Sentencia 2012-00692 de noviembre 21 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Ref.: Exp.: 11001 0325000201200692 00.

Nº interno: 2391-2012

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E)

Actora: Ana Belén Arteaga Torres.

Autoridades nacionales

Bogotá D. C., veintiuno de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Normas violadas y concepto de violación.

Como disposiciones violadas citó las siguientes:

Constitución Política, artículos 2º, 6º, 29., 53, 58; 121, 122; 209 y 228; Código Contencioso Administrativo, artículos 84 y 85; Código Sustantivo del Trabajo, aquellas normas “(...) que regulan el fuero sindical y las formas de darlo a conocer (...)”; Leyes 489 de 1998, artículos 3º y 4º; 734 de 2002, artículos 4º, 5º, 6º, 9º, 13, 18,20, 21, 28, 29, 34 y 35

Consideraciones

Antes de entrar a efectuar cualquier razonamiento por parte de la Sala, es necesario afirmar en cuanto a la denominada excepción genérica, que no se observa hecho o circunstancia alguna que permita enervar las pretensiones del libelo y omitir el estudio de los cargos de la demanda.

En cuanto al Auto de 26 de junio de 2009, por medio del cual se negó la adición al fallo de segunda instancia, se debe afirmar que es de aquellos que no adopta la administración para tomar una decisión final sobre el fondo de un asunto, lo que significa, que al no definir la cuestión sujeta a análisis resulta no demandable ante la jurisdicción, en esas condiciones no es dable su estudio.

Tampoco será de objeto de estudio, el Auto de 5 de agosto de 2009 suscrito por el procurador regional de Nariño, que convirtió el término de suspensión de 8 meses como sanción impuesta a la señora Arteaga Torres, en el pago de $40.649.929 con destino al Hospital Civil de Ipiales, porque este es un acto de trámite que da cumplimiento a la voluntad de la autoridad disciplinaria y a una norma legal que permite la conversión.

En virtud de lo anterior, la Sala se declarará inhibida para pronunciarse los citados actos demandados.

Problema Jurídico

Consiste en determinar si los actos administrativos demandados expedidos por la procuradora regional de Nariño y la procuradora delegada para la vigilancia administrativa que declararon responsable disciplinariamente a la señora Ana Belén Arteaga Torres, y como consecuencia de ello, la sancionaron con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 8 meses, fueron expedidos con falsa motivación, falta de competencia, desconocimiento de la existencia de una causal de exclusión de responsabilidad, violación a la confianza legítima y con desproporción de la sanción.

Actos demandados

• Fallo de primera instancia de 12 de mayo de 2008 expedido por la procuradora regional de Nariño que declaró responsable disciplinariamente a la señora Ana Belén Arteaga Torres, en calidad de gerente del hospital civil de Ipíales, y en consecuencia, fue sancionada con la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 8 meses (fl. 427 a 446). Del citado acto, el apoderado de la actora se notificó el 18 de mayo de: 2008 (fl. 448).

• Fallo de segunda instancia de 3 de junio de 2009 por medio del cual la procuradora primera delegada para la vigilancia administrativa (e), al resolver el recurso de apelación, confirmó la providencia de primera instancia, pues encontró que fue cometido el hecho objeto de reproché desde el punto de vista objetivo y subjetivo (fls. 448 a 515). Esta decisión fue notificada al abogado de la investigada el 12 de junio de 2009.

De lo probado en el proceso

• A través de Decreto 0148 de 5 de febrero de 2003, el Gobernador de Nariño nombró a la señora Ana Belén Arteaga como Gerente del Hospital Civil de Ipiales, por un periodo-de 3 años (fl. 124).

• El 29 de marzo de 2003, el Jefe de la Sección de Recursos Humanos del Hospital Civil de Ipíales ESE certificó que la señora Liliana Patricia Andino Pérez, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería, por haber sido integrante de la Asociación nacional sindical de trabajadores y servidores públicos de la Salud y seguridad social integral y servicios complementarios de Colombia, ANTHOC, tenía fuero sindical a partir del 11 de marzo de 2004 y hasta el 10 de septiembre del mismo año (fl. 212).

Por medio de la Resolución 8º de 30 de marzo de 2004 suscrita por el inspector de trabajo, fue aprobada la elección y designación de algunos funcionarios de la Asociación nacional sindical de trabajadores y servidores públicos de la salud y la seguridad social integral y servicios complementarios de Colombia ANTHOC, en la cual no se encuentra relacionada la señora Liliana Patricia Andino Pérez (fls. 236 y 237).

• El 20 de mayo de 2005, los señores Yudy del Mar Moncayo Cifuentes y Germán Revelo Bustos solicitaron al procurador provincial de Ipiales, Nariño, investigar a los Miembros de la junta directiva y a la gerente del hospital civil de Ipiales ESE por los hechos que se transcriben a continuación (fls. 82 y 83):

“(...) 1. Como es de su conocimiento, ya que la Procuraduría tiene en sus manos la investigación respectiva, en el Hospital Civil de Ipiales ESE se aprobó una Reestructuración Administrativa que conllevó la supresión de una gran cantidad de cargos.

(...)

3. En el “estudio técnico” se establecieron “criterios de elegibilidad para los cargos a estructurar", y de manera clara se establece en este acápite que por el tipo de vinculación y por estar en forma provisional se suprimiría el cargo ocupado por la auxiliar de enfermería Liliana Patricia Andino Pérez y el cargo de carrera administrativa ocupado por la auxiliar de enfermería Margoth Isabel Potosí.

4. Con esos criterios se aprobó el acuerdo 5º de 20 de abril de 2004, por el cual se suprimieron todos los cargos de las Auxiliares de Enfermería con los criterios de elegibilidad mencionados en el estudio, y que incluyen desde luego a las dos personas mencionadas. Se aclara que absolutamente todos los cercos provisionales fueron ordenados suprimir.

5. Pero sucede que en el acto Administrativo, Acuerdo 5º del 2004, se dejó condicionado el retiro de algunas personas en razón de tener fueron sindicales.

