SENTENCIA 2012-00745/2500-2012 DE SEPTIEMBRE 28 DE 2016

 

Sentencia 2012-00745/2500-2012 de septiembre 28 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 11001-03-25-000-2012-00745-00 (2500-2012)

Consejero Ponente:

Dr. Carmelo Perdomo Cuéter

Demandante: Luis Alberto Rodríguez Ciro

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Temas: Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad; indebido agotamiento de la vía gubernativa

Actuación: sentencia (única instancia)

Bogotá, D. C., veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

Conforme a la preceptiva de los numerales 1º y 13 del artículo 128 del CCA y lo dispuesto por la sección segunda del Consejo de Estado en autos de 4 de agosto de 2010(2) y 18 de mayo de 2011(3), este último complementario del primero, esta colegiatura es competente para conocer en única instancia de las controversias como la presente, en las que se impugnan sanciones disciplinarias administrativas que impliquen retiro temporal o definitivo del servicio o suspensiones en el ejercicio del cargo, con o sin cuantía, siempre y cuando se trate de decisiones proferidas por autoridades nacionales.

2.2. Actos acusados.

2.2.1. Acto administrativo dictado en audiencia el 19 de febrero de 2007 por el jefe de la oficina de control disciplinario interno de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, a través del cual se destituye e inhabilita al demandante para ejercer cargos públicos por un término de veinte (20) años.

2.2.2. Resolución 1688 de 14 de mayo de 2007, emanada de la Dirección General de la Policía Nacional, por la cual se ejecuta la referida sanción.

2.3. Asunto preliminar.

Se impone el estudio del medio exceptivo de “ineptitud sustantiva de la demanda por no agotamiento de la vía gubernativa”, propuesto por la demandada, el cual podría tener la virtualidad jurídica de comprometer la procedibilidad de la acción, consistente en que el actor no interpuso recurso de apelación contra el acto administrativo disciplinario de 19 de febrero de 2007, que lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por un término de veinte (20) años.

2.3.3. Problema jurídico derivado de la excepción de “ineptitud sustantiva de la demanda por no agotamiento de la vía gubernativa”. Desde una perspectiva abstracta, corresponde a la Sala determinar si se constituye en presupuesto procesal de la acción contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho, agotar previamente la vía gubernativa.

Y en el caso específico, si debe declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo por cuanto el demandante ocurrió a esta jurisdicción para que se declarara la nulidad, y el consecuente restablecimiento del derecho, respecto del aludido acto particular del 19 de febrero de 2007, sin que previamente agotara la vía gubernativa, o dicho de otra forma, por renunciar expresamente a interponer recurso de apelación contra esa decisión, pese a que la demandada dio oportunidad para ello.

En ese orden de ideas, para resolver el problema jurídico expuesto, es preciso traer a colación la normativa contenida en el artículo 135 del CCA, que es del siguiente tenor:

Artículo 135. Posibilidad de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra actos particulares. La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo.

El silencio negativo, en relación con la primera petición también agota la vía gubernativa.

Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes actos.

La Corte Constitucional declaró exequible la citada norma, al disponer, en síntesis, que “... el agotamiento de la vía gubernativa como presupuesto procesal de la acción contenciosa (sic) administrativa, que no es otra cosa que la utilización de los recursos consagrados en la ley para controvertir los actos que profiere la administración y que afectan intereses particulares y concretos, a juicio de la Corte no contrarían la Constitución Política, sino por el contrario permiten dar plena eficacia a los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta”(4).

Con ello, no existe duda alguna que el agotamiento de la vía gubernativa se constituye en un presupuesto procesal sine qua non para ejercer la acción contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho, salvo que la administración no haya dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, en cuyo caso se podrán demandar directamente los correspondientes actos.

Así también lo ha definido esta corporación en reiteradas oportunidades, por citar un pronunciamiento de los más recientes, al indicar “[...] que la vía gubernativa dentro de nuestro ordenamiento jurídico, se constituye en requisito indispensable para poder instaurar la demanda respectiva ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo [...]”(5).

2.3.4. Caso concreto. Delimitado el asunto de manera abstracta, pasa la Sala al análisis del caso concreto, previa relación del material probatorio relevante:

i) Acto administrativo dictado en audiencia el 19 de febrero de 2007, a través del cual la demandada destituye e inhabilita al actor para ejercer cargos públicos por un término de veinte (20) años (fls. 182 a 202).

ii) En el artículo 5º de la parte resolutiva del referido acto, se indicó que la decisión quedaba notificada en estrados y que contra ella procedía el recurso de apelación el cual debía interponerse en “... [esa] audiencia y sustentar[lo] verbalmente o por escrito dentro de los dos [2] días hábiles siguientes [...] ante lo cual el señor Patrullero Rodríguez Ciro Luis Alberto manifestó que no apela la decisión” (fl. 201).

Son suficientes las dos reseñas probatorias para que la Sala se inhiba de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones de la demanda, pues a pesar de que la administración dio oportunidad de controvertir el acto administrativo sancionatorio, el demandante expresamente se abstuvo de impugnar la decisión de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por un término de veinte (20) años.

En efecto, para ocurrir en demanda contenciosa de nulidad de un acto particular, que ponga término a una actuación administrativa y se restablezca el derecho del actor, la norma aplicable al sub lite exige que previamente se debe agotar la vía gubernativa, entendida esta como el procedimiento previsto por el legislador para que el afectado con una decisión, que considere violatoria de sus derechos, la pueda controvertir o impugnar mediante los recursos procedentes.

Con ello se logra que la administración tenga la oportunidad de revisar sus propias decisiones, pues en la eventualidad de considerar equivocado el pronunciamiento inicial, lo podrá modificar, aclarar o inclusive revocar, según el caso, cuyos efectos, en muchas oportunidades, sustituye la vía “[...] judicial en la medida en que contribuye a satisfacer plenamente la pretensión del interesado y, además, es una institución que garantiza su derecho de defensa en cuanto le permite impugnar la decisión administrativa, a través de los recursos de ley”(6).

En consecuencia, por los argumentos expuestos, se declarará probado el medio exceptivo de “ineptitud sustantiva de la demanda por no agotamiento de la vía gubernativa”, propuesto por la Policía Nacional en la contestación de la demanda y prohijado por el Ministerio Público en su concepto.

2.4. Otros aspectos procesales.

2.4.1. Reconocimiento de personería. En vista de que las partes constituyeron nuevos mandatarios, se reconocerá personería a los profesionales del derecho destinatarios de los poderes y de la sustitución de uno de ellos, visibles en los folios 390, 420 y 422.

2.4.2. Condena en costas. No se procederá a ello respecto de la parte vencida, dado que en el prisma del artículo 171 del CCA no se advierte, en síntesis, abuso en la actuación, en la medida en que, como lo ha sostenido esta corporación(7), la oposición carece de temeridad porque quien la presentó le asiste un fundamento razonable. Tampoco se detecta una injustificada falta de colaboración o proceder con interés meramente dilatorio que conduzca a considerar que incurrió en una conducta reprochable que la obligue a correr con los gastos realizados por la otra parte para obtener un pronunciamiento judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declárase probada la excepción de “ineptitud sustantiva de la demanda por no agotamiento de la vía gubernativa”, propuesta por la Policía Nacional, y en consecuencia, inhíbese esta Sala para pronunciarse sobre el fondo del asunto objeto de la litis sometida a juzgamiento en el presente proceso, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

2. No condenar en costas a la parte demandante.

3. Reconócese personería a los profesionales del derecho Roland Alexander Franco Aguilera, Luz Ángela Aldana Bolaño y Jorge Eduardo Fonseca Echeverry, para actuar, en su orden, en representación de la Policía Nacional y del demandante y el tercero como sustituto de este último (fls. 390, 422 y 420).

4. En firme esta providencia, archívense las diligencias, previas las constancias y anotaciones que sean menester.

Notifíquese y cúmplase

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha».

2 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 4 de agosto de 2010, Radicación 201ú-00163-00 (sic) (1203-1ú), (sic) M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

3 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 18 de mayo de 2011, Radicación 2010-00020-00 (0145-10), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

4 Sentencia C-319 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

5 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 18 de febrero de 2016, Radicación 25000-23-25-000-2011-00098-01(1841-13), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

6 Sentencia C-319 de 2002.

7 Sentencia del 18 de febrero de 1999; Radicación 10775, M.P. Ricardo Hoyos Duque.