Sentencia 2012-00727 de marzo 19 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Rad. 05001 23 31 000 20120072701

Consejero ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Alejandro Botero Villegas

Demandados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional de Colombia.

Acción Popular

Bogotá D.C., diecinueve de marzo del dos mil quince.

Decide la Sala la impugnación interpuesta por el Ministerio de Defensa Nacional contra la sentencia de 28 de mayo de 2014, mediante la cual el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, concedió el amparo de los derechos colectivos a la seguridad, salubridad pública, prevención de desastres previsibles técnicamente y realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

I. Antecedentes.

1.1. La Demanda.

El señor Alejandro Botero Villegas, actuando en nombre propio, presentó acción popular contra el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, solicitando el amparo de los derechos colectivos citados.

1.2. Pretensiones.

En virtud de lo anterior el accionante solicitó como pretensiones las siguientes:

“Primera: Declárese que la ubicación actual de la Brigada Móvil XVIII del Ejército Nacional atenta contra la seguridad ciudadana, el Derecho Internacional Humanitario y la integralidad de la población civil del municipio de Ituango.

Segunda: Ordénese en forma inmediata a la Brigada Móvil XVIII del Ejército Nacional reubicar su sede en una zona no urbana del municipio de Ituango.

Nota: No se pretende como lo ha sugerido el personal militar desplegado en este municipio que el Ejército Nacional limite su presencia en el municipio de Ituango, y se hace claridad que el suscrito reconoce la importancia de la presencia institucional del Ejército en este municipio, pero se opone a la ubicación de base de operaciones”(1).

1.3. Los hechos y omisiones en los cuales se funda la acción.

En el escrito de demanda el actor afirma:

1.3.1. Que el municipio de Ituango ha estado bajo la influencia armada de las “Farc”, y ha sido víctima de múltiples atentados terroristas en su casco urbano y en contra de la fuerza pública.

1.3.2. Que la Brigada Móvil XVIII del Ejército Nacional se estableció en forma permanente en la zona urbana de dicho municipio unos pocos metros del parque principal y al frente de la sede del SENA.

1.3.3. Que se ha restringido el acceso a la calle sobre la cual se encuentra ubicada la Brigada en mención, perjudicando el tránsito de los habitantes del lugar y, en especial, de los habitantes cuyos hogares se encuentran en inmediaciones de esta unidad militar y de los estudiantes del SENA.

1.3.4. Que lo anterior es más grave en la noche cuando se prohíbe totalmente el paso por el lugar.

1.3.5. Que tanto el parque principal, como la sede del SENA y las residencias ubicadas en el cuadrante donde se ubica la Brigada, se instalaron allí con antelación a la construcción y utilización de la actual sede de la Brigada XVIII del Ejército Nacional.

1.3.6. Que esta situación constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario, específicamente al principio de distinción (Protocolo II de Ginebra, artículos 2 y 3), por cuanto un ataque terrorista, contra las instalaciones de la Brigada Móvil del Ejército Nacional, recae igualmente sobre la población.

1.3.7. Que durante el año 2012, (año de presentación de la demanda) han ocurrido varios eventos terroristas dirigidos contra la fuerza pública en la cabecera municipal de Ituango, dejando heridos y muertos, de los cuales la mayoría son civiles.

1.3.8. Que a la población civil y a las autoridades municipales les ha sido comunicada la intención de la guerrilla de tomarse “a sangre y fuego” las instalaciones de la Brigada y que es de público conocimiento que poblaciones de diferentes municipios del país han sido víctimas de atentados terroristas perpetrados por las Farc con trágicas consecuencias contra miembros de la fuerza pública y la población civil.

II. Actuación procesal

El Tribunal Administrativo de Antioquia a través de auto calendado el 23 de mayo de 2012 admitió la demanda interpuesta y ordenó darle el trámite de rigor.

III. La contestación de la demanda

La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional se opuso a todas las pretensiones de la demanda en el siguiente sentido:

3.1. Que es cierto que desde los años 90, las Farc han delinquido en el lugar y los atentados terroristas han sido perpetrados en su mayoría contra la población civil.

3.2. Que el establecimiento permanente de la Brigada 18 del Ejército en esa zona se hizo debido a la situación de orden público y con miras a restablecerlo.

3.3. Que en cuanto a las restricciones de acceso a la calle donde se encuentra ubicada la brigada, no es prohibido el paso por el lugar, sino que se restringe por razones de seguridad en horas de la noche y que ello está permitido en virtud de la primacía del derecho colectivo a la seguridad.

3.4. Que de nada serviría que la fuerza pública se estableciera en lugares apartados de las zonas donde hay problemas reales y delicados de orden público, pues de requerirse la presencia de la autoridad tardaría en llegar al sitio donde se necesite.

3.5. Que el actor popular desconoce la situación real de seguridad del municipio.

3.6. Que propone como excepciones la inexistencia de vulneración de un derecho colectivo, la prelación del derecho a la seguridad nacional frente al derecho al goce del espacio público, la improcedencia de la acción y, el ejercicio indebido de la esta.

3.7. Que no hay prueba en el proceso que permita establecer que el Ejército Nacional ha vulnerado los derechos colectivos enunciados y la carga de probarlo corresponde a la parte actora.

IV. Audiencia especial de pacto de cumplimiento

El trece (13) de agosto dos mil trece (2013) se llevó a cabo la audiencia especial de pacto de cumplimiento con la presencia del actor y los demandados. No obstante, como la parte demandada no presentó una propuesta de pacto, la audiencia se declaró fallida.

V. La providencia impugnada

5.1. Órdenes impartidas.

El Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, en sentencia proferida el veintiocho (28) de mayo de dos mil catorce (2014) amparó los derechos colectivos y ordenó:

“1. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la entidad accionada.

2. DECLARAR que los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública; seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, se encuentran amenazados y/o vulnerados por La nación - Ministerio de Defensa Ejército Nacional, por las consideraciones expuestas en los apartes precedentes.

3. Como consecuencia de lo anterior, SE ORDENA a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, que en el término improrrogable de seis (6) meses siguientes a la notificación de este fallo, tome todas aquellas medidas y trámites de orden presupuestal, y administrativo conducentes a lograr el traslado de instalación de la Brigada Móvil 18 del Ejército, y que dentro de los seis meses siguientes al término inicial, se realice el traslado efectivo de las instalaciones de la Brigada Móvil 18 del Ejército a un lugar de la ‘zona rural’ del municipio donde se genere un menor riesgo para los habitantes de la comunidad, con miras a la protección de la población civil del municipio. Traslado que se deberá realizar sin desproteger a la población civil del municipio de Ituango - Antioquia.

4. Integrar un Comité para la verificación del cumplimiento de esta sentencia, integrado por el Magistrado Ponente, el actor popular, un delegado de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, un representante del Ministerio Público y el Alcalde Municipal de Ituango o un delegado de este.

5. No se condena en costas a la parte demandada.

6. Ejecutoriada la Sentencia, se ordena por la secretaría de la corporación remitir a la Defensoría del Pueblo copia de esta providencia, para que sea incluida en el Registro Público Centralizado de las acciones populares, previsto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998”.

5.2. Fundamentos de la Sentencia impugnada.

El Tribunal fundó su decisión en las siguientes consideraciones:

5.2.1. Que del material probatorio relacionado y particularmente del testimonio del señor Cesar Augusto Cabrera González se deduce una clara vulneración del derecho colectivo a la seguridad de la población civil del municipio de Ituango, que amerita tomar las medidas pertinentes para su protección.

5.2.2. Que se probó que la base militar denominada Brigada Móvil 18 del Ejército Nacional, se encuentra ubicada en el casco urbano del municipio de Ituango a solo metros del parque Municipal y en frente de una sede del SENA que funciona en dicha localidad. Así mismo, encontró probado que dadas las condiciones geográficas del lugar, la base militar en dicha ubicación es blanco fácil de los grupos armados ilegales, quienes podrían perpetrar ataques a la base sin que puedan ser repelidos por los militares; lo cual conlleva riesgo para la población civil vecina.

5.2.3. Que no se encuentra probado en el expediente que para establecer la Brigada Móvil 18 del Ejército en el lugar donde actualmente se encuentra ubicada, se hubieran realizado los estudios necesarios en los cuales se atendiera principalmente a la necesidad de protección de la población civil, como deber fundamental del Estado. Por el contrario, el citado testigo da a entender que es la comunidad la que está protegiendo la base militar al decir: “porque si ellos colocan un artefacto de alto poder se van a echar de enemiga a la población civil, y pierden el poder porque la gente les copia por miedo pero si ya se meten con ellos, ya van a denunciar a todo el mundo”. Y frente a la pregunta de si tiene conocimiento que tropas del Ejército Nacional hayan sido atacadas por medio de balones bomba, lanzados desde la parte superior del puesto de mando contestó “Hasta ahora no, porque la ubicación no les facilita hacerlo sin ocasionar daños a terceros”.

5.2.4. Que en consecuencia, es real el peligro al que se expone la población civil del municipio de Ituango, puesto que es la presencia de esta la que ha impedido que la base militar sea atacada y no la presencia militar la que impide ataques contra la población civil. Obsérvese que si bien el testigo manifestó que con la presencia de la base militar en el lugar han disminuido los robos y demás delitos, la labor de mantener del orden en las zonas urbanas corresponde a la Policía Nacional y no al Ejército.

5.2.5. Que de conformidad con la Jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional pese a la naturaleza de cuerpo civil armado que tiene la Policía Nacional, para la ubicación de sus bases o comandos debe tenerse en cuenta el menor riesgo para la comunidad. Con mayor razón tratándose del Ejército Nacional, cuya función es la de velar por la defensa de la soberanía, pero no en las zonas urbanas.

VI. Impugnación.

El Ministerio de Defensa Nacional impugnó la mentada Sentencia, con base en los siguientes argumentos:

6.1. Que quienes han violado el principio de distinción son las Farc y no el Ejército Nacional, pues este no pone en peligro a la población civil. Por el contrario, cumple a cabalidad su deber de restablecer la soberanía y la paz en el municipio de Ituango, y es “gracioso” que sea la fuerza pública legítima a la que se le ordene salir del municipio para que las Farc vuelvan a tomar el poder.

6.2. Que es una gran contradicción que se ordene al Ejército Nacional trasladarse de la cabecera municipal a zona rural, sin que esto no ocasione ningún perjuicio a la comunidad, pues en caso de una toma guerrillera o atentado terrorista, el Ejército Nacional no podrá tener la misma capacidad de reacción que tiene a la fecha, pues la posibilidad de traslado más cercano se encuentra a una hora del casco urbano, lo cual se prueba con la declaración obrante a folio 167, que indica:

“Preguntado: Informe al Despacho a que distancia del casco urbano se encuentra el cerro las cruces y si de trasladarse allí la base afectaría la capacidad de reacción en caso de que la población civil requiera del accionar del Ejército Nacional. Contesto: Yo le pongo por ahí media hora a un pasito bueno sin equipo, el problema radica es en que en caso de que haya algún atentado, viene acompañado de un franco tirador que espera que la tropa reaccione para asesinar uno o dos militares. O la otra es que ellos ataquen la base simultáneamente con el pueblo, ya se pierde capacidad de reacción. Preguntado: Conforme a su respuesta anterior, que pasa con la población civil. Contesto: Sería Víctima de las Farc. Mientras esté el Ejército en el pueblo ellos la piensan para atacar porque saben que va a haber una respuesta. La guerrilla mientras el Ejército este en el pueblo, solo va a actuar con armas de fuego, francotiradores y máximo con granadas”.

6.3. Que los derechos colectivos que considera violados, son precisamente los que se están protegiendo.

6.4. Que en ningún momento ha violado el núcleo fundamental de derechos colectivos invocados por el actor, sino que lo que ha propendido es armonizarlos con el derecho a la seguridad nacional y a la paz. Desde esta perspectiva, el interés general a la seguridad nacional y el derecho fundamental a la vida y la integridad personal que cotidianamente se ven amenazados, priman sobre los demás derechos colectivos, por lo que se justifica la colocación de elementos de seguridad y protección, atendiendo sus especiales condiciones, aunque estas deben guardar proporción con el grado de peligro real en que se encuentran y cuyos límites deberán ser analizados en cada caso concreto.

