Sentencia 2012-00805 de mayo 2 de 2013

 

Sentencia 2012-00805 de mayo 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Rad.: 250002324000-2012-00805-01

Accionante:Eradio Brayan Garrido López

Acción de cumplimiento

Fallo de segunda instancia

Bogotá D.C., dos de mayo de dos mil trece.

La Sala se pronuncia sobre la apelación interpuesta por el señor Eradio Brayan Garrido López contra la sentencia dictada el 21 de agosto de 2012 por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se negaron las pretensiones de la solicitud de cumplimiento por no existir un mandato expreso e inobjetable a cargo de la autoridad pública accionada

I. Antecedentes

1. La solicitud

El actor presentó acción de cumplimiento contra el Director y el Consejo de Evaluación y Tratamiento del establecimiento carcelario “la Modelo”, en la que planteó la siguiente pretensión:

“(...) ordénese a los funcionarios públicos aquí accionados que dentro del improrrogable lapso de (5) días hábiles después de enterados del fallo procedan a cumplir lo que les manda la norma con fuerza material de ley, inc. 3, art. 5º, Decreto 1542 de 1997”.

2. Fundamentos fácticos y jurídicos de la pretensión de cumplimiento

Informa que el Juzgado 22 Penal del Circuito de Bogotá, en sentencia de 5 de diciembre de 2011 lo condenó a 65 meses de prisión, decisión que no apeló. Que se encuentra privado de la libertad desde el 29 de septiembre de 2009.

Que en los 32 meses que lleva recluido en la Cárcel Modelo el Consejo de Disciplina del reclusorio ha calificado su conducta de sobresaliente y ejemplar.

Que posteriormente, el Juzgado 20 Penal del Circuito de Bogotá lo sentenció a 8 meses de prisión por el delito de falsedad en documento privado, condena que fue objeto de suspensión condicional, previo el pago de una caución por haberse allanado a los cargos.

Expresa que como ya superó la tercera parte de la condena impuesta y su conducta es sobresaliente debe pasar a la fase de mediana seguridad regulada en el inciso 3º del artículo 5º del Decreto 1542 de 1997, razón por la cual en escrito de 5 de enero de 2012 le solicitó al Director de La Modelo ordenar al Consejo de Evaluación y Tratamiento que, en aplicación de la aludida norma, lo evaluaran, clasificaran y ubicaran en esa fase.

Que no se dio respuesta a su petición y por ello instauró tutela, la cual resolvió el Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá en el sentido de acceder a la solicitud de amparo constitucional, motivo por el cual la funcionaria responsable del Consejo de Evaluación y Tratamiento de La Modelo el 20 de abril de 2012 le informó que efectuado el análisis de los factores objetivo y subjetivo se determinaba por unanimidad que su clasificación correspondía a la de alta seguridad de tratamiento penitenciario debido a que lo requería otra autoridad judicial.

Que interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión porque no es cierto que lo requiera otra autoridad judicial, pues la pena que le impuso el Juzgado 20 Penal del Circuito de Bogotá fue suspendida, razón suficiente para que se aplicara el inciso 3º del artículo 5º del Decreto 1542 de 1997.

Que todo lo anterior demuestra la renuencia de las autoridades accionadas a cumplir con una ley que les impone un mandato imperativo e inobjetable.

3. Trámite de la solicitud.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia de 27 de junio de 2012 admitió la acción y ordenó notificar al director y a los integrantes del Consejo Técnico de Evaluación y Tratamiento de La Modelo para que en el término de 3 días, contado a partir de la notificación de la providencia, ejercieran su derecho de defensa (fls. 73 y 74).

4. Argumentos de defensa.

Ninguno de los accionados contestó la solicitud de cumplimiento.

5. Sentencia impugnada.

La Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en fallo de 21 de agosto 2012 negó la prosperidad de las pretensiones de la solicitud de cumplimiento al considerar que el inciso 3º del artículo 5º del Decreto 1542 de 1997 no establece un mandato expreso e imperativo a cargo de las autoridades accionadas.

En síntesis consideró que la citada norma consagra las condiciones que deben cumplir los reclusos para obtener la clasificación en la fase de mediana seguridad, pero sin que esta circunstancia imponga una obligación a cargo de las autoridades accionadas.