6. Las señores Liliana Patricia Andino Pérez Y Margoth Isabel Potosí, al momento de expedición del acuerdo, ostentaban fuero sindical; por haber pertenecido al anterior junta directiva de la organización sindical ANTHOC.

7. El 1º de febrero de 2005 se expidió por la Junta Directiva del hospital el acuerdo 3º, por medio del cual se suprimen cargos ocupados por funcionarios amparados por fuero sindical, sin que se haya incluido a las funcionarias Liliana Patricia Andino Pérez Y Margoth Isabel Potosí, quienes ostentaron fuero sindical ya hace varios meses.

(...)

• Por medio del Acuerdo 5º de 20 de abril de 2004, la junta directiva del Hospital Civil de Ipiales ESE, tomo la determinación de suprimir a partir del 21 de abril del mismo año, 159 cargos, entre ellos a 40 Auxiliares de Enfermería: además dispuso que este acto administrativo estaría sujeto a condición respecto de aquellos funcionarios que se encontraran amparados por fuero sindical, es decir, que tendría efectos a partir del día siguiente a aquel en que cesen los efectos del atoramiento (folios 84 a 86).

• A folios 87 a 94, se encuentran los “criterios de elegibilidad para los cargos a estructurar” y se evidencia que dentro de los cargos a suprimir, están los ocupados por las señoras Liliana Patricia Andino Pérez y Margoth
Isabel Potosí, la primera por haber sido un nombramiento en provisionalidad, y la segunda por tener la calificación más baja.

• Mediante el Acuerdo 3º de 10 de febrero de 2005, la junta directiva del hospital civil de Ipiales ESE, suprimió de la planta de personal algunos funcionarios que se encontraban amparados por fuero sindical (folios 95 a 98).

• El 18 de abril de 2005, el apoderado del Hospital Civil de Ipiales E.S.E, interpuso demanda laboral, con el fin de obtener el permiso para despedir a ciertos funcionarios que se encontraban amparados por fuera sindical. Dentro los trabajadores relacionados no se encontraban las señoras Liliana Patricia Andino Pérez y Margoth Isabel Potosí (folios 177 a 184).

• El 24 de junio de 2005, la procuradora regional de Nariño ordenó adelantar la indagación preliminar en contra de las señoras Ana Belén Arteaga Torres y Adriana Bravo Urbano, en aras a determinar, si los hechos narrados por los señores Yudy del Mar Moncayo Cifuentes y Germán Revelo Bustos, constituyen falta disciplinaria (fls. 100 y 101).

• El 27 de junio de 2005 el abogado Javier Mauricio Ojeda Pérez al emitir un concepto jurídico a la demandante, indicó que la calidad de fuero sindical se demuestra con la copia del certificado de la inscripción de la junta directiva y/o comité ejecutivo o con copia de la comunicación al empleador (fls. 241 y 242).

• El 25 de julio de 2005, el profesional universitario del hospital civil de Ipiales ESE, informó que la señora Liliana Patricia Andino Pérez fue nombrada mediante Resolución 0461 de 17 de abril de 1984 para desempeñar el cargo de auxiliar de enfermería a partir del 5 de mayo del mismo año.

• Por media de los Acuerdos 7º y 8º de 2 de agosto de 2005, la junta directiva del hospital civil de Ipiales ESE resolvió suprimir de la planta de personal los cargos de auxiliar de enfermería que estaban siendo ocupados por las señoras Margoth Isabel Potosí y Liliana Patricia Andino Pérez, respectivamente (fls. 159 a 164).

• El 2 de agosto de 2005, la señora Andino Pérez presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, en contra de la anterior determinación, al considerar que se desconoció su fuero sindical al momento de la desvinculación del cargo (fls. 253 a 262).

• El 4 de agosto de 2005, la señora Margoth Isabel Potosí manifestó en la declaración que rindió dentro del proceso disciplinario, que las señoras Inés Bustos, Patricia Andino Síxta Guepud se encontraban desempeñando el cargo de auxiliar de enfermería y además, contaban con fuero sindical (fls. 208 y 209).

• El 7 de diciembre de 2005, la procuradora regional de Nariño resolvió abstenerse de continuar con el diligenciamiento de la investigación seguida en contra de las señoras Ana Belén Arteaga Torres y Adriana Bravo Urbano; ya que existía confusión en el suministro de la información requerida para proferir los actos administrativos de supresión de cargos; en ese sentido, no se puede estructurar conducta disciplinaria alguna (fls. 266 a 275).

• El 15 de diciembre de 2005, la señora Yudi del Mar Moncayo Cifuentes actuando corno quejosa dentro del proceso disciplinario, interpuso recurso de apelación en contra de la anterior determinación, pues en su sentir, la gerente del hospital incurrió en una violación grave de las normas disciplinarias al no haber ejecutado el acuerdo 5º de 2004 (fls. 279 y 280).

• El 16 de marzo de 2006 el procurador delegado primero para la vigilancia administrativa, revocó parcialmente el Auto de 7 de diciembre de 2005, en cuanto dispuso el archivo de las diligencias adelantadas en contra de la demandante, pues procedía la apertura de investigación; por su parte, en lo atinente a la señora Adriana Bravo Urbano, confirmó la decisión. Lo anterior, en atención a que no se explica el por qué fue desvinculada la señora Liliana Patricia Andino solo hasta el 2 de agosto de 2005, cuando su fuero sindical venció el 10 de septiembre de 2004 (fls. 283 a 288).

• El 9 de agosto de 2006, el señor Jorge Enrique Bautista Duran, profesional universitario del hospital civil de Ipiales ESE, manifestó en la declaración rendida, que una vez llegó al área de recursos humanos, luego de la restructuración acaecida en el mes de abril de 2004, se dio a la tarea de establecer si la señora Liliana Patricia Andino Pérez tenía fuero sindical, pues a pesar que el jefe de ese departamento había certificado que lo ostentaba hasta el 10 de septiembre de 2004, no había documento alguno que soportara tal información; y que incluso, después de que se tomó la determinación de retiraría del cargo, no existía claridad de dicha condición, en tanto que, en el recurso de reposición que interpuso la señora Andino Pérez en contra del Acuerdo 8º de 2005, manifestó que tenía fuero sindical (folios 301 a 303).

