Sentencia 2012-00793/1694-2015 de septiembre 4 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 05-001-23-33-000-2012-00793-01

Nº Interno: 1694-2015

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Alexandra Aguirre Mendoza

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Bogotá D.C., 4 de septiembre de 2017

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(9), el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

Problema jurídico

El problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en las siguientes preguntas:

1. ¿La muerte del patrullero de la Policía Nacional Juan Álvaro Ortiz Herrera (Q.E.P.D.) debe ser calificada como en “actos de simple actividad” como lo señaló el informe administrativo por muerte expedido por la Policía Nacional, o por el contrario, como ocurrida en “actos especiales del servicio” como consecuencia de la acción del enemigo o en “actos propios o inherentes del servicio”?

En caso positivo a la anterior pregunta, se deberá determinar lo siguiente:

2. La señora Alexandra Aguirre Mendoza en su calidad de compañera permanente sobreviviente del patrullero de la Policía Nacional Juan Álvaro Ortiz Herrera (Q.E.P.D.), tiene derecho a la reliquidación de la pensión de sobreviviente con base en los artículos 27 o 28 del Decreto 4433 de 2004 y la correspondiente reliquidación de la compensación por muerte?

Primer problema jurídico

¿La muerte del patrullero de la Policía Nacional Juan Álvaro Ortiz Herrera (Q.E.P.D.) debe ser calificada como ocurrida en “actos de simple actividad” como lo señaló el informe administrativo por muerte expedido por la Policía Nacional, o por el contrario, debe ser calificada como ocurrida en “actos especiales del servicio” como consecuencia de la acción del enemigo o en “actos propios o inherentes del servicio”?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: la muerte del patrullero no puede ser catalogada como ocurrida en actos del servicio, con base en los siguientes argumentos.

Naturaleza jurídica del informe administrativo por muerte.

En cuanto al informe administrativo por muerte, el Decreto 1091 de 1995, “por el cual se expide el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional”, señaló:

“[…] ART. 71.—Informe administrativo. En los casos de muerte previstos en los artículos 68, 69 y 70 de este decreto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales se sucedieron los hechos, serán calificados por: Los Directores Especializados de la Dirección General de la Policía, Comandantes de Departamento, Jefes de Organismos Especiales y Directores de Escuelas de Formación, de acuerdo con el procedimiento que establezca la dirección general de la Policía Nacional, la cual queda facultada para modificar la calificación de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, cuando estas sean contrarias a la forma en que ocurrió la muerte.

El informe administrativo a que se refiere el presente artículo, será breve y sumario para determinar si el hecho ocurrió en una de las siguientes circunstancias:

a) Muerte simplemente en actividad;

b) Muerte en actos del servicio;

c) Muerte en actos meritorios del servicio.

PAR.—Cuando la muerte sobrevenga en la comisión de actos violatorios de la ley, los reglamentos u órdenes del servicio o como consecuencia de suicidio, ésta se calificará para todos los efectos como ocurrida simplemente en actividad. […]”

De lo anterior se coligen los siguientes aspectos:

— El informe administrativo por muerte es un acto administrativo preparatorio(10), en la medida en que no pone fin a la actuación, pero dado que define una calificación de la modalidad de la muerte, aporta información que debe ser tenida en cuenta al momento de expedir el acto definitivo de reconocimiento de las prestaciones correspondientes.

— El informe lo produce el funcionario competente para determinar las causas de la muerte en los siguientes eventos: a) muerte simplemente en actividad; b) en actos del servicio y c) en actos meritorios del servicio.

— Ahora bien, luego de expedido el informe administrativo por muerte, se adelanta el trámite correspondiente al reconocimiento y liquidación de las prestaciones, el cual finaliza con la resolución respectiva, acto administrativo definitivo que, en consecuencia, debe ser notificado a los beneficiarios de la persona fallecida.

Calificación de la circunstancia de la muerte de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

El Decreto 4433 de 2004(11) “por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública” respecto de la muerte en actos del servicio, señaló lo siguiente:

“[…] ART. 28.—Muerte en actos del servicio. A la muerte de un oficial, suboficial, o agente en servicio activo, o del personal que ingrese al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, ocurrida en actos del servicio o por causas inherentes al mismo, sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos en el artículo 11 del presente decreto, tendrán derecho a partir de la fecha del fallecimiento, a que por el tesoro público se les pague una pensión mensual, reconocida por la dirección general de la Policía Nacional, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.

Si el oficial, suboficial, agente o miembro del nivel ejecutivo al momento de la muerte, no hubiere cumplido el tiempo mínimo requerido para la asignación de retiro, la pensión será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables.

PAR. 1º—La dirección general de la Policía Nacional reconocerá de conformidad con lo dispuesto en este artículo, las pensiones establecidas en el artículo 6o de la Ley 923 del 30 de diciembre de 2004.

PAR. 2º—A la muerte de un miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, ocurrida en actos del servicio o por causas inherentes al mismo, sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos en el artículo 11 del presente decreto, tendrán derecho a que por el tesoro público se les pague una pensión mensual, reconocida por la dirección general de la Policía Nacional, equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas señaladas en el artículo 23 del presente decreto, si el causante tuviere menos de quince (15) años de servicio, y se incrementará en un cinco por ciento (5%) por cada año que exceda de los quince (15) años, hasta completar un setenta y cinco por ciento (75%), límite a partir del cual la pensión se liquidará en la misma forma de la asignación de retiro. […]”.

Por su parte, respecto de la muerte en simple actividad, el artículo 29 del Decreto 4433 de 2004, señaló:

“ART. 29.—Muerte en simple actividad. A la muerte en simple actividad de un oficial, suboficial, Agente o del personal que ingrese al nivel ejecutivo de la Policía Nacional a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, con un (1) año o más de haber ingresado al escalafón, por causas diferentes a las enumeradas en los artículos anteriores, sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos en el artículo 11 del presente decreto tendrán derecho a partir de la fecha del fallecimiento, a que por el tesoro público se les pague una pensión mensual, reconocida por la dirección general de la Policía Nacional, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.

Cuando el oficial, suboficial, agente o miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, falleciere sin tener el tiempo requerido para la asignación de retiro, la pensión será liquidada en un porcentaje equivalente al cuarenta por ciento (40%) de las partidas computables.

PAR. 1º—A la muerte de un miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, con un (1) año o más de haber ingresado al escalafón, por causas diferentes a las enumeradas en los artículos anteriores, sus beneficiarios en el orden y proporción establecida en el artículo 11 del presente decreto, tendrán derecho a partir de la fecha del fallecimiento, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, reconocida por la dirección general de la Policía Nacional, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.

Cuando el miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, falleciere sin tener derecho a la asignación de retiro la pensión será liquidada en un porcentaje equivalente al cuarenta por ciento (40%) de las partidas computables.

PAR. 2º—La dirección general de la Policía Nacional reconocerá de conformidad con lo dispuesto en este artículo, las pensiones establecidas en el artículo 6º de la Ley 923 del 30 de diciembre de 2004”.

De las normas trascritas se deduce que para efectos del reconocimiento prestacional por muerte en actos del servicio de los miembros de la fuerza pública se requiere lo siguiente:

i) Que se encuentre en servicio activo, esto es, en ejercicio de las funciones propias del empleo para el cual ha sido designado como policial y,

ii) Que las causas de la muerte se produzcan en actos propios del servicio o por causas inherentes al mismo, en este último caso cuando el fallecimiento tuviese como causa eficiente dicha prestación.

Sobre el tema el Consejo de Estado(12) ha señalado respecto de los actos propios del servicio lo siguiente:

[…] Sin entrar a definir el concepto de la expresión “actos del servicio”, considera la Sala importante identificar algunos elementos que lo caracterizan como causa de reconocimiento prestacional, en el entendido de que se trata de aquellas funciones conferidas por el ordenamiento jurídico (arts. 2º y 218 C.P.) a quienes integran en forma exclusiva la fuerza policial y que guardan una íntima relación de conexidad con las actividades que son inherentes al ejercicio de la función pública encomendada.

