Sentencia 2012-00744 de marzo 23 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 730011102000201200744 01

Magistrada Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Aprobado según Acta Nº 24, de la misma fecha

Bogotá, D. C., veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

Asunto a decidir

Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a resolver el recurso de apelación interpuesto por el doctor Everardo Escobar Varón, en su calidad de Juez Penal del Circuito de Lérida, contra la providencia del 19 de marzo de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima(1), mediante la cual sancionó con UN (1) MES de SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo, por hallarlo Disciplinariamente responsable por infracción gravemente culposa del artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.

Hechos

Los hechos que dieron origen a la investigación disciplinaria fue la compulsa de copias dispuesta por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en providencia de 13 de junio de 2012, la cual tiene como sustento la decisión del doctor Everardo Escobar Varón proferida el 13 de diciembre de 2011 quién en su condición de Juez Penal del Circuito de Lérida, decretó la nulidad de lo actuado dentro del proceso penal radicado bajo el número 73556-6006458-2011-00300, adelantado en contra de Jaime de Jesús Restrepo Muñoz, con ocasión de las inconsistencias e irregularidades presentadas al momento de la captura del imputado ordenando su libertad, sin tener en cuenta la Jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conforme a la cual la Audiencia de legalización de captura no proyecta sus efectos a momentos posteriores de la actuación, ni generan nulidad de lo actuado.

Actuación procesal

Mediante auto de fecha 30 de julio de 2012, la Sala de primera instancia avocó conocimiento del asunto y dispuso la apertura de investigación disciplinaria(2) en contra del doctor Everardo Escobar Varón, en su calidad de Juez Penal del Circuito de Lérida, de conformidad con el artículo 152 de la Ley 734 de 2002, se ordenó realizar las notificaciones pertinentes, comunicar al disciplinable para que exponga verbalmente o por escrito versión libre, y se decretaron pruebas.

El señor Escobar Varón, no se pronunció en esta etapa procesal y teniendo en cuenta el vencimiento del término de la investigación, con auto del 31 de enero de 2013, se declaró el cierre de la investigación disciplinaria.

Con escrito radicado el 12 de febrero de 2013, el disciplinado interpuso recurso de reposición contra el auto que decretó el cierre alegando que su término es de 12 meses y mediante providencia de fecha 6 de marzo de 2013 se negó el recurso de conformidad con lo establecido en el artículo 211 de la ley 734 de 2002, que consagra para el caso de los funcionarios de la rama judicial un término para la investigación disciplinaria de 6 meses.

El 11 de abril de 2013 el funcionario disciplinado solicitó la nulidad de lo actuado a partir del auto del 31 de enero de 2013, argumentando que el término de la investigación debe de ser de 12 meses los cuales aún no han transcurrido, con lo que le estarían limitando el tiempo para ejercer su defensa dentro de esta etapa procesal.

A través de escrito del 27 de junio de 2013, el encartado interpone recurso de reposición y en subsidio apelación contra la providencia que niega la nulidad impetrada y con pronunciamiento del 17 de julio del mismo año, la sala de conocimiento no repone y rechaza el recurso de apelación.

Pliego de cargos

En auto del 02 de mayo de 2013, se le atribuyó al doctor Everardo Escobar Varón, en su calidad de Juez Penal del Circuito de Lérida, la presunta inobservancia del deber contenido en el artículo 153 numeral 1 de la Ley 270 de 1996, al no haber dado aplicación a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política al desconocer el precedente judicial en relación con el asunto que decidió en audiencia del 13 de diciembre de 2011, por desatender el artículo 86 de la Constitución Política, los artículos 6º numeral 1º y 8º del Decreto-Ley 2591 de 1991. Lo anterior, por cuanto a esa corporación le resulta disciplinariamente relevante y sustenta el cargo que se formulará, en que el disciplinado contrariando la Jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, haya dispuesto en audiencia del 13 de diciembre de 2011, la nulidad de todo lo actuado en el Proceso radicado 2110300, con base en la ilegalidad de la captura del acusado. La falta fue imputada provisionalmente a título de culpa grave, por infracción al deber objetivo de cuidado.

Mediante providencia del 06 de junio de 2013, la Sala negó la solicitud de nulidad planteada por el disciplinado.