6. La apelación.

El actor disiente de la sentencia del a quo por que considera que la norma que pide cumplir es clara en establecer que las personas privadas de la libertad deben cumplir dos requisitos para ser ubicadas en la fase de mediana seguridad, los cuales cumple y son: (i) haber llegado a la tercera parte de la condena y, (ii) que el Consejo Técnico de Evaluación emita concepto de buena conducta.

Que los hechos narrados en la solicitud de cumplimiento no fueron controvertidos y en ellos se informó que su condena es de 65 meses de prisión, de los cuales han trascurrido 32; además, que su conducta se calificó de sobresaliente, razones para que no se niegue el beneficio de ley y, por ello, procede revocar la sentencia apelada.

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con los artículos 57 de la Ley 1395 de 2010 y 1º del Acuerdo 15 del 22 de febrero de 2011 por medio del cual la Sala Plena del Consejo de Estado modificó su reglamento, esta Sección es competente para pronunciarse sobre la apelación que interpuso el señor Eradio Brayan Garrido López contra la sentencia proferida el 21 de agosto de 2012 por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que se negó la prosperidad de las pretensiones de la acción de cumplimiento dirigida contra el Director y el Consejo de Evaluación y Prevención del Establecimiento Carcelario La Modelo.

2. De la acción de cumplimiento.

La acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 393 de 1997, propende por la materialización efectiva de aquellos mandatos contenidos en leyes o en actos administrativos, a efectos de que el Juez de lo Contencioso Administrativo le ordene a la autoridad que se constituya renuente, proveer al cumplimiento de aquello que la norma prescribe.

Es un mecanismo procesal idóneo para exigir el cumplimiento de las normas o de los actos administrativos, pero al igual que la acción de tutela es subsidiario, en tanto que no procede cuando la persona que promueve la acción tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o del acto incumplido; tampoco cuando su ejercicio persiga el cumplimiento de normas que establezcan gastos.

3. Requisitos de la acción y deberes del juez.

La Ley 393 de 1997 señala como requisitos para la procedencia de la acción de cumplimiento, que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas con fuerza de ley o en actos administrativos, de una manera inobjetable y por ende exigible frente a la autoridad de la cual se reclama su efectivo cumplimiento; que la administración haya sido y continúe siendo renuente a cumplir; que tal renuencia sea probada por el demandante de la manera como lo exige la ley, y que, tratándose de actos administrativos de carácter particular, el afectado no tenga ni haya tenido otro instrumento judicial para lograr su cumplimiento, salvo el caso en que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

4. Norma cuyo cumplimiento se solicitó ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

El señor Garrido López solicita se ordene al director y al Consejo de Evaluación y Tratamiento de La Modelo cumplir lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 5º del Decreto 1542 de 12 de junio de 1997 “Por el cual se dictan medidas en desarrollo de la Ley 65 de 1993 para descongestionar las cárceles”, que dispone:

“ART. 5º—Con el fin de garantizar el cumplimiento del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, los directores de los establecimientos carcelarios y penitenciarios podrán conceder permisos de setenta y dos horas a los condenados en única, primera y segunda instancia, o cuyo recurso de casación se encuentre pendiente, previo el cumplimiento de los requisitos allí señalados.

Cada director de establecimiento carcelario y penitenciario, será responsable de la recaudación de la documentación necesaria para garantizar este derecho.

Se entiende que un interno se encuentra en la fase de mediana seguridad, cuando ha superado la tercera parte de la pena impuesta y ha observado buena conducta de conformidad con el concepto que al respecto rinda el consejo de evaluación.

Se entiende por requerimiento la existencia de órdenes impartidas por autoridad competente que impliquen privación de la libertad. El Departamento Administrativo de Seguridad y las demás autoridades competentes, deberán mantener actualizado el registro de órdenes de captura vigentes, y dar respuesta a las solicitudes elevadas por el director del establecimiento carcelario, dentro de los cinco días siguientes a su recibo.

En todo caso, la solicitud del interno deberá ser resuelta por el director del establecimiento carcelario en un plazo máximo de quince días.

