Sentencia 2012-00739 de junio 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 76001-23-31-000-2012-00739-01 (PI)

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Ref.: apelación sentencia - pérdida de investidura

Actor: Dawuerth Alberto Torres Velásquez

Demandado: Mauricio Valdés Concha

Bogotá, D.C., veinte de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

5.1. Competencia.

Como lo ha advertido la Sala en otras oportunidades, esta sección es competente para conocer de la apelación de las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de diputados, de una parte, en virtud del artículo 48, parágrafo 2º, de la Ley 617 de 2000, que establece la segunda instancia para tales procesos y, de la otra, atendiendo el pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de enero 25 de 1995, según el cual las impugnaciones contra las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los tribunales administrativos, son de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado.

5.2. Procedimiento de la acción de pérdida de investidura. Desconocimiento del artículo 139 del Código Contencioso Administrativo

El apelante afirma que la presente acción de pérdida de investidura no debió ser admitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, toda vez que el actor desconoció cumplir con los requisitos previstos en el artículo 139 del Código Contencioso Administrativo, cuyo tenor es el siguiente:

Código Contencioso Administrativo

“ART. 139.—La demanda y sus anexos. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, si son del caso; y los documentos, contratos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en su poder.

Se reputan copias hábiles para los efectos de este artículo, las publicadas en los medios oficiales, sin que para el efecto se requiera la autenticación.

Cuando la publicación se haya hecho por otros medios, la copia tendrá que venir autenticada por el funcionario correspondiente.

Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará prestado por la presentación de la misma, con la indicación de la oficina donde se encuentre el original o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el ponente antes de la admisión de la demanda.

Deberá acompañarse también el documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro trasmitido a cualquier título, y la prueba de la existencia y representación de las personas jurídicas distintas de las de derecho público que intervengan en el proceso.

Deberá acompañarse copias de la demanda y sus anexos para la notificación a las partes”.

El artículo 55 de la Ley 136 de 1994 dispone que la pérdida de investidura de concejales será decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la respectiva jurisdicción, siguiendo el procedimiento establecido para los congresistas, en lo que corresponda.

La Ley 144 de 1994 en su artículo 4º establece los requisitos que debe contener la solicitud de pérdida de investidura de congresista, así:

“ART. 4º—<Aparte tachado inexequible> Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano común, esta deberá formularse por escrito y contener, al menos:

a) Nombres y apellidos, identificación y domicilio de quien la formula;

b) Nombre del congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional;

c) Invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y; su debida explicación (aparte resaltado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sent. C-237/2012)

d) La solicitud de práctica de pruebas, si fuere el caso;

e) Dirección del lugar en donde el solicitante recibirá las notificaciones a que haya lugar.

PAR.—No será necesario formular la solicitud a través de apoderados”.

Para la Sala, el artículo 139 del Código Contencioso Administrativo establece cuáles son los anexos que debe acompañar el actor con la demanda en el proceso contencioso administrativo, previsto para todos aquellos litigios para los cuales no exista un procedimiento especial.

En virtud de lo dispuesto en la Ley 144 de 1994, en los procesos de pérdida de investidura no es procedente pedir como anexos de la demanda los señalados en el artículo 139 del Código Contencioso Administrativo, puesto que este proceso especial prevé unos requisitos propios con que debe cumplir la solicitud o el escrito de la demanda, descritos en el artículo 4º de la Ley 144 de 1994.

Del escrito de la solicitud de pérdida de investidura, se observa que el actor cumplió con todos y cada uno de los requisitos previstos en el artículo 4º de la Ley 144 de 1994, por lo que hizo bien el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en admitir la demanda mediante auto de 22 de junio de 2012 (fl. 39) y posteriormente abrir el proceso a pruebas mediante auto de 27 de julio de 2012 (fl. 49), ordenando a favor del actor tener como pruebas los documentos acompañados con la demanda y librar oficio al Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali para allegar copias auténticas del proceso penal adelantado en contra del demandado.

El auto de pruebas fue notificado por estado el 31 de julio de 2012 y no fue recurrido por las partes.

Por lo anterior, la Sala observa que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió los autos de admisión y de pruebas en legal forma y, por lo tanto, es infundada la inconformidad del apelante y se procederá al estudio de la causal.

5.3. La causal alegada.

Es la prevista en los artículos 43, numeral 1º, de la Ley 136 de 1994 y 33 numeral 1º y 48 numeral 6º de la Ley 617 de 2000, del siguiente tenor:

Ley 136 de 1994 

“ART. 43.—Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.