Versión libre

En versión libre rendida el 28 de noviembre de 2013, manifestó el doctor Escobar Varón que en la decisión del 13 de diciembre de 2011 decretó la nulidad de la audiencia de formulación de imputación al haber considerado que existía vulneración a las garantías fundamentales, decisión revestida de legalidad, sin dolo, ni culpa, teniendo en cuenta que lo único que buscó fue cumplir con lo normado en el artículo 230 de la Constitución, que establece que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, siendo la equidad, la jurisprudencia y la doctrina criterios auxiliares, en razón de lo cual dio aplicación al artículo 457 del C.P. Penal, por violación a garantías fundamentales como el debido proceso, decretando la nulidad de la audiencia preliminar que otorgó legalidad de la captura en flagrancia, en razón de no haberse efectuado la aprehensión por el delito de porte ilegal de armas conforme a las previsiones del artículo 303 ibídem. Resalta que de conformidad con el artículo 230 citado, el juez es autónomo en sus decisiones siempre y cuando respete y acate la ley, siendo la jurisprudencia un criterio auxiliar, que en el caso la captura fue ilegal en relación con el delito de porte de armas de fuego y que la decisión tomada fue producto de un estudio concienzudo del caso pero no un comportamiento doloso ni culposo, sino un olvido de consultar las jurisprudencias del tribunal respecto a ese tema, corporación que cuenta con una oficina de relatoría para tal efecto, de la que no dispone su despacho, considerando para el caso que era suficiente con determinar el respeto del debido proceso dentro de los términos de los artículos 29 y 230 de la Constitución, así como las causales de nulidad del artículo 457 del Código de Procedimiento Penal.

Sostiene que conforme a la jurisprudencia cuando se ha transgredido el derecho a la libertad, este tiene que ser restablecido, procediendo la nulidad como la declaró en el caso; y que la jurisprudencia lo que quiere decir es que el decreto de la nulidad por ilegalidad en la captura no afecta la validez del proceso, pero siempre y cuando no se vulneren derechos fundamentales como el debido proceso. Anexó fotocopias del audio que contiene el auto que decreto la nulidad en audiencia del 13 de diciembre de 2011.

Intervención del Ministerio Público. Solicita se le imponga sanción al disciplinable porque es clara la responsabilidad del mismo en los hechos que son materia de investigación, al desconocer sin justificación alguna, el precedente jurisprudencial, conforme al cual no se podía decretar la nulidad, de la actuación penal, como lo hizo el aquí investigado en el proceso penal que dio origen a las compulsas.

Alegatos de conclusión

El disciplinable. Señaló que en la providencia del 13 de junio de 2012, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial al ordenar la compulsa de copias no indicó hacia donde debía dirigirse dicha compulsa, ni su motivo; manifiesta igualmente que la segunda instancia además de las facultades de revisión de las providencias sometidas a su consideración, se arrogó la de iniciar investigaciones disciplinarias, dejando de lado que la captura de Jaime de Jesús Restrepo Muñoz si fue ilegal aunque la audiencia de formulación de acusación no era la instancia para pronunciarse sobre ella. Añade que si bien es cierto el Tribunal Superior de Distrito Judicial alude a una jurisprudencia conforme a la cual no se puede decretar esa nulidad, conforme al Código de Procedimiento Penal de manera general las nulidades se proponen en la audiencia de formulación de acusación , y que si bien es cierto que en el caso no se tuvo en cuenta la jurisprudencia, esto fue producto de una equivocación y no de dolo, enfatizando que en razón de situaciones como la suya la ley ha establecido las instancias, precisamente para corregir esta clase de yerros.

Solicita además dentro de los alegatos recepcionar el testimonio del abogado Edgar Sandoval y que teniendo en cuenta que el Tribunal no determinó en la providencia del 13 de julio de 2012 ante que autoridad debía llevarse a cabo la compulsa de copias, no existe una denuncia en concreto careciendo el proceso de sustento, por lo que pide se le absuelva de los cargos formulados en su contra.

Proveído de primera instancia

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante providencia del 19 de marzo de 2014, ratificó lo dispuesto en Auto del 02 de mayo de 2013, donde dispuso declarar disciplinariamente responsable al doctor Everaldo Escobar Varón, en su calidad de Juez Penal del Circuito de Lérida, sancionándolo con UN (1) MES de SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo, por hallarlo disciplinariamente responsable por infracción gravemente culposa del artículo196 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.

