Sentencia 2012-00707 de noviembre 30 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación 680011102000201200707 01

Aprobado según Acta 96 de la fecha.

Magistrado Ponente:

Dr. Adolfo León Castillo Arbeláez

Referencia: Abogado en apelación.

Disciplinado: Mauricio Enrique Rodríguez Delgado.

Quejoso: Saúl Edgardo Sierra Gómez.

Primera Instancia: Sanciona con 2 años de suspensión del ejercicio profesional (falta 34-C, 33-10 y 35-4 L. 1123/2007).

Segunda Instancia: Revoca y absuelve.

Bogotá, D.C., treinta de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer y decidir respecto de la apelación de conformidad con el mandato establecido en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.

Debe señalarse que tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia el primero (1º) de julio de 2015 del Acto Legislativo 2 de 2015, en donde se creó el nuevo órgano rector disciplinable, en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del citado artículo 19 que señala: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, siendo por lo tanto absolutamente claro que la competencia de esta Alta Corte de disciplinar a los abogados se mantiene en el tiempo hasta tanto entre a funcionar la referida Comisión.

La Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015, ratificó las atribuciones de esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria, al señalar:

“6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”.

Asunto a resolver

Determinada la condición de abogado del profesional inculpado, procede esta Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponda respecto del recurso de apelación impetrado por Mauricio Enrique Rodríguez Delgado, por intermedio de su apoderado, contra el fallo proferido el 7 de Julio de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander(2), a través del cual lo sancionó con suspensión del ejercicio de la profesión por dos (2) años, tras hallarlo responsable de las faltas descritas en los artículos 34-C, 33-10 y 35-4 de la Ley 1123 de 2007. Así, sin evidenciarse irregularidad alguna que pueda afectar de nulidad la presente actuación, se circunscribe el pronunciamiento al objeto de impugnación y lo que resulte inescindiblemente vinculado a ello, conforme lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 171 del Código Único Disciplinario, al que se llega por remisión expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.

Descripción típica de la falta imputada. En el caso bajo examen, el doctor MAURICIO ENRIQUE RODRÍGUEZ DELGADO fue sancionado por la comisión de las faltas contenidas en el artículo 33 numeral 10, 34 literal C, y 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, que rezan:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(…).

10. Efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión judicial o administrativa…”.

“… ART. 34.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

(…).

c) Callar, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarle la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto;…”.

“…ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(…).

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo…”.

Antes de cualquier consideración de fondo sobre el particular, válido es precisar que el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que recauden en el respectivo proceso disciplinario, tan es así que se establece como deber de los togados, el colaborar lealmente en la recta y cumplida administración de justicia, en todas sus relaciones profesionales, es más les impone la obligación de actuar con extrema honestidad en el desarrollo de sus actividades cotidianas como profesionales, pues son los abogados, como máximos defensores de la justicia y del ordenamiento jurídico, los llamados a llevar como estandarte de suprema máxima de su conducta, la honestidad; pues solo con ella fortalece la credibilidad que ha depositado en él, de manera general la sociedad.

Entrando ya en el asunto en concreto, se tiene que el proceso que se siguió ante el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bucaramanga radicado 2010-1067 proceso ejecutivo singular de SAÚL EDGARDO SIERRA GOMEZ contra EDGAR HIGINIO CÁRDENAS FERNÁNDEZ, el abogado recibió poder el 11 de noviembre de 2010, presentando la demanda respectiva el 24 de noviembre de 2010 siendo admitida. Librándose mandamiento de pago en virtud del cual se embargó la suma de $ 6.617.691 y terminándose el proceso a través de providencia del 16 de enero de 2012, por pago total de la obligación ordenando en consecuencia el levantamiento de las medidas cautelares y la entrega de dineros contenidos en depósitos judiciales que fueron cobrados por el abogado MAURICIO RODRÍGUEZ DELGADO.

Por estos hechos fue sancionado el abogado MAURICIO ENRIQUE RODRÍGUEZ DELGADO, por la comisión de las faltas contenidas en el artículo 33 numeral 10, 34 literal C, y 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, todas cometidas a título doloso.

Respecto de la comisión de las dos primeras de las faltas enrostradas, el a quo en el pliego de cargos consideró que de las pruebas existentes en especial “…conforme plenamente lo comprueba el proceso que se dictó ante el juzgado sexto civil municipal de Bucaramanga cuyas copias así lo demuestran al interior de esta actuación disciplinaria… (resaltados propios) (fl. 299, c.o.).

Explicó que si se meditaba en el contenido del artículo 34 literal C se extraía que el abogado no puede callar a su cliente todas las actuaciones profesionales que en un momento dado puedan llevar a la finalización de la relación jurídico-sustancial; refiriéndose a que el abogado no consultó con su cliente los términos del acuerdo conciliatorio suscrito con la contraparte y por el cual fue terminado el proceso.

Para entrar a analizar el primero de los argumentos antes expuestos, habrá de señalarse que se debe tener como inexistente la prueba documental referente a las copias del proceso ejecutivo objeto de queja, que sirvió de fundamento para formular los cargos y proferir la sentencia sancionatoria, por cuanto no fue debidamente incorporada al proceso disciplinario, como pasa a explicarse.

Conforme con lo anterior es importante transcribir lo señalado por el artículo 15, 16, 86 y 87 de la Ley 1123 de 2007, el cual dispone:

“ART. 15.—Interpretación. En la interpretación y aplicación del presente código el funcionario competente debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

ART. 16.—Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y en esta ley. En lo no previsto en este código se aplicarán los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y deontología de los abogados, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que no contravenga la naturaleza del derecho disciplinario.

ART. 86.—Medios de prueba. Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección judicial y los documentos, o cualquier otro medio técnico o científico los cuales se practicarán conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario.

Los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana crítica.

Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes, respetando siempre los derechos fundamentales.

ART. 87.—Libertad de pruebas. La falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos”.

De la normatividad trascrita se tiene que en el efectivo cumplimiento del debido proceso señalado artículo 29 de nuestra Constitución Política, las pruebas con las que se juzgue y sancione a un abogado dentro de un proceso disciplinario, deben ser debidamente decretadas, practicadas, incorporadas y valoradas conforme las reglas de la sana crítica y si ello no se cumple las que no se avengan a tales postulados deben considerarse inexistentes en el proceso y en consecuencia sobre ellas no se puede edificar ningún juicio de responsabilidad.

En cuanto a la prueba documental, el estatuto disciplinario que rige a los profesionales del derecho, especifica que todas las pruebas deberán ser practicadas e incorporadas en audiencia de pruebas y calificación provisional; situación que no ocurrió con la totalidad de las copias adosadas al expediente contentivas del proceso ejecutivo de marras, pues si bien se ordenó solicitar al Juzgado 6º Civil Municipal de Bucaramanga la totalidad del expediente en copia, lo cierto es que una vez allegadas éstas al disciplinario (abr. 9/2014, fl. 408, c.o.), la Magistrada omitió incorporarlas a la actuación disciplinaria en la continuación de audiencia, como consta en el audio de la continuación de la audiencia de juzgamiento, llevada a cabo el 24 de abril de 2014, donde no obra evidencia en los audios que se hubiese incorporado tales copias al interior de la audiencia oral que se surtía; situación que se prolongó a lo largo de todas las fechas en que se perfeccionó, por el contrario lo que demuestran los audios de la audiencia es que de las copias aportadas por el despacho judicial, nunca se procedió a su incorporación al plenario y menos se le dio traslado de las mismas al investigado para que las conociera y poder ejercer su derecho de contradicción, sino que de manera directa la magistrada sustanciadora procedió a dar por terminada la etapa probatoria y proceder a dar el traslado para alegar de conclusión; y conforme a esa forma en que se desarrolló la práctica de dicha prueba, fue que se procedió a formular la sentencia sancionatoria.

