a términos para la interposición de recursos y es a partir de la ejecutoria del acto de reconocimiento que se debían contabilizar los 45 días para realizar el pago.

Lo anterior quiere decir que la fecha desde la cual empezó a correr la mora no era aquella a partir de la cual vencieron los 3 meses de alta, como erradamente lo consideró el a quo, sino, incluso, una posterior, pues comprende aquella en la que quedó ejecutoriado el acto de reconocimiento de las cesantías.

Ahora bien, en la petición que dio origen al acto acusado, el demandante solicitó, en forma expresa, lo siguiente: “se ordene el reconocimiento y cancelación de la sanción moratoria según el parágrafo del artículo 5º de la Ley 1071 de 2006. Lo anterior teniendo en cuenta que mi poderdante laboró en la Fuerza Área Colombiana causándose su retiro en el grado coronel, siéndole reconocidas sus cesantías definitivas la cual quedo (sic) en firme y sin que en los 45 días hábiles que tenia (sic) la entidad para pagar las cesantías estas le hubiesen sido canceladas lo que genera la sanción moratoria prevista en la norma según los días calendario de mora”. Lo anterior quiere decir que desde la reclamación en sede administrativa el demandante delimitó su pretensión, para que fuera reconocida al cumplirse los 45 días hábiles con que la administración contaba para realizar el pago, contados desde la ejecutoria del acto administrativo de reconocimiento, los cuales se cumplieron el 2 de junio do 2010(23).

Con fundamento en lo anterior, a juicio de la Sala, el a quo debió computar los 45 días para que empezara a correr la mora, desde la ejecutoria del acto de reconocimiento, según lo dicho anteriormente, y no desde el vencimiento de los 3 meses de alta, esto es, desde el 19 de marzo de 2010, como en efecto lo decidió, ni mucho menos, antes de ese término, como lo pretende el demandante en el recurso de alzada.

Sin embargo, en garantía del principio de la non reformatio in pejus, no habrá de modificarse la decisión que en ese sentido se adoptó, pues de contabilizar la sanción desde el vencimiento de los 45 días siguientes a la ejecutoria del acto de reconocimiento de las cesantías, se reduciría la condena impuesta, pues la sanción realmente se causó desde una fecha posterior a la exigida por el actor y a la decidida en primera instancia, razón por la cual no procede el primer cargo planteado por el recurrente.

Ahora bien, en lo que atañe al segundo motivo de discrepancia planteado en el recurso, esto es, que la sanción por mora se debe reconocer en forma independiente respecto del pago inoportuno de las cesantías definitivas y respecto de la diferencia que surgió con ocasión del incremento salarial, es necesario remitirse a lo que ha concluido la Sala sobre ese aspecto, en los siguientes términos:

“Finalmente, la Sala debe precisar que dicha sanción no se debe aplicar separadamente respecto de cada una de las anualidades atrasadas, pues la norma no prevé que, en casos de mora por varios periodos, dicha sanción se genere separadamente para cada anualidad, pues reconocerlo en esos términos daría lugar a que se pagara no solo un día, sino dos, tres, cuatro o más días de salario por cada día de mora, de acuerdo a la cantidad de años que se adeuden; de modo que se entiende que la misma debe correr en forma unificada desde el momento mismo en que se causa la primera mora, hasta cuando se haga efectivo el pago, independientemente de que durante ese lapso de incumplimiento de la obligación en cabeza de la administración, se constituya el derecho a nuevos pagos por periodos siguientes de tal prestación”(24) (se resalta).

Si bien la providencia en cita se refiere a la acumulación de diferentes períodos de cesantías anualizadas, pues es la situación de mayor ocurrencia, comoquiera que, por regla general, las cesantías definitivas, dada su naturaleza decisiva, se reconocen y pagan por una sola vez, este planteamiento de no concurrencia o simultaneidad también aplica para casos como en el que se analiza, en el cual si bien hubo un acto de reconocimiento de la prestación definitiva, con posterioridad y a causa del incremento salarial anual expedido tardíamente, se causa el derecho a la reliquidación de la prestación y la consecuente expedición de un acto administrativo posterior que concede tal reajuste.

Así las cosas, como en el caso analizado se configuró la concurrencia de la mora en el pago de las cesantías definitivas inicialmente liquidadas y la mora en el pago de la diferencia que resultó del incremento salarial, el conteo de la sanción debe hacerse por una sola vez, desde el primer momento en ocurrió la mora, hasta cuando se pagó la totalidad de la prestación, tal como lo definió el a quo, motivo por el cual no hay lugar a hacer modificación al respecto en la providencia cuestionada.

3. Conclusión.

Con los anteriores argumentos se concluye que el señor Cesar Augusto Gómez Sánchez sí tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la inoportuna consignación de las cesantías definitivas, el cual se deberá conceder en los términos en que se definió en la primera instancia, según lo expuesto previamente, razón suficiente para confirmar la sentencia proferida por el a quo que concedió ese derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en descongestión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por César Augusto Gómez Sánchez contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha”.

(8) Gaceta del Congreso año IV - núm. 225 del 5 de agosto de 1995.

(9) ART. 2º—Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la Fuerza Pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.

(10) Según se desprende de la Resolución 213 del 18 de marzo de 2010 (fls. 8 y 9).

(11) Folios 8 y 9.

(12) Folio 11.

(13) Folio 13.

(14) Folios 15 y 16.

(15) Folio 18.

(16) Folio 20.

(17) Folio 22.

(18) Folios 31 y 32.

(19) Folios 4 a 6.

(20) A esta suma le fueron descontados los valores reconocidos por anticipos de cesantías reclamados por el demandante durante su relación laboral.

(21) Artículo 162 del Decreto 1211 de 1990.

(22) Según lo señalado en las consideraciones de la Resolución 213 del 18 de marzo de 2010 (fls. 8 y 9).

(23) El acto de reconocimiento quedó ejecutoriado el 26 de marzo de 2010, motivo por el cual los 45 días para realizar el pago se completaron el 2 de marzo y, por ende, la mora debla empezar a correr el 3 de junio de 2010.

(24) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 13 de febrero de 2014, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, rad. 08001 23 31 000 2009 01126-01 (1669-12) y del 19 de febrero de 2015, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, rad. 08001-23-31-000-2011-00937-01(2828-13) y del 25 de agosto de 2016, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, rad. 08001 23 31 000 2011 00628-01 (0528-14).