Consideró la primera instancia que las pruebas obrantes en el plenario permitían concluir con grado de certeza, que el doctor Escobar Varón, adecuó su comportamiento al tipo disciplinario previsto en los mencionados preceptos legales, puesto que:

“En el caso que nos ocupa como se señaló existe certeza de que el doctor Everaldo Escobar Varón al disponer el 13 de diciembre de 2011, la nulidad de lo actuado desde la audiencia en que se decretó la legalidad de la captura por el delito de porte ilegal de armas en contra del señor Jaime de Jesús Restrepo Muñoz, Radicado 7355560004582011003 - 00, no tuvo en cuenta la Jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conforme a la cual no es procedente la declaratoria de nulidad de todo el procedimiento con base en las irregularidades presentadas al momento de la aprehensión, infringiendo así el deber establecido en el artículo 153-1de la Ley 270 (…)

(…)

En el sub lite se aprecia el desconocimiento por parte del disciplinado del precedente jurisprudencial que le impedía decretar la nulidad del proceso con base en las irregularidades presentadas al momento de la captura, conducta en la que este señala no incurrió de forma dolosa, justificando su actuar en el hecho de no contar en su despacho con una oficina de relatoría que le permitiera conocer de tal jurisprudencia; al respecto deberá precisar en primera medida la Sala que la imputación subjetiva no se hizo a título de dolo sino de culpa grave, la que se aprecia en la forma de actuar del actor y en sus mismas manifestaciones, las que son demostrativas del desconocimiento de la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción Penal; sin que sea de recibo la justificación conforme a la cual era imposible conocer de ella en razón de no contar con una oficina de relatoría, si se tiene en cuenta que a su alcance tenía mecanismos como la red de internet para acceder a tales precedentes, conociendo además en su condición de juez la necesidad de considerar la jurisprudencia al momento de decidir, de donde puede concluirse que la falta obedeció a la vulneración del deber objetivo de cuidado que le imponía consultar la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al momento de decidir, que acompasada con la infracción al deber subjetivo que le impelía a realizar las labores mínimas para conocer el precedente, decidiendo el sujeto pasivo de la acción disciplinaria, por las razones que el mismo anotó en sus descargos, no hacerlo nos permiten afirmar sin dubitación que la falta se cometió a título de culpa grave”.

Fundamentos de la apelación

El disciplinable inconforme con la decisión de primera instancia, presentó recurso de alzada, haciendo un recuento de lo ya expuesto a lo largo de toda la actuación solicita a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se tenga en cuenta para la decisión de segunda instancia su ultimo memorial de conclusión presentado previo a la decisión sancionatoria, sus descargos y el anexo de la diligencia donde se profiere la medida cuestionada, y la petición de nulidad a que haya lugar, la valoración de todos los argumentos y elementos probatorios que se encuentran vinculados al proceso, a fin de tomarse la decisión de segunda instancia que ha de corresponder, porque la Sala de primera instancia en la providencia recurrida no hace alusión a los mismos ni decretó el testimonio del abogado Jaime de Jesús Restrepo Muñoz que él solicitó se recepcionara y que toda su actuación la desarrolló dentro del marco de la autonomía judicial.

Consideraciones de la Sala

Competencia

De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 de la Carta Política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura: “Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la Rama Judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley”.

Dicha norma se desarrolló en el artículo 112 del Estatuto Orgánico de la Administración de Justicia, al fijar las funciones de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura en su numeral 4º dispuso: “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos objeto de la presente investigación, es conveniente tener presente el alcance del artículo 6º de la Constitución Política, al señalar: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “… los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Aspectos generales de la competencia

Es necesario advertir inicialmente el alcance de la apelación interpuesta y concedida por el a quo, en las presentes diligencias. Esta corporación ha sostenido de tiempo atrás, que en sede de apelación el pronunciamiento de la segunda instancia se debe ceñir únicamente a los aspectos impugnados, partiendo del hecho que se presume que aquellos aspectos que no son objeto de sustentación, no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, de forma tal que ésta superioridad solo pude extender la competencia a asuntos no impugnados, sólo si ellos, resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

En cuanto a la competencia, esta colegiatura ha reiterado el criterio expuesto por la jurisprudencia, en el sentido que el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad absoluta para decidir sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir por un lado de los argumentos que se presenten y por el otro del material probatorio allegado al plenario, todo ello a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede esta superioridad, a pronunciarse sobre la apelación interpuesta por el disciplinado y al emitir su pronunciamiento, lo hará con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

Caso concreto

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala el doctor Everardo Escobar Varón, en su calidad de Juez Penal del Circuito de Lérida, fue llamado a juicio disciplinario y hallado responsable de incurrir en la infracción gravemente culposa del artículo196 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por no haber dado aplicación a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política al desconocer el precedente judicial en relación con el asunto que decidió en audiencia del 13 de diciembre de 2011, contrariando la Jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, haya nulitado todo lo actuado en un proceso penal, con base en la ilegalidad de la captura del acusado.

Entiende esta Superioridad que las inconformidades del recurrente con la sentencia apelada se pueden resumir en que no se decretó el testimonio del abogado Jaime de Jesús Restrepo Muñoz que él solicitó se recepcionara y que toda su actuación la desarrolló dentro del marco de la autonomía judicial.

En cuanto al desconocimiento del principio de autonomía funcional judicial, esta Instancia no encuentra procedente esa argumentación debido a que plenamente quedó demostrado que el disciplinable en la decisión que profirió y que dio origen a la actuación disciplinaria, desconoció el precedente jurisprudencial existente, realizando una interpretación subjetiva, apartada del ordenamiento normativo aplicable, en el cual las decisiones del tribunal de cierre deben ser aplicadas por los jueces de instancia. No desconocemos y como siempre lo hemos predicado y defendido, que las decisiones judiciales que en derecho adopten las autoridades judiciales, se encuentran prima facie cobijadas por la garantía constitucional de la autonomía y en ese sentido hay que precisar que de acuerdo a lo señalado por la jurisprudencia constitucional, se debe entender que en el proceso penal hubo interpretación subjetiva, apartada del ordenamiento legal, al decretarse una nulidad abiertamente improcedente de acuerdo a los pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, es decir, se expidió una providencia a todas luces improcedente.

El principio de autonomía e independencia de los funcionarios judiciales, que reclama el recurrente se le desconoció, constituye un presupuesto básico de la recta y cumplida administración de justicia, la cual sólo es posible si se reconoce la autonomía e independencia de la rama judicial, así como la de cada uno de los funcionarios que la conforman, siempre y cuando obren dentro del marco de la legalidad, es decir, no configuren actos arbitrarios de la administración que devengan en graves desconocimientos de los derechos y garantías de los ciudadanos, consagrados en la ley y la Constitución, es decir, siempre y cuando se actué conforme a la normatividad y al precedente judicial, situación que no aplico el apelante en su desempeño como juez, en el diligenciamiento del proceso penal que origino el proceso disciplinario que se adelanta contra él.

Para esta corporación no es aceptable el argumentar el desconocimiento de los pronunciamientos de la Sala de cierre de la Jurisdicción Penal porque una persona de su calidad y trayectoria profesional, como juez del circuito, está calificada y ha sido seleccionada por su conocimiento en la materia, pues su versación jurídica hace presumir que es un conocedor de las disposiciones legales y de los pronunciamientos de sus superiores que debe aplicar diariamente en su desempeño laboral.

De lo anterior se concluye que el desconocimiento de las funciones fue en la decisión que tomo de decretar la nulidad de todo lo actuado y como consecuencia de ello se produjo un fracaso en el proceso penal. Por lo tanto, lo que le correspondía al disciplinado, era decidir conforme a derecho, pero sin explicación alguna, se aparta de la normatividad y de la jurisprudencia y profiere una decisión abiertamente contraria al ordenamiento jurídico. El funcionario judicial es conocedor de los alcances de cada una de sus decisiones y por el hecho de emitir una providencia cuando a todas luces era improcedente, se tipifica la conducta, actuar que consideramos, fue consiente y por tanto, incumplió sus deberes funcionales. Razón fundamental para despachar en desfavor los argumentos de su insatisfacción, plasmada en la apelación.

En lo referente a que no se decretó el testimonio del abogado Jaime de Jesús Restrepo Muñoz, encuentra esta superioridad que no le asiste razón al recurrente, porque la práctica del mismo se solicitó en el memorial de alegatos conclusivos, es decir, cuando ya se encontraba cerrado el ciclo probatorio, oportunidad procesal en la que el encartado no realizó ningún tipo de requerimiento probatorio, por lo tanto sin extendernos más en este punto, el mismo será despachado desfavorablemente.

Dosificación de la sanción

Frente a la sanción impuesta en sede a quo esta instancia la mantendrá, porque en cuanto a la gravedad o levedad de la falta, se demostró que el disciplinable con su proceder afectó el nombre de la administración de justicia, por lo que la calificación como falta grave a título de dolo, que realizó el a quo, es conforme a derecho, por lo tanto, la misma se ajusta a los criterios establecidos por la Ley 734 para este tipo de faltas, teniendo en cuenta la gravedad de la falta, la ausencia de sanciones del disciplinable y la trascendencia social e imagen de la administración de justicia, por lo que dicha sanción será confirmada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia del 19 de marzo de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante la cual sancionó con UN (1) MES de SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo, al doctor Everardo Escobar Varón, en su calidad de Juez Penal del Circuito de Lérida, por hallarlo Disciplinariamente responsable por infracción gravemente culposa del artículo196 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de Origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente—Julia Emma Garzón De Gómez—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

1 Sala integrada por los magistrados Carlos Fernando Cortes Reyes (ponente) y José Guarnizo Nieto.

2 Folios del 79 al 81 del C.O.