6.5. Que no obra prueba de la existencia de elementos que afecten las condiciones de seguridad o salubridad del personal civil que habita el municipio de Ituango.

6.6. Que con la llegada del Ejército Nacional al casco urbano del municipio de Ituango las condiciones locales de orden público cambiaron, entendiendo que eran las Farc quienes tenían el control del casco urbano y que la población civil vivía con temor permanente.

6.7. Que a través de las labores de inteligencia que adelanta el Ejército Nacional es posible proteger y prevenir a la población civil contra posibles ataques terroristas de las Farc.

6.8. Que de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, desde el momento en que se encuentra instalada la comentada Base Militar, en dicho sector se han disminuido los delitos y los ataques guerrilleros, hasta el punto que muchos habitantes han reconocido las ventajas del puesto militar pero temen declarar por temor a ser asesinados por las Farc, al ser considerados como colaboradores del Ejército.

6.9. Que estima vulnerado el principio de comunidad de la prueba, pues la decisión se basa en una sola, sin valorar en conjunto las demás. Por ejemplo, no se tuvo en cuenta el informe de inteligencia sobre presencia de grupos al margen de la ley en Ituango el 6 de junio de 2012, ni el documento emitido por la Brigada Móvil 18 de agosto de 2012 el cual trata sobre el análisis del orden público en dicho municipio, de los cuales solo se referencian como pruebas documentales aportadas en el fallo, más no se integraron a la unidad probatoria del proceso.

6.10. Que la única prueba que tuvo el Despacho para fundamentar su fallo fue la declaración rendida por el señor Cesar Augusto Cabrera González, que si se analiza objetivamente, solo se utilizó caprichosamente algunos apartes de la prueba y se dejaron de valorar otros.

VII. Alegatos en segunda instancia

7.1. El actor presentó alegatos de conclusión solicitando confirmar la sentencia del a quo con base en los siguientes razonamientos:

7.1.1. Que reitera los argumentos expuestos en la demanda y hace un resumen sobre lo que sucedió en el proceso en la primera instancia.

7.1.2. Que mediante los testimonios practicados se demostró con solvencia que el municipio de Ituango es objetivo de múltiples y frecuentes enfrentamientos armados entre la fuerza pública y los miembros de las Farc.

7.1.3. Que como consecuencia de lo anterior, se han ocasionado múltiples heridos por parte de la población civil, entre ellos menores de edad y sus respectivas madres.

7.1.4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo del Protocolo II de Ginebra ratificado por el Estado colombiano se establece el principio de distinción, según el cual el Ejército Nacional no puede crear situaciones en las cuales el adversario militar no diferencie a la Fuerza Púbica de la población civil.

7.1.5. Que es claro que el Ejército Nacional no puede abandonar a los habitantes del municipio, lo que se pretende mediante esta acción es que dicha entidad cumpla su función constitucional de defender la soberanía, la integridad y la seguridad de la población civil con el menor riesgo posible para los ciudadanos.

7.1.6. Que existe un compromiso firmado entre la Gobernación de Antioquia, el Ejército Nacional y las Organizaciones de las Naciones Unidas para reubicar la base, por lo cual se anexó al expediente los estudios topográficos realizados por el mismo accionado.

7.2. El Ejército Nacional solicitó revocar la sentencia de primera instancia con base en las siguientes consideraciones:

7.2.1. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante sentencia estableció que para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en este municipio, el Estado debía realizar lo siguiente: remover todos los obstáculos de facto y de iure que mantengan la impunidad, otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, así como a los expobladores y actuales habitantes de Ituango.

7.2.3. Que como consecuencia de lo anterior, a manera de estrategia de cumplimiento, se resolvió establecer las instalaciones de una Brigada en la zona urbana que en años anteriores fue objeto de tomas por parte de grupos al margen de la ley.

7.2.4. Que desde la instalación de la Brigada Militar en dicha zona han desaparecido los ataques terroristas perpetuados por las Farc.

7.2.5. Que frente a la violación del derecho colectivo a la prevención de desastres técnicamente previsibles para que se pruebe esta vulneración debe existir un concepto técnico dado por autoridad competente que permita al juzgador tener claridad sobre la posible ocurrencia del desastre que se pretende evitar. En el caso específico el accionante no aporta ni solicita un dictamen técnico que documente la situación y que ilustre sobre la necesidad de reubicar la Brigada Móvil.

7.2.6. Que en la Sentencia T-139 de 1993 proferida por la Corte Constitucional, se dijo expresamente que: “Todo lo anterior confirma el concepto de la Sala en el sentido de que si se tutelara el pedido de los accionantes, es decir, se ordenara el traslado de la Subestación de Policía a un lugar alejado de sus viviendas, se rompería el principio de la solidaridad social consagrado en la Constitución, pues los accionantes tienen el deber constitucional de ser solidarios no solo con las autoridades, sino con los otros habitantes de la población que tienen, por su parte, el derecho de exigir la presencia cercana de la autoridad”.

7.2.7. Que el Tribunal no aplicó el test de razonabilidad, en la medida en que debió ponderar los derechos que se encuentran en juego, tales como el goce del espacio público, la libre circulación y el derecho a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles con los derechos fundamentales a la vida y seguridad de las personas de bien que residen en el municipio de Ituango.

VIII. Concepto del ministerio público en segunda instancia

La Delegada de la Procuraduría General de la Nación solicitó confirmar la sentencia de primera instancia por los siguientes motivos:

8.1. Que según los testimonios aportados en el plenario y dentro de los hechos de la demanda, durante muchos años el municipio de Ituango ha sido víctima de varios atentados provenientes de grupos armados ilegales, situación que amenaza a la población civil en caso de presentarse un posible ataque a la base militar.

8.2. Que en la sentencia de 29 de octubre de 2012, en el proceso radicado con el 1993- 08632-01 con ponencia del Magistrado Danilo Rojas Betancourt, se consideró que la simple presencia o ubicación de bienes o instalaciones que los grupos armados ilegales escogen como objetivo de sus ataques, genera un riesgo excepcional para la comunidad que de concretarse, compromete la responsabilidad estatal. No importa para el efecto que no exista ilicitud en la actividad de la administración e incluso que esta responda al cumplimiento de un deber legal, pues la imputabilidad surge de la creación deliberada de un riesgo que se considera excepcional, en la medida en que supone la puesta en peligro de un grupo particular de ciudadanos.

8.3. Que de conformidad con la respuesta ofrecida por parte de la alcaldía municipal al derecho de petición presentado por el actor (fls. 15-16) se da cuenta de la situación de orden público que se presenta, indicando que existen antecedentes de ataques perpetrados por grupos armados ilegales, los cuales en su mayoría van dirigidos contra la Fuerza Pública.

8.4. Que es la Policía como cuerpo civil armado quien cumple las funciones de contrainsurgencia, es decir, que tiene dentro de sus objetivos evitar la perturbación del orden público dentro del área urbana, situación que no deja en condición de desprotección a la población.

IX. Consideraciones

9.1. Fundamentación de la Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley 1395 de 2010 y 132 del Código Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos en las acciones populares.

9.2. Presentación del caso y problema jurídico.

Con el ejercicio de la presente acción se busca la protección de los derechos e intereses colectivos a la seguridad, salubridad pública, prevención de desastres técnicamente previsibles y la integridad personal de los habitantes del municipio de Ituango, los cuales se estiman vulnerados, según el actor, por el Ejército Nacional, como quiera que en el casco urbano del municipio se encuentra ubicada una guarnición militar (Brigada Móvil XVIII), la cual se halla en inminente riesgo por la intensión manifiesta del frente 18 de las Farc de atentar contra estas instalaciones, lo que pone en peligro a la población civil de este municipio

Una vez estudiado el caso, el a quo encontró que según la normativa vigente y las pruebas aportadas en el proceso existe una vulneración de los mencionados derechos colectivos en dicho sector, lo cual ha sido ocasionado por la presencia de la aludida Brigada Militar por parte del Ejército Nacional.

Inconforme con la anterior decisión, el Ejército Nacional impugnó el fallo argumentando que no es dicha entidad quien pone en peligro a la población civil, por el contrario, esta cumple a cabalidad su deber de restablecer la soberanía y la paz en el municipio de Ituango y es “gracioso” que sea a la fuerza pública la que se ordene salir del municipio, pues esto permite que las Farc vuelvan a tomar el poder sobre el sector, lo que implica un retroceso en materia de seguridad y tranquilidad.

La Sala observa que el análisis del caso concreto se circunscribe al derecho colectivo a la seguridad, toda vez que respecto de los demás derechos colectivos invocados por el actor popular no existe argumento o prueba alguna con la cual se pretenda acreditar una afectación a los mismos. Asimismo, una lectura del recurso de apelación permite inferir que lo que pretende demostrar el Ejército es que la ubicación de su Brigada Militar no amenaza el derecho a la seguridad.

9.3. Problema jurídico

Así las cosas, el problema jurídico que le corresponde estudiar a la Sala consiste en determinar si el Ejército Nacional al ubicar en el casco urbano del municipio de Ituango la Brigada Móvil 18 amenaza el derecho colectivo a la seguridad de sus habitantes.

9.4. Análisis del caso.

Para resolver el problema jurídico, la Sala examinará los siguientes puntos: en primer lugar, se hará referencia a unos aspectos generales de la acción popular en el sistema jurídico nacional (1), como no hay antecedentes en acciones populares sobre la reubicación de puestos de la fuerza pública por afectación de los derechos invocados en esta acción, se hará referencia a los requisitos que exige la jurisprudencia para solicitar el traslado de un puesto de la fuerza pública mediante acción de tutela (2), se expondrán unas conclusiones sobre el tema (3) y; finalmente, con base en los elementos antes señalados, se resolverá el caso concreto (4).

9.4.1. Consideraciones preliminares.

El artículo 2º, inciso segundo, de la Ley 472 de 1998, en desarrollo del artículo 88 de la Constitución Política, dispone que las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible; y al tenor del artículo 9º ibídem, esas acciones proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.

Se trata, entonces, según lo dispuesto por esta ley, de medios procesales de carácter preventivo, reparativo, correctivo o restitutorio, que proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos amparados por el ordenamiento jurídico(2). Su objeto, entonces, según ha sido afirmado por jurisprudencia de esta corporación, “no es otro que la tutela de aquellos derechos que la Constitución y la ley han reconocido de manera indivisible y global a la comunidad en cuanto cuerpo social titular de unos intereses merecedores de protección, en tanto que presupuestos o condiciones determinantes para el buen funcionamiento de la sociedad y la realización del orden jurídico, político, económico y social justo que aspira implantar la Norma Fundamental”(3).

Según ha señalado la jurisprudencia administrativa de forma reiterada, se tiene que los supuestos sustanciales para que proceda la acción popular son los siguientes: a) una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y, c) la relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos deben ser demostrados de manera idónea en el proceso respectivo.

9.4.2. Presupuestos exigidos por la jurisprudencia para ordenar el traslado de puestos de la fuerza pública.

Como ya se dijo, una vez revisada la jurisprudencia sobre acciones populares de esta corporación en materia de traslado de puestos de la fuerza pública, se observa que no existe un precedente sobre el tema. Por tal motivo, se analizarán casos similares en acciones de tutela con miras a determinar su eventual aplicación en el presente asunto.

9.4.2.1. Precedentes en acciones de tutela.

El debate sobre la presunta amenaza que representa para la seguridad ciudadana y los derechos individuales la ubicación de una sede militar o policial en una zona urbana, no ha sido ajeno en la jurisprudencia.

En Sentencia T-165 de 2006, con ponencia del Magistrado Jaime Araujo Rentería, la Corte Constitucional estudió una acción de tutela en contra del municipio de Chinchiná (Caldas) por violación del derecho fundamental a la vida de uno de los residentes cercanos a un Comando de Policía, y de los estudiantes de las instituciones educativas Francisco José de Caldas, María Inmaculada, Bartolomé Mitre y Santa Juana de Arco García, ubicadas a 30, 70, 80 y 150 metros respectivamente de la Estación de Policía. En dicho proceso se solicitó la reubicación de las mentadas instituciones educativas o en su defecto la reubicación de la Estación de Policía.

