Sentencia 2012-00727/2660-2013 de julio 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Expediente: 25-000-23-42-000-2012-00727-01

Num. Interno: 2660-2013

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Nancy Eugenia Corredor Rubiano

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional- Dirección General de Sanidad - Comando General de las Fuerzas Militares.

Ley 1437 de 2011

Sentencia O-081-2017

Bogotá D.C., veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.

Extractos: “Consideraciones.

Competencia.

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(8), el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

Cuestión previa.

El Consejero de Estado doctor Rafael Francisco Suárez Vargas a folio 182 del expediente, manifiesta que se declara impedido para conocer del proceso de la referencia, toda vez que actuó como agente del Ministerio Público en calidad de Procurador Judicial 56 Judicial II, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia.

La Sala encuentra fundada las razones aducidas por el doctor Rafael Francisco Suárez Vargas al encontrarse incurso en la causal prevista en el ordinal 12º del artículo 141 del Código General del Proceso.(9) Por lo tanto, se aceptará el impedimento manifestado y se le separará del conocimiento del presente asunto.

Problema jurídico.

El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se resume en las siguientes preguntas:

1. ¿La demandante en calidad de empleada civil de la Dirección General de Sanidad Militar del Ministerio de Defensa Nacional tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima de actividad con base en el Decreto 1214 de 1990?

2. ¿Se presenta vulneración al derecho a la igualdad al coexistir regímenes salariales y prestacionales diferentes para el personal civil de la Dirección General de Sanidad Militar con sus pares del Ministerio de Defensa Nacional?

3. ¿Procede en esta instancia el estudio de la pretensión subsidiaria de la demandante referente a la aplicación del régimen salarial de los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional?

Primer problema jurídico.

¿La demandante en calidad de empleada civil de la Dirección General de Sanidad Militar del Ministerio de Defensa Nacional tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima de actividad con base en el Decreto 1214 de 1990?

La Subsección adoptará la siguiente tesis: La demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima de actividad con base en el Decreto 1214 de 1990, como procede a explicarse.

Prima de actividad para los empleados del sistema de salud de las Fuerzas Militares.

El artículo 38 del Decreto 1214 de 1990 “por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”, señala:

“[…] Prima de Actividad. Los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, tienen derecho a una prima de actividad del veinte por ciento (20%) del sueldo básico mensual, mientras permanezcan en el desempeño de sus funciones […]”

De la citada norma se colige que la prima de actividad se creó a favor de los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, equivalente al 20% de la asignación básica mensual que percibiera mientras permanezcan en el ejercicio del cargo.

Por su parte, conforme el artículo 2º del Decreto 1214 de 1990 el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional está integrado por:

“[…] las personas naturales que presten sus servicios en el Despacho del Ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional.

En consecuencia, las personas que presten sus servicios en los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las unidades administrativas especiales, adscritos o vinculadas al Ministerio de Defensa, no tienen la condición de personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional y se regirán por las normas orgánicas y estatutarias propias de cada organismo. […]”

En lo concerniente al personal que integra el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en el artículo 248 de la Ley 100 de 1993 se revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de 6 meses, entre otras cosas, para organizar ese sistema, en aspectos relacionados con su organización estructural, niveles de atención médica y grados de complejidad, organización funcional, régimen que incluya normas científicas y administrativas, y régimen de prestación de servicios de salud.

En virtud de lo anterior, se profirió el Decreto 1301 de 1994 “por el cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”, el cual, en su artículo 29 determinó la estructura organizacional, dentro de la cual se incluyó al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, organizado como un establecimiento público, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional. Textualmente, el artículo 35 ib. indicó:

“[…] Organízase el establecimiento público denominado Hospital Militar Central como Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, el cual conservará el carácter de establecimiento público del orden nacional, la personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.

El Instituto de Salud de las Fuerzas Militares tendrá como domicilio la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., y podrá extender su acción a todas las regiones del país.