Conforme a las reglas que rigen el debido proceso, en efecto la prueba fue debidamente decretada pero adolece de validez en cuanto a la forma en que se practicaron, toda vez que no fue incorporada al plenario en la sesión oral de la audiencia de juzgamiento, como tampoco se corrió traslado al investigado, lo cual genera que la misma se tenga por inexistente para el presente plenario debiendo esta Superioridad valorar las demás pruebas existentes a efectos de probar la responsabilidad del togado.

De igual manera ha de decirse que al no existir prueba documental que acredite fehacientemente los hechos objeto de queja, no queda otra alternativa que efectuar una valoración de las testimoniales vertidas dentro del disciplinario.

Así entonces manifestó el quejoso que el abogado no le dio a conocer el acuerdo conciliatorio por el que presuntamente se dio por terminado el proceso ejecutivo, dando así al traste con sus pretensiones económicas dentro del mismo pues el referido documento era abiertamente contrario a sus intereses.

Al efecto, el a quo desestimó los testimonios de los señores EDGAR CÁRDENAS y CRISTIAN COLMENARES, al considerar que tenían interés directo en las resultas del disciplinario, el primero de ellos por haber fungido como demandado en el proceso ejecutivo y el segundo por haber sido empleado directo del hoy disciplinado.

Contrario sensu, le otorgó plena credibilidad al quejoso dedicando en extenso a describir la veracidad de sus afirmaciones a través de la presentación de la queja y múltiples intervenciones.

Al respecto, razón le asiste al defensor del abogado cuestionado al manifestar que el quejoso es tal vez quien más interés presenta en las resultas del proceso disciplinario, pues obsérvese que el aparato jurisdiccional comienza su despliegue precisamente con la inconformidad que este plasma, respecto de determinado proceder de un abogado.

De igual manera existe contradicción entre lo afirmado por el quejoso y los testimonios de los señores CÁRDENAS y COLMENARES, pues el primero afirma no haber conocido el contenido de la conciliación realizada y los últimos coinciden en afirmar que el señor SAÚL SIERRA estuvo presente en al menos dos reuniones tendientes a obtener un arreglo directo entre las partes.

Dicho esto, nos encontramos frente a una duda razonable ya que se encuentra imposible saber si el abogado informó a su prohijado el contenido del acuerdo plasmado. Por lo tanto se debe dar aplicación al principio rector del artículo 8º de la Ley 1123 de 2007:

“ART. 8º—PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en sentencia ejecutoriada. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla”.

Por tal motivo no se puede endilgar que el abogado haya actuado contrario a derecho, ya que no existe ninguna prueba que amerite sancionarlo disciplinariamente respecto de la incursión en el injusto disciplinario contenido en el artículo 34 literal C de la Ley 1123 de 2007 y en consecuencia lo absolverá por esta conducta.

En cuanto a la falta contenida en el artículo 33 numeral 10 ibídem, expuso el a quo que al solicitar el abogado la terminación del proceso ejecutivo por pago total de la obligación y no por haber existido transacción entre las partes, el disciplinado desvió el recto criterio del juez al definir la cuestión litigiosa, pues en el entendido del fallador de instancia era responsabilidad del abogado verificar el cumplimiento de los términos del acuerdo realizado entre las partes, indicando al juez que se habían satisfecho todas la obligaciones cuando ello no era cierto, con el único propósito de cobrar los dineros embargados.

Al respecto considera la Sala que no existe relación con la falta endilgada y la argumentación esbozada, toda vez que ninguna conexión tendiente a desviar el adecuado proceder de un juez resulta de una solicitud de terminación del proceso por parte del abogado con la verificación de que se hayan cumplido los términos del acuerdo, pues nótese que de la documentación escrita aportada por el quejoso (fls. 49 y 50, c.o.), que, dicho sea de paso fue incorporada en debida forma por el Magistrado a quo en la instalación de la audiencia de pruebas, se infiere que existían bienes que ya habían sido entregados al demandante así como el compromiso de pagar un saldo pendiente por valor de $ 12.823.000 en cuotas mensuales de $ 300.000 luego, le era imposible al abogado verificar el pago de unas sumas de dinero que se darían a posterioridad de la terminación del contrato.