• El 19 de enero de 2007, el señor Guido Oswaldo Arévalo Luna en versión libre que rindiera ante el operador Disciplinario, sostuvo que la señora Patricia Andino Pérez ostentó fuero sindical entre el 11 de marzo y el 10 de septiembre de 2004, pues aunque el 11 de marzo de 2004 había fenecido su nombramiento como directivo departamental de ANTHOC, por disposición legal debía extenderse por 6 meses más (fls. 389 a 391).

• El 21 de enero de 2008, la procuradora regional de Nariño formuló pliego de cargos en contra de la señora Ana Belén Arteaga Torres porque (fls. 339 a 34-9):

“(...) en desarrollo del proceso de reestructuración adelantado en ese hospital al perecer dejó de cumplir con lo previsto en el acuerdo 5º de abril de 2004 expedido por te Junta Directiva que ordenó la supresión de los cargos de la planta de personal, acto administrativo que se encontraba condicionado respecto a servidores públicos amparados por fuero sindical para lo cual la Junta Directiva expidió el Acuerdo 3º de febrero de 2005 en el que inobservando nombre de todos los servidores públicos amparados por fuero, sin embargo dejó de Incluirse el nombre de la Auxiliar de enfermeria (sic) Patricia Andino Pérez, persona que a la fecha de este acuerdo no tenía fuero sindical por haberle fenecido el día 10 de septiembre de 2004, no obstante la mencionada señora laboró hasta el mes de agosto de 2005, época en te que se profirió el Acuerdo 8º de 2005, inobservando así el Acuerdo de supresión de cargos (...)”

• El 8 de febrero de 2008, la demandante contestó al anterior pliego de cargos manifestando que, quien tiene la facultad para proferir los Acuerdos del Hospital Civil de Ipiales ESE es la Junta Directiva, mas no, la gerencia; además indicó que, existía dudas respecto de la fecha en que el fuero sindical cobijaba a la señora Liliana Patricia Andino Pérez pues no había documento alguno que soportara tal información (fls. 352 a 380).

• El 12 de mayo de 2008, la procuradora regional de Nariño al proferir el fallo de primera instancia manifestó que las pruebas aportadas por la defensa, no indican gestión o diligencia por parte de la actora que conduzca a demostrar que trató oportunamente de establecer la situación real de fuero sindical de la señora Andino Pérez, por lo contrario, confirman que en esa búsqueda por determinar tal condición, siguió ocupando un cargo que debía ser suprimido (fls. 427 a 446).

• El 20 de mayo de 2008, el apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior determinación, reiterando los mismos argumentos que expuso en su oportunidad cuando presentó los descargos al pliego de cargos (folios 449 a 480).

• El 3 de junio de 2009, la procuradora delegada para la vigilancia administrativa confirmó el fallo de primera instancia en contra de la señora Ana Belén Arteaga Torres, bajo el argumento de que no existía duda alguna respecto del aforamiento de la señora Liliana Patricia Andino Pérez, ya que las pruebas son concluyentes al determinar que su condición venció el 10 de septiembre de 2004 (fls. 498 a 515).

• El 16 de junio de 2009, mediante escrito que presentó el abogado de la demandante, solicitó que fuera adicionado el fallo de segunda instancia, en el sentido de pronunciarse sobre la declaración de prescripción de la acción de carácter disciplinario (folios 520 a 525).

• El 26 de junio de 2009, la procuradora delegada para la Vigilancia Administrativa denegó la solicitud de adición al fallo de segunda instancia, como quiera que fueron abordados todos los argumentos —expuestos por el apelante y además, que no ha operado el fenómeno de la prescripción en la acción disciplinaria, ya que la conducta reprochada es de carácter permanente o continuada la cual concluyó solo hasta el 3 de agosto— de 2005 (fls. 554 a 558).

• Por medio del Auto del 5 de agosto de 2009, la procuradora regional de Nariño convirtió el término de suspensión de 8 meses como sanción impuesta a la señora Ana Belén. Arteaga Torres, en el pago de $40.649.928, puesto que para el momento en que fue impuesta tal determinación, no laboraba como Gerente del Hospital Civil de Ipiales ESE, por lo que se debe dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 del Código Disciplinario Único(11) (fls 572 a 574).

Del caso en concreto. Estudio de los cargos.

Previo a desarrollar los cargos planteados por la adora, es pertinente afirmar que el debido proceso es una garantía constitucional instituida a favor de las partes y de aquellos terceros interesados en una determinada actuación administrativa o judicial consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política. Esta garantía consiste en que toda persona, natural o jurídica, debe ser juzgada conforme a las leyes preexistentes al caso que se examina, garantizándole principios como los de publicidad, contradicción y el derecho de defensa.

De igual modo, se puede afirmar que no toda irregularidad dentro del proceso disciplinario genera por si sola la nulidad de los actos a través de los cuales imponen a un funcionario una sanción, pues lo que interesa en el fondo es que no se haya incurrido en fallas que impliquen violación del derecho de defensa y del debido proceso.

Falsa motivación y falta de competencia.

Estos cargos serán analizados conjuntamente en consideración a que la actora esgrimió argumentos similares encaminados a demostrar que, por un lado, no se tuvo en cuenta la situación administrativa de quienes se encontraban amparados por el fuero sindical, y por otro, la única autoridad que podía emitir un acto administrativo que suprimiera los cargos de las personas que ostentaran tal condición, era la junta directiva del hospital Civil de Ipiales ESE.

