Sentencia 2012-00840/3256A de enero 21 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 730011102000201200840 01/3256A

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según Acta Nº 02 de la misma fecha

Bogotá, D. C., veintiuno de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer la apelación de la decisión del 19 de marzo de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante la cual se resolvió sancionó con (2) meses de suspensión, a la abogada Sharon Yaneth Jaramillo Ramírez, al hallarla responsable de la infracción al artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. De la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, límite este de su restringida competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, optó por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada, y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

En consecuencia, procederá esta Sala a revisar cada uno de los argumentos expuestos por el togado, no sin antes resaltar que los mismos ya habían sido expuestos en primera instancia.

3. El caso en concreto.

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que la togada fue declarada responsable disciplinariamente por el a quo por faltar al deber de diligencia profesional consagrado en el artículo 37, numeral 1º, de la Ley 1123 de 2007, precepto cuyo tenor literal es el siguiente:

“(…). Artículo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional: 1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas. (…).

El numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, consagra expresamente dos preceptos bajo los cuales se puede incurrir en falta diligencia del abogado, a saber:

Por dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.

Del escrito de queja, como de su ampliación, así como de expuesto en la versión libre por parte de la disciplinable, se tiene que en efecto entre los señores Mariela Rodríguez Ramírez, Gustavo Cartagena Rodríguez, Mery Cartagena Rodríguez, Óscar Iván Triana Rodríguez y Andrés Triana Rodríguez, surgió del contrato de honorarios profesionales que la doctora Sharon Jeannette Jaramillo Ramírez, fruto del cual a la togada se le otorgó poder para representar los intereses de los mandantes, para instaurar una demanda de reparación directa, para lo cual debía agotar previamente conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.

Al revisar la foliatura la Sala encuentra que efectivamente se le otorgó poder a la disciplinada, por parte de no todos los otorgantes, sin embargo no se observó que efectivamente si los demás otorgantes interesados le hubiesen tramitado dicho poder, sin el cual, es cuando menos imposible lograr el objetivo encomendado, como tampoco que su conducta pueda ser observada por la ley disciplinaria de los abogados.

De otra parte, al revisar las declaraciones rendidas, también fue reiterativo que no existía acuerdo entre las partes que integraban la parte demandante, expresado por la disciplinable la abogada Isabel Cristina Arias, compañera de oficina de la disciplinada, y la misma quejosa, reconocieron que no existía acuerdo y que habían muchas diferencias entre los componentes de la parte accionante, hecho que resulta complementario a lo expresado en el punto anterior y que milita en favor de la implicada.

No obstante lo anterior, esta colegiatura no encuentra justificación en la demora para llamar las personas con quien se comprometió, para devolverles los documentos y deshacer el compromiso inicialmente pactado, pues, con esta conducta omisiva resulta incursa la disciplinada en la indiligencia enrostrada por el a quo, tanto en la calificación como en la sentencia.

Lo anterior implica que si existió indiligencia, aunque atenuada, ya que el hecho de demorar, asumir el caso y dejar pasar el tiempo sin definir qué debe hacerse y no convocar a sus clientes para deshacer el negocio pactado, resultó lesivo para estos en la medida que la acción caducó, estando en manos de la togada, conducta que sin lugar a dudas está dentro de la órbita de la Ley 1123 de 2007, y de manera específica en el numeral 1º, del artículo 37, por ser indiligente en el ejercicio de la profesión.

Teniendo en cuenta la actuación surtida en el plenario, permite tener certeza que la conducta por la que resultó ser sancionado la abogada Sharon Yaneth Jaramillo Ramírez, se presentó, siendo ella la persona responsable de la misma y cometida conforme los precedentes de esta corporación en la modalidad culposa, por cuanto a sabiendas que tenía la obligación de realizar las acciones necesarias para cumplir lo pactado con sus clientes no lo hizo, y este retardo ocasionó la prescripción de la acción en perjuicio de estos.

Vistas así las cosas, al encontrarse debidamente probada la existencia de la conducta típica conforme a lo establecido en el texto de la norma imputada, y aunque se exonerará por las conductas de no presentar la demanda o hacer la conciliación pertinente, que el a quo le endilgó, como acertadamente lo solicitó en su apelación, no es menos cierto, que su indiligencia por el retardo en dar por terminada la relación contractual con los clientes, resultó afectándolos de manera importante, al no poder adelantar la acción pertinente, lo que va en desmedro adicionalmente de la imagen de la profesión de abogado, la cual aboga es por exigir diligencia en los compromisos que asuma la togada, consecuentemente, esta superioridad, mantendrá la sentencia de primera instancia para retificarle esta conducta, como efectivamente lo hará.