En este aspecto también le asiste razón al apelante cuando afirma que el abogado presentó memorial al juzgado solicitando la terminación del proceso, pero indicando que existía un acuerdo entre las partes, el cual dio a conocer al funcionario judicial; desvirtuándose de esta manera el presunto engaño pretendido por el abogado RODRÍGUEZ DELGADO; motivo por el cual esta Corporación lo absolverá de esta falta.

Finalmente, y respecto de la falta contemplada en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, debe indicarse que contrario a lo afirmado por el seccional de instancia, la suma de dinero reclamada por el abogado, forma parte de los honorarios pactados tal y como pasará a explicarse.

En el acuerdo de pago, se expuso que el demandado EDGAR CÁRDENAS entregaría al demandante entre bienes, títulos valores y dinero en efectivo, la suma de $ 29.097.157 (fls. 49 y 50, c.o.).

El quejoso y el disciplinado indicaron al unísono que se había pactado por concepto de honorarios el 20% de la suma a cobrar, una vez terminara el proceso ejecutivo.

En este orden de ideas, si el acuerdo de pago se hizo por la suma de $ 29.097.157 y con base en éste se decretó la terminación del proceso, el 20% de los honorarios asciende a la suma de $ 5.914.314, suma que siendo inferior a la cobrada por el abogado, no se encuentra desproporcionada ni arbitraria; no existiendo por tanto retención indebida de dineros por parte del abogado a su mandante.

Recuérdese también que del dicho del propio quejoso, ratificado por el disciplinado, entre ellos surgieron desavenencias respecto del cobro de honorarios, mismas que el abogado pretendió aclarar a través de un incidente de regulación de honorarios, que aunque fallido, justifica la retención de las sumas de dinero reclamadas por el abogado.

Luego, al no existir certeza sobre la comisión de esta falta, resulta lógico que esta Sala proceda a revocar la sanción que en este sentido se impuso.

Tampoco se puede desconocer que el abogado cuestionado a lo largo del todo el proceso quiso de algún modo llegar a un acuerdo con el quejoso, respecto de la suma que éste creía le había sido cobrada en exceso, procurando el abogado por iniciativa propia resarcir el eventual daño que consideró el quejoso había sufrido, pidiendo incluso peritaje respecto del eventual perjuicio causado al señor SAÚL EDGARDO SIERRA GÓMEZ, sin embargo ante la tasación de éstos el quejoso no los aceptó por considerar que el abogado estaba obligado a pagar la totalidad de la suma pretendida en el proceso ejecutivo seguido contra el señor EDGAR CÁRDENAS y que asciende a la suma cercana a los treinta millones de pesos.

Por lo anterior, ésta Sala revocará el fallo del 7 de Julio de 2015, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, sancionó al abogado MAURICIO ENRIQUE RODRÍGUEZ DELGADO, con suspensión del ejercicio de la profesión por dos (2) años, tras hallarlo responsable de las faltas descritas en los artículos 34-C, 33-10 y 35-4 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo impugnado proferido el 7 de Julio de 2015, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, sancionó al abogado MAURICIO ENRIQUE RODRÍGUEZ DELGADO, con suspensión del ejercicio de la profesión por dos (2) años, tras hallarlo responsable de las faltas descritas en los artículos 34-C, 33-10 y 35-4 de la Ley 1123 de 2007, conforme las razones expuestas en el acápite de consideraciones de esta sentencia.

2. En consecuencia ABSOLVER al abogado MAURICIO ENRIQUE RODRÍGUEZ DELGADO, de las faltas endilgadas.

3. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de Origen para que cumpla lo dispuesto por la Sala.

4. Por la Secretaría Judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.»

2 M.P. Martha Isabel Rueda Prada - Sala con el Magistrado Juan Pablo Silva Prada.