Los beneficios administrativos concedidos por los directores de establecimientos carcelarios o por los directores regionales, deberán ser comunicados mensualmente al Director del INPEC.

PAR.—Las solicitudes en curso en la oficina jurídica del INPEC, serán evacuadas por dicha dependencia en un término no superior a treinta días contados a partir de la vigencia del presente decreto” (negrita fuera de texto).

5. Del agotamiento del requisito de procedibilidad.

En escrito de 5 de enero de 2012, el actor reclamó de las citadas autoridades administrativas de la cárcel “La Modelo” el cumplimiento de la norma transcrita, en el siguiente sentido: “(...) a los miembros integrantes del Honorable Cuerpo Colegiado Consejo de Evaluación y Tratamiento, CET, (L. 65/93, art. 145) que en estricto acatamiento de lo determinado por el Dcto. 1542/1997, artículo 5º, inciso 1º, (...) que evalúen, clasifiquen y ubiquen al suscrito interno condenado en la fase de mediana seguridad” (negrita y subraya del texto).

Entonces, no hay duda sobre el agotamiento del requisito de procedibilidad y, por ello, procede el estudio de la sentencia de 21 de agosto de 2012 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los estrictos términos expuestos por el accionante en el recurso de apelación.

6. El caso concreto.

Conforme con las pruebas aportadas al expediente, la Sala confirmará la sentencia del 21 de agosto de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por las razones que se pasan a explicar.

El primero de los reparos del señor Eradio Brayan Garrido López contra la decisión del a quo, radica en que uno de los requisitos para que una persona condenada a pena privativa de la libertad pueda ser ubicada en la fase de mediana seguridad, se refiere a que debe haber cumplido por lo menos la tercera parte de la condena impuesta, de manera que si su condena es de 65 meses, de los cuales ya trascurrieron 32, cumple con el primero de los requisitos.

La segunda inconformidad del actor se refiere a que, en su criterio, cuenta con el concepto de buena conducta emitido por el Consejo Técnico de Evaluación de la cárcel “La Modelo” y, en esa medida, observa el segundo y último de los requisitos que consagra la ley para que se le ubique en la fase de mediana seguridad; sin embargo, como ello no ha sucedido, las autoridades accionadas se encuentran en renuencia de dar cumplimiento a la citada norma.

Con el fin de resolver el recurso objeto de estudio, la Sala debe indicar que el inciso 3º del artículo 5º del Decreto 1542 de 12 de junio de 1997, norma cuyo cumplimiento exige el accionante, no se puede interpretar ni aplicar de manera independiente a lo consagrado en los artículos 144 y 145 de la Ley 65 de 1993, así como de los artículos 9 a 12 de la Resolución 7302 de 23 de noviembre de 2006, “Por medio de la cual se revocan las resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y 5964 del 9 de diciembre de 1998 y se expiden pautas para la atención integral y el tratamiento penitenciario”, expedida por el Director del INPEC.

En síntesis, la norma cuyo cumplimiento se reclama no es de carácter autónomo y, por ello, debe armonizarse para su aplicación con otras disposiciones.

Tal conclusión, porque la Ley 65 de 1993 o Código Penitenciario y Carcelario en el título XIII, establece el tratamiento penitenciario que debe darse a toda persona condenada a pagar una pena privativa de la libertad con el fin de lograr su resocialización.

Dicho tratamiento, a las voces del artículo 143 de la cita Ley 65/93, debe ser progresivo y en virtud del artículo 144 ídem la resocialización de los reclusos se logra previo el agotamiento de las fases preestablecidas con tal fin. Estas fases son: (i) observación, diagnóstico y clasificación del interno; (ii) alta seguridad que comprende el período cerrado; (iii) mediana seguridad que comprende el período semiabierto; (iv) mínima seguridad o período abierto y, (v) de confianza, que coincidirá con la libertad condicional.

A su vez, el artículo 145(1) de la Ley 65 de 1993 establece que corresponde al Consejo Técnico de Evaluación de cada centro carcelario determinar qué condenados requieren tratamiento penitenciario después de la primera fase, de conformidad con las guías científicas que para el efecto expide el INPEC.

Por su parte, en el artículo 9º de la Resolución 7302 de 23 de noviembre de 2006, expedida por el Director del INPEC, se indica que el Consejo de Evaluación y Tratamiento es el órgano encargado de realizar el tratamiento progresivo de los condenados de conformidad con lo dispuestos en los artículos 142 y siguientes de la Ley 65 de 1993. Por su parte, el artículo 10 de la referida Resolución reitera las fases que deben agotar las personas que han sido objeto de condena penal con el fin de obtener su resocialización.

Con fundamento en dicha normativa es claro que para superar cada una de dichas fases, se requiere la existencia de un concepto o informe emitido a cargo del consejo de evaluación y tratamiento, previa entrevista con el interno, de conformidad con el artículo 12 que prevé la necesidad de tener en cuenta:

“la observación, diagnóstico, clasificación, evaluación y los seguimientos realizados en cada una de las disciplinas que intervienen en el proceso de tratamiento penitenciario en donde al interno(a) se le informará de las observaciones y se le motivará para el inicio o continuación del proceso de Tratamiento Penitenciario, según sea el caso”.

Tal concepto, según lo consagra el parágrafo primero del artículo 12 de la Resolución 7302 de 23 de noviembre de 2006, debe contener:

“(i) el resumen del diagnóstico integral; (ii) los objetivos a desarrollar por el interno durante la fase indicada y, (iii) las áreas del Sistema de Oportunidades del establecimiento en las que se sugiere ubicar al interno (a) en forma gradual para su tratamiento”.

Conforme con lo anterior, la Sala considera que en el asunto bajo estudio no existe por parte de las autoridades accionadas incumplimiento de su deber legal, pues en el oficio 114-ESCBOG-CET-050 de 20 de abril de 2012, la señora Flor Alba Rodríguez Laverde, responsable del Comité de Evaluación y Tratamiento, le informan que dicho comité, luego de evaluar el factor subjetivo y el objetivo, lo clasificó en la fase de alta seguridad debido a que en la actualidad el Juzgado 20 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá lo requería por el delito de falsedad en documento público (fl. 45).

Lo anterior, contrario a lo que expone el actor, lleva a concluir que las accionadas evaluaron la situación del actor y determinaron que no cumple para este momento con uno de los requisitos indispensables para pasar a la fase de mediana seguridad, pues es requerido por una autoridad judicial, aspecto que el actor no desconoce pero que pretende se entienda que por el pago de la caución, dicho requerimiento ya no existe.

Debe aclarar la Sección que la acción de cumplimiento se instituyó con el fin de determinar si una autoridad pública o los particulares, en ejercicio de funciones públicas, desconocen las normas con fuerza de ley o los actos administrativos que les impone un deber claro e inobjetable, circunstancia que impide que por esta misma razón existan pronunciamientos que se encuentren fuera de la órbita de esta acción y que necesariamente dependen de lo que al respecto consideró un juez penal, ello en lo relativo a la condena impuesta al actor, sin que sea posible v.gr. con el propósito de acceder a lo solicitado, desconocer y conceder el efecto pretendido por el actor, máxime cuando la ubicación en una determinada fase requiere la evaluación de aspectos objetivos y subjetivos del condenado, como ocurre en el sub lite.

Con fundamento en los anteriores argumentos, la Sala confirmará la sentencia de 21 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia de 21 de agosto de 2012, proferida por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. Devolver el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Susana Buitrago Valencia, presidenta—Mauricio Torres Cuervo—Alberto Yepes Barreiro, aclaró voto.

(1) “ART. 145.—Consejo de evaluación y tratamiento. El tratamiento del sistema progresivo será realizado por medio de grupos interdisciplinarios integrados por abogados, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, terapistas, antropólogos, sociólogos, criminólogos, penitenciaristas y miembros del cuerpo de custodia y vigilancia.

Este consejo determinará los condenados que requieran tratamiento penitenciario después de la primera fase. Dicho tratamiento se regirá por las guías científicas expedidas por el INPEC y por las determinaciones adoptadas en cada consejo de evaluación. En caso de no ser necesario el tratamiento penitenciario, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario reglamentará el cumplimiento de las fases restantes”.