SENTENCIA 2012-00898 DE MARZO 8 DE 2017

 

Sentencia 2012-00898 de marzo 8 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 730011102000201200898 01

Magistrada Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Aprobado según Acta Nº 20 de la misma fecha.

Bogotá D.C., Ocho de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de la apelación interpuesta, según los términos del numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 59 numeral 1º y 81 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. El caso en concreto.

Procede esta Corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Se advierte que el togado fue declarado responsable disciplinariamente por el A quo, pues incurrió en la falta que atenta contra su deber de actuar con diligencia frente a los encargos profesionales a los cuales se compromete, misma que está consagrada en el artículo 37 numeral 1º, de la Ley 1123 de 2007, precepto cuyo tenor literal es el siguiente:

“(…)

ART. 37.Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas. (…)”.

Se configuró la anterior falta por parte de la curadora ad-litem en un proceso ejecutivo laboral por no haber encontrado viable proponer como la excepción de fondo la prescripción, aduciendo que el término prescriptivo se había interrumpido, por haber prosperado una acción ordinaria de simulación, por lo que no era viable proponer este medio extintivo

Ahora bien, la sentencia de primera instancia fue proferida el 19 de octubre de 1999 en el proceso ordinario laboral seguido por Rafael Medina Calderón contra Lucila Lerma de Ruiz, adelantado ante el Juzgado 3 Laboral del Circuito de Ibagué, siendo confirmada el 18 de agosto de 2000. El 20 de marzo de 2012, es decir después de 12 años de adquirir firmeza la sentencia se promovió el ejecutivo para el cobro de las condenas impuestas, librándose mandamiento de pago el 25 de mayo de 2012, el 17 de agosto de 2012, se notificó a la curadora ad-litem investigada y en lugar de plantear como excepción de fondo la prescripción, ya que como se señaló anteriormente no se prestaba para ninguna confusión.

La Corte Constitucional se refirió en Sentencia T-088 de 2006 respecto a esta figura del curador de la siguiente manera:

“El nombramiento del curador responde, a la necesidad de defender los derechos de las personas ausentes en los procesos judiciales, por lo cual, precisamente, su presencia en el debate judicial es garantía de defensa para quien no puede hacerlo directamente. Sobre el particular, la Corte ha dicho que la decisión de designar curadores ad litem, tiene como finalidad esencial proteger los derechos del ausente, que no por estarlo puede recibir un tratamiento procesal desventajoso, pues este redundaría en menoscabo de algunos de los derechos sustantivos que en el proceso se controvierten. Constituye, pues, un instrumento protector del derecho fundamental de defensa. Por ello, debe entenderse que se trata de representar a quien resulte directamente involucrado en el proceso, es decir a quien por su ausencia puede ser afectado con la decisión que se tome”(2).

En cuanto a la calificación dada por el a quo de culposa a esta falta se tiene que efectivamente resulta reprochable la conducta de la inculpada al descuidar la defensa encomendada como era la de proponer la excepción de prescripción que se notaba de manera indiscutible, por lo que la Sala confirmará la sanción apelada.

Frente al recurso de apelación elevado por la abogada Nancy Cabrera Mosquera vamos analizar dos argumentos, el primero se centra en que su defensa está orientada a no haber presentado una excepción, lo cual en su sano criterio profesional no era procedente, ya que plasmó sus conocimientos en derecho y su sano entender, siempre haciendo las cosas bien y de buen fe, no obstante, no son de recibo la argumentación dada por la disciplinada, en cuanto según las pruebas encontradas en el plenario, se aduce que después de 12 años fue que se presentó la demanda ejecutiva y se nombró como curadora ad litem a la disciplinada, es decir se había configurado estaba el fenómeno de la prescripción frente a las obligaciones reclamadas y su deber era alegarlo para garantizar la defensa de quien no podía hacerlo directamente.

Frente al segundo argumento, que señala la defensa no había tenido consecuencia alguna, ningún efecto jurídico inmediato, ni futuro, ni mucho menos lesionó ningún derecho de la quejosa, en cuanto fue relevada de su cargo de manera inmediata, tan pronto como la accionante se presentó con su apoderado, frente a esto concluye la sala que no son de recibo estas argumentaciones por cuanto la falta disciplinaria es de mera conducta, no requiere de un daño especifico, basta con detectar una irresponsabilidad, traducida en indiligencia, desplegada por la abogado, así la quejosa se halla hecho parte en el proceso y haya adelantado la defensa de acuerdo con sus interés, no excluye por este hecho la falta de responsabilidad de la disciplinada.

Vistas así las cosas, al encontrarse debidamente probada la existencia de la conducta, y al no existir justificación de dicho proceder, al haberse probado la responsabilidad de la abogada, lo procedente en esta instancia es confirmar la sentencia apelada. Concluyendo que la abogada investigada debía proponer la excepción de prescripción con el fin esencial que fue creada la curaduría, esto es proporcionar una eficaz representación dentro de un proceso de una persona ausente, tendiente a hacer efectiva la exigencia constitucional de la plena defensa, quedando facultada para actuar con la dinámica y habilidad requerida en procura de proteger las garantías procesales.

Por lo anterior, la sala CONFIRMARÁ la sentencia del 19 de junio de 2013, proferida por la Sala Jurisdiccional de Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima, en la cual se sancionó a la abogada Nancy Mosquera Cabrera con SUSPENSIÓN DE DOS (2) MESES EN EL EJERCIO (sic) DE LA PROFESIÓN, tras hallarla responsable de la comisión de la falta descrita en el artículo 37 numeral 1º de ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, el 19 de junio de 2013, mediante el cual sancionó con SUSPENSIÓN DE DOS (2) MESES EN EL EJERCIO DE LA PROFESION, a la abogada Nancy Mosquera Cabrera tras hallarla responsable de la comisión de la falta descrita en el artículo 37 numeral 1º de Ley 1123 de 2011, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyos efecto se comunicara lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, remitiendo copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUELVASE al seccional de origen, para que notifique a los intervinientes de la presente decisión de conformidad a los establecido en los artículos 70 y siguientes de Ley 1123 de 2007, asimismo el Magistrado Sustanciador tendrá las facultades de comisionar cuando sea requerido para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo lugar, cumpla con lo dispuesto por Sala y los demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

2 Magistrado Ponente doctor Marco Gerardo Monroy Cabra