(...)”.

Ley 617 de 2000 

“ART. 33.—De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado:

1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.

ART. 48.—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

(...).

6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley”.

La Sala Plena de esta corporación mediante sentencia de 28 de julio de 2002(1) sostuvo que pese a que el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no contiene la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura, no significa que haya sido suprimida, pues el numeral 6º ibídem establece la posibilidad de que otras normas también consagren causales de pérdida de investidura.

Dijo la Sala:

“Teniendo en cuenta que, ciertamente, el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no reguló “íntegramente” lo relacionado con las causales de pérdida de investidura, no deben entenderse derogadas las demás disposiciones alusivas al punto, pues a simple vista se advierte que tal norma no agotó en su totalidad el tema, ya que expresamente permitió que otras leyes también lo trataran, organizaran o definieran, cuando en el numeral 6º dispuso que se perdería la investidura: “por las demás causales expresamente previstas en la ley”. Tal regulación reconoce de manera expresa la vigencia, y por ende, la obligatoriedad de lo que otras leyes señalan al respecto. Y es preciso tener en cuenta que la Ley 617 de 2000, como ya se advirtió, solo introdujo cambios parciales al Código de Régimen Municipal, pues no se trató de una derogatoria total ni de una “sustitución en bloque”, aspecto en el que resulta muy ilustrativo su título o encabezamiento en el que se precisa su alcance así: “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994...”. Como no existe razón meritoria que induzca a una consideración distinta, la Sala concluye que la violación al régimen de inhabilidades sigue siendo causal de pérdida de investidura para los concejales, exégesis que habrá de orientar la definición de esta litis”.

Así, tratándose de la imputación de la causal de inhabilidad, la Sala pasa a considerarla.

5.4. El caso concreto.

Está demostrado que el ciudadano Mauricio Valdés Concha fue elegido diputado del Valle del Cauca el 30 de octubre de 2011, para el período 2012-2015 (fl. 1).

Está probado que el señor Mauricio Valdés Concha fue condenado mediante sentencia proferida por el Juez Doce Penal del Circuito de 20 de mayo de 2011 (fl. 66-73), por el delito de falsedad en documento privado en concurso homogéneo, a veintidós (22) meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por un término igual.

Las elecciones se llevaron a cabo el 30 de octubre de 2011 (fl. 1).

También está probado que el 31 de octubre de 2011 (fl. 75-88), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali —Sala de Decisión Penal— confirmó la sentencia de 20 de mayo de 2011 proferida por el Juzgado Doce Penal del Circuito, la cual quedó ejecutoriada el 21 de noviembre de 2011 (fl. 90), es decir, tres (3) días después de notificada de conformidad con el artículo 187 de la Ley 600 de 2000, cuyo tenor es el siguiente:

Ley 600 de 2000 

“ART. 187.—Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes.

La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente”.

Asimismo obra copia del auto de 23 de mayo de 2012 (fls. 91-98), mediante el cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación presentada por el apoderado del señor Mauricio Valdez Concha.

El anterior recuento cronológico muestra que por la fecha de la elección, no se había proferido la sentencia de segunda instancia en el proceso penal.

El artículo 248 de la Constitución Política establece:

“ART. 248.—Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales”.

No obstante, la jurisprudencia de esta sección ha precisado que no tendría sentido que no pudiera inscribirse o resultar elegido quien tuviera una condena pero sí pudiera ejercer el cargo si la sentencia condenatoria fue posterior a la elección.

Por eso, en esta ocasión la Sala reitera lo consignado en sentencia de 15 de agosto de 2002(2), en la que se precisó que cuando se presenta la causal de inhabilidad consistente en haber sido condenado a pena privativa de la libertad mediante sentencia, la cual fue proferida y ejecutoriada con posterioridad a la elección como candidato, dicha causal tendría el carácter de sobreviniente y, por lo tanto, ya no estaría dentro del cuadro de causales de inhabilidad que, por su naturaleza, son anteriores al ejercicio del cargo. Al momento de surtir ejecutoria la sentencia penal, el diputado demandado se convirtió en inhábil para el ejercicio del cargo y en tal virtud, prospera la causal endilgada en la demanda. Dijo la Sala:

“La parte demandada alega que como la sentencia penal condenatoria, que se alega como causal de inhabilidad, fue proferida con posterioridad a los eventos ya mencionados, el concejal no se encuentra inhabilitado para el ejercer el cargo, pues en la práctica es un hecho sobreviniente. El a quo decretó la pérdida de la investidura con base en el razonamiento de que si la ley considera inhábil a un sentenciado para ejercer el cargo de concejal municipal, con mucha mayor razón debe prosperar la demanda si en ejercicio de tal cargo se profiere sentencia penal condenatoria. La Sala comparte el razonamiento del tribunal de primera instancia, pues la interpretación por la que aboga el demandado llevaría al absurdo que quien se encuentre sentenciado penalmente por delito diferente a los políticos o culposos no puede ser inscrito como candidato al cargo de concejal municipal, mientras que el ya elegido como tal estaría habilitado para contravenir la ley penal y ser sentenciado, pues al presentarse la causal de inhabilidad con posterioridad a la elección, esta tendría el carácter de sobreviniente y, por lo tanto, ya no estaría dentro del cuadro de causales de inhabilidad que, por su naturaleza, son anteriores al ejercicio del cargo. Y respecto de la inhabilidad sobreviniente esta sección se ha pronunciado en el siguiente sentido: “En conclusión, según el artículo 43 de la Ley 136 (tal como fue modificado por el artículo 40 de la Ley 617) la condena a pena privativa de la libertad es inhabilidad para ser inscrito o elegido. Es decir, que esta norma se ocupa de las condenas anteriores a la inscripción de la candidatura. En cambio, el numeral 1º del artículo 43 de la Ley 200 considera las condenas impuestas a un servidor público en cualquier tiempo, incluso estando en funciones, erigiéndola en inhabilidad para “desempeñar” cargo público alguno, aun el que se venía desempeñando. De manera que la condena al concejal en funciones lo inhabilita para continuar sirviendo el cargo y es, por lo tanto, causal de pérdida de investidura, comprendida en el numeral 6º del artículo 48 de la Ley 136 esto es, en “las demás expresamente previstas en la ley”. Para la Sala, la pérdida de la investidura por haberse impuesto a un concejal en funciones una condena a pena privativa de la libertad, no solamente tiene fundamento en el numeral 6º del artículo 48 de la Ley 136 y en el numeral 1º del artículo 43 de la Ley 200. También deriva del numeral 1º del artículo 43 de la Ley 136, interpretado a la luz de la Constitución Política. En efecto, la inconsistencia que se advierte entre las expresiones “no podrán ser congresistas” (utilizada por el artículo 179 de la Carta) y “no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal (utilizada por el artículo 43 de la Ley 136) no es más que aparente, porque en la prohibición de inscribirse como candidato o ser elegido está implícita la prohibición de “ser” concejal. Si los concejales son elegidos para un período de tres años (L. 50, art. 50), están en el deber de preservar en todo este lapso las calidades que los habilitan para servir tal dignidad, pues la Constitución los hace responsables frente a la sociedad y sus electores por el cumplimiento de sus funciones”.

Además, debe resaltarse la norma constitucional contenida en el artículo 299 de la Constitución Política según la cual “el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda”.

El artículo 179 de la Carta Política al establecer las inhabilidades de los congresistas estableció:

“ART. 179.—No podrán ser congresistas:

1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos y culposos (...)”.

La norma constitucional en tratándose de congresistas, no distingue los momentos a los que se refiere el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, que trata de la inscripción y la elección.

En el caso de los congresistas, la norma constitucional no distingue y cobija no solo esos momentos, sino fundamentalmente el ejercicio del cargo, pues resultaría contrario a los fines de la pérdida de investidura el que la persona pudiera entrar a ejercer el cargo habiendo sido condenada, solo porque en el momento de la inscripción o en el de la elección, no existía la sentencia en firme, que sí aparece días después cuando ya ha tomado posesión del cargo.

De manera que, reitera la Sala que pese a que la sentencia penal condenatoria quedó ejecutoriada con posterioridad a la elección, se está frente a una inhabilidad sobreviniente y, por tanto, se configura la causal de pérdida de investidura.

Por las razones expuestas, se confirmará la decisión del a quo.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada de 22 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Radicación 7177. Actor: Julio Vicente Niño Mateus. M.P. Gabriel E. Mendoza Martelo.

(2) Expediente 2001-0725, actor: Carlos Javier Gómez Figueroa Díaz, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero.