Sentencia 2012-00898 de mayo 10 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-02-03-000-2012-00898-00

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

Discutido y aprobado en sesión de nueve (9) de mayo de dos mil doce (2012).

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil doce.

Decide la Corte la acción de tutela instaurada por Marcela María Ortiz Torres contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de descongestión de la misma ciudad; a cuyo trámite se vinculó al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito y posteriormente al Juzgado Dieciocho Civil del Circuito, ambos de esta capital.

Antecedentes

1. La promotora del amparo reclama protección constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que considera vulnerados con ocasión del fallo dictado en el proceso de rendición provocada de cuentas que adelanta frente a Luis Edgar Torres Blanco y Amparo Valvanera Ramírez, y de las decisiones que rechazaron la solicitud de nulidad por alegadas fallas en la notificación de la sentencia de primera instancia.

En consecuencia, la accionante solicita dejar sin valor ni efecto la sentencia de primera instancia de 14 de julio de 2011, y ordenar al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de descongestión de Bogotá o a quien corresponda, dictar una nueva decisión en la que se valoren todas las pruebas, en especial los dictámenes periciales; o en su defecto ordenar al mismo juzgado, o al de conocimiento corregir “las anomalías presentadas en la notificación de la sentencia a través de edicto” y cumplir los términos previstos en la ley, en cuanto a la fijación y desfijación del edicto de notificación de la sentencia (fl. 9, cdno. Corte).

2. Sustenta el amparo, en síntesis, así:

El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, el 14 de julio de 2011 dictó sentencia en el mencionado proceso, en el que a pesar de obrar abundante material probatorio tendiente a demostrar los supuestos de hecho indicados en las pretensiones de la demanda y relacionados con las cuentas que debían rendir los demandados, tomó una decisión adversa a sus pedimentos, sin explicación o argumentación razonable y ajustada a derecho.

En especial el juzgado no valoró los dictámenes periciales, “con los cuales se determinó que existían saldos favorables a las pretensiones” de manera conjunta con las demás pruebas y menos aún los analizó bajo el principio de la sana crítica; y no valoró a partir de prueba real e idónea, el rubro obtenido por concepto de gastos, “cuyo valor no es el realmente demostrado y probado dentro del plenario”.

En fin, la instancia se decidió a partir de suposiciones que no resulta justificado considerar, porque los supuestos de hecho y de derecho deben ser plenamente demostrados por quien los invoca, en este caso la parte demandada, sin que resulte procedente trasladar esa carga a la demandante, para entonces menor de edad, cuando era deber de los administradores de su patrimonio, en este caso los demandados, “guardar al menos las facturas de los mercados que realizaban o de las compras que hicieron (...)” por su causa y no estimarlos, ahora, “por un antojado y sin fundamento o prueba legal”.

Recalca que la sentencia en cuestión constituye una vía de hecho por falta de valoración de las pruebas de manera efectiva y adecuada; y que “el valor de los egresos no están (sic) plenamente probados y las cuentas rendidas por el contador particular de los demandados no solo deben estar determinadas en la certificación expedida por este, sino que debe (sic) estar soportados en documentos reales e idóneos que den certeza y confianza a la contabilidad desarrollada por el profesional de la materia, pero tales soportes no existen ni fueron aportados al paginario como debía suceder, de lo que se colige es que las cuentas no son reales sino imaginarias o supuestas” (fl. 4, cdno. Corte).

De otra parte, la accionante acusa de irregular la notificación de la sentencia de primera instancia, porque en su opinión, si el edicto se fijó el 19 de “junio” de 2011 cuando aún no se había proferido dicho fallo y el apoderado se notificó personalmente de la misma providencia el 19 de julio de esa anualidad, significa que “no corresponde a la realidad procesal y a los términos previstos en ella” (fl.7 cdno. Corte), ya que faltó un día para que se cumpliera la notificación si se tiene en cuenta que el 20 de julio de 2011 fue día festivo.

Asevera que la sentencia tampoco se desanotó en “los libros respectivos o carpetas” y que la secretaría siempre les informó a los dependientes y al abogado del proceso que el expediente seguía al despacho del juez para sentencia.