En lo atinente a la dosificación de la sanción, de dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, la Sala mantendrá la impuesta por el a quo, pues obedeció a un criterio razonado y razonable, teniendo en cuenta la trascendencia social de la conducta, atendiendo precisamente al impacto negativo que genera en la sociedad el comportamiento investigado; la ausencia de antecedentes disciplinarios, anteriores a la comisión de la falta; y la modalidad culposa de la conducta y acorde con lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Modificar el numeral 1º, de la sentencia proferida el 19 de marzo de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima, en el sentido de exonerar a la abogada Sharon Yaneth Jaramillo Ramírez, por las conductas de indiligencia al no presentar la conciliación y la demanda a que se había comprometido, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Confirmar en lo demás la sentencia del 19 de marzo de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima, con la cual procedió a sancionar la abogada Sharon Yaneth Jaramillo Ramírez con suspensión, en el ejercicio de la profesión por dos (2) meses, al hallarla responsable de infringir el numeral 1º del artículo 37, de la Ley 1123 de 2007, acorde con los fundamentos expresados con anterioridad.

3. Notificar a todas las partes dentro del proceso, a través de la secretaría judicial de esta sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

4. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

5. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

Salvamento de voto

Con el debido respeto por mis compañeros de Sala, me permito exponer los motivos que me llevaron a salvar voto respecto de la decisión aprobada en Sala 02 del 21 de enero de 2015, a través de la cual se modificó el numeral 1º de la sentencia proferida el 19 de marzo de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, en el sentido de exonerar a la abogada Sharon Yaneth Jaramillo Ramírez, por las conductas de indiligencia al no presentar la conciliación y la demanda a que se había comprometido, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia; y CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 19 de marzo de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, con la que procedido sancionar a la abogada Sharon Yaneth Jaramillo Ramírez, con suspensión, en el ejercicio de la profesión por dos (2) meses, al hallarla responsable de infringir el numeral 1º del artículo 37, de la Ley 2007.

Conforme a la lectura del infolio y la decisión bajo estudio, considero que no se debido modificar la sentencia de instancia y se debido CONFIRMAR en su integridad, ya que con la exoneración de cargos por la conducta de no presentar conciliación y la demanda a la que se había comprometido, porque como se anota en la misma providencia de esta Sala, la togada solo presentó un escrito al hospital solicitando la historia clínica, y no inició en ningún momento de la conciliación, lo que en verdad se traduce en indiligencia por parte de la disciplinada, persona capacitada y conocedora del derecho a nivel profesional, es quien debe conocer las formalidades y debió asesorar en debida forma a sus prohijados, debido haberlos asesorado en cuanto a la presentación de los poderes que le fueron otorgados. Se limita a indicar que no inició las labores que le fueron encomendadas, porque había muchas diferencias entre las misma personas que le habían otorgado los poderes, precisamente cuando la togada debió asesorar correctamente a sus poderdantes, y si las partes no llegan a un acuerdo en las diligencias de conciliación es procedente acudir a los jueces de la República para que diriman estas controversia y para eso están los profesionales del derecho, para guiar a sus clientes en la mejor forma, es clara la indiligencia, ya que el hecho de demorar en asumir el caso y dejar pasar el tiempo sin definir que se debía hacer y no convocar a sus clientes para deshacer el negocio pactado, resultó lesivo para ellos en la medida que la acción caducó.

Conforme a lo antes expuesto, sustento el salvamento de voto anunciado en la referida Sala.

De los honorables magistrados,

Magistrado

Angelino Lizcano Rivera 

Salvamento de voto

Con el debido respeto me permito manifestar que salvo voto en relación con la decisión tomada mayoritariamente por la Sala en el asunto de la referencia, mediante la cual, en primer lugar, se absolvió a la abogada Sharon Yaneth Jaramillo Ramírez, de la falta disciplinaria contenida en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, y en segundo orden, se confirmó la providencia apelada, frente a la comisión de la falta a la debida diligencia profesional contenida en el citado artículo 37 del estatuto ético del abogado, por cuanto consideró que debió nulitar la actuación surtida en sede de primera instancia, por violación a los derechos de defensa y debido proceso.

Lo anterior, comoquiera que el supuesto fáctico para reprochar disciplinariamente a la profesional del derecho Jaramillo Ramírez, la comisión de la falta contenida en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, por el a quo, se limitó a la omisión de la litigante a iniciar las acciones judiciales en procura de obtener la indemnización correspondiente por la muerte de la señora Yaneth Cartagena, por un presunto error médico, y en la sentencia de segunda instancia, se le enjuició por haberse demorado en renunciar al poder conferido por la quejosa y otros.

En efecto, en la sentencia de segunda instancia, se sustentó fácticamente el llamado a juicio disciplinario, el hecho de “la demora para llamar las personas con quien se comprometió, para devolverles los documentos y deshacer el compromiso inicialmente pactado, pues, con esta conducta omisiva resulta incursa la disciplinada en la indiligencia enrostrada por el a quo, tanto en la calificación como en la Sentencia” (sic).

Así las cosas, considero que el fallo de segunda instancia, se sustentó el reproche disciplinario, e un supuesto fáctico ajeno al fundamento de la sanción impuesta en primera instancia, vulnerándose sin dubitación alguna el derecho de defensa de la encartada y el debido proceso.

De los señores magistrados, en los anteriores términos dejo planteado mi salvamento de voto.

Se remiten 3 cuadernos de 24-24-130 folios y 5 CD’s.

Atentamente,

Magistrada 

Julia Emma Garzón de Gómez