Sentencia 2012-00788 de abril 12 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 25000-23-24-000-2012-00788-01

Actor: Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho - fallo

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Bogotá D.C., doce de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Aliansalud S.A. contra la sentencia dictada el 27 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Subsección C en descongestión, en los términos del artículo 129 del CCA, en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las secciones Primera y Quinta de esta corporación.

3.(sic) Problema jurídico.

Le corresponde a esta corporación resolver, en primer lugar, si en este asunto se configuró el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, para lo cual se deberá determinar la naturaleza de la conducta objeto de sanción; así mismo, establecer si se vulneraron los derechos al debido proceso y de defensa de la parte actora por indebida valoración probatoria; si los actos administrativos acusados están viciados de nulidad por falsedad en los motivos, por considerar que las conductas objeto de reproche están enmarcadas como anticompetitivas en el marco del Decreto 1663 de 1994 y si se quebrantó el derecho de asociación.

4. Análisis de los argumentos de la apelación.

Para efectos de resolver los fundamentos expuestos en el recurso de apelación, se debe señalar lo siguiente:

A través de las resoluciones acusadas, la SIC impuso unas sanciones de multa a distintas EPS, entre otras, a la sociedad Aliansalud S.A., y ordenó otras medidas, por infracción de lo dispuesto en los artículos 3º y 5º numerales 1, 8 y 10 del Decreto 1663 de 1994, referentes a la prohibición general de prácticas que tengan por objeto o como efecto impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia en el mercado de los servicios de salud y la realización de acuerdos contrarios a la libre competencia.

Según lo argumentado en las resoluciones cuya nulidad se depreca, y de lo acreditado en los antecedentes administrativos que dieron lugar a la expedición de aquellas(10), los hechos considerados contrarios a la libre competencia en el mercado de servicios de salud se originaron entre el 5 de marzo de 2007, con ocasión del correo electrónico de una funcionaria de ACEMI enviado a todas las EPS que integran la asociación, y el 5 de diciembre de 2008, fecha en la que se constató el envío de un correo electrónico por parte de las EPS tendiente a la realización del estudio de suficiencia de la UPC.

Al respecto, es importante señalar que en tratándose de conductas que afecten o sean contrarias a la libre competencia, esta corporación ha reiterado en distintas oportunidades(11) que para el cómputo de la facultad sancionatoria de la administración deviene necesario determinar la naturaleza de los hechos que originan la investigación administrativa, esto es, sin son de ejecución instantánea o sucesiva.

Las conductas instantáneas se agotan en un solo momento, en tanto que las de ejecución sucesiva se prolongan en el tiempo, lo que significa que la comisión de la conducta objeto de investigación tiene el carácter de permanente o continuada, de tal suerte que la facultad sancionatoria de la administración debe computarse a partir de la comisión o realización del último acto de ejecución.

En efecto, en el evento de investigarse una conducta permanente o continuada, el Consejo de Estado ha sostenido que el término de caducidad para imponer la sanción “comienza a contarse a partir de la fecha en la cual cesa dicha conducta. De allí que en los demás casos, dicho plazo se contabilizará en la forma establecida por el artículo 38 del CCA, esto es, desde que el hecho se produce”(12).

En punto de lo anterior, es relevante señalar que las actuaciones objeto de investigación tienen el carácter de continuado por el hecho de que se derivan de un comportamiento con una unidad de propósito, si se tiene en cuenta el constante intercambio de información entre las EPS y ACEMI relacionada con temas específicos para la determinación de la UPC y la definición de los servicios que deberían estar o no incluidos en el POS.

En aplicación de la regla antes explicada, la Sala encuentra que el período investigado por la SIC respecto de las conductas constitutivas de actos contrarios a la libre competencia en el mercado de prestación de servicios de salud, estuvo comprendido entre el 5 de marzo de 2007 y el 5 de diciembre de 2008, lo que presupone que es desde esta última fecha que inicia el término de tres años con que cuenta la administración para investigar los hechos constitutivos de infracción al ordenamiento legal y la consecuente imposición de sanciones.

Sobre el periodo objeto de investigación por parte de la SIC, el recurrente afirmó que no existe prueba alguna en el expediente que permita establecer que la información enviada por parte de las EPS, entre ellas, Aliansalud S.A. a ACEMI, el 5 de diciembre de 2008, constituya una conducta o práctica contraria a la libre competencia habida cuenta que la información enviada se efectuó en cumplimiento de una exigencia por parte del Ministerio de Protección Social para el estudio de suficiencia de la UPC del POS.

La aseveración de la parte actora sobre el envío de la información a ACEMI por medios electrónicos el 5 de diciembre de 2008 corrobora el hecho de que la investigación adelantada por la SIC sí se llevó a cabo en el período señalado en la Resolución 46111 de 2011, por manera que es claro que las conductas materia de investigación tenían relación estrecha y directa con la supuesta comisión de la infracción de la normatividad que prohíbe conductas que restrinjan o afecten la libre competencia, que como se señaló, se prolongaron en el tiempo.

En ese orden, se tiene que el 30 de agosto fue expedida la Resolución 46111, por la cual se impuso una sanción de multa a la parte actora en cuantía de $ 1.071.200.000, acto administrativo frente al cual fue interpuesto el recurso de reposición, medio de impugnación que fue desatado a través de la Resolución 65116 del 21 de noviembre de 2011, con fecha de ejecutoria el 2 de diciembre de 2011(13).

La relación de las fechas en que fueron expedidos los actos administrativos acusados permite establecer que la SIC ejerció la potestad sancionatoria dentro del término consagrado en el artículo 38 del CCA, en la medida en que el acto administrativo que agotó la vía gubernativa fue notificado a la parte actora con antelación al vencimiento de dicho plazo, razón por la cual el cargo propuesto no tiene vocación de prosperidad.

Por otro lado, el demandante afirmó que en la decisión de primera instancia no se realizó una adecuada valoración de las pruebas aportadas al proceso, omisión que quebranta el derecho al debido proceso y de defensa, pues, no se demostró la infracción de los artículos 3º, 4º y 5º numerales 1, 8 y 10 del Decreto 1663 de 1994.

Según el actor, el propósito de las reuniones y conversaciones electrónicas intercambiadas entre las EPS sancionadas y ACEMI, era únicamente el de formular una propuesta regulatoria al Ministerio de Protección Social, lo cual se encuentra debidamente acreditado en el expediente, pero cuyo análisis fue obviado por la SIC y en la sentencia de primera instancia.

Las conductas investigadas no tuvieron por objeto o como efecto la restricción de la competencia; por consiguiente, no es suficiente concluir, con fundamento en unos correos electrónicos, la existencia de un supuesto acuerdo anticompetitivo en el mercado de salud.

Frente a este reproche, la Sala señala lo siguiente:

En primer término, es importante señalar que de conformidad con lo previsto en el artículo 333 de la Constitución Política, la libre competencia económica es un derecho bajo la regulación del Estado, para cuyo efecto introduce excepciones y restricciones.

Ahora bien, respecto del alcance del derecho a la libre competencia, la Corte Constitucional en Sentencia C-535 de 1997(14), sostuvo:

“[…] La libre competencia, desde el punto de vista subjetivo, se consagra como derecho individual que entraña tanto facultades como obligaciones. En una perspectiva objetiva, la libre competencia adquiere el carácter de pauta o regla de juego superior con arreglo a la cual deben actuar los sujetos económicos y que, en todo momento, ha de ser celosamente preservada por los poderes públicos, cuya primera misión institucional es la de mantener y propiciar la existencia de mercados libres. La Constitución asume que la libre competencia económica promueve de la mejor manera los intereses de los consumidores y el funcionamiento eficiente de los diferentes mercados […]”.

Por su parte, según lo estatuido en el artículo 3º del Decreto 1663 de 1994(15) están prohibidos los acuerdos, convenios o prácticas que directa o indirectamente tengan por objeto o como efecto restringir la libre competencia en el mercado de prestación de servicios en salud, norma cuyo texto es como se transcribe a continuación:

“ART. 3º—Prohibición general a las prácticas restrictivas de la competencia. De conformidad con lo previsto en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, el Decreto-Ley 1298 de 1994 y con lo establecido en el presente decreto, están prohibidos todos los acuerdos, actos o convenios, así como las prácticas y las decisiones concertadas que, directa o indirectamente tengan por objeto o como efecto impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del mercado de los servicios de salud; abusar de una posición de dominio sobre el mismo; o impedir, restringir o interrumpir la prestación de los servicios de salud. Dichas conductas tendrán objeto ilícito.

Serán aplicables a las actividades de las entidades promotoras de salud, los promotores de éstas, las instituciones prestadoras de servicios de salud, los profesionales del sector de la salud, las asociaciones científicas o de profesionales o auxiliares de dicho sector y a las de todas las personas naturales o jurídicas que en él participen, las normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, contenidas en la Ley 155 de 1959, en el Decreto 2153 de 1992 y las normas que las reglamenten, así como aquellas que las modifiquen, sustituyan o complementen”.

En la sentencia de primera instancia se indicó que los convenios, prácticas o decisiones concertadas denominados por objeto o que tengan como efecto impedir o restringir la libre competencia en el mercado de prestación de servicios de salud no tienen que ser concomitantes o concurrentes para que se configure el presupuesto de la afectación a la libre competencia.

Ahora bien, el artículo 5º ibídem consagra lo acuerdos que son contrarios a la libre competencia, en los siguientes términos:

“ART. 5º—Acuerdos contrarios a la libre competencia. Se consideran contrarios a la libre competencia en el mercado de servicios de salud, entre otros, los siguientes acuerdos, convenios, prácticas o decisiones concertadas:

1. Los acuerdos que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios o tarifas.

[…]

8. Los acuerdos entre competidores que tengan por objeto o tengan como efecto abstenerse de distribuir o vender un bien o de ofrecer o prestar un determinado servicio de salud, interrumpirlo, o afectar los niveles de prestación del mismo.

[…]

10. Los que tengan por objeto o como efecto abstenerse de proveer a los usuarios o al sistema general de seguridad social en salud de información no reservada sobre la prestación de los servicios de salud, así como cualquier intento de ocultar o falsear la información y en general de impedir la debida transparencia en el mercado de los servicios de salud […]”.

En la sentencia apelada el a quo sostuvo que la SIC logró demostrar con las pruebas recopiladas en el curso de la investigación administrativa la existencia de un acuerdo entre las EPS, dentro de las que se encuentra la parte actora, que tenía por objeto afectar la oferta en la prestación de servicios de salud contenidos en el POS, al igual que la transparencia en la información requerida por el regulador para la fijación de la UPC, y por haber forjado un mecanismo que terminó por establecer indirectamente el precio de aseguramiento en salud.

En punto del reproche esgrimido por la sociedad demandante, se debe indicar que el fundamento principal para la imposición de la sanción de multa y de las demás órdenes por parte de la SIC, es el informe motivado presentado por el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia el 31 de marzo de 2011, en el que se compila la valoración de todas y cada una de las pruebas decretadas en el desarrollo de la actuación administrativa.

En ese documento se hace referencia, entre otras pruebas, a los múltiples correos electrónicos enviados por una funcionaria de ACEMI a la lista de correos de las EPS agremiadas, de los que se infieren las concertaciones sistemáticas realizadas al interior de las EPS respecto de los servicios de salud que deberían estar o no cubiertos en el POS, es decir, para afectar el listado ya definido en ese sentido por parte del Ministerio de Protección Social, cartera competente para regular ese aspecto con base en la información que suministre cada EPS en forma independiente.

Adicionalmente, está acreditado que por parte de la agremiación se solicitó a las EPS el resultado de los análisis acerca del impacto económico en términos de recobro y de la UPC.

Así, por ejemplo, según el correo electrónico enviado el 30 de mayo de 2007(16) por parte de ACEMI a las EPS que forman parte de la agremiación se abordó como tema el “compromiso costeo insumos y depósitos médicos procedimientos POS, y se señaló lo siguiente:

“Apreciados señores,

Por medio de la presente, les estoy enviando la lista de los procedimientos POS que más frecuentemente requieren insumos, dispositivos médicos o prótesis que las EPS consideran que no están en el POS (existen otras que el consenso de EPS considera que está en el POS).

Adjunto igualmente la propuesta de definiciones para aclarar el artículo 12, fruto del trabajo de las EPS y al cual se llegó por consenso.

Los objetivos son:

1. Costear para cada procedimiento cuánto pueden costar los elementos no POS (para proponer topes de cobertura).

2. Determinar la frecuencia con la cual se realizan los procedimientos POS de la lista.

3. Determinar la frecuencia con la cual la EPS está suministrando un dispositivo no POS para cada uno de esos procedimientos.

4. Calcular el impacto en la UPC, que tiene la inclusión de los elementos y diferentes escenarios de topes económicos para la cobertura económica y ajuste de UPC.

Les pedimos que ustedes revisen la frecuencia de los procedimientos, y diligencien el formato para el año 2006 del valor promedio de mercado de los elementos en las casillas correspondientes. Adicionalmente se pretende hacer en el formato “inventario” uno de estos elementos. (Se debe copiar un renglón por cada uno de los diferentes tipos de elementos de cada procedimiento como se muestra en el ejemplo.

Para aquellos que no puedan enviar la información en este formato les pedimos que no (sic) expliquen qué información disponible (recobros tutelas u otros) tienen en medio magnético, para apoyar el proyecto de costeo de estos insumos y por lo tanto de impacto que tiene el concepto de integralidad en el costo del plan de beneficios y calcular el ajuste de UPC necesario para asumir este costo”.

Así como está demostrado que se solicitó información por parte de ACEMI a las EPS a través de correos electrónicos para llegar a un consenso respecto de los servicios considerados como cubiertos o no dentro del POS, en los actos administrativos demandados y en los antecedentes que dieron lugar a estos también se hace referencia, entre otros medios de prueba, a los testimonios practicados a los representantes legales de las EPS, cronogramas elaborados por las mismas y el contenido de las actas de distintas reuniones llevadas a cabo para intercambiar información con esa específica finalidad.

El análisis del material probatorio recaudado llevó a la SIC a determinar la existencia de un acuerdo que tenía por objeto restringir o afectar la libre competencia en el mercado de prestación de servicios de salud, en la medida en que lo pretendido por las EPS era establecer de consuno los datos que serían reportados al Ministerio de Protección Social para la definición de los procedimientos que en lo sucesivo debían considerarse para ser incluidos o no dentro del POS.

Ahora bien, para la Sala es claro que la prestación de los servicios de salud en los distintos regímenes (contributivo y subsidiado) se encuentra bajo la dirección, orientación, supervisión, vigilancia, control y regulación del Estado a través del Ministerio de Protección Social (hoy Ministerio de Salud y Protección Social), en los términos de lo establecido en el artículo 170 de la Ley 100 de 1993. Asimismo, forman parte del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS), la Comisión de Regulación en Salud (CRES), el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) y la Superintendencia Nacional de Salud (SNS).

La definición de los procedimientos médicos que se encuentran incluidos o excluidos del POS es de competencia del Ministerio de Salud, en coordinación con los demás entes que forman parte del SGSSS, para cuyo efecto se estudia la información suministrada por cada EPS, en forma individual, acerca de la frecuencia de suministro de medicamentos, servicios, dispositivos, los costos de estos, etc.

De esta manera, el intercambio de datos sobre lo que cada EPS considera debe estar incluido en el POS y la información respecto del cálculo de la UPC dirigidos a lograr un consenso y presentarlo al Ministerio de Salud y Protección Social para que defina el listado de servicios, constituye una conducta contraria a la libre competencia en el mercado de salud, basada en la cobertura de los servicios prestados.

El criterio unificado que se gestó en las EPS bajo la coordinación de ACEMI contiene información sensible para la definición de los procedimientos y servicios que deben estar contemplados en el POS, lo que evidentemente impide la libre competencia entre las EPS si se tiene en cuenta que cada una de las entidades tiene conocimiento preciso y detallado de los servicios que son prestados por las demás y bajo qué parámetros.

La existencia de un consenso o criterio unificado acerca de la cobertura de los servicios per se repercute de manera contundente en la escogencia por parte del usuario de la entidad prestadora, en consideración a la falta de mecanismos diferenciadores referente a los servicios ofrecidos.

Bajo tales presupuestos, no le asiste razón al apelante en el sentido de afirmar que toda la información intercambiada entre Aliansalud S.A. y ACEMI obedeció a una exigencia del Ministerio de Protección Social para definir el listado del POS, pues, si bien la política de cobertura de servicios se determina con fundamento en los datos suministrados por las EPS, lo cierto es que esa información debe ser presentada en forma individual en aras, precisamente, de que exista transparencia en el mercado de prestación de servicios de salud.

Tampoco es cierto que tanto la SIC como el Tribunal de Instancia hubieren omitido la valoración del contenido del “Informe de suficiencia plan obligatorio de salud - unidad de pago por capitación 2007 y de los actuales mecanismos de ajuste del riesgo determinantes para el gasto de la unidad de pago por capitación” presentado al CNSSS en diciembre de 2008(17), en el que se explica con detalle cuál fue el propósito de la información remitida por las EPS al Ministerio de Salud y Protección Social.

Según el demandante, ese documento contiene datos relevantes que demuestran que las EPS no tenían la posibilidad legal de establecer el monto de la UPC ni las condiciones del POS por cuanto era de competencia exclusiva del CNSSS.

Sobre el particular, se encuentra que el análisis probatorio efectuado por la SIC al igual que el realizado en la sentencia de primera instancia se centró en todos los medios que fueron decretados y practicados en la investigación administrativa, de modo que se acreditó con las pruebas documentales, testimonios, cuadros explicativos, flujogramas etc., la existencia de una estrategia mancomunada para incidir en la fijación del listado de servicios del POS, y consecuencialmente, de la UPC.

Es importante poner de presente que frente a cada una de las pruebas decretas por la SIC, la parte actora tuvo la oportunidad legal de controvertirlas, tal como se dejó expresa constancia de ello en los actos administrativos acusados, para lo cual allegó las pruebas que consideró idóneas para desestimar el resultado de la investigación.

Por consiguiente, el argumento que estriba en la supuesta violación de los derechos al debido proceso y de defensa, no tiene asidero jurídico válido, por haberse demostrado la configuración de las conductas contrarias a la libre competencia en el mercado de servicios de salud, al amparo de un estudio detallado y minucioso por parte de la SIC.

Adicionalmente, el recurrente indicó que también hubo una inadecuada valoración del reproche referente a la violación del principio de legalidad y de falsedad en los motivos, en la medida en que no se tuvo en cuenta cuál era el verdadero propósito de las conversaciones y reuniones entre las entidades que forman parte del gremio, para concluir en forma errónea que se quebrantó la libre competencia.

Acerca de este otro motivo de disenso, la Sala reitera que las conductas desplegadas por la parte actora junto con las otras EPS agremiadas en ACEMI se enmarca dentro de las prohibiciones enlistadas en los artículos 3º y 5º numerales 1, 8 y 10 del Decreto 1663 de 1994, bajo la premisa de haberse hallado una simetría en el contenido de las conversaciones enviadas por correo electrónico, en las actas de reuniones y en los testimonios practicados, de los que se extrajo que el objetivo central fue influenciar de manera indirecta la definición del POS.

Debe recordarse que si bien esa facultad, según la normatividad vigente que regula la materia, es propia del Ministerio de Salud y Protección Social, es claro que la información suministrada por las EPS reviste relevancia en el resultado final de la cobertura de servicios.

Ahora bien, la afirmación atinente a que las reuniones solo tenían como propósito elevar peticiones al Gobierno Nacional como producto de los estudios estadísticos, técnicos, financieros y jurídicos acerca de la problemática que se genera en torno a las distintas interpretaciones del POS, es carente por completo de fundamento.

Así pues, se tiene que no es necesario hacer grandes esfuerzos intelectivos para concluir que las EPS buscaban presentar una propuesta al Ministerio de Salud y Protección Social para la definición del POS basada en una información previamente concertada de manera consciente, la cual tenía por objeto afectar la libre competencia en el mercado de prestación de servicios de salud, la transparencia en la información y la fijación indirecta de precios de la UPC.

Merece resaltarse que el Estado como regulador del sistema general de salud debe velar porque la prestación de ese servicio esencial se haga bajo estrictos parámetros de calidad, seguridad, idoneidad y transparencia, ya que lo que está en juego es la cobertura de los servicios de salud de los habitantes del territorio nacional, de manera que el intercambio de información sensible entre competidores, como lo son las EPS, para presentarla posteriormente al Gobierno Nacional, sin duda es una conducta que genera una afectación a la libre competencia.

Así las cosas, los argumentos planteados sobre esta censura serán despachados en forma desfavorable, pues la motivación expuesta en las decisiones administrativas cuestionadas son acordes a la realidad de las conductas comprobadas como anticompetitivas.

Finalmente, otro de los argumentos del recurso de alzada se contrae a señalar en que se hizo un indebido análisis acerca de la violación del derecho de asociación.

Para el apelante, las resoluciones demandadas tornan nugatorio el derecho de Aliansalud S.A. de pertenecer a una agremiación ya que, precisamente, estas tienen como fin abordar el estudio de los planteamientos de inquietudes y disconformidades respecto de las diversas interpretaciones que se pueden suscitar en la prestación del servicio de salud por parte de las EPS y frente a las políticas del Gobierno Nacional.

Adujo que en la sentencia recurrida el tribunal se limitó a indicar que no fueron expuestos los argumentos que sustentan la transgresión del derecho de asociación, cuando es claro que se realizó un análisis detallado para demostrar el quebranto de ese derecho por parte de la SIC.

En punto de esta censura, la Sala recuerda que si bien el derecho de asociación está intrínsecamente ligado al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, no es ilimitado ni absoluto, como lo ha reconocido en múltiples ocasiones la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia(18).

En el caso concreto, el derecho de asociación que tienen las EPS para canalizar a través de ACEMI las posturas, inquietudes, planteamientos de propuestas etc., debe estar sujeto al ordenamiento legal y debe tener como eje central la adecuada, oportuna y eficaz prestación de los servicios de salud.

En ese sentido, la concertación o unificación de estrategias para presentar informes por las EPS relacionados con la definición de los servicios cubiertos por el POS, atenta contra el ordenamiento legal que prohíbe la realización de conductas contrarias a la libre competencia, tal como ocurrió en el caso objeto de debate.

Por consiguiente, la parte actora con el medio de impugnación interpuesto no logró desvirtuar la presunción de legalidad que revisten los actos administrativos demandados, razón por la que la sentencia apelada deberá ser confirmada por estar acorde con la solución que jurídicamente corresponde a la cuestión planteada a la presente instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 27 de mayo de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en descongestión.

2. RECONÓCESE personería para actuar como apoderada de la parte demandada a la señora Liz Carolina Gil Pareja, en los términos del poder que obra a folio 78 del cuaderno de apelación.

3. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Cópiese y notifíquese».

10 Folio 1 cuaderno de antecedentes.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Exp. 150012333000-201300254-01. Providencia del 13 de noviembre de 2014. C.P. María Elizabeth García González. Actor: Estación de Servicio Villa del Río Ltda. y otros.

12 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 18 de agosto de 2011. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00013-00, posición reiterada en providencia del 8 de febrero de 2018, Exp. 25000-23-24-000-2008-00045-02. M.P. Rocío Araújo Oñate, actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

13 Folio 280 cdno. anexo.

14 Corte Constitucional. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

15 “Por el cual se reglamenta el parágrafo 2º del artículo 67 y el artículo 74 del Decreto-Ley 1298 de 1994”.

16 Folio 103 contenido en la Resolución 46111 de 2011, cdno. anexo.

17 Folios 434 a 539 cdno. anexos.

18 Corte constitucional, Sentencia C-424 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.