En sentir de la quejosa se incurrió en indebida notificación de la sentencia, que configura la causal de nulidad prevista en el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

A pesar de ello, el tribunal accionado tampoco analizó “... estos aspectos, pues sabido es que el día que se profiere la providencia no cuenta como término”, máxime cuando es costumbre en todos los despachos judiciales desanotar las actuaciones en horas finales de la jornada.

3. La Corte admitió a trámite la demanda de la referencia; dispuso tener en cuenta como prueba la documental allegada por la peticionaria del amparo; requirió el expediente contentivo del proceso objeto de la queja constitucional; y ordenó librar las comunicaciones de rigor.

4. En sesión de 9 de mayo de 2012, previamente al análisis de este asunto, el magistrado Ariel Salazar Ramírez, manifestó verbalmente su impedimento para participar en la decisión del mismo, por cuanto suscribió la providencia de 20 de febrero de 2012 objeto del reclamo constitucional. En la fecha de esta providencia, se aceptó el impedimento y en consecuencia fue separado de su conocimiento.

Consideraciones

1. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un instrumento protector de los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades públicas y, en determinadas hipótesis, de los particulares, sin que se erija en vía idónea para suplir, sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.

Por lineamiento jurisprudencial, en tratándose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando “el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley” (sent., mayo 11/2001, Exp. 11001-22-03-000-2001-00183-01).

2. En primer lugar, corresponde desvincular del presente asunto constitucional al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, toda vez que aunque en la demanda de tutela se manifestó que el proceso cursaba en dicho despacho, lo cierto es que mediante oficio que obra a folios 37 a 39, ese despacho informó a esta Corporación que allí no se encontraba radicado; y, de otra parte, en el decurso del trámite constitucional se estableció que el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de esta ciudad, es la autoridad que conoce de ese asunto.

3. En el presente caso, el cuestionamiento constitucional recae sobre la sentencia de 14 de julio de 2011 que declaró no probadas las objeciones a las cuentas rendidas por los demandados en el citado proceso de rendición provocada de cuentas y fijó a su favor la suma de $ 24.210.775; y también sobre el proveído de 20 de febrero de 2012 por medio del cual el tribunal accionado confirmó, en sede de apelación, el auto de 5 de septiembre de 2011 del Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de descongestión de Bogotá, que rechazó de plano la solicitud de nulidad propuesta por el extremo demandante, argumentando supuestas falencias en el edicto fijado para notificar la sentencia.

Centrada la Sala en el análisis del proveído de 5 de septiembre de 2011, su confirmatorio vía reposición de 25 de octubre de la misma anualidad, y aquel que desató la alzada de 20 de febrero de 2012, no advierte una vía de hecho, como quiera que esas decisiones están sustentadas en la realidad procesal y en las normas que gobiernan el régimen de notificaciones y la institución de las nulidades procesales, como manifestación del debido proceso.

Sobre el particular, las autoridades accionadas consideraron que si bien en el edicto se incurrió en un error de digitación en su publicación, como quiera que en el mismo se indicó como fecha de fijación el “19 de junio de 2011”, siendo que la sentencia se dictó el 14 de julio de esa anualidad, esta circunstancia no impidió que el acto procesal se cumpliera al tenor de lo previsto en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil.

Así, en la decisión de 5 de septiembre de 2011, se precisó que la anotada falencia “no limitó los términos de ejecutoria de la citada decisión” al punto que el apoderado de la parte demandada “se notificó de manera personal dentro de los tres días siguientes a la fecha de la decisión; esto es, 19 de julio de 2011”. Y en el auto de 25 de octubre siguiente, se agregó que mal podía alegarse indebida notificación de la sentencia “... por un error netamente mecanográfico, cuando se sobre entiende (sic) que la sentencia salió con fecha 14 de julio de 2011, a los tres días debió fijarse el edicto” y estuvo publicado hasta el 22 del mismo mes y año, más aún cuando de acuerdo con el informe de la escribiente del juzgado todo reflejaba que por falta de atención de la parte actora “no se enteró de la salida de la mencionada providencia, a pesar que en tiempo se desanotó en las correspondientes carpetas puestas a disposición del público en la baranda u (sic) cartelera del juzgado”.

A su vez, el tribunal accionado en su proveído de 20 de febrero de 2012 concluyó que “aunque el edicto contenía un error de digitación en la fecha de fijación lo cierto es que en el mismo se identificó plenamente la providencia a notificar sin dejar duda alguna respecto a la fecha de la providencia que se notificaba por ese medio al punto que la parte demandada acudió a notificarse personalmente en la fecha en que se realizó la publicación” (fl. 17, cdno. Corte).

De ese modo, el reclamo de la accionante no trasciende al ámbito ius fundamental, porque si el edicto contiene la información relativa al proceso y la fecha de la sentencia que por ese medio se notificó, el error anotado, como lo determinó el tribunal, es de mera digitación, de suyo irrelevante y, por tanto, no es válido alegar su incidencia negativa en el ejercicio del derecho de defensa de las partes, tanto más cuando aparece desfijado el 22 de julio de 2011.

También resulta intrascendente el reparo de la actora en cuanto a la inobservancia del término de los tres días siguientes a la fecha de la sentencia, contemplado para la notificación personal en el artículo 323 ídem, desde luego que, de haberse incurrido en alguna irregularidad por ese motivo, la parte actora interesada en alegarla la convalidó. En efecto, en el memorial radicado el 18 de agosto de 2011 ante el juzgado de conocimiento (fl.654, cdno.1), dicho extremo fundamentó la solicitud de nulidad en un único hecho relativo a la imprecisión en la fecha de fijación del edicto, por lo que los demás reproches en torno a la notificación de la sentencia formulados posteriormente, no pueden ser atendibles, mucho menos en esta sede, porque de lo contrario se desconocería el principio de preclusión o eventualidad y, de contera, el debido proceso de su legítimo contradictor.

Adicionalmente, no es de recibo la argumentación de la accionante, según la cual la actuación relacionada con la sentencia “nunca apareció desanotada en libros o en el sistema de gestión judicial” y que no la apeló porque en la secretaría del juzgado siempre se le informó a su abogado y dependientes que el proceso continuaba al despacho, toda vez que son las notificaciones el medio idóneo para que los sujetos procesales conozcan el contenido de las decisiones judiciales, so pena de que su desatención genere consecuencias adversas a sus intereses, pues “... las partes tienen la carga de intervenir dentro de los términos que se les confieren; en consecuencia, las actuaciones que se propongan por fuera de los mencionados términos devienen extemporáneas y no pueden ser consideradas para efectos de la actuación” (sent., sep. 15/2011, Exp. 11001-02-03-000-2011-01896-00).

4. En ese orden de ideas, como quiera que el cuestionamiento planteado por vía de la nulidad carecía de virtualidad para afectar la actuación, la queja de la accionante contra la sentencia resulta improcedente, porque el medio idóneo para controvertirla era precisamente el recurso de apelación establecido en el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, el cual no interpuso y por ello resulta inviable este mecanismo excepcional para tratar de debatir y elucidar temas inherentes a la controversia.

Sobre el particular, se memora, que la tutela es inviable cuando no se hizo uso de los medios de defensa previstos en el ordenamiento contra la respectiva decisión “... en procura de obtener su corrección o revocatoria por la misma autoridad judicial que la profirió o por el superior funcional, en razón a que por ser un mecanismo de carácter eminentemente excepcional y subsidiario no está llamado a remplazar o sustituir los recursos o procedimientos establecidos por el legislador con el propósito que quien se considere agraviado por los efectos de una determinada decisión pueda exponer los motivos de inconformidad, controvertirla y darle la oportunidad al mismo órgano judicial para que rectifique la eventual equivocación” (sent., ago. 25/2008, Exp. 11001-02-03-000-2008-01343-00).

5. Coherente con lo anterior se denegará la protección rogada.

DECISIÓN:

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DENIEGA el amparo solicitado.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados y si la decisión no es impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Por Secretaría devuélvase el expediente adjunto a la oficina de origen.

Magistrados: Fernando Giraldo Gutiérrez—Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda—Arturo Solarte Rodríguez—Jesús Vall de Rutén Ruiz.