Para efectos de la citada disposición se tendrá en cuenta si la causa del deceso tiene o no relación directa con actos propios del servicio policial, esto es, en consideración al elemento funcional, mas no solo al personal (miembro activo), en tanto la muerte hubiese sobrevenido por ejemplo a un entrenamiento, adiestramiento, instrucción u operación llevados a cabo obviamente en ejercicio de una actividad de policía, esto es, en ejecución del poder y de la función de policía, siempre que se demuestre el nexo de causalidad entre el acto del servicio y el fallecimiento del policía.

En esas condiciones, no es posible hacer prevalecer sólo el elemento subjetivo para los efectos de los artículos 68, 69 y 70 del Decreto 1091 de 1995, sino que se hace necesario probar que la situación del policial se subsume dentro de los presupuestos que maneja cada una de tales disposiciones, de tal suerte que el operador jurídico pueda examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la defunción y así poder determinar que se enmarca una de las modalidades previstas en esas normas. […]”.

De lo anterior se colige que si no aparece probado el nexo de causalidad entre el acto del servicio y el fallecimiento del policía, habrá de concluirse que tal acontecimiento, ocurrió “simplemente en actividad”, toda vez que el solo hecho de ser miembro activo y de haber fallecido bajo esta especial condición no permite concluir que fue precisamente “en actos del servicio” en la medida que resulta indispensable, como se anotó antes, probar la vinculación directa con un acto u operación propia del servicio policial.

Finalmente, el artículo 27 del Decreto 4433 de 2004 frente a la muerte ocurrida en actos especiales del servicio, indica lo siguiente:

“ART. 27.—Muerte en actos especiales del servicio. A la muerte de un Oficial, Suboficial, o Agente de la Policía Nacional en servicio activo, o del personal que ingrese al Nivel Ejecutivo a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en actos meritorios del servicio, en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden y proporción establecida en el artículo 11 del presente decreto tendrán derecho a partir de la fecha del fallecimiento, a que por el tesoro público se les pague una pensión mensual, reconocida por la dirección general de la Policía Nacional, […]”.

De acuerdo a la norma transcrita, para efectos del reconocimiento prestacional por muerte en actos especiales del servicio, se exigen unos presupuestos:

i) Que el miembro de la fuerza pública se encuentre en servicio activo, esto es, en ejercicio pleno de las funciones propias del empleo para el cual ha sido designado;

ii) Se trate de actos meritorios del servicio, es decir, cuando el uniformado cumple la misión encomendada con grave e inminente riesgo para su vida o integridad personal;

iii) El deceso del policial se ocasione en un combate o como consecuencia de la acción del enemigo y;

iv) Que se produzca en un conflicto internacional o para preservar o restablecer el orden público.

Caso en concreto.

En el presente caso obran las siguientes pruebas:

1. A folios 39 a 41 del expediente, se encuentra el informativo administrativo prestacional por muerte 007/2011 de 11 de abril de 2011, suscrito por el comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en el cual calificaron la muerte del patrullero Juan Álvaro Ortiz Herrera (Q.E.P.D.) como “muerte en actos en simple actividad”. Textualmente, señaló:

“[…] Una vez apreciadas las pruebas recaudadas y una valoración jurídica de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, esta instancia considera lo siguiente:

1. Queda demostrado que para el día 17/03/2011, el extinto patrullero Ortiz Herrera Juan Álvaro, se encontraba adscrito a la Estación de Policía San Javier, se hallaba disfrutando de 30 días de vacaciones desde el día 10/03/2011 hasta el 08/04/2011.

2. Se aprecia que en el momento de los hechos del día 17/03/2011, el Patrullero Ortiz Herrera Juan Álvaro no estaba cumpliendo ninguna orden o actividad relacionada con el servicio policial.

3. Se le da plena veracidad al oficio suscrito por el señor mayor Yefri Triana Guerrero, Comandante Estación Policía San Javier, quien tramita el informe sin número fechado 18/02/2011, suscrito por el señor Intendente Ortiz Palacio Fredy William, Comandante Puesto de Información El Salado quien informa la novedad que se presentó con el señor patrullero Juan Álvaro Ortiz Herrera.

4. Se concluye entonces que el deceso del extinto patrullero Juan Álvaro Ortiz Herrera, fue en simple actividad ya que las causas del fallecimiento no fueron ocurridas en actos del servicio o por causas inherentes al mismo […]”.

2. Esta calificación de la muerte del patrullero Ortiz Herrera fue ratificada por el Director General de la Policía Nacional mediante oficio de 20 de junio de 2011 (fl. 42):

“[…] Los hechos narrados fueron calificados por el mencionado comandante como ocurridos según lo previsto en el artículo 68 del Decreto 1091 de 1995, en concordancia con el artículo 29 del Decreto 4433 de 2004, es decir, “Muerte simplemente en actividad” por cuanto el deceso del uniformado se produjo cuando este se encontraba en descanso y en actividades diferentes del servicio de policía, sin existir prueba que indique que los hechos son producto de un accidente de trabajo o relacionados con la actividad del servicio policial […]”.

3. Mediante Resoluciones 1349 de 13 de septiembre de 2011 (fls. 43 a 45) y 69 de 25 de abril de 2012 (fls. 46 y 47) expedidas por el Subdirector General de la Policía Nacional se reconoció “parte de compensación por muerte y parte de la pensión de sobreviviente” en un porcentaje del 20% a la beneficiaria hija menor Salomé Ortiz Aguirre, del patrullero fallecido.

De igual manera, dejó en suspenso el reconocimiento y pago del 20% por concepto de parte de la pensión de sobreviviente y el porcentaje correspondiente de la compensación por muerte de la demandante, hasta que allegara la sentencia de la declaratoria de unión marital de hecho entre compañeros permanentes.

4. A folios 53 a 57 obra prueba de que la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 1349 de 2011, en el cual solicitó la modificación de la calificación por considerar que con base en las pruebas que reposan en el informativo prestacional se concluye que se produjo con relación a las actividades que desarrollaba en el mantenimiento o restablecimiento del orden público y como consecuencia de la acción del enemigo.

A través de la Resolución 1959 del 4 de junio de 2012, expedida por el director general de la Policía Nacional (fls. 59 y 60), se confirmó la Resolución 1349 de 2011.

5. A folio 48 del expediente se encuentra el Oficio 8925 del 1º de junio de 2011 expedido por el Fiscal Quinto Seccional de Medellín respecto de la muerte del uniformado, en los siguientes términos:

“[…] Por estos hechos se encuentra detenido y en calidad de acusado, el señor Jhorman Alejandro Rendón Bernal, indocumentado, y a la fecha se desconoce el móvil de los hechos, por lo tanto, no se le puede certificar que la muerte fue a consecuencia de retaliación de organizaciones delincuenciales vinculadas al narcotráfico o por su condición laboral (Agente de la Policía Nacional). Le informo que el juicio le corresponde adelantarlo al juzgado 14 penal del circuito.

Ahora bien, se tiene información no comprobada, que posiblemente le causaron la muerte como represalia por haber participado en el procedimiento que dio lugar a la captura del sujeto apodado “Calentura”, quien pertenece a la banda la 40, que opera en el barrio Castilla, precisamente en el sector donde le dieron muerte. […]”.

6. Se observa a folio 61 el concepto de la fiscal 27 BACRIM de la ciudad de Medellín de 22 de septiembre de 2011:

“[…] En la fecha y horas indicada anteriormente, se hace constar que dentro del proceso identificado con el SPOA de la referencia, varias personas que sirvieron como testigos de la Fiscalía, entre ellos Claudia Elena Foronda y Gloria Restrepo, manifestaron que el Patrullero de la Policía Nacional, Juan Álvaro Ortiz Herrera fue amenazado en varias ocasiones por el señor Javier Alberto Posada Restrepo, Alias Tyson, integrante de la organización delincuencial Los Mondongueros, al servicio de Maximiliano Bonilla Orozco, Alias Valenciano, en el sentido de que el patrullero tenía que trabajar para ellos si no lo mataban, a lo que esta persona se negó diciéndoles que no trabajaba con ellos y cuando tuviera que proceder contra ellos así lo haría, razón por la que efectivamente el patrullero de la policía fue asesinado el 17 de marzo de 2011, en el barrio Castilla, zona de influencia de la banda Los Mondongueros. […]”.

7. Obra copia de la sentencia de 29 de julio de 2011 proferida por el Juzgado 14 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín dentro del trámite abreviado por pre-acuerdo, en los siguientes términos:

“[…] La conducta punible deducida por la Fiscalía fue la de Homicidio Simple Doloso, conducta reprimida en el Código Penal, título I, capítulo segundo, artículo 103, en armonía con lo dispuesto en la Ley 890 de 2004, artículo 14. El procesado no se allanó inicialmente por el injusto típico contra la vida, pero posteriormente antes de que el Estado lo acusara, suscribió un acuerdo con la fiscalía en la que se declaró responsable.

El proceso fue asumido por este despacho el 25 de abril último. En mayo 16 del presente año se realizó la audiencia de formulación de acusación y en julio 8 hogaño se llevó a efecto la audiencia preparatoria; la fiscalía informa que ha llegado a un acuerdo con el procesado, asesorado por su defensa técnica. Los términos del preacuerdo son: 1. La aceptación del cargo es por homicidio simple, eliminándose el agravante a la conducta punible, siendo la única compensación punitiva con la cual puede ser favorecido; 2. La pena se fija en 208 meses de prisión y 3. No hay lugar al subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria.

[…]

Como en el presente caso, no hubo juicio oral, no puede entonces hablarse de pruebas en el sentido estricto de tal concepto, pero es evidente que se impone un mínimo aporte probatorio dado que la sentencia que se profiere al interior de este asunto, como todas, debe estar soportada en elementos materiales probatorios, evidencia física e informes legal y oportunamente allegados. […]”.

Valoración probatoria

De las pruebas anteriormente relacionadas, la Subsección observa que no se probó que la muerte del patrullero Juan Álvaro Ortiz Herrera (Q.E.P.D.) ocurrió en desarrollo de una labor propia de la Policía Nacional, por las siguientes razones:

• Está probado que el patrullero Juan Álvaro Ortiz Herrera (Q.E.P.D.) se encontraba adscrito a la Policía Metropolitana de Medellín, específicamente en la estación de Policía de San Javier ubicada en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín y que por dicha condición le era reconocida la prima de orden público, tal como se observa a folio 129 del expediente.

De igual manera que al momento de su muerte se encontraba en vacaciones, situación administrativa que no lo desligaba de su calidad de miembro activo de la Policía Nacional.

• Que por la muerte del patrullero Juan Álvaro Ortiz Herrera (Q.E.P.D.) fue condenado el señor Jhorman Alejandro Rendón Bernal mediante sentencia de 29 de julio de 2011 proferida por el Juzgado 14 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín, dentro del trámite abreviado por preacuerdo.

Obsérvese que esta sentencia producto del preacuerdo busca verificar que la aceptación de responsabilidad penal se hubiere llevado de manera libre, voluntaria, debidamente informada, con la asistencia de un defensor y con el respeto del debido proceso del procesado(13).

No obstante, con ella únicamente se prueba la condena por el homicidio del patrullero, sin que la misma sirva para demostrar los hechos que contiene(14), en especial, que la muerte del patrullero haya sido por actos del servicio, producto de una retaliación por la captura realizada a un delincuente, es decir, el nexo con las funciones propias como policial.

• De otra parte, si bien obra la certificación expedida por la Fiscal 27 BACRIM de la ciudad de Medellín de 22 de septiembre de 2011 (fl. 61), en la cual, señaló que según testigos la razón de la muerte del patrullero fue por retaliación de miembros de la organización delincuencial “Los Mondongueros”, por acciones emprendidas por el patrullero en el cumplimiento de su labor policial, lo cierto es que esta prueba no lleva a la convicción de los móviles del homicidio del patrullero.