Sobre el punto, la Corte Constitucional aseveró lo siguiente:

“6.2. No prosperidad de la tutela para ordenar el cambio de sede de la Estación de Policía de Chinchiná por ausencia de amenaza de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad.

En el caso sub lite, el actor alega que la ubicación del Comando de Policía de Chinchiná representa un inminente riesgo para la comunidad educativa que transita por el lugar, así como también para los habitantes de la zona; y que, pese a que se ha puesto en conocimiento del alcalde de ese municipio esta situación a través de varias peticiones, en las cuales también se ha señalado la violación de la Constitución Política y convenios internacionales, no han obtenido solución a su problema por parte de la administración municipal.

Pues bien, como se expuso en el aparte 5 de estas consideraciones, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional la procedencia de la tutela para ordenar el cambio de sedes de las dependencias de la Fuerza Pública está supeditada a la existencia de una amenaza grave e inminente para la vida o la integridad del accionante, y a que este se encuentre en una particular situación de vulnerabilidad con relación a la generalidad de las personas que impida exigirle razonablemente el mismo grado de cumplimiento de los deberes constitucionales, especialmente los de solidaridad y de apoyo a las autoridades legítimamente constituidas.

En este orden de ideas, coincidiendo en lo sustancial con los jueces de instancia, considera la Sala que debe denegarse el amparo constitucional solicitado por el señor Alzate Restrepo, pues, al margen de la protección especial que merecen los menores en nombre de quienes se invoca el amparo (C.P. art. 44), en el presente caso es claro que, con ocasión de la ubicación de la Estación de Policía de Chinchiná, no se configura una amenaza grave e inminente para la vida o a la integridad física del actor o de dichos menores.

En efecto, el actor alega la existencia de una amenaza sobre los derechos a la vida y a la integridad física pero no brinda elementos de juicio que, desde un punto de vista objetivo, indiquen la configuración de los presupuestos que estructuran la amenaza a un derecho fundamental. Recuérdese que, según la jurisprudencia de esta Corte, la amenaza incorpora criterios subjetivos y objetivos, así que esta no se estructura simplemente con el temor del sujeto que cree en peligro sus derechos fundamentales, sino que es necesario que dicha percepción se convalide mediante elementos objetivos externos”. (negrillas fuera del texto)

Entonces, podemos concluir que la procedencia de la acción de tutela para ordenar el cambio de sedes de las dependencias de la Fuerza Pública está supeditada a la existencia de una amenaza grave e inminente para la vida o la integridad del accionante, y a que este se encuentre en una particular situación de vulnerabilidad con relación a la generalidad de las personas que impida exigirle razonablemente el mismo grado de cumplimiento de los deberes constitucionales, especialmente, los de solidaridad y de apoyo a las autoridades legítimamente constituidas.

Por su parte, esta Sección también se ha pronunciado sobre el tema. En efecto, en la sentencia de 27 de enero de 2011, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla Moreno, en el proceso radicado con el No. 2010-00363-01(AC), en el cual se le solicitó al juez de tutela que ordenara la reubicación de la Estación de Policía del municipio de Cucutilla por violación de los derechos fundamentales a la vida de las personas que vivían cerca de la Estación, esta Sala estimó lo siguiente:

“(…) 5. Procedencia de la tutela para ordenar cambios de sede de las dependencias de la Fuerza Pública. Reiteración de jurisprudencia.

En varias ocasiones la Corte Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la procedencia de la tutela para ordenar cambios de sede de las dependencias de la Fuerza Pública. Y ha establecido, a juicio de la Sala, jurisprudencia sobre este particular.

En dos providencias de 1993, esta corporación revisó sentencias de tutela cuyo objeto fue resolver las solicitudes de varias personas vecinas a estaciones o comandos de policía que, por la situación de orden público del país, consideraban que la ubicación de estas dependencias ponía en riesgo su vida o la de sus hijos. En la primera oportunidad, la Corte ponderó en abstracto el interés general del resto de la población y el interés particular de los solicitantes, y básicamente consideró que aquel primaba ante este(4); y en la segunda, también partiendo de una valoración en abstracto, juzgó que los deberes constitucionales de solidaridad, de respeto y apoyo a las autoridades legítimamente constituidas y de propensión al logro y mantenimiento de la paz, imponían a las personas asumir como una carga el problema que aquejaba a los accionantes y, además, la obligación de contribuir a su solución(5). Valga resaltar que, como argumentos para negar el amparo, esta corporación también valoró la función de la Fuerza Pública, así como también que el riesgo sufrido por los solicitantes no era originado por la presencia de la Policía Nacional sino por la acción de los grupos insurgentes (…).

(…) Entonces, podemos concluir que la procedencia de la tutela para ordenar el cambio de sedes de las dependencias de la Fuerza Pública está supeditada a la existencia de una amenaza grave e inminente para la vida o la integridad del accionante, y a que este se encuentre en una particular situación de vulnerabilidad con relación a la generalidad de las personas que impida exigirle razonablemente el mismo grado de cumplimiento de los deberes constitucionales, especialmente, los de solidaridad y de apoyo a las autoridades legítimamente constituidas(6) (…)”.

Así las cosas, y teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto a la procedencia de la acción de tutela relacionada con la reubicación de las de las sedes de las dependencias de la Fuerza Pública, en especial de las estaciones de policía, es claro para la Sala que tal situación está supeditada a la existencia de una amenaza grave e inminente para la vida o la integridad del accionante, y a que este se encuentre en una particular situación de vulnerabilidad con relación a la generalidad de las personas, que impida exigirle razonablemente el mismo grado de cumplimiento de los deberes constitucionales especialmente los de solidaridad y de apoyo a las autoridades legítimamente constituidas.

En este orden de ideas y teniendo en cuenta el acervo probatorio obrante en el expediente, es claro que efectivamente la población del municipio de Cucutilla no se encuentra frente a una situación que la ponga frente aún peligro inminente. Es preciso advertir que las autoridades militares y administrativas del municipio, en los varios Consejos Extraordinarios de Seguridad llevados a cabo durante el año 2010, afirman que pese a rumores de posibles hostigamientos a la población, a la fecha no se ha presentado desde el año de 1999, ninguna alteración del orden público. (Ver fls 99 - 118).

Del mismo modo la gobernación de Norte de Santander en el escrito de contestación de la demanda de tutela, afirma que desde el año de 1999 no se han vuelto a presentar acciones de grupos guerrilleros en el municipio debido al incremento del pie de fuerza, especialmente en el número de policías en el casco urbano y a la presencia de tropas del Ejército en el área rural del país. (Ver fls 92 - 98)”. (negrillas fuera del texto)

Más adelante señala:

“En el caso sub examine no se encuentra acreditado que la construcción de la estación de policía en el mismo sitio donde años atrás fue objeto de hostigamientos está vulnerando algún derecho fundamental del accionante, sino que por el contrario, obran en el expediente sendos informes que demuestran que en los últimos once años la población de Cucutilla no ha sido objeto de hostigamientos o ataques por parte de grupos armados ilegales, ni existen indicios de una situación de riesgo para la población como consecuencia de una incursión de estos grupos.

La sola incertidumbre o el temor al que puedan estar sometidos los habitantes de la población no es suficiente para acceder a sus pretensiones puesto que, dadas las condiciones de orden público que vive el municipio de Cucutilla, el lugar donde se construye la nueva estación de Policía no constituye un riesgo grave e inminente para la vida o la integridad física de la población”. (negrillas fuera del texto)

Como se puede leer, la sola incertidumbre o temor al que puedan estar sometidos los habitantes de una población específica respecto de un ataque terrorista no es suficiente para que por intermedio de la acción de tutela se ordene el traslado de una Estación de Policía, al contrario, se debe acreditar mediante pruebas debidamente aportadas al expediente que existe un riesgo o una amenaza grave e inminente respecto de los derechos constitucionales de las personas que viven cerca de la Estación.

— Conclusiones sobre el traslado de puestos de la fuerza pública en acciones de tutela.

A la vista del anterior recuento jurisprudencial, se puede expresar que para ordenar el traslado de una dependencia de la fuerza pública por intermedio de la acción de tutela se requiere cumplir los siguientes presupuestos:

1. Acreditar mediante pruebas debidamente aportadas en el proceso la existencia de una amenaza cierta, grave e inminente en contra de los derechos fundamentales del actor.

2. Es necesario que el actor demuestre que se encuentra en una especial situación de vulnerabilidad con relación a la generalidad de las personas, la cual impida exigirle razonablemente el mismo grado de cumplimiento de los deberes constitucionales, especialmente los de solidaridad y de apoyo a las autoridades legítimamente constituidas.

9.4.2.2. Acciones populares.

La Sala encuentra que los comentados requisitos para solicitar el traslado de un puesto de la fuerza pública mediante acción de tutela, resultan aplicables a la acción popular, por la siguiente razón.

En estos debates el juez constitucional se enfrenta a la colisión de diversos bienes jurídico-constitucionales: en este caso derechos comunitarios como la seguridad pública (en su faceta de abstención o de proscripción a la autoridad de actos generadores de riesgos de dicho bien jurídico) con el deber individual y comunitario de apoyar los actos de las autoridades, el principio de solidaridad y el derecho colectivo a la seguridad pública (en su faceta prestacional o de garantía de condiciones adecuadas de orden público mediante la realización de actos materiales orientados a su aseguramiento efectivo).

Así las cosas, la Sala comparte la tesis consistente en que por intermedio de la acción popular se puede solicitar el traslado de un puesto de la fuerza pública, siempre y cuando dicho puesto de control constituya una amenaza cierta, grave e inminente contra los derechos colectivos, ello esté debidamente acreditado en el proceso mediante pruebas y existan razones que fundamenten la atenuación en el caso concreto de los deberes constitucionales de solidaridad y de apoyo a las autoridades legítimamente constituidas que pesan sobre la comunidad.

La razón de lo anterior, es que los ciudadanos se encuentran sometidos en principio a soportar como una carga social la ubicación de un puesto de control de la fuerza pública en su municipio o vecindario en virtud del cumplimiento de los referidos deberes constitucionales. Por ende, el solo hecho de la instalación de una base militar en una determinada población no puede suponer per se una amenaza o vulneración del derecho colectivo a la seguridad pública susceptible de amparo por vía de acción popular. Es preciso, para ello, que se cumplan las condiciones atrás anotadas, pues solo de esa forma se puede tener claro que existen razones de peso para privilegiar el derecho colectivo a la seguridad pública en su faceta de abstención al resolver la eventual colisión de bienes constitucionales que se presenta en estos casos.

9.4.3. Caso concreto.

Lo que se encuentra probado en el expediente resulta determinante para efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos señalados como condición de procedibilidad del amparo solicitado. Por ende, antes de abordar el análisis del caso planteado debe hacerse una revisión detallada de los medios de prueba obrantes en el juicio:

• Cinco fotografías mediante las cuales se acredita la presencia de una Brigada Militar en el casco urbano del municipio de Ituango (Antioquia) al frente de una sede del SENA, y cerca de varios locales comerciales y casas residenciales (fls. 13 y 14).

• Oficio dirigido al actor popular en el cual la Secretaría General y de Gobierno de Ituango (Antioquia) le informa acerca de la situación de orden público que ha venido padeciendo el municipio (fls. 15 a 16), en el cual expone:

“Durante los últimos dos años, las Farc han perpetrado asesinatos de civiles dentro del área urbana (comerciantes y un empleado público); igualmente ha direccionado su accionar en atentados contra la fuerza pública, dando como resultado en el año inmediatamente anterior de un agente de la Sijin asesinado y otro herido.

En el área rural la situación es mucho más delicada debido a la siembra indiscriminada de minas antipersonas, que han dejado como resultado en el 2011, 10 víctimas civiles y en lo que va corrido del presente año ya hay 4 víctimas, aparte de un número sin precisar de militares como víctimas. Durante este año 2012, el accionar de este grupo armado ilegal se ha concentrado más que todo en el área urbana donde se han presentado los siguientes hechos:

27 de enero, ataque a la patrulla de policía en el barrio katios, resultando un policía asesinado.

12 de abril lanzan granada contra el comando, hostigan, resultando dos civiles heridos y un policía.

15 de abril instalan artefacto explosivo de gran poder sobre la carrera Córdoba, cerca de la sede de la Institución Educativa Pedro Nel Ospina. 17 de abril, hostigamiento a patrulla del Ejército sobre la carrera Jordán con calle peatonal, resultando dos lesionados (un civil) y un soldado. Entre los días 12 de abril al 18 de abril constantes detonaciones en la periferia del área urbana, lo que da la sensación que quizás este grupo armado ilegal pretenda adelantar alguna campaña terrorista dentro de la zona urbana.

Según el POT la manzana donde se encuentra ubicada la sede de la Brigada Móvil 18, es de uso institucional.

La sede de la Brigada Móvil 18, se encuentra ubicada a unos 30 metros aproximadamente del parque principal.

La distancia existente entre la sede de la Brigada Móvil 18 a la sede del Sena oscila entre 4.50 a 5 metros, pues están una al frente de la otra, solo las separa la calzada de la carrera Bolívar”.

• Informe de Inteligencia presentado por el Coronel Miguel Ángel Rodríguez Díaz Comandante de la Brigada Móvil 18 quien explica sobre la presencia de grupos al margen de la ley en Ituango - Antioquia, fechado el 6 de junio de 2012 (fls. 65 a 73).

• Informe de Gestión “Acción integral” marzo de 2012, fechado el 8 de junio de 2012 (fls. 74 a 87), en el cual el comandante de la Brigada Móvil 18 informa sobre las obras sociales que han realizado en el municipio y las campañas para lograr la desmovilización de miembros de las Farc.

• Documento emitido por la Brigada Móvil 18 de fecha 15 de agosto de 2012, cuyo asunto es: “Análisis de orden público del municipio de Ituango”, en el cual se dice que a partir del momento en que la Brigada móvil en mención se estableció en la edificación actual, se han neutralizado significativamente las intenciones terroristas por parte de los bandidos del frente 18 de las Farc, debido a los duros golpes que se les han propinado en forma constante a la parte armada, logística y de narcotráfico, en especial en los años 2011 y 2012.

• Testimonios rendidos por Patricia Londoño Rengifo Personera Municipal de Ituango, —Jaime León Palacio – Inspector de Policía de Ituango – y Diego Monroy Aguirre Presidente del Concejo Municipal de Ituango— ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ituango, quienes relataron que la Brigada Móvil 18 se encuentra ubicada aproximadamente a 30 metros del parque municipal y que linda con el palacio municipal, que se han presentado hostigamientos por parte de grupos armados al margen de la ley en contra de la población civil, que se han presentado restricciones y limitantes a la movilidad debido a la existencia de las instalaciones de la Brigada Móvil 18 en el casco urbano del municipio y a la escaza luminosidad del sector en horas de la noche, que los hostigamientos que se han presentado en el municipio son desde el parque hacia abajo, en aras de afectar a los soldados y obtener una respuesta, por lo que la población del municipio ha sufrido afectaciones donde han resultado personas heridas e incluso muertas.

• Testimonio rendido por el Sargento Segundo Cesar Augusto Cabrera González de donde se extrae:

“Preguntado: Informe al Despacho, porqué motivo el ejército nacional tuvo que tomar el control dentro del casco urbano, si allí también hay policía. Contestó: Realmente la policía es un ente civil armado y no posee las mismas capacidades, entrenamiento ni un número que posee el ejército nacional, la policía está más enfocada a problemas de robos y algo así. A mi parecer el ejército es el que tiene que enfrentar a las Farc. Preguntado: Informe al Despacho a qué distancia del casco urbano se encuentra ubicado el cerro las cruces y si de trasladarse allí la base afectaría la capacidad de reacción en caso de que la población civil requiera del accionar del ejército nacional Contestó: Yo le pongo por ahí media hora a un pasito bueno sin equipo, el problema radica es en que en caso de que haya algún atentado, viene acompañado de un franco tirador que espera que la tropa reaccione para asesinar uno o dos militares. O la otra es que ellos ataquen la base simultáneamente con el pueblo, ya se pierde la capacidad de reacción, ya tienen que maniobrar de manera tal que no se exponga la vida de los militares. Preguntado: Conforme a su respuesta anterior, qué pasaría con la población civil. Contestó: Sería víctima de las Farc. Mientras esté el ejército en el pueblo ellos la piensan para atacar porque saben que va a haber una respuesta. La guerrilla mientras el ejército esté en el pueblo, solo va a atacar con armas de fuego, francotiradores y máximo con granadas porque si ellos colocan un artefacto de alto poder se van a echar de enemiga a la población civil, y pierden el poder porque la gente les copia por miedo pero si ya se meten con ellos, ya van a denunciar a todo el mundo. Estos ataques si se hacen a gran escala o en forma masiva, serían en las horas de la noche o en la madrugada, pues a mi parecer no ponen en riesgo mucha gente, porque todo está cerrado. Preguntado: Tiene usted conocimiento que tropas del ejército nacional hayan sido atacadas por medio de balones bomba, lanzados desde la parte superior del puesto de mando. Contestó: Hasta ahora no, porque la ubicación no les facilita hacerlo sin ocasionar daños a terceros”. (Folios 170 a 187)” (negrillas fuera del texto)

• Fotografías aéreas de la ubicación de la Brigada Móvil 18 en el municipio de Ituango e información de las condiciones geográficas de los predios en donde podría reubicarse la base militar, aportadas por el testigo Sargento Segundo Cesar Augusto Cabrera González en la audiencia de recepción de testimonio (fls. 170 a 187). En las fotografías se evidencia que la Brigada en mención queda ubicada en el centro del municipio, cerca de la plaza central y la Iglesia. Asimismo, se aprecia que según el Ejército Nacional los predios denominados “Cerro Las Cruces” y “La Federación” no son idóneos para reubicar la base militar.

La Sala advierte que en el caso concreto no se cumple el primer requisito para lograr la reubicación de la Brigada Móvil 18 por medio de la acción popular, el cual consiste en acreditar mediante pruebas la existencia una amenaza cierta de derecho(s) colectivo(s) como consecuencia de la ubicación de un puesto de la fuerza pública.

