Sentencia 2012-00725/50615 de octubre 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 25000-23-26-000-201200725-01 (50615)

Actor: Nación - Policía Nacional

Demandado: Elkin Adbu Guarín Castillo

Ref.: Repetición.

Temas: Demanda de repetición - Constituye culpa grave que un agente de policía juegue con un arma de fuego y le quite la vida a un compañero accidentalmente / Término para pagar la condena impuesta en repetición - seis meses.

Bogotá D.C., veintitrés de octubre de dos mil diecisiete.

Procede la Sala a pronunciarse acerca del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia fechada el 13 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda1.

I. Antecedentes

1. La demanda.

La Policía Nacional formuló demanda de repetición el 26 de abril de 2012, en contra del señor Elkin Adbu Guarín, para que se lo condenara a reintegrar la suma de $ 105'384.441, la cual pagó en cumplimiento de una orden judicial.

Como fundamento fáctico de las pretensiones, se expuso que el 27 de septiembre de 1993 el demandado —en su condición de miembro de la Policía Nacional— se encontraba en calidad de agente de información de un CAI.

De acuerdo con la demanda de repetición, ese día al demandado se le disparó su arma de dotación oficial, ocasionando la muerte de un compañero.

Se expuso en los hechos que los familiares de la víctima demandaron en reparación directa a la Policía Nacional, para que esta les indemnizara los perjuicios que soportaron como consecuencia de la muerte de su ser querido.

Se precisó en la demanda que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia fechada el 5 de agosto de 1999, declaró a la Policía Nacional responsable por la muerte arriba mencionada y la condenó a pagar una indemnización.

Se narró en los hechos que la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de sentencia del 13 de mayo de 2009, confirmó la declaratoria de responsabilidad y modificó algunos aspectos de la condena.

Se indicó en la demanda que el señor Elkin Adbu Guarín debía declararse responsable por la muerte de su compañero, a título de culpa grave, toda vez que actuó de manera imprudente al no manipular adecuadamente su arma de dotación.

2. Trámite en primera instancia.

La demanda se presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 26 de abril de 20122, y fue admitida mediante auto fechado el 6 de junio de ese año3, la cual se notificó al Ministerio Público4 y al demandado5.

El demandado Elkin Adbu Guarín contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. En su criterio, la Policía Nacional no expuso argumentos de los cuales se pudiera establecer que él actuó con culpa grave o con dolo. Echó de menos en el expediente las sentencias condenatorias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de ahí las razones por las cuales se declaró responsable a la institución policial6.

3. Los alegatos de conclusión.

Concluido el período probatorio, mediante providencia fechada el 10 de diciembre de 2013, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, presentara concepto de fondo7.

En esta etapa procesal solo intervino la Policía Nacional para reiterar lo expuesto en la demanda8.

4. La sentencia de primera instancia.

Mediante sentencia proferida el 13 de febrero de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.

El a quo concluyó que la parte actora no aportó al expediente pruebas que demostraran que el demandado actuó con culpa grave o dolo al causar la muerte de un compañero. En estos términos lo explicó (se trascribe de forma literal, incluidos los posibles errores):

“Es así como, dentro del expediente reposa la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 5 de agosto de 1999, dentro de la acción de reparación directa radicada bajo el número (...) dentro de la cual se señaló:

“(...).

“Ahora bien, en sentencia del H. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera de fecha 13 de mayo de 2009, por la cual se modificó la sentencia anterior, se declaró patrimonialmente responsable a la Policía Nacional por la muerte de (...).

Providencias de las cuales no se puede colegir el grado de culpabilidad del agente estatal frente a los hechos ocurridos el 27 de septiembre de 1993, pues en estas no se realizó ningún estudio de la conducta dolosa o gravemente culposa del señor Elkin Adbu Guarín, requisito indispensable para proceder a la acción de repetición, de donde se deduce que la parte demandante no cumplió con la carga que le correspondía.

“Además, la parte actora en escrito de demanda guardó silencio acerca del grado de imputabilidad al agente estatal respecto de los hechos que originaron la condena a cargo de la entidad estatal, como tampoco allegó al expediente prueba de la cual se pudiera colegir el dolo o culpa grave de este, toda vez que lo evidenciado en el plenario son copias del proceso de reparación directa surtido ante al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y copia de la sentencia del Consejo de Estado, de la cual no se puede evidenciar el grado de culpa del subintendente R. Elkin Adbu Guarín, ya que dentro de este proceso la culpabilidad no era asunto de debate y por tanto no fue tratado en la sentencia.

“Además, dentro de las pruebas recaudadas en este proceso esta Subsección no encuentra probado el grado de culpabilidad en el que incurrió el subintendente”.

5. El recurso de apelación que presentó la parte actora9. 

La Policía Nacional se opuso a la sentencia de primera instancia con el argumento de que el demandado sí propició la condena por cuyo pago repite en este proceso.

En el recurso de apelación se hizo énfasis en que el demandado de manera intencional disparó en contra de su compañero causándole le muerte.

Así se indicó en la apelación (se trascribe de forma literal, incluidos los posibles errores):

“Es así que las diferentes diligencias de declaraciones que componen el proceso penal aportado legalmente como prueba dan cuenta de que el demandado estando en ejercicio de sus funciones sacó un arma de fuego que tenía en su poder y sin ninguna justificación procedió a apuntarla hacia el rostro del extinto agente.

“El señor (...) en diligencia jurada indicó: 'simplemente le apuntó al agente, levantó la mano y le disparó'.

“(...).

“Entonces tenemos que el demandado con su comportamiento incumplió de manera grave la constitución y la ley; además de que no fue diligente ni cuidadoso, porque aun cuando era consciente de la irregularidad que cometía al apuntar y accionar contra la humanidad de otra persona un arma de fuego, materializó tal conducta, recordemos que el demandado era un profesional de policía, hacía parte del nivel directivo policial, lo que significa que había recibido la preparación e instrucción en el manejo y uso de las armas de fuego, aunado a que su posición de oficial le significaba un mayor compromiso y acatamiento de las normas sobre el uso de las armas de fuego, y todo ese deber obligacional como servidor público fue inobservado voluntaria y libremente por el demandado; inclusive es pertinente decir que desconoció de manera consciente y voluntaria el mundialmente conocido decálogo de las armas de fuego”.

6. El trámite de segunda instancia.

El recurso presentado en los términos expuestos fue admitido por auto calendado el 12 de mayo de 201410.

Posteriormente, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, presentara concepto de fondo11.

La parte actora y el demandado alegaron de conclusión para reiterar lo expuesto a lo largo del proceso12.

El Ministerio Público rindió concepto en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda de repetición. En su criterio los procesos penal y disciplinario que la institución policial adelantó en contra del demandado demostraban la culpa grave con que este actuó.

De esta manera conceptuó el Ministerio Público (se trascribe de forma literal, incluidos los posibles errores):

“En el presente caso resultan suficientes los argumentos expuestos aducidos parar demostrar el dolo o la culpa grave del demandado, como lo exige la ley, toda vez que el pago producto de la condena a cargo de la Policía Nacional fue producto del actuar del ST. Elkin Adbu Guarín a título de culpa grave, sustentado ello en la sanción disciplinaria y penal que le fue impuesta como consecuencia de la muerte causada al Ag. (...), situación que fue probada dentro de la investigación, en la que ninguna causal de exculpación prosperó.

“En efecto, al demandado en este caso se le adelantó un proceso penal militar, en consecuencia mediante sentencias de primera y segunda instancia de fechas 31 de octubre de 1995 y 19 de febrero de 1996, respectivamente, el señor ST R de la Policía Nacional Elkin Adbu Guarín fue condenado a la pena privativa de la libertad de 2 años de prisión como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo y como pena accesoria la separación absoluta de la Policía y la interdicción de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal”.

II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1. competencia: el criterio de conexidad determina la competencia cuando se trata de repetir el pago de una condena impuesta por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 2. el ejercicio oportuno de la acción: los dos años del término de caducidad se cuentan vencidos los 18 meses a que se refiere el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, siempre y cuando el pago de la condena ocurra por fuera de este plazo; 3. generalidades de la acción de repetición: se debe acudir al Código Civil para determinar la culpa grave o el dolo si la conducta que habría dado lugar a la condena ocurrió antes de que entrara en vigencia la Ley 678 de 2001, como ocurre en este caso; 4. verificación de los presupuestos de prosperidad de la acción de repetición que interpuso la Policía Nacional: se demostró en el expediente que el demandado actuó con culpa grave al jugar con un arma de fuego; 5. liquidación de la condena: no se debe condenar por el valor de los intereses de mora que pagó la entidad pública, dado que no son imputables al demandado. Solo se repite por el capital; 6. Plazo para cumplir esta sentencia: 6 meses para el pago de la condena; 7. acerca de la condena en costas: no procede dado que no hubo actuación temeraria de alguna de las partes.

1. Competencia.

En relación con la competencia para conocer de las acciones de repetición interpuestas en vigencia del Código Contencioso Administrativo —como este caso-la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación se ha pronunciado de la siguiente manera13;

“...conforme a la jurisprudencia de esta corporación, la Ley 678 [7-1 j establece como premisas para la aplicación de la mencionada regla de competencia la existencia de una sentencia condenatoria contra el Estado y el trámite de un proceso previo ante esta Jurisdicción, evento en el cual compete conocer de la repetición al juez o al tribunal administrativo ante el que se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial14.

“Es decir, que para determinar la competencia en acciones de repetición originadas en procesos que hayan cursado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, basta acudir en forma exclusiva al principio de conexidad, previsto como principal en el artículo 7 [1] de la Ley 678 de 2001, sin perjuicio del criterio subjetivo de atribución de competencias que para los dignatarios con fuero legal contempla la misma ley ([7] [pár. 1]) y sin que se requiera establecer la cuantía de la demanda, según lo disponían los artículos 132 y 1348 del Código Contencioso Administrativo, antes de la entrada en vigencia de la citada ley, por cuanto la aplicación de dichos artículos en estos casos está excluida en razón de que contrarían el factor de conexidad15” (negrillas y subrayas de la Subsección).

De igual manera, el inciso tercero del artículo 7º de la Ley 678 de 2001 estableció:

“Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto” (se destaca).

De conformidad con lo anteriormente expuesto, resultó acertado que la demanda de repetición se interpusiera ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dado que fue la corporación judicial que profirió la sentencia fechada el 5 de agosto de 1999 —confirmada por el Consejo de Estado mediante providencia del 13 de mayo de 2009—, por medio de la cual se impuso a la Policía Nacional la obligación de pagar la suma de dinero por la que demandó en repetición.

Debe mencionar la Sala que tales sentencias se expidieron como consecuencia de la acción de reparación directa que una ciudadana formuló en contra de la Policía Nacional, por la muerte de un miembro de la institución a manos de un compañero suyo —el aquí demandado—, luego de que a este se le disparara su arma.

La Sala indica que la parte actora aportó al expediente, como anexos de la demanda, las copias de las sentencias condenatorias16.

En cuanto a las razones para que los procesos de repetición iniciados en vigencia del Código Contencioso Administrativo —como este caso— sean de doble instancia, así se ha pronunciado esta corporación:

“Por consiguiente, ante la inexistencia de norma expresa en la Ley 678, proferida en el año de 2001, que brinde e imponga una solución específica diferente y ante la improcedencia de acudir a las normas generales de competencia establecidas en el CCA, por las razones antes expuestas, resulta necesario acudir a los principios constitucionales entre los cuales se encuentra el criterio general de la segunda instancia, según el cual:

“ART. 31.—Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.

“Así pues, resulta claro que la Carta Política le atribuyó al legislador la potestad de determinar cuáles sentencias judiciales quedarían excluidas, por excepción, de la posibilidad de ser apeladas, de lo cual se desprende, con igual claridad, que en todos aquellos eventos en los cuales el legislador no hubiere restringido o excluido tal posibilidad, naturalmente deberá operar el principio general en cuya virtud la propia Constitución establece la opción de cuestionar las respectivas sentencias, por vía de apelación, ante una segunda instancia.

“Pues bien, para los juicios que corresponden a las acciones de repetición, ocurre que la mencionada Ley 678 únicamente se ocupó de definir la procedencia de una sola y única instancia cuando la demanda se dirija contra aquellos altos dignatarios del Estado taxativamente señalados en el parágrafo 1º de su artículo 7º, lo cual evidencia que el legislador excluyó las sentencias que se profieran en esos específicos eventos de la posibilidad de ser apeladas; sin embargo, en relación con los demás casos que se tramiten en ejercicio de la acción de repetición nada dijo el legislador acerca de la posibilidad de tramitar, o no, una segunda instancia, lo cual obliga a destacar que, de conformidad con la regla general que establece el transcrito artículo 31 constitucional, los fallos que se profieran en el desarrollo de tales actuaciones deben ser susceptibles de apelación, independientemente de la cuantía del proceso o de que el conocimiento del mismo corresponda, en primera instancia y por virtud del señalado criterio de conexidad, al juez o tribunal administrativo, según el caso”17.

En vista de que todas las demandas de repetición interpuestas en vigencia del Código Contencioso Administrativo se benefician de la doble instancia, —excepto aquellas que expresamente se atribuyeron al Consejo de Estado en única instancia— debe precisarse la competencia funcional para resolver el recurso de apelación que presentó la Policía Nacional.

El artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (norma aplicable al sub lite) previó lo siguiente:

“Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.

“(...)” (se destaca).

En suma, la Sala conoce de este asunto porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

En relación con el término de caducidad de las acciones de repetición cuando estaba en vigencia el Código Contencioso Administrativo —como sucede en este caso—, así se pronunció esta Subsección:

“En conclusión, el término para intentar la acción, de acuerdo con la interpretación condicionada que realizó la Corte Constitucional de las normas que lo establecieron —Nº 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y artículo 11 de la Ley 678 de 2001—, empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previstos en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo.

(…).

“En vista de todo lo anterior, se toma lo que ocurra primero en el tiempo, esto es el pago de la suma a que se condenó, o por la cual se concilió, o cuyo reconocimiento se realizó, o el vencimiento de los 18 meses a que se refiere el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo sin que se haya realizado el pago de tal suma, como el momento para que empiece a correr el término para ejercer la acción”18 (negrilla por la Sala).

En este caso, el término de caducidad de dos años se contabilizará a partir del día siguiente al vencimiento de los 18 meses previstos por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, tras la ejecutoria de la sentencia condenatoria de segunda instancia, fechada el 13 de mayo de 2009.

De acuerdo con la constancia de ejecutoria de dicha sentencia, esta circunstancia ocurrió el 24 de septiembre de 200919.

La decisión de contabilizar el término de caducidad a partir del vencimiento de los referidos 18 meses tiene como fundamento que estos se completaron en una fecha anterior a aquella en que la Policía Nacional pagó la condena, lo que sucedió el 29 de agosto de 2013.

En un acápite posterior se explicará el fundamento probatorio de la fecha en que se pagó la condena.

Así las cosas, el plazo de 18 meses venció el 25 de marzo de 2011, por lo que el término de caducidad de dos años se agotó el 26 de marzo 2013. Como la demanda se interpuso el 26 de abril de 2012, se hizo de manera oportuna.

3. La demanda de repetición. Consideraciones generales. Reiteración jurisprudencial20. 

La demanda de repetición fue consagrada inicialmente en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo —algunas de cuyas expresiones fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000— como un mecanismo para que la entidad condenada por razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo pueda solicitar de este el reintegro de lo que pagó como consecuencia de una sentencia, de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto.

Adicionalmente, como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.

Esa posibilidad también la contempló el artículo 71 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, según el cual “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. La Sala precisa que esta disposición normativa se refiere únicamente a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, sin perjuicio de lo establecido por el Código Contencioso Administrativo.

De igual manera, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.

Dicha ley definió la repetición como una demanda de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, que a causa de una conducta dolosa o gravemente culposa den lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía, fijando su objeto, sus finalidades, así como el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso.

En relación con los aspectos procesales, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y a la competencia, a la legitimación, al desistimiento, al procedimiento, al término de caducidad, a la oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, a la cuantificación de la condena y a su ejecución, lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y a las medidas cautelares.

Ahora bien, para resolver el conflicto que se originó por la existencia de varios cuerpos normativos que regulaban la acción de repetición, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha sido reiterada en aplicar la regla general según la cual la norma rige hacia el futuro, de modo que opera para los hechos ocurridos a partir de su entrada en vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos.

De esa manera, si los hechos o actos en que se fundamenta una acción de repetición sucedieron en vigencia de Ley 678 de 2001, son sus disposiciones las que sirven para establecer el alcance de los conceptos de dolo o culpa grave del demandado, “sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción se acuda excepcionalmente al Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando, claro está, no resulte incompatible con la Ley 678 y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (arts. 6º, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)”21.

Ciertamente, el artículo 63 del Código Civil definió los conceptos de culpa grave y dolo en los siguientes términos:

“ART. 63.—Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.

“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.

“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (resaltado por fuera del texto original).

Aunque no es el único referente, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la acción de repetición acaecieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, la Sala, para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo, ha acudido al Código Civil en lo atinente a ese tema.

En cuanto al aspecto procesal de la acción de repetición, se deben aplicar los preceptos de la Ley 678 de 2001, inclusive a aquellos procesos que se encontraban en curso para el momento en que entró en vigencia, pues según lo estableció el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, las normas procesales son de orden público y, por ello, tienen efectos inmediatos con excepción de “los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas”, los cuales “se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”22.

Como lo que se le reprocha al demandado —la muerte de un compañero— ocurrió en 1993, antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, será el Código Civil el parámetro normativo que se tendrá en cuenta para valorar si su conducta se enmarca en una culpa grave.

4. Presupuestos de prosperidad de la acción de repetición.

La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: a) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; b) que el pago se haya realizado; c) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado; d) la culpa grave o el dolo.

La Subsección analizará si en el presente caso se encuentran reunidos o no los presupuestos para acceder a las pretensiones de la acción de repetición que formuló la Policía Nacional.

En caso de que alguno de los anteriores presupuestos no se encuentre satisfecho, resultaría innecesario estudiar los demás.

a) La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la parte actora la obligación de pagar una suma de dinero.

Al proceso se aportaron las copias auténticas de las sentencias condenatorias expedidas el 5 de agosto de 1999 y el 13 de mayo de 2009 en primera y segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Tercera del Consejo de Estado, respectivamente, cuya ejecutoria ocurrió el 24 de septiembre de 200923.

En tales providencias se declaró a la Policía Nacional “patrimonialmente responsable por la muerte del señor (...) ocurrida el 27 de septiembre de 1993” y, por tanto, la condenó a pagar indemnización de perjuicios.

Por lo antes dicho, se demostró en el expediente la existencia de la condena por cuyo pago se interpuso esta demanda de repetición.

b) El pago de la condena impuesta a la parte actora.

Con la demanda se aportó la copia de la Resolución 412 del 26 de abril de 201024, por medio de la cual se ordenó cumplir las sentencias condenatorias varias veces mencionadas. En este acto administrativo se liquidó la condena impuesta y se dispuso pagar la siguiente suma de dinero (se trascribe de forma literal, inclusive los posibles errores):

Capital: $ 105'384.441

“(…).

Intereses: $ 15'517.238,18

Total capital e intereses: $ 120'901.679,18

“(…).

“DAR cumplimiento a la sentencia (...), en consecuencia disponer el pago de la suma de ciento veinte millones novecientos un mil seiscientos setenta y nueve pesos con dieciocho centavos ($120'901.679,18), en la forma como quedó expuesto en la parte motiva de esta resolución, a: Verónica María Baldiris Bustos, con cc (...) a través de su apoderado doctor (...).

“La Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional (...) pagará la suma liquidada, previos los descuentos de ley, (...) mediante consignación a favor del doctor (...) en la cuenta de ahorros número 4-0230300718-1 del Banco Agrario de Colombia25 (se destaca).

Así mismo, como prueba documental que se solicitó con la demanda, el Tribunal Administrativo de primera instancia decretó el recaudo de la siguiente certificación expedida por el Banco Agrario de Colombia (se trascribe de forma literal, inclusive los posibles errores):

“De manera cordial me permito certificar que el 29/08/2013 se recibió consignación por valor de $120'901.679,18 cuyo canal de origen corresponde a CENIT para la cuenta 4-0230300718-1 a nombre de (...) y cuyo consignante corresponde a la Dirección del Tesoro Nacional26 (se destaca).

Dado que se tiene certeza de que el valor de la condena se consignó en una cuenta bancaria del apoderado de la beneficiaria, se concluye que sí se demostró el pago de la suma de dinero por la cual la Policía Nacional demandó en repetición al señor Elkin Adbu Guarín.

c) La condición de ex agente del Estado del demandado.

De acuerdo con el extracto de la hoja de vida del demandado Elkin Adbu Guarín, que obra en el expediente27, se tiene demostrado que él era miembro de la Policía Nacional para la época en que ocurrió la muerte que se le endilga en este proceso.

Dicho documento señala que ingresó a la institución el 23 de enero de 1990 y que su retiro sucedió el 1º de noviembre de 1993.

d) La culpa grave en cabeza del demandado.

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, la Sala concluye que como consecuencia de una conducta gravemente culposa del demandado, en su condición de agente de policía, produjo la muerte de un compañero, hecho por el cual la Policía Nacional pagó una indemnización.

En la demanda se expuso que el señor Elkin Adbu Guarín Castillo actuó de manera negligente al manipular un arma de fuego, lo cual derivó en que esta se accionara e hiriera de muerte a un compañero.

Como prueba para demostrar dicha conducta, con la demanda se solicitó que se decretara el traslado del proceso que la justicia penal militar adelantó en contra del señor Elkin Adbu Guarín, el cual terminó con sentencia condenatoria fechada el 31 de octubre de 1995, por su responsabilidad en el delito de homicidio culposo28.

En cuanto a los requisitos para otorgar valor probatorio a pruebas trasladadas, así se ha pronunciado esta Subsección:

“Sobre los medios probatorios obrantes en el proceso, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, se ha dicho que aquella que no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no haya sido solicitada en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aduce, o no haya sido practicada con audiencia de ésta no puede ser valorada en el proceso al que se traslada29. También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de la prueba rendida dentro de otro proceso lo hayan solicitado ambas partes, dicha prueba puede ser tenida en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando se haya practicado sin su citación o intervención en el proceso original y no haya sido ratificada en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión3031.

De conformidad con lo expuesto, la Sala debe decir que valorará las piezas probatorias que componen la investigación penal trasladada, pues su incorporación a este expediente ocurrió por petición de ambas partes y, además, porque ellas participaron de su práctica en el proceso primigenio. El ahora demandado como sindicado y la Policía Nacional, a través de la Inspección General, como el juez penal de conocimiento.

Luego de examinar el proceso penal trasladado, la Sala encontró que la declaración que el señor Elkin Adbu Guarín, en calidad de sindicado, rindió en desarrollo de la “audiencia del Consejo Verbal de Guerra”, por medio de la cual la Inspección General de la Policía Nacional juzgó su participación en el delito de homicidio culposo, resulta de suma importancia para lo que aquí se resuelve.

Esta fue la declaración que el ahora demandado expuso (se trascribe de forma literal, incluidos los posibles errores):

“¿En la forma como dice la reconstrucción, como no se leyó el acta de la presente inspección judicial con reconstrucción, quiere usted decirle a los señores vocales a qué distancia estaba el occiso de usted en el momento de sonar el disparo, en qué posición y cuál fue la forma cómo usted manipuló el arma? El occiso estaba más o menos entre dos y dos metros y medio, estaba a distancia mía el occiso, yo estaba tratando de darle vuelta al revólver en la mano y se me intentó caer el revólver. ¿Dando vuelta en qué forma? En este dedo estaba dándole vuelta cuando se me deslizó el revólver, yo fui hacia adelante para cogerlo y fue cuando se me disparó. ¿Es decir, usted tenía el gatillo, persón (sic) el dedo dentro del gatillo? Sí. ¿Mano derecha? Mano derecha. ¿Cuál de los dos dedos tenía dentro del gatillo? Este, no me alcanzo a acordar porque eso ya fue hace mucho tiempo. ¿Usted se dio cuenta si el arma estaba montada o no? No, no me di cuenta si estaba montada o no estaba montada. ¿Y para qué le daba vueltas usted? Porque cuando el agente salió a darme parte, entonces después de que me dio parte, él también empezó a molestar con el revólver de dotación que le dan en la estación, un revólver negro, entonces él empezó a sacarlo al frente, entonces yo también llegué y saqué el revólver blanco que tenía. ¿Pero perdón mi teniente, lo sacaba con qué intensión, con qué objeto, cuál era la actitud, agresiva como usted lo manifiesta? Pues siempre que yo le había pasado revista nunca había hecho eso conmigo, pues a mí se me hizo raro ese día que hubiera tomado esa actitud conmigo. ¿Pero cuál es esa actitud? De sacar el revólver y empezar a apuntarme con el revólver, también llegaba y lo sacaba rápido y lo volvía a guardar. ¿Usted cómo lo tomó, cómo una agresión o cómo una forma de mostrar habilidades? No, yo en ningún momento lo tomé como que me estuviera agrediendo, no le vi el motivo para agresiones. ¿Usted con qué fin sacó el revólver blanco? Pues porque él me dijo que cuál de los dos éramos más ágiles con las armas y yo también saqué el revólver. ¿Por qué? Pues para demostrar cuál de los dos era más ágil con las armas. ¿Si usted no había revisado el revólver que había decomisado y que sacó en ese momento, quiere decirle a la Sala porqué razón no lo revisó, sabiendo que como oficial de la Policía, habiendo recibido suficiente instrucción sobre manejo de armas, pues un arma de fuego no se puede accionar así sea jugando o lo que sea sin antes revisarla para saber si está cargada o no? Pues realmente el no haberla revisado fue un descuido de parte mía (...)32.