Por su parte, la entidad demandada afirmó que en las actuaciones disciplinarias, se evidencia el debido proceso y el derecho a la defensa que le asistió al sancionado, como también, los principios y formalidades legales hasta cuando se resolvió de fondo, por lo cual, cualquier razonamiento adicional resulta infundado, por cuanto el proceso disciplinario se desarrolló con la plenitud de las formalidades propias de ese juicio y bajo esa premisa, los actos acusados deben mantener la presunción de legalidad.

Cuando se refiere a los motivos, la administración no puede actuar caprichosamente, sino que debe hacerlo tomando en consideración las circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso la lleven a tomar una decisión, ya que son estas circunstancias, las que constituyen su causa o mejor, el motivo de dicho acto administrativo. Si se alega falsa motivación, la demandante debe demostrar en el proceso que las razones aducidas en el acto impugnado no existieron o que sencillamente son inexactos.

Se observa que fueron múltiples las pruebas que se tuvieron en cuenta al momento de calificar la falta disciplinaria, basta con mirar con detenimiento los fallos de primera y segunda instancia, proferidos el 12 de mayo de 2008 y el 3 de junio de 2009 por la procuradora Regional de Nariño y la procuradora delegada para la vigilancia administrativa, respectivamente.

En efecto, dentro de las pruebas que examinaron ambas instancias se encuentran las siguientes: la certificación expedida por el seriar Guido Arévalo Luna, en donde se estableció que la señora Liliana Patricia Andino Pérez tenía fuero sindical hasta el 10 de septiembre de 2004; el Acuerdo 5º de 2004 por medio del cual la junta directiva del Hospital Civil de Ipiales ESE tornó la determinación de suprimir a partir del 21 de abril de! mismo año, 159 cargos, entre ellos 40 Auxiliares de Enfermería; el Acuerdo 8º de 2005, mediante el cual fue suprimido el cargo que ostentaba la citada señora. Estos elementos de juicio fueron determinantes, en la medida en que concluyeron que habla una falta de gestión de parte de 12 adora, pues tardó más de 10 meses en retirar a un funcionario al cual se le había suprimido el cargo.

Si bien la demandante puede alegar que no existía claridad respecto de la fecha en que expiraba el fuero sindical de la señora Andino Pérez, lo cierto es que no hay prueba que demuestre su interés en aclarar la situación, todo lo contrario, existía una certificación por parte del jefe de recursos humanos en la que explicaba que dicho aforamiento vencía el 10 de septiembre de 2004.

No era necesario que fuera incluida la señora Liliana Patricia Andino Pérez dentro del Acuerdo 3º de 2005(12), o incluso que se expidiera el Acuerdo 8º del mismo año(13), puesto que era obligación de la demandante después del 10 de septiembre de 2004, comunicarle a la citada señora que el cargo que venía ocupando habla sido suprimido por disposición del Acuerdo 5º de 2004.

Como la señora Andino Pérez no estaba amparada por fuero sindical, porque su período ya había vencido, la entidad no estaba obligada a pedir autorización al Juez del Trabajo para proceder a su retiro del servicio, como erradamente lo sostiene la actora dentro del libelo introductorio.

En cuanto a la necesidad de notificar al empleador sobre el aforamiento, la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente:

“(...) nada dice el Código Sustantivo del Trabajo sobre la necesidad de que el patrono sea notificado para que el aforo a que tiene derecho el trabajador por razón de la conformación, adherencia o dirección del ente sindical opere, como quiera que el literal a) del artículo 406 del estatuto en comento determina que la protección se inicia “desde el día de su constitución”, pero, en razón de que el artículo 363 ídem dispone que “una vez realizada la asamblea de constitución, el sindicato de trabajadores comunicará por escrito al respectivo empleador y al inspector de trabajo, y en su defecto al alcalde del jugar, la constitución del sindicato, con la declaración de los nombres e identificación de cada uno de los fundadores. El inspector o el alcalde, a su vez, pasarán igual comunicación al empleador inmediatamente y los artículos 371 y 407.2 ibídem proveen que tanto la designación, como el cambio de junta directiva deben notificarse al patrono, porque en tanto no se comunique “el cambio no surte ningún efecto”: la jurisprudencia laboral ha entendido que si bien la protección que brinda el fuero sindical se inicia con la constitución del sindicato, dicha protección no surte efectos sino a partir de que el patrono —su destinatario— reciba un escrito que le informe sobre la constitución del ente sindical y le proporcione los nombres do los trabajadores aforados —fundadores, directivas y adherentes(14)(...)”.

Visto lo anterior, se puede concluir que era obligación del trabajador comunicar al empleador sobre el atoramiento, pues no de otra manera puede operar la protección. Quiere decir que la demandante, quien era la entonces Gerente del Hospital Civil de Ipiales ESE, no tenía por qué establecer si la señora Andino Pérez se encontraba o no cobijada por el fuero sindical, ya que si la citada señora quería hacer prevalecer su prerrogativa, debía informarlo al empleador.

Otra de las razones que desmienten la supuesta duda respecto de la fecha de vencimiento del fuero sindical de la señora Liliana Patricia Andino Pérez, es que el inspector de trabajo y seguridad social de Ipiales en ningún momento certificó que ella estuviese amparada por tal prebenda, por ende, el empleador podía disponer del cargo que había sido suprimido por disposición del Acuerdo 5º de 2004 desde el 11 de septiembre de 2004, pues la administración no había sido informada de la prórroga del aforo, como para que pudiese perdurar en el cargo que ostentó hasta el 2 de agosto de 2005.

En ese orden de ideas, no se puede invocar la existencia de la falsa motivación o falta de competencia, habida cuenta que la demandante no aportó las pruebas necesarias que lleven al juzgador, a un pleno convencimiento de la ocurrencia de las causales de anulación descritas por el artículo 84 del CCA. Es decir, no es suficiente mencionar el cargo, sino también, presentar las evidencias que tiendan a fundarlo.

Conforme a lo expuesto en precedencia, fluye con claridad la observancia del principio de objetividad durante el trámite de la actuación disciplinaria y de la búsqueda de los elementos de juicio que con criterio de razonabilidad y con pleno respeto de las garantías del sujeto disciplinado fundamentaran la decisión final a que hubiere lugar.

Además, el recaudo probatorio, así como su razonada valoración dentro del principio de la sana crítica, permiten establecer la eficiencia de la administración en la búsqueda de determinar la falta objeto de censura, así como la autora de la misma, estructurando los elementos de la responsabilidad disciplinaria, esto es la tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad.

Bajo estos presupuestos, se debe concluir que este cargo no está llamado a prosperar.

Existencia de causal excluyente de responsabilidad.

La demandante sostuvo que había actuado con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, puesto que no tenía la condición de abogada y le era dable respetar las instrucciones que le fueron dadas por la dependencia de personal del hospital civil de Ipiales.

Frente a ese razonamiento es necesario sostener que el ingrediente fundamental para que opere este tipo de causal, además de la existencia del error, es que este sea invencible, por lo tanto, es necesario que se configuren dos situaciones para que sea procedente la causal de exclusión de la responsabilidad, tal y como pasa a explicarse.

Es necesario que el disciplinado tenga la creencia plena y sincera de que actuaba ajustado al ordenamiento jurídico, y además, que el error de apreciación no era humanamente superable dadas las condiciones personales del procesado y las circunstancias en que este se realizó) eventos en los cuales, la conducta no es reprochable a título de dolo, porque en el encartado no hay la conciencia de la ilicitud de su acción, sin el cual el fenómeno no se estructura. Tampoco le puede ser reprochable a título de culpa porque actuó con el cuidado y diligencia para determinar que su conducta no era contraria a la ley.

Es decir, solo se puede eximir de responsabilidad cuando el ilícito disciplinario se comete de buena fe(15) por ignorancia invencible, requisitos estos que no se cumplen en el sub lite, ya que si bien era cierto que la actora no contaba con los conocimientos jurídicos para la toma de decisiones, se presume que para su vinculación como gerente del Hospital Civil de Ipiales ESE debía acreditar las calidades profesionales y de experiencia necesarias para asumir las funciones, responsabilidades y obligaciones que el cargo requería, razón por la cual no puede justificarse en el trabajo que bien o mal realicen sus subalternos, pues la señora Arteaga Torres debía ser diligente, cuidadosa, idónea y eficiente en el ejercicio de la función pública.

No es cierto que actuó bajo la creencia de que su conducta se adecuaba a las normas morales, jurídicas y sociales; por cuanto era su deber, después del 11 de septiembre de 2004, comunicarle a la señora Andino Pérez que el cargo que venía desempeñando había sido suprimido pues, por un lado, el Acuerdo 5º de 2004 expedido por la Junta Directiva del Hospital Civil de Ipiales(16), le era aplicable a todos los funcionarios de la entidad, incluso a los que estaban amparados por el fuero sindical una vez cesaran los efectos del atoramiento, y por otro, había una Certificación en la que se expresaba que tal condición de la señora Andino Pérez vencía el 10 de septiembre de 2004.

Desconocimiento del principio de confianza legítima

La actora sostiene que fue diligente más allá de lo exigido, puesto que ante las inconsistencias presentadas en las certificaciones de los casos d3 las señoras Margoth Isabel Potosí y Liliana Patricia Andino Pérez, indagó con el Coordinador de Recursos Humanos de! Hospital Civil de Ipiales, quien era abogado, la condición de fuero de las mencionadas personas.

La Corte Constitucional, ha definido el principio de confianza legítima como:

“(...) un corolario de la buena fe que consiste en que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un periodo de transición para que ajusten su comportamiento él una nueva situación jurídica. No se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan sólo de amparar unas expectativas válidas que los particulares se habían hecha con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de comportamientos activos o pasivos de la administración pública, regulaciones legales o interpretaciones de las normas jurídicas. De igual manera como cualquier otro principio, la confianza legítima debe ser ponderada, en el caso concreto, con los otros, en especial, con la salvaguarda del interés general y el principio democrático(17) (...)”

Por su parte el Consejo de Estado ha sostenido sobre el particular que(18):

"El principio de confianza legítima ha sido desarrollado detalladamente en la jurisprudencia del consejo de Estado, privilegiando la creencia del ciudadano en que la administración, por su posición dominante exige lo que es necesario y nada más de lo necesario en suma, la administración impone las condiciones al ciudadano y lo limita según signos objetivos. De este modo, si el ciudadano se orienta por esos signos que le brinda la administración y por tanto dirige su conduela y se ajusta a las exigencias expresas hechas, no puede reprochársele por no ser más diligente que la administración misma, ni acusársele de dejar de hacer lo que nadie le exigió que hiciera”.

Observa la Sala que la demandante utiliza el concepto de la confianza legítima de manera errada, ya que el ente demandado en ningún momento cambió el procedimiento al cual debía regirse la gerente del Hospital Civil de Ipiales ESE para comunicar a la señora Liliana Patricia Andino Pérez que el cargo que venía ocupando había sido suprimido por disposición del Acuerdo 5º de 2004.

La confianza produce expectativas legítimas que el Estado debe proteger, lo que a su vez genera seguridad jurídica en los administrados, luego entonces, si la Junta Directiva dispuso a través de un Acuerdo qué cargos debían suprimirse, lo lógico es que el gerente ejecute las órdenes encomendadas. Siendo así, no se puede excusar en que tenía dudas respecto de la situación administrativa de la citada señora, y que por ello encomendó a diferentes subalternos para averiguar la condición de aforo, pues había una decisión de la Junta que debía acatar.

Aunado a lo anterior, era deber de la funcionaria que gozaba del fuero sindical, demostrar que lo ostentaba, pues de lo contrario, no tendría ningún efecto.

Prescripción de la acción disciplinaria

La prescripción de la acción es un mecanismo de orden público en virtud del cual, por el vencimiento del término legalmente previsto para tal fin, cesa la potestad del Estado para imponer una sanción, para este caso de carácter disciplinario; a la vez que constituye una sanción frente a la inactividad de la administración, también tiene conexión esencial con el derecho del procesado a que se le defina su situación jurídica en un término determinado puesto que si quedara sujeto en forma indefinida a una imputación, vulneraría el debido proceso previsto en el artículo 29 superior(19).

Previo a determinar sí en el presente caso se configura tal fenómeno, se efectuará un recuento de la jurisprudencia que esta corporación ha tenido sobre el particular.

La prescripción de la acción sancionatoria ha sido objeto de varios pronunciamientos por parte de las Salas que integran la Contencioso Administrativa y de esta misma que al conocer del asunto por importancia jurídica y en orden a unificar los diferentes criterios emitió el pronunciamiento al que más adelante se referirá esta sala y que corresponde a la Jurisprudencia actualmente vigente.

Tesis de la Subsección B en relación con la prescripción de la acción sancionatoria.

Mediante Sentencia de 23 de mayo de 2002(20), esta Sala precisó que dentro del término de cinco (5) años que establece la Ley para la prescripción de la acción disciplinaria, la autoridad competente tenía no solo que tramitar la acción, sino imponer la sanción, lo cual significa que los recursos interpuestos debían estar resueltos en los términos establecidos en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.

La Sentencia citada resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la que dictó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 20 de junio de 1997, que denegó las pretensiones de la demanda del Brigadier General Hernán Velandía Hurtado, tendientes a que se declarara la nulidad de las providencias mediante las cuales la procuraduría delegada para los derechos humanos lo destituyó del cargo da comandante del comando operativo de Inteligencia y Contrainteligencia del Batallón Charry Solano, por el conocimiento y aprobación de la retención, desaparición y posterior homicidio de la señora Nidya Erika Bautista.

En aquella oportunidad esta Sala observó que en el fallo de primera instancia el Tribunal consideró que no había operado la prescripción, por cuanto el comportamiento omisivo del Coronel Velandia fue indefinido en el tiempo, tesis que esta Sala no compartió por considerar inaceptable el criterio de la imprescriptibilidad y la posibilidad de que las faltas disciplinarias pudiesen ser investigadas en cualquier tiempo; en cambio sí manifestó estar de acuerdo con la afirmación de la procuraduría, consistente en: "(...) por tratarse de una conducta de ejecución permanente, que implicaba un constante o prolongado ocultamiento de la víctima y genera una situación de incertidumbre sobre su paradero, sólo en la medida en que la persona apareciera viva o muerta empieza a contarse término alguno de prescripción”, razón por la cual, aun cuando la desaparición forzada de Nydia Bautista se produjo el 30 de agosto de 1987, solo cuando se identificó su cadáver, el 26 de julio de 1990, comenzó a contar el término de prescripción de la facultad sancionatoria. Al respecto esta Sala manifestó:

“(...) En el caso de análisis, como ya se relató, la decisión era de única instancia pero estaba sujeta a recurso de la posición y debió concluirse la actuación antes del 26 de julio de 1995.

El asunto se definió en tiempo por la Resolución 13 de 5 de julio de 1995 pero esta fue recurrida y la decisión del recurso se tomó por resolución 16 de 19 de julio de 1995, todavía en tiempo, pero como no se notifica debida forma, los interesados interpusieron acción de tutela, en protección de su derecho constitucional fundamental al debido proceso, que les fue favorable, razón por la cual la sentencia solo quedó ejecutoriada el 25 de agosto de 1995 vencido el término de prescripción (...)” (destacado fuera de texto).

Significa lo anterior que la Resolución 16 de 19 de julio de “1995 quedó ejecutoriada por fuera del período quinquenal de prescripción y, en consecuencia, cuando la procuraduría Delegada impuso al actor la sanción de destitución había perdido competencia para sancionarlo.

Tesis de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en relación con la prescripción de la acción sancionatoria

Contra la Sentencia referida en el aparte precedente, dictada por esta Sala el 23 de mayo de 2002, la Procuraduría General de la Nación (Entidad demandada), interpuso recurso extraordinario de súplica, el cual no fue resuelto por la Sala Transitoria de Decisión Segunda B a quien competía, sino por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en tanto aquella consideró que por la importancia jurídica del terna a definir, tratado indistintamente por las Secciones, a esta correspondía decidir.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo infirmó la Sentencia dictada por esta Subsección el 23 de mayo de 2002 y confirmó la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 20 de junio de 1997 que denegó las pretensiones de la demanda.

La Sala Plena consideró necesario unificar las posturas de las secciones sobre el tema, en razón a que ese fue el motivo para que el proceso fuese llevado por importancia jurídica a esa Sala y procedió a explicar las razones por las cuales consideró que la tesis de recibo y que debía imperar era la que proclamaba que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la actuación administrativa, esto es al expedir y notificar el acto administrativo principal, que, en su sentir, corresponde al que resuelve de fondo el proceso disciplinario, el que define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria y en el cual se concreta la expresión de voluntad de la Administración. En la Sentencia que unificó la jurisprudencia relativa a la prescripción de la acción sancionatoria, la Sala Plena expuso:

"(...) Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que este incluye la actuación sino permitir a la administración que este sea revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa denominada “vía gubernativa” queda al arbitrio del administrado que es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el acto.

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas y regidas por procedimientos propios. La primera, culmine cuando la administración, luego de tramitarle, define la investigación y expide el acto que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, que se concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.

Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro de ese lapso a resolver los recurso de la vía gubernativa dentro de ese lapso a resolver los recurso de la vía gubernativa e incluso a notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manas del investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo s e “impone la sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien dependen las incidencias del trámite de notificación.

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las modificaciones que el introdujo el artículo 6º de la ley13 de 1974 con las modificaciones que el introdujo el artículo 6º de la ley 13 de 1984, porque le otorgó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el último recurso de la vía gubernativa.