Se observa que en el caso sub examine no obran pruebas que permitan acreditar el cumplimiento de esta exigencia. En efecto, aun cuando existen evidencias por medio de las cuales se acredita que ha habido enfrentamientos ocasionales entre la guerrilla y el Ejército en el casco urbano del municipio, igualmente se constata que dichos enfrentamientos no solamente han sido en contra del Ejército sino también de la Policía Nacional y que ellos han tenido lugar en distintas partes del casco urbano, y no en la sede de la Brigada Militar que da origen a este conflicto. Así las cosas, si bien es cierto que no es un mero temor imaginario o supuesto al que se encuentra expuesta la población civil de dicho municipio respecto de un posible ataque terrorista, pues existen elementos objetivos que dan cuenta de su estado de zozobra, no lo es menos que tan repudiable situación no es consecuencia directa de la presencia de la Brigada Móvil 18 en el caso urbano del municipio, sino de la execrable situación de orden público que registra la zona. De ahí que la amenaza a la que alude el actor no cumpla con el requisito de certeza establecido.

En el caso de autos, la respuesta del municipio de Ituango (Antioquia) frente al derecho de petición presentado por el actor popular (fls. 15 y 16) no da cuenta de un solo ataque en contra de la Brigada Militar, al contrario, dicho informe expone los diversos enfrentamientos que se han suscitado entre la guerrilla, la Policía Nacional y el Ejército en diversas áreas del municipio (rurales y urbanas). Aunado a lo anterior, el problema de orden público que padece el municipio de Ituango obedece a un problema estructural que viene desde hace muchos años, en el cual la guerrilla ha realizado varios atentados en contra de los soldados del Ejército en el municipio, la Policía Nacional y la población civil. Prueba de ello, es que según lo afirma en su declaración el señor Jaime León Palacio —Inspector de Policía de Ituango—, desde los años 80 el municipio ha sufrido varios atentados terroristas por parte de las Farc (tomas guerrilleras del frente 15, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, el Bloque José María Córdoba y el frente 18, entre los años 1986 hasta 1989, respectivamente), agrega que en el año 2007 hubo un atentado en la zona urbana del municipio mediante un artefacto explosivo y, la llegada del Ejército al sector empezó en el año 2003 con la Brigada 4, posteriormente en el 2004 con la Brigada Móvil 11 y finalmente, en el 2010 con la Brigada Móvil 18, la cual permanece actualmente.

En este orden de ideas, para la Sala no es la existencia de la Brigada la que ha ocasionado los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército sino que se trata de un sector en el que grupos armados al margen de la ley han desarrollado actividades terroristas desde antes de la llegada del ejército.

Ahora, una prueba importante con la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia fundó su decisión, fue la declaración rendida por el Sargento Segundo Cesar Augusto Cabrera González, específicamente frente a la siguiente pregunta:

Preguntado: Conforme a su respuesta anterior, qué pasaría con la población civil. Contestó: Sería víctima de las Farc. Mientras esté el ejército en el pueblo ellos la piensan para atacar porque saben que va a haber una respuesta. La guerrilla mientras el ejército esté en el pueblo, solo va a atacar con armas de fuego, francotiradores y máximo con granadas porque si ellos colocan un artefacto de alto poder se van a echar de enemiga a la población civil, y pierden el poder porque la gente les copia por miedo pero si ya se meten con ellos, ya van a denunciar a todo el mundo. Estos ataques si se hacen a gran escala o en forma masiva, serían en las horas de la noche o en la madrugada, pues a mi parecer no ponen en riesgo mucha gente, porque todo está cerrado.

De dicha declaración no se desprende que la Brigada Militar haya sido objeto de atentados por parte de la guerrilla, lo que allí se asevera es que mientras el ejército esté en el pueblo, solo va a atacar con armas de fuego porque si ataca con un artefacto de alto poder puede afectar a la población civil.

En síntesis, las declaraciones rendidas no ofrecen los elementos de convicción tendientes a establecer que la Brigada Militar ha sido objeto de atentados, lo que demuestran es una situación de violencia global en diversas zonas del municipio.

Así las cosas, la Sala no encuentra acreditada una amenaza cierta al derecho colectivo a la seguridad, dado que no hay una relación de causalidad entre la existencia de la Brigada Militar y los enfrentamientos armados relatados por los testigos y la alcaldía de Ituango. Dicho en otras palabras, el análisis en conjunto del acervo probatorio arroja que no hay prueba que acredite de manera fidedigna que dichos atentados se han dirigido específicamente en contra de la Brigada del Ejército; razón por la cual no se puede acoger el planteamiento consistente en que su ubicación actual constituye una amenaza cierta en contra de los derechos colectivos invocados por el actor popular.

En consecuencia, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, se denegarán las pretensiones de la demanda.

9.4.4. Resolución del asunto.

Teniendo en cuenta que no hay prueba con la cual se acredite que los hostigamientos realizados por la guerrilla en el municipio de Ituango (Antioquia) se hayan motivado por la presencia de la Brigada Móvil 18, la Sala revocará la sentencia de veintiocho (28) de mayo de dos mil catorce (2014) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, denegará la pretensión de reubicación o traslado de la Brigada Móvil 18.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se dispone:

DENEGAR las pretensiones de la acción popular interpuesta por Alejandro Botero Villegas en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

2. Sin costas en segunda instancia.

3. REMITIR copia auténtica de esta decisión a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Magistrados: María Claudia Rojas Lasso, presidenta—María Elizabeth García González— Guillermo Vargas AyalaMarco Antonio Velilla Moreno.

(1) Folio 3 y 4 del cuaderno del expediente.

(2) Vid. artículos 2º y 9º de la Ley 472.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de mayo de 2014, Rad. 25000 23 24 000 2010 00609 01(AP). C.P. Guillermo Vargas Ayala.

(4) Sentencia T-102 de 1993 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

(5) Sentencia T-139 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía).

(6) En este sentido, véase la Sentencia T-1206 de 2001 de la Corte Constitucional (M.P. Rodrigo Escobar Gil).