Lo anterior, toda vez que no se allegaron pruebas que corroboraran su contenido, en especial:

i) La parte demandante no aportó prueba alguna para demostrar que el condenado hacía parte del organigrama de la banda delincuencial.

ii) No aportó o solicitó en este proceso las declaraciones de los testigos señalados por la Fiscalía General de la Nación, en los que se determinen la veracidad de sus dichos, así como las condiciones de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos y en esa medida poder determinar si efectivamente la muerte del patrullero tuvo origen en las situaciones por ellos indicadas.

iii) No existe prueba que nos indique una relación directa entre la persona que disparó en contra de la humanidad del occiso y que fue condenado por los hechos, con el presunto jefe de la banda delincuencial que había lanzado amenazas en contra de la vida del policial.

iv) No existe prueba de las supuestas amenazas en contra del policía, es decir, no obra la respectiva denuncia ante las autoridades correspondientes, ni que esta situación hubiera sido puesta en conocimiento de sus superiores, así como tampoco otra evidencia que lleve a inferir que las amenazas existieron y puedan correlacionarse con el hecho de la muerte.

En síntesis, la certificación no puede conllevar a la certeza, o por lo menos a indicar que la situación declarada por los presuntos testigos sí es prueba suficiente o un indicio del nexo de causalidad entre la muerte del patrullero y las presuntas amenazas que este recibió en razón de la prestación del servicio.

• De igual manera, tal como lo señaló el a quo, no se probó que el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá indicara públicamente a los medios de comunicación, que la muerte del patrullero se debió a la supuesta retaliación de la banda delincuencial.

En efecto, no aportó al proceso el DVD que contenía tal declaración y tampoco obra alguna constancia, certificación o anotación al respecto, sin que le asistiera al juez la obligación de decretar tales pruebas de oficio como lo indica la parte actora en su recurso.

Recuérdese que conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, la carga de la prueba corresponde a las partes, sin que en este asunto específico se hubiera discutido la imposibilidad de la parte demandante para aportar la prueba que echa de menos o que impusiera el deber de invertir la carga hacia la entidad accionada. Es más, si se observa la solicitud de pruebas, el video no fue allegado, ni se solicitó su decreto.

En las anteriores condiciones, no aparece probado el nexo de causalidad entre el acto del servicio y el fallecimiento del policía trágicamente desaparecido. Por tanto, habrá de concluirse que tal acontecimiento, ocurrió “simplemente en actividad”,

En conclusión

En el presente caso dado que no se probó que la muerte del patrullero Juan Álvaro Ortiz Herrera (Q.E.P.D.) fue producto de la retaliación de grupos delincuenciales por la previa captura de uno de sus integrantes. Por tanto, no es procedente la recalificación de la muerte.

En las anteriores condiciones al resolverse de forma negativa el primer problema, la Subsección se abstendrá del estudio del segundo problema jurídico planteado referente a la reliquidación de la pensión de sobreviviente, por sustracción de materia.

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas.

De conformidad con lo señalado en recientes providencias de esta subsección(15) en el presente se impondrá condena en costas en segunda instancia a cargo de la demandante, toda vez que resulta vencida en el proceso de la referencia, y la entidad demandada intervino dentro del trámite de la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las pretensiones de la demanda en este asunto.

2. Condenar en costas en la segunda instancia a la parte demandante, las cuales se liquidarán por el a quo.

3. Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI” y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la subsección en la sesión de la fecha».

9 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 29 de junio de 2011, Consejero ponente Gustavo Gómez Aranguren, número interno 1264-2010, demandante María Alejandra Rojas Molina, demandado: Nación, Policía Nacional.

11 En el presente caso no está en discusión que la normativa a aplicar es el Decreto 4433 de 2004, toda vez que la muerte del patrullero Juan Álvaro Ortiz Herrera ocurrió el 17 de marzo de 2011 (fl. 26).

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 12 de marzo de 2009, Consejero ponente Dr. Alfonso Vargas Rincón, número interno 1612 de 2006.

13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal sentencia SP931-2016 de 3 de febrero de 2016, magistrado ponente José Leonidas Bustos Martínez.

14 Ver entre otras Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia del 22 de mayo de 2008, Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno, radicación 2005-01346-02.

15 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.