PAR.—Todos los recursos materiales y humanos que a la fecha de expedición del presente Decreto conforman el Hospital Militar Central se organizarán como una unidad prestadora de servicios de la Dirección Regional correspondiente, del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares […]”

A su vez, en lo que respecta al régimen salarial del personal al servicio del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, el artículo 88 del Decreto 1301 de 1994 indicó:

“[…] Régimen Salarial Del Personal. Los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas extras y subsidios se regirán por las normas legales que para esta clase de servidores establezca el gobierno Nacional.

En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dichos organismos para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.

PAR.—Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en vigencia el presente Decreto se encuentren prestando servicios en el Ministerio de Defensa Nacional y que ingresen al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se someterán al régimen salarial establecido para la entidad respectiva […]”

Con posterioridad, a través de la Ley 352 de 1997 “por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional” se efectuó lo subsiguiente:

1. Restructuró el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional;

2. Creó la Dirección General de Sanidad(10) con el objeto de administrar los recursos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares e implementar las políticas, planes y programas que adopten el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y el Comité de Salud de las Fuerzas Militares;

3. Ordenó la supresión y liquidación, entre otros, del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y

4. Ordenó la incorporación de su personal a la planta del Ministerio de Defensa Nacional o de la Policía Nacional, según fuera el caso conforme a la reglamentación que para tal efecto el Gobierno Nacional debía expedir(11), con el respeto de los derechos adquiridos y sin la exigencia de requisitos adicionales.

En lo que respecta a su régimen prestacional, en el artículo 55 la Ley 352 de 1997 señaló que quienes se hubieren vinculado con anterioridad a la Ley 100 de 1993 continuarían siendo beneficiados de las disposiciones que sobre la materia señala el Decreto Ley 1214 de 1990. Mientras que los demás, quedarían sometidos a lo señalado en la Ley 100 de 1993 y en lo no contemplado en ella, se les aplicaría lo señalado en el título VI del Decreto Ley 1214 de 1990.

Por su parte, en materia salarial el artículo 56 de la Ley 352 de 1997 indicó que los empleados públicos y trabajadores oficiales que se incorporaran a las plantas de personal del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional en virtud de lo dispuesto en esa ley, continuarían sometidos al mismo régimen que se aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y en el Instituto de Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, según el caso.

Ahora bien, el Consejo de Estado(12) ha discriminado tres etapas en lo referente a la vinculación al sector salud de las Fuerzas Militares, así:

• Empleados públicos “personal civil” vinculados al Ministerio de Defensa con anterioridad al 22 de junio de 1994(13) le eran aplicables las disposiciones previstas en el Decreto 1214 de 1990, dentro de las cuales se encontraba contemplado el reconocimiento y pago de una prima de actividad, artículo 38 ib.

• Empleados públicos vinculados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares le serían aplicables las normas legales que para esta clase de servidores determinara el Gobierno Nacional, artículo 88 del Decreto 1301 de 1994.

• Empleados públicos incorporados a la planta de personal del Ministerio de Defensa —sector salud—, con ocasión del proceso de supresión y liquidación del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, continuarían sometidos al régimen salarial que se les aplicaba en el referido Instituto.

Teniendo en cuenta las premisas expuestas, en el presente caso se encuentra probado lo siguiente:

— A través de la Resolución 1519 del 9 de noviembre de 2009 (fl. 2) el Director General de Sanidad Militar nombró a la demandante en el cargo de Servidor Misional en Sanidad Militar, Código 2-2 Grado 12 en la planta de personal de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional –Dirección General de Sanidad Militar.

— A folio 3 obra el acta de posesión del 10 de noviembre de 2009 1406/2009, al respecto:

“[…] En la ciudad de Bogotá, a los 10 días del mes de noviembre de 2009, se presentó el (la) señor (a) Nancy Eugenia Corredor Rubiano, identificado (a) con cédula de ciudadanía 52.057.914 para tomar posesión del empleo de Servidor Misional En Sanidad Militar, Código 2-2, Grado 12, cuya naturaleza es de libre nombramiento y remoción, de la planta de personal de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional –Dirección General de Sanidad Militar, al servicio de la Dirección de Sanidad Fuerza Aérea, en Bogotá […]” (Resaltado de la Sala).

