Sentencia 2012-00823 de junio 4 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001 02 04 000 2012 00823-01

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., cuatro de junio de dos mil doce.

Discutido y aprobado en Sala de 23-05-2012

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia de la Corte que el abuso de este mecanismo especial de protección constitucional para efectos de obtener múltiples pronunciamientos a partir de los aspectos salientes del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una pérdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (ver, entre otros, mayo 3/ 2002, Exp. 010-00; ene. 25/2005, Exp. 0008; y ene. 26/2011, Exp. 01436-0) y justamente, esa circunstancia ocurre en el presente asunto, pues si bien no puede afirmarse categóricamente que las otras dos acciones de tutela promovidas por el actor estén fundamentadas en idénticos hechos, lo cierto es que, la segunda de ella y en esta, en lo medular, ha pretendido a través de la petición de amparo constitucional que se revise la actuación adelantada en el referido proceso, aduciendo ahora que los juzgadores acusados no tuvieron en cuenta que él actuó como “cómplice” (fls. 3 a 16).

2. No sobra recordar que en el fallo de 1º de febrero de 2012 (Exp. 02645-01), esta Sala al desatar la impugnación contra la sentencia de tutela de primera instancia, advirtió que “(...) Con fundamento en ese entendimiento de la cuestión y analizado el caso de autos, concluye la Sala que el amparo solicitado es improcedente toda vez que el fallo censurado, bien pudo ser controvertido a través del recurso extraordinario de casación que el actor se abstuvo de interponer, razón por la cual en el presente asunto no se cumple el requisito de subsidiaridad.

“En efecto, observa la Corte que tal medio impugnaticio era el idóneo para someter al escrutinio del juez natural lo que pretende el accionante en sede constitucional, sin que sirva de excusa que su defensor supuestamente no lo iba a formular porque el “punto a discutir era la falta de defensa técnica”, pues hubiese podido contratar otro abogado o acudir a la Defensoría del Pueblo para que le designara un profesional del derecho.

“Por tanto, se concluye que el petente contó (sic) un instrumento eficaz para obtener lo que por esta vía especial de protección de los derechos fundamentales reclama, pero lo abandonó por su propia incuria, por lo que a ese propósito debe recordarse que la acción de tutela es excepcional y residual, su procedencia está sujeta, en principio, a que el afectado no disponga de otras herramientas procesales, previsión que aparece desarrollada en el Decreto 2591 de 1991, pues no se instituyó para revivir oportunidades precluidas debido a la negligencia de los interesados, ni tiene el carácter de una tercera instancia, ni sirve para sustituir los mecanismos legales ordinarios. Obrar en contrario equivaldría a desconocer los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia, así como el principio de seguridad jurídica que debe rodear las decisiones judiciales...”

(Sic) 2. Relativamente a esta nueva petición, observa la Sala que el amparo, igualmente, resulta improcedente, habida cuenta que, se reitera, el actor debió acudir a los instrumentos de resguardo judicial que consagra la ley penal para exponer los motivos en que apoya su queja, concretamente, el recurso extraordinario de casación contra la sentencia emitida por el tribunal que dejó de interponer.

3. En todo caso, cabe recordar que para garantizar el derecho a la defensa de quienes no cuenten con recursos económicos para sufragar los honorarios de un abogado que formule el aludido medio extraordinario de impugnación, el Estado les brinda la posibilidad de solicitar a la Defensoría del Pueblo la designación de un profesional que los represente sin contraprestación alguna, en los términos estipulados en los artículos 2º y 27 de la Ley 941 de 2005, mecanismo al que pudo acudir el actor.

4. En cuanto a la solicitud de que se tenga en cuenta lo dispuesto en la Sentencia T-386 de 2010, en “aplicación del derecho a la igualdad”, basta advertir, de un lado, que los supuestos fácticos allí descritos, difieren sustancialmente a los que motivan la presente queja; y de otro, que los fallos de tutela producen efectos inter partes, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional al señalar que “...la tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a título individual y la decisión que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relación con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situación” (sent. de nov. 6/98, Exp. T-173563).

5. De conformidad con lo discurrido, se ratificará la providencia impugnada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede.

Comuníquese telegráficamente esta decisión a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese».