Sentencia 2012-00863 de julio 19 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 25000-23-24-000-2012-00863-01

Actor: Ultradifusión Ltda.

Demandado: Secretaría Distrital de Ambiente

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho - fallo de segunda instancia

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Bogotá D.C., julio diecinueve de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Según el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el numeral 1º del Acuerdo 357 de 2017, la Sección Quinta es competente para dictar sentencia en los procesos en trámite de segunda instancia remitidos por la Sección Primera de la corporación.

2. Problema jurídico.

Corresponde a esta corporación resolver si confirma, revoca o modifica la sentencia de enero veintiocho (28) de 2014 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en descongestión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

3. Análisis de los argumentos de la apelación.

Como quedó expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en descongestión declaró la nulidad de los actos acusados por considerar que la Secretaría Distrital de Ambiente desconoció el derecho a la contradicción de la sociedad actora.

Concluyó que la entidad no observó los artículos 28 y 74 del Código Contencioso Administrativo, pues no comunicó a Ultradifusión la iniciación de la actuación que culminó con la revocatoria de los registros concedidos para la instalación de dos (2) elementos de publicidad exterior visual.

Al apelar la decisión, el organismo demandado estimó que las normas del Código Contencioso Administrativo no son aplicables por tratarse de una licencia ambiental para la cual existe norma legal especial, que no exige el consentimiento del titular para la revocación del acto, ni genera derechos adquiridos.

Observa la Sala que mediante Resolución 7181 de noviembre dieciocho (18) de 2010, la Secretaría Distrital de Ambiente otorgó a la sociedad actora el registro para una valla tubular de publicidad exterior que fue instalada en la calle 80 Nº 69 B-63 de Bogotá con sentido de afectación visual occidente-oriente (fls. 72 a 82 cdno 1).

A través de la Resolución 7182 de la misma fecha, la entidad también concedió a Ultradifusión el registro para la valla tubular de publicidad exterior en la citada dirección con sentido de afectación visual oriente-occidente (fls. 124 a 134 cdno 1).

Luego de una visita de control practicada al lugar, la subdirección de calidad del aire, auditiva y visual rindió dos (2) nuevos informes técnicos en los cuales advirtió que tales elementos presentaban conflicto de distancia con otras vallas de la sociedad Efectimedios, cuyo registro fue aprobado antes que aquellos de la sociedad actora según el orden de solicitudes presentadas para tales efectos.

Al acoger dichos estudios técnicos, la Secretaría Distrital de Ambiente expidió las resoluciones 0365 y 0366 de febrero cuatro (4) de 2011 mediante las cuales revocó el registro otorgado a Ultradifusión para dichos elementos publicitarios y en consecuencia ordenó su desmonte del sitio donde estaban instalados en ejercicio de la publicidad exterior visual.

La sociedad demandante interpuso los recursos de reposición contra esas decisiones, los cuales fueron resueltos desfavorablemente por el organismo a través de las resoluciones 6276 y 6277 de noviembre veinticinco (25) de 2011.

En el expediente no obra prueba que demuestre que la Secretaría Distrital de Ambiente haya solicitado a Ultradifusión el consentimiento previo y expreso para la revocatoria de los registros de cuales era titular, como parte de su actividad económica.

Tampoco está acreditado que le hubiera comunicado la iniciación de la actuación que culminó con la expedición de dichos actos, como lo subrayó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia de primera instancia.

Esto implica que la revocatoria no observó las normas del Código Contencioso Administrativo, particularmente en lo que corresponde al deber de comunicar la existencia de la actuación y al procedimiento que debía seguirse para adoptar la decisión, según lo previsto en los artículos 28 y 74 en los cuales estuvo basada la anulación declarada por el a quo.

Advierte la Sala que en virtud de los dos (2) registros otorgados por la Secretaría Distrital de Ambiente en noviembre de 2010, la sociedad demandante venía adelantando legalmente su actividad económica de explotación de los elementos de publicidad exterior visual instalados en la calle 80 Nº 69 B 63 de esta ciudad.

A partir de los nuevos conceptos técnicos rendidos después de la instalación de las citadas vallas, el organismo demandado inició la actuación administrativa que posteriormente culminó con la expedición de los actos acusados, mediante los cuales revocó las autorizaciones dadas a través de las resoluciones 7181 y 7182 de 2010.

En los antecedentes administrativos de las resoluciones demandadas no aparece prueba que demuestre que la Secretaría Distrital de Ambiente hubiera comunicado a la parte actora la iniciación de la actuación, no obstante que era titular del derecho a la explotación de los elementos de publicidad exterior que había instalado en dicho sector de la ciudad.

Considera la Sala que por aquella condición que tenía la sociedad Ultradifusión, la entidad demandada estaba en la obligación de comunicarle al menos la iniciación del procedimiento administrativo como medida tendiente a garantizar el derecho a la contradicción frente al alegado incumplimiento del requisito para el ejercicio de su actividad.

El conocimiento que debía tener el titular del derecho sobre el comienzo de la actuación que involucraba los registros de los cuales gozaba es manifestación propia del debido proceso que la Secretaría Distrital de Ambiente tenía que garantizarle previamente a la revocación de los actos que autorizaron la explotación de los elementos publicitarios.

La comunicación sobre el inicio de la actuación corresponde a una medida tendiente a salvaguardar el derecho a la contradicción que correspondía a la sociedad demandante, pues le hubiera permitido controvertir los dos (2) nuevos informes técnicos, aportar elementos de juicio en el trámite seguido en su contra e intervenir en defensa de sus derechos.

Al haberse omitido esta formalidad, la Secretaría Distrital de Ambiente desconoció el debido proceso en la actuación que afectó a titular del derecho a la explotación de la publicidad exterior visual, ya que no le brindó la posibilidad de ejercer su defensa frente a la irregularidad que motivó la revocatoria de los registros que válidamente ostentaba para su actividad económica.

En la apelación, el apoderado de la parte demandada insistió en que la revocatoria de las licencias ambientales está regulada por norma especial, que no exige el consentimiento del beneficiario, por lo cual en su criterio tampoco era necesario que la Secretaría Distrital de Ambiente comunicara a Ultradifusión la iniciación de la actuación. Como lo reiteró el apoderado de la Secretaría Distrital de Ambiente, es claro que el artículo 62 de la Ley 99 de 1993, como norma especial en materia ambiental, permite la revocatoria de las licencias ambientales sin el consentimiento previo y expreso del titular(3).

Sin embargo, la Sala advierte que la aplicación de la citada norma no excluye la obligación que tiene la entidad demandada de comunicar al beneficiario la iniciación de la actuación que podía afectar el derecho que tenía a la explotación comercial de la publicidad exterior a partir de los registros que le concedió desde finales del año 2010, cuando encontró que la ubicación de las dos (2) vallas cumplía los requisitos legales.

La posibilidad que tiene la autoridad ambiental de revocar la licencia sin consentimiento del beneficiario es procedente en esta materia, sin perjuicio del deber que tiene de garantizar el debido proceso y el derecho a la contradicción en la actuación adelantada para la adopción de la decisión.

Al margen de lo anterior, a folio 36 del cuaderno 2 de apelación obra poder conferido por la directora legal de la Secretaría Distrital de Ambiente, por lo cual será reconocida la correspondiente personería.

En consecuencia, la sentencia apelada será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada.

2. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

3. Reconócese personería al Dr. Néstor Julián Ramírez Sierra para actuar como apoderado de la parte demandada en los términos del poder visible a folio 36 del cuaderno 2 (apelación).

Notifíquese y cúmplase».

3 La norma dispuso lo siguiente: “ART. 62.—De la revocatoria y suspensión de las licencias ambientales. La autoridad ambiental, salvo los casos de emergencia, podrá mediante resolución motivada, sustentada en concepto técnico, revocar o suspender la Licencia Ambiental, los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente, cuando quiera que las condiciones y exigencias por ella establecidas no se estén cumpliendo conforme a los términos definidos en el acto de su expedición.
La revocatoria o suspensión de una licencia ambiental no requerirá consentimiento expreso o escrito del beneficiario de la misma” (negrillas fuera del texto).