En criterio de la Sala, la declaración que se acaba de transcribir constituyó una confesión del señor Elkin Adbu Guarín acerca de su responsabilidad en la muerte culposa de uno de sus compañeros, al punto que así lo consideró la Inspección General de la Policía Nacional al expedir la sentencia condenatoria del 31 de octubre de 1995, por medio de la cual lo declaró responsable del delito de homicidio culposo.

Según el Código Penal Militar que rigió el referido juicio —Decreto 2550 de 1988—, la confesión era un medio de prueba admitido por la justicia penal militar33. Así mismo, que esta podía ocurrir en la modalidad de simple siempre y cuando reuniera los siguientes requisitos:

“ART. 536.—Confesión simple. Confesión simple es la declaración del procesado en la cual admite haber participado en el hecho que se investiga, sin la manifestación de haber obrado en circunstancias de justificación o inculpabilidad, o cualquiera otra que modifique el grado de su participación, o que específicamente atenué la penalidad, siempre que reúna las condiciones siguientes:

“1. Que sea hecha ante el juez competente.

2. Que el procesado esté asistido por defensor.

3. Que el procesado haya sido informado del derecho a no declarar contra sí mismo.

4. Que se haga espontánea, consciente y voluntariamente”.

La Sala considera que la declaración del demandado en desarrollo de la audiencia del Consejo Verbal de Guerra reunió los citados presupuestos para catalogarla de confesión, toda vez que ocurrió ante su juez natural, se encontraba asistido por un abogado, conocía su derecho a no auto incriminarse y ocurrió voluntariamente, tal y como se desprende del acta de esa diligencia.

No se necesita llevar a cabo mayor razonamiento para concluir que la actuación del demandado, de jugar con un arma de fuego la cual se le disparó accidentalmente con el resultado ya anotado, debe calificarse de gravemente culposa.

Según se indicó en un acápite anterior, para los hechos ocurridos antes de la expedición de la Ley 678 de 2001, como ocurre en este caso, los criterios de dolo y de culpa grave aplicables son aquellos señalados en el Código Civil en los siguientes términos:

“ART. 63.—Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.

“(…).

“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (resaltado por fuera del texto original).

Frente a tales conceptos, el Consejo de Estado ha sostenido que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos34.

Sobre la noción de culpa grave, así se ha referido la Corte Suprema de Justicia:

“Con esa orientación es que autorizados doctrinantes han precisado que la culpa grave comporta 'una negligencia, imprudencia o impericia extremas, no prever o comprender lo que todos prevén o comprenden, omitir los cuidados más elementales, descuidar la diligencia más pueril, ignorar los conocimientos más comunes' (Mosset lturraspe J., Responsabilidad por daños, T. I., Ediar, Buenos Aires, 1971, pág. 89; citado por Stiglitz Rubén S., Derecho de Seguros, TI., Abeledo — Perrot, Buenos Aires, 1998, pág. 228)”35.

El hecho de que el demandado manipulara un arma de fuego, para jugar con ella, se trató de una acción imprudente. Constituyó un hecho previsible para él que se podría disparar, dado que en su confesión reconoció que no verificó si el revólver se encontraba cargado.

En su condición de miembro de la Policía, el demandado tenía los conocimientos que le permitían anticipar los peligros derivados de la manipulación de esa clase de artefactos; sin embargo, omitió las medidas de seguridad y propició la concreción de un riesgo inherente al uso de armas de fuego.

Se trató entonces, acogiendo lo expresado por la Corte Suprema de Justicia, de una omisión pueril de los conocimientos que tenía acerca del uso de armas de fuego, que produjo la muerte de un compañero suyo, hecho por el cual la Policía Nacional pagó una indemnización de perjuicios.

