Sentencia 2012-00914 de marzo 15 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Consejera Ponente:

Sandra Lisset Ibarra Vélez

Bogotá, D.C. quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

Radicación: 250002342000201200914 01 (2666-2014)

Demandante: Rosa Beltrán de Urrego

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Trámite: Ley 1437 de 2011

Asunto: Pensión de jubilación: reajuste pensional en aplicación de lo previsto por la Ley 6ª de 1992 y en el Decreto 2108 de 1992. Congruencia del recurso de apelación y la sentencia de primera instancia.

Decide la Sala(1) el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 6 de febrero de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda encaminada a obtener la reliquidación de la pensión de jubilación y la correspondiente indexación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones.(2) 

La señora Rosa Beltrán de Urrego, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)(3), con la finalidad de obtener la nulidad parcial de la Resolución 2141 de 20 de abril de 1982 en lo que tiene que ver con la cuantía, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal(4), por medio de la cual ordenó en su favor una sustitución pensional; y en forma total, la Resolución UGM 020277 de 14 de diciembre de 2011 también expedida por Cajanal, que reliquidó la pensión sin retroactivo, en atención a que no se tuvo en cuenta la indexación año a año desde el 20 de agosto de 1981, incluyendo todos los factores salariales.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la demandada a i) reconocer y pagarle una pensión de jubilación en cuantía de $ 21.334.825 correspondiente a una asignación mensual devengada por un magistrado de tribunal superior (último cargo desempeñado por el causante), en atención a que no se han hecho las indexaciones año a año desde el 20 de agosto de 1981 hasta el momento en que se haga efectivo el pago, con vigencia fiscal a partir del 17 de abril de 2006 teniendo en cuenta la solicitud de la conciliación elevada ante Cajanal, con la inclusión de todos los factores salariales; ii) que se le paguen las diferencias que resulten entre el valor recibido por la pensión reconocida y la que corresponde conforme a la liquidación que habrá que ordenarse en la sentencia; iii) que sobre estas diferencias se