— Mediante derecho de petición de 16 de enero de 2012 (fls. 4 a 17), la demandante solicitó el reconocimiento de la prima de actividad en porcentaje de 49.5% adicional al valor de la asignación mensual en su calidad de personal civil de la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares con fundamento en el Decreto 1214 de 1990.

— La Dirección General de Sanidad Militar, a través del Oficio 319872 CGFM-DGSM-SAF-GTH.1.5. de 9 de abril de 2012 (fls. 19 a 25), denegó la petición a la demandante. Textualmente, señaló:

“[…] Al personal de la Planta de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, no le aplica la mencionada prima, de conformidad con lo consagrado en los artículos 55 y 56 de la Ley 352 de 1997.

[…]

Por último, cabe resaltar que el Título III del Decreto 1214 de 1990, no le es aplicable al personal de planta de los Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar […]”

De lo anterior se colige que en razón a que la demandante se vinculó a la Dirección General de Sanidad Militar a partir del 10 de noviembre de 2009, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y a la expedición del Decreto 1301 de 1994, el régimen salarial aplicable a su situación particular es el previsto por el Gobierno Nacional para los servidores públicos del orden nacional, en los términos del artículo 88 del referido decreto.

Es decir, no es procedente la aplicación del régimen salarial y prestacional previsto en el Decreto 1214 de 1990, ni el consecuente reconocimiento de la prima de actividad.

En conclusión: No es procedente el reconocimiento de la prima de actividad deprecada, toda vez que a la fecha de vinculación de la señora Nancy Eugenia Corredor Rubiano a la entidad demandada (2009), el régimen aplicable era el contenido en el Decreto 1301 de 1994 y en la Ley 352 de 1997, que fijaban como régimen salarial el previsto por el Gobierno Nacional para los servidores públicos del orden nacional. Lo cual excluye la aplicación de normas especiales, como el Decreto 1214 de 1990, el cual consagra la prima de actividad.

Segundo problema jurídico.

¿Se vulnera al derecho a la igualdad de la demandante al coexistir regímenes salariales y prestacionales diferentes para el personal civil de la Dirección General de Sanidad Militar al que esta pertenece, con sus pares del Ministerio de Defensa Nacional?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: No se presenta vulneración al derecho a la igualdad de la demandante, con base en los argumentos que se explican seguidamente.

Derecho a la igualdad.

El artículo 13 de la Constitución Política regula dos dimensiones del derecho a la igualdad: i) La formal o ante la ley, que se fundamenta en que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y por ende deben recibir la misma protección y trato de las autoridades, y gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna clase de discriminación y; ii) material o de trato, según la cual el Estado debe adoptar medidas positivas para superar las desigualdades de grupos que históricamente han sido discriminados, y de aquellas personas que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta.(14).

Con el objetivo de determinar cuándo existe una vulneración del derecho a la igualdad, bien sea en su modalidad formal o material, es necesario precisar si ante situaciones iguales se está otorgando un trato diferente, sin justificación alguna, o por el contrario, si a personas o circunstancias distintas se les brinda un trato igual.

Para el efecto, la jurisprudencia constitucional(15) ha diseñado el test integrado de igualdad, compuesto por tres etapas de análisis a saber: i) criterios de comparación, esto es, determinar si se trata de sujetos de la misma naturaleza; ii) definir si existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales y; iii) concluir si la diferencia de trato está justificada constitucionalmente.

En el asunto objeto de estudio la Sala estima conveniente aplicar la herramienta metodológica antes mencionada con el fin de determinar si se presenta la alegada vulneración.

En primer lugar, es preciso señalar que la comparación se realizará entre sujetos de la misma naturaleza, toda vez que corresponden a personas vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional. Frente a este punto se evidencia un trato diverso respecto del régimen salarial y prestacional. Para determinar si la justificación del trato diferente de la normativa invocada es razonable y proporcional se tiene lo siguiente:

• No se trata de sujetos que se encuentren en las mismas situaciones, toda vez que si bien son personas vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, la normativa regula situaciones de hecho claramente diferentes.