En definitiva, se declarará al demandado Elkin Adbu Guarín responsable a título de culpa grave, pues por esta conducta la Policía Nacional tuvo que pagar la suma de dinero por la cual demandó en repetición.

Se procede a liquidar la condena que debe imponérsele.

5. Liquidación de la condena a cargo del demandado.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 678 de 2001, el monto de la condena se cuantificará “atendiendo al grado de participación del agente en la producción del daño”.

Para efectos de cuantificar la condena en contra del demandado, resulta irrelevante que según su confesión rendida en desarrollo de la audiencia del Consejo Verbal de Guerra, la víctima también hubiera estado jugando con un arma de fuego.

No constituye un eximente de responsabilidad para el demandado dicha circunstancia, puesto que la imprudencia que generó el fatídico accidente fue la cometida por el señor Elkin Adbu Guarín.

Es más, lo dicho anteriormente refuerza la tesis de que el demandado actuó con culpa grave, pues en vez tomar acciones para que su compañero cesara esa conducta, se unió a él con el resultado que se conoce.

Por consiguiente, el demandado deberá reintegrar el 100% de lo que pagó la Policía Nacional, por ser el único responsable de la muerte de su compañero.

La Policía Nacional solicitó que se condenara el demandado a reintegrarle la suma de $105'384.441, cantidad que pagó en virtud de la condena impuesta en su contra.

De acuerdo con la Resolución 412 del 26 de abril de 2010, por medio de la cual se liquidó la condena, dicha cifra correspondía al capital. Es decir, acertó la Policía Nacional en repetir solo por ese concepto y no incluir el valor de los intereses moratorios.

Por tanto, la condena que le corresponde pagar al demandado asciende a $105'384.441. Esta cantidad debe actualizarse con base en la siguiente operación matemática:

a)

ca ch
 

En donde:

— Ca: Capital actualizado a establecer.

— Ch: Capital histórico a traer a valor presente.

— Índice final: IPC vigente a la fecha de esta sentencia: septiembre de 2017: 138,05 — Índice inicial: IPC vigente a la fecha en que ocurrió el pago: agosto de 2013: 113,89.

ca
 

6. Término para el cumplimiento de esta sentencia.

El artículo 15 de la Ley 678 de 2001 estableció lo siguiente:

“Ejecución en caso de condenas o conciliaciones judiciales en acción de repetición. En la sentencia de condena en materia de acción de repetición la autoridad respectiva de oficio o a solicitud de parte, deberá establecer un plazo para el cumplimiento de la obligación.

“Una vez vencido el término sin que el repetido haya cancelado totalmente la obligación, la jurisdicción que conoció del proceso de repetición continuará conociendo del proceso de ejecución sin levantar las medidas cautelares, de conformidad con las normas que regulan el proceso ejecutivo ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil.

“El mismo procedimiento se seguirá en aquellos casos en que en la conciliación judicial dentro del proceso de acción de repetición se establezcan plazos para el cumplimiento de la obligación” (se destaca).

Según el inciso primero del anterior enunciado normativo, el juez de repetición puede, de oficio, establecer el plazo para que el demandado cumpla con la obligación de pagar la condena impuesta. Esta facultad otorgada por la ley la analizó la Corte Constitucional para concluir acerca de su constitucionalidad, así:

“10. Constitucionalidad de los apartes demandados del artículo 15 de la Ley 678 de 2001.

“Al inciso primero de la norma que se cuestiona se le acusa de inconstitucionalidad por la posibilidad que en él se establece para fijar un plazo para el cumplimiento de la obligación que se imponga al servidor público condenado en ejercicio de la acción de repetición; y, al inciso segundo de esa norma, se le considera inconstitucional en cuanto en él se dispone que si el servidor público condenado a reembolsar lo pagado por el Estado no lo cancela totalmente en ese término, quien conoció del proceso de repetición continuará conociendo de la ejecución correspondiente.

“Que para el pago de una obligación impuesta en una condena se conceda un plazo por el juez, no quebranta la Constitución pues ella no establece en ninguna de sus normas que las obligaciones de suyo deban ser siempre puras y simples, y exigibles de manera inmediata. Al contrario, en ese punto es clara la libertad de configuración por parte del legislador que bien puede disponer que las obligaciones se encuentren sujetas a modalidades, una de las cuales es el plazo, con el objeto, en este caso concreto, de obtener el reembolso de lo pagado inicialmente por el Estado, dándole la oportunidad al servidor público de cancelar la obligación toda, íntegra, aunque no sea en un instante único, lo que, como se ve no vulnera el precepto constitucional del artículo 90 de la Carta, sino que sencillamente es una manera autorizada por el legislador para que la obligación se extinga, lo que es distinto a condonarla.

“Así las cosas, el inciso primero del artículo 15 lejos de lesionar la Constitución se aviene a ella.

“Y, en cuanto hace a la parte acusada del inciso segundo del mismo artículo 15 de la Ley 678 de 2001, resulta plenamente en armonía con la Constitución que si la obligación no se paga dentro del plazo que fue concedido para el efecto, el servidor público ahora deudor del Estado pueda ser ejecutado, pues como es conocido si las obligaciones no se cumplen de manera voluntaria puede acudirse entonces a la ejecución forzosa” (se destaca).

En suma, le corresponde a la Sala establecer el plazo para que el señor Elkin Adbu Guarín pague la condena impuesta en su contra. Se considera entonces razonable, en virtud del principio de igualdad, acoger el término de 6 meses contados desde el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, el cual ya ha sido utilizado por esta corporación, concretamente por la Subsección C de la Sección Tercera al decidir varias acciones de repetición36.

7. Condena en costas.

En vista de que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

De conformidad con lo expuesto en esta providencia, REVOCAR la sentencia proferida el 13 de febrero de 2014, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar se dispone:

1. DECLARAR responsable, a título de culpa grave, al señor Elkin Adbu Guarín, identificado con cédula de ciudadanía 74'241.809, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

2. CONDENAR al señor Elkin Adbu Guarín a pagar a la Policía Nacional, la suma de ciento veintisiete millones setecientos cuarenta mil ciento dieciocho pesos ($ 127'740.118).

La mencionada suma de dinero deberá pagarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse, con destino a las partes, las copias auténticas con las constancias previstas en la ley procesal. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

5. SIN condena en costas.

6. Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Folios 154-160 del cuaderno del Consejo de Estado.

2 Folio 34 del cuaderno principal.

3 Folios 37-38 del cuaderno principal.

4 Folio 38 del cuaderno principal.

5 Folio 48 del cuaderno principal.

6 Folios 49-61 del cuaderno principal.

7 El auto por el cual se corrió traslado para alegar de conclusión obra en el folio 135 del cuaderno principal.

8 Folios 136-152 del cuaderno principal.

9 Folios 164-167 del cuaderno del Consejo de Estado.

10 Folios 180-184 del cuaderno del Consejo de Estado.

11 Auto proferido el 6 de junio de 2014. Folio 186 del cuaderno del Consejo de Estado.

12 Folios 188-196 del cuaderno del Consejo de Estado.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 18 de agosto de 2009, exp. 11001-03-15-000-2008-00422-00(C); M.P. Héctor Romero Díaz, reiterada por esta Subsección, a través de fallo de 13 de abril de 2016, exp. 42.354, entre muchas otras providencias.

14 Original de la cita: “Al respecto, ver autos de 11 de diciembre de 2007, exp. 2007 0043300, C.P. Mauricio Torres Cuervo y de 21 de abril de 2009, exp. 2001 02061 01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

15 Original de la cita: “Cfr. autos citados”.

16 Folios 2-8 y 73-79 del cuaderno 4.

17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de importancia jurídica proferida el 21 de abril de 2009. Número de radicación 25000-23-26-000-2001-02061-01 (IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

18 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia con fecha de 10 de agosto de 2016. Proceso 23001 23 31 000 2006 00637 01 (37.265).

19 Folio 97 del cuaderno 4.

20 Se reiteran en este acápite las consideraciones expuestas por la Sala en sentencia fechada el 16 de julio de 2008, expediente 29.291, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre muchas otras providencias.

21 Sentencias proferidas por el Consejo de Estado:

— Del 8 de marzo de 2007 proferida por la Sección Tercera, consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio, radicación 250002326000200201304-01 (30.330).

Del 16 de julio de 2015 proferida por la Sección Tercera, Subsección A, magistrado ponente Hernán Andrade Rincón (E), radicación 250002326000199902960-01 (27.561). Entre muchas otras.

22 Artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

23 Folio 97 del cuaderno 4.

24 Folios 24-27 del cuaderno 6.

25 Folio 27 del cuaderno 6.

26 Folio 131 del cuaderno principal.

27 Folio 112 del cuaderno 7.

28 La copia de la sentencia obra en los folios 587-596 del cuaderno 2.

29 Original de la cita: “Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300”.

30 Original de la cita: “Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789”.

31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia fechada el 12 de julio de 2017, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, radicación 05001-23-31-000-2006-00537-01 (42693).

32 Folios 578-579 del cuaderno 2.

33 “ART. 497.—Medios de prueba. Son medios probatorios: la inspección, la peritación, los documentos, el testimonio, la confesión y los indicios”.

34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. (E): Hernán Andrade Rincón. Sentencia del veintiséis 26 de agosto de 2015, expediente con número de radicación 250002326000200601802-01 (35.962).

35 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia fechada el 19 de diciembre de 2006, magistrado ponente Pedro Octavio Munar Cadena, expediente 68001 31 03 001 2000 00311 01.

36 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencias:

— De 9 de septiembre de 2016. Expediente radicación: 11001-03-26-000-2012-00051-0(44845).

— De 9 de septiembre de 2016. Expediente radicación: 63001-23-31-000-2010-00240-01(54391).

— De 9 de septiembre de 2016. Expediente radicación: 54001-23-33-000-2012-00002-02(54589).

— De 12 de septiembre de 2016. Expediente radicación: 40001-23-31-000-2010-00311-01(51946).