Por el contrario, imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a partir del último acto constitutivo de la falta, significa que, como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria(21)(subrayas y negrillas fuera del texto)

Acción de Tutela contra la providencia proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

El señor Álvaro Hernán Velandia Hurtado consideró que la decisión de 29 de septiembre de 2009, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, violaba sus derechos de igualdad, al debido proceso y de acceso a una recta y cumplida administración de justicia, razón por la cual intentó la acción de tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura y habiendo sido remitida por competencia a esta corporación (D. 1382/00 y AC. 031/002 y 55/03
Sala Plena del Consejo de Estado) fue repartida a la Subsección A, de la Sección Segunda, cuyos miembros se declararon impedidos y, previa aceptación de los impedimentos, fueron separados del conocimiento del asunto y reemplazados por Conjueces.

El procedimiento de la aludida acción constitucional culminó con la Sentencia de 1º de marzo de 2011, mediante la cual la Sala de Conjueces revocó el Fallo de 29 de septiembre de 2009, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación y declaró en firme la sentencia de la Sección Segunda, Subsección B, de 23 de mayo de 2002.

Posteriormente, mediante proveído de 19 de mayo de 2011, la misma Sala de Conjueces resolvió un incidente de nulidad formulado por el Ministerio de Defensa Nacional quien adujo no haber sido notificado como parte interesada en el proceso de tutela; el proveído citado negó “la prosperidad de las nulidades propuestas”.

Por Auto de 27 de marzo de 2012, proferido en Sala Unitaria de la Sección Cuarta, decidió de oficio declarar la nulidad de todas las actuaciones surtidas en la Acción de Tutela que se viene comentando, a partir del auto admisorio proferido el 6 de julio de 2010, por la Sección Segunda, Subsección A, Sala de Conjueces y en consecuencia ordenó rehacer el trámite del proceso de tutela, previa notificación al Representante Legal del Ministerio de Defensa Nacional, así como a todas las personas naturales o jurídicas que puedan resultar afectadas con el resultado de la misma.

Contra la última de las decisiones referidas, el señor Álvaro Hernán Velandia Hurtado interpuse recurso ordinario de súplica, que fue decidido por la Sección Cuarta mediante Auto de 2 de agosto del año en curso, en el sentido de confirmar el auto de 27 de marzo de 2012 y devolver el expediente a la Sección Segunda, Subsección A, Sala de Conjueces del Consejo de Estado, para lo de su competencia.

Finalmente la Sala Contenciosa, Sección Segunda, Subsección A, Sala de Conjueces, mediante sentencia de 17 de abril de 2013, tuteló los derechos fundamentales del actor al debido proceso y derecho de defensa, para lo cual revocó la Sentencia de 29 de septiembre de 2009, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo que resolvió el recurso extraordinario de súplica dentro del Expediente 2003-00442-01, actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado; y en lugar dispuso dejar en firme la Sentencia de 23 de mayo de 2002, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, teniendo en cuenta la siguiente fundamentación:

1. “La sola notificación del Fallo disciplinario de única instancia sin la observancia de lo previsto en el Código Contencioso Administrativo en lo relativo al agotamiento de la vía gubernativa y firmeza de los actos, constituye una vía de hecho por defecto material por desconocimiento del debido proceso.

2. Afirmar que a partir de la notificación de la decisión inicial [Fallo de Única instancia de 29 de septiembre de 2009] a través de la cual se impuso una sanción disciplinaría recurrible, es que debe contabilizarse el término de prescripción contradice lo previsto en el artículo 60 de la Ley 13 de 1984 en concordancia con los artículos 26 y 27 del Decreto 3404 de 1983, 64 del CCA.

3. Lo anterior, porque dentro de los procedimientos administrativos, la presentación del recurso [en el presente caso de reposición impide la ejecutoria y obligatoriedad del acto, pues tal reposición no podría concederse en efecto devolutivo en vía gubernativa.

4. En esas condiciones, no es aceptable que la simple notificación de la decisión primigenia recurrible en proceso de ejecutoria, desvirtué la presunción de inocencia de la que goza el disciplinado y con ello, se interrumpe la prescripción.

5. Por lo anterior no puede declararse impuesta fa sanción disciplinaria y terminado el proceso disciplinario, antes de que éste realmente concluya con la plenitud de las formalidades legalmente establecidas para su trámite. (...)”.

Del anterior recuento, se concluye que la Jurisprudencia vigente en materia de prescripción de la acción administrativa disciplinaria, es la contenida en la Sentencia proferida 23 de mayo de 2002, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, Expediente 17112, Actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado, según la cual, dentro del término prescriptivo establecido por la ley, la autoridad competente debe concluir la actuación administrativa expidiendo y notificando el acto que resuelve los recursos interpuestos contra la decisión principal que impone la sanción disciplinaria al investigado, con los cuales se agotaría la vía gubernativa.

Al ser la anterior decisión el precedente jurisprudencia: vigente en relación con el cómputo del término de prescripción de la acción disciplinaria, la Sala resolverá el cargo con fundamento en la Sentencia de 19 de abril de 2013, previamente citada.

Así las cosas, como la conducta reprochada a la señora Arteaga Torres no es de carácter instantáneo, sino que corresponde a una falta continuada, dado que dejó de cumplir una orden establecida por el Acuerdo 5º de 20 de abril de 2004 la cual solo fue concluida hasta el 2 de agosto de 2005, cuando fue retirada del cargo la señora Liliana Patricia Andino Pérez, y como la procuradora delegada para la vigilancia administrativa notificó el Fallo de Segunda Instancia el 12 de junio de 2009, se concluye que no han transcurrido los 5 años que la ley le confiere al Estado para investigar las faltas que por acción u omisión cometan los servidores públicos; por ende, este cargo tampoco está llamado a prosperar.

Proporcionalidad de la sanción.

En cuanto a este cargo, la actora considera que la falta endilgada permitía adecuar la misma, de conformidad con el artículo 47 del Código Único Disciplinario(22), teniendo en cuenta la diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo, la cual en el presente caso, se encuentra acreditada con el proceso de reestructuración de la planta de personal que adelantó como gerente del Hospital Civil de Ipiales ESE.

El artículo 23 del Código Disciplinario Único, dispone:

“ART. 23.—La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones,

Prohibiciones y violación del régimen de incompatibilidades, impedimentos conflictos de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento”. (resalta la sala)

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 42 del Código Disciplinario Único, las faltas se clasifican en gravísimas, graves y leves. A su turno, el artículo 44 estableció las sanciones para cada clase de falta, en los siguientes términos:

“ART. 44. Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:

1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima.

2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas gravísimas culposas.

3. Suspensión, para las faltas graves culposas.

4. Multa, para las faltas leves dolosas.

5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas. (...)”. (resalta la Sala).

Respecto de los criterios para la graduación de la sanción, observa la Sala que en los Fallos disciplinarios de Primera y Segunda Instancia, la entidad demandada motivó suficientemente la decisión de suspender del cargo a la señora Ana Belén Arteaga Torres por el término de 8 meses, como quiera que, por un lado, contra ella había un antecedente disciplinario, en donde fue sancionada con la suspensión de 8 meses en el ejercicio del mismo, y por otro, se demostró que la conducta reprochada ro era intencional, sino que se trató de una actuación negligente al no dar cumplimiento al Acuerdo 5º de 2004 suscrito por la junta directiva del Hospital Civil de Ipiales; luego entonces, la graduación de la falta estuvo debidamente sustentada.

En virtud de lo anterior, cabe mencionar que esta no es la instancia para reabrir un debate en torno a la etapa probatoria, la cual fue agotada en debida forma durante el proceso disciplinario, ya que no se evidencia una irregularidad que afecte el derecho al debido proceso de la demandante, ni mucho menos garantías esenciales a un juicio justo y objetivo corno son la presunción de inocencia y la imparcialidad que deben orientar la actuación de todo ente investigador. Así las cosas como la actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, ni se acreditó alguna causal que los vicie de nulidad, no pueden prosperar las súplicas de la demanda. Además, el control judicial que se efectúa al ejercicio de la potestad disciplinaria, de ninguna manera puede asimilarse a una tercera instancia, ni constituye tal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

DECLÁRENSE no probada la excepción propuesta por la parte demandada.

DECLÁRASE inhibida la Sala para pronunciarse sobre los Autos de 26 de junio y 5 de agosto de 2009, proferidos por la Procuradora

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda instaurada por la señora por Ana Belén Arteaga Torres contra la Nación - Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, Notifíquese y una vez en firme este proveído, archívense las presentes diligencias. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(11) (...)

La suspensión no será inferior a un mes no superior a doce meses. Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el termino de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial.

(...)”.

(12) Por medio del cual la Junta Directiva del Hospital Civil de Ipiales ESE., suprimió de la planta de personal algunos funcionarios que se encontraban amparados por fuero sindical.

(13) A través del cual la Junta Directiva del Hospital Civil de Ipiales ESE resolvió suprimir de la planta de personal el cargo de auxiliar de enfermería que estaba siendo ocupado por las señora Liliana Patricia Andino Pérez.

(14) Al respecto, se debe recordar que, desde sus inicios, la institución del fuero sindical requirió la “notificación formal” para que opera la protección. Así el artículo 18 del Decreto Ley 2350 de 1944 exigía que dicha notificación debía hacerse por “cualquier número de trabajadores suficiente para constitución de un sindicato (ante) el inspector, juez o tribunal”, la ley 6º de 1945 en cambio supuso que la protección especial del Estado a los trabajadores que tenían el propósito de organizarse bajo un ente sindical se iniciaba con la “ notificación formal de cualquier número de trabajadores suficientes para la constitución de un sindicato que se haga directamente por escrito patrón o por conducto de un Inspector, Juez o tribunal de trabajo (...); los artículos 406 o 407 de Código Sustantivo del trabajo —decretos 1663 y 3743 de 1950— previeron que los fundadores, directivas y adherentes gozarían de la protección que brinda el fuero sindical a partir de la notificación prevista en los articulo 263 y 371 del mismo estatuto, y estas disposiciones exigen la notificación al patrono y al inspector de trabajo y en su defecto al alcalde del lugar de la voluntad de un grupo de trabajadores de constituirse en sindicato, al igual que de cualquier cambio total o parcial en la junta directiva, como quiera que en tanto, este no surte ningún efecto,. El artículo 43 de la Ley 50 de 1990 dispuso que la notificación al respectivo empleador debí hacerse mediante notificación escrita una vez realizada la asamblea constitutiva del sindicato y no modificó el 371 relativo a la necesidad de notificar en los términos del artículo anterior los cambios efectuados en la Junta Directiva del ente sindical, para que tales cambios surtan efectos.

(15) Consejo de Estado, sentencia de 7 de febrero de 2008, Radicación 25000-23-25- 000-2001-1 1811-01(2941-05), C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

(16) Al ser la máxima autoridad del Hospital Civil de Ipiales ESE, la demandante debía acatar todas las decisiones que se adoptaran.

(17) corte constitucional, Sentencia T-210 de 2010 de 2010 M.P Juan Carlos Henao Pérez

(18) Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 8 de abril de 2010, Radicado Nº Interno: 1570-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

(19) Véase en este sentido la Sentencia C556 de 2001 proferida por la corte constitucional, Magistrado Ponente, Álvaro Tafer Galvis.

(20) Sentencia de 23 de mayo de 2002, M.P. Dr. Jesús María Lemas Bustamante. Actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado. Expediente 17112.

(21) Sentencia de 29 de septiembre de 2009 M. P. Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación 11 001-03-15·000-2003-00442-01(S). Actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado.

(22) (…) “Artículo 47.—Criterios para la graduación de la sanción.

1. La cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e inhabilidad se fijarán de acuerdo con los siguientes criterios:

a) haber sido sancionado fiscal y disciplinariamente dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga;

b) La diligencia y eficacia demostrada en el desempeño del cargo o de la función

c) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero;

(…)” (lo resaltado es fuera de texto.)