En efecto, obsérvese que si bien en un principio el régimen salarial y prestacional del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, se encontraba regulado por el Decreto 1214 de 1990, lo cierto, es que con la expedición del Decreto Ley 1301 de 1994 y la Ley 352 de 1997 se reestructuró el sistema de salud de las Fuerzas Militares y con ello, su régimen salarial y prestacional.

• Las normas parten de supuestos diferentes en cuanto a la aplicación del régimen salarial y prestacional sin que se constituya de manera alguna discriminación, toda vez que cuando existen situaciones fácticas diferentes que ameritan tratamientos distintos, el legislador puede razonablemente regularlas de manera disímil.(16)

Obsérvese que dadas las específicas funciones que en materia de salud cumplían los empleados públicos del sector salud del Ministerio de Defensa Nacional, a partir de la expedición del Decreto Ley 1301 de 1994, por el cual se reestructuró el sistema de salud de las Fuerzas Militares se determinó que no se regían por el Decreto 1214 de 1990, sino, por las normas legales que para esta clase de servidores señalara el Gobierno Nacional.

Sin embargo, para salvaguardar los derechos adquiridos del personal civil del sector salud del Ministerio de Defensa Nacional que se encontraba vinculado antes de la expedición del Decreto Ley 1301 de 1994 es procedente la coexistencia de regímenes salariales y prestacionales. En esa medida la diferencia se encuentra fundamentada en criterios objetivos, razonables y proporcionados que así lo justifican.

• Finalmente, es importante resaltar que la regla general para la aplicación de las leyes en el tiempo, es que las mismas rigen a partir de su entrada en vigencia; ahora bien, excepcionalmente la aplicación de las leyes en el tiempo, se da de manera diferente, siempre y cuando en la ley se precise lo pertinente.

Por tanto, no es procedente darle un efecto ultractivo(17) al Decreto Ley 1214 de 1990 como lo pretende la demandante, toda vez que al momento de su posesión en la entidad demandada ya se encontraba vigente el Decreto 1301 de 1994 y por tanto, fue este al que quedó sometida en aspectos salariales y prestacionales, sin que exista discriminación o violación del derecho a la igualdad por este aspecto.

En conclusión: No se presenta la vulneración al derecho a la igualdad al coexistir regímenes salariales y prestacionales diferentes para el personal civil de la Dirección General de Sanidad Militar con sus pares del Ministerio de Defensa Nacional, toda vez que la medida se encuentra fundamentada en criterios objetivos, razonables y proporcionados que así lo justifican, como lo es, la protección de los derechos adquiridos de aquellos empleados públicos que ingresaron antes de la expedición del Decreto 1301 de 1994 y en la Ley 352 de 1997 por los cuales se reestructuró el sistema de salud de las Fuerzas Militares.

Tercer problema jurídico.

¿Procede en esta instancia el estudio de la pretensión subsidiaria de la demandante referente a la aplicación del régimen salarial de los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: No procede el estudio de la pretensión subsidiaria, toda vez que no se agotó el procedimiento administrativo frente a dicha pretensión, como a continuación se argumenta:

Del agotamiento del procedimiento administrativo como requisito de procedibilidad del medio de control.

Respecto de este requisito, el Consejo de Estado(18) ha señalado que esta exigencia “[…] implica que los puntos que son llevados ante la jurisdicción para que sean decididos deben haberse puesto previamente en consideración de la entidad administrativa, con el objeto de que ella misma, en principio, sea quien tenga la posibilidad de decidir favorablemente o no sobre la viabilidad de una reclamación […]”.

De lo anterior se colige que los aspectos que fueron discutidos en el procedimiento administrativo comprenden la materia objeto de juzgamiento dentro de un posterior proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en el cual se discuta la legalidad de un acto y su consecuente restablecimiento del derecho. Razón por la cual, sin perjuicio de que puedan esgrimirse nuevos argumentos a favor de las pretensiones, los tópicos ventilados en el procedimiento administrativo guían durante todas sus etapas el proceso ante el juez competente.

En aplicación de lo anterior, en el presente caso a folios 4 a 17 del expediente obra la petición elevada por la demandante, cuyas peticiones fueron las siguientes:

“[…] 1. Se me informen los porcentajes y su equivalente en sumas de dinero de los incrementos efectuados a la asignación recibida por mis poderdantes, reflejados durante los lapsos comprendidos entre 2007 y 2011.

2. Se efectúe el reconocimiento, pago y liquidación de la asignación de mi cliente, incluyendo dentro del valor devengado el porcentaje equivalente a la prima de actividad en cuantía del 49.5% adicional al valor del salario mensual, dada su condición de empelado público – personal civil de la Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea, a partir de 2007 y durante el tiempo que permanezca en dicha planta de personal.

3. Se efectúe la reliquidación, reajuste y pago de la asignación básica que viene percibiendo mi cliente, dada su condición de personal civil, perteneciente a la planta de personal de las entidades que integran el sector defensa, incluyendo el valor de la prima de actividad a la que tiene legítimo derecho

“[…]”

4. Como consecuencia de lo anterior, se efectúe a partir de 2007 el reajuste de la asignación básica, tomando como base el reconocimiento de la prima de actividad para la asignación mensual, y seguidamente proceder a indexar de manera permanente, los nuevos valores a la asignación básica, arrojados por la reliquidación de que tratan los numerales anteriores […]”

En las anteriores condiciones, observa la Subsección que la señora Nancy Eugenia Corredor Rubiano en sede administrativa, se limitó a solicitar el reconocimiento y pago de la prima de actividad sin que deprecara la posibilidad de que le fuera aplicado otro régimen salarial diferente al previsto en el Decreto 1214 de 1990. En esa medida, esta solicitud no puede ser materia de juzgamiento en esta instancia.

En conclusión: No es posible efectuar un estudio sobre la pretensión subsidiaria de la demanda, toda vez que no se solicitó ante la administración, lo que imposibilita al juez pronunciarse sobre la misma.

Decisión de segunda instancia.

Por las razones que anteceden la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas.

De conformidad con lo señalado en recientes providencias de esta Subsección(19) en el presente caso no hay lugar a imponer condena en costas en la segunda instancia porque si bien la parte demandante resulta vencida en esta instancia, no hubo intervención de la entidad demandada en la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Aceptar el impedimento manifestado por el doctor Rafael Francisco Suárez Vargas y, en consecuencia, se le declara separado del conocimiento del proceso de la referencia.

2. Confirmar la Sentencia proferida el 4 de abril de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que denegó las pretensiones de la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por la señora Nancy Eugenia Corredor Rubiano contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad, Comando General de las Fuerzas Militares.

3. Sin condena en costas en la segunda instancia.

4. Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI” y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y Cúmplase».

8. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

9. […] 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en éste como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo […]».

10. Artículo 9 de la Ley 352 de 1997

11. Artículo 54 de la Ley 352 de 1997

12. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 18 de febrero de 2016, consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero, número interno 3512-2013; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 12 de octubre de 2016, consejero ponente Cesar Palomino Cortés, número interno 0682-2014.

13. Fecha en la que entra en vigencia el Decreto 1301 de 1994 y se crea el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.

14. Corte Constitucional. Sentencia T-629 de 2010.

15. Ver cita anterior

16. Sent. C-980/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

17. Ultractividad de la Ley es la aplicación de una norma derogada a situaciones de hecho que se consolidaron bajo la vigencia de una normatividad nueva, por cuanto le es más favorable al destinatario de la misma.

18. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, Sentencia de 20 de mayo de 2010, Radicación número: 3712-2004

19. Al respecto ver Sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas por la Subsección “A” de la Sección Segunda, consejero ponente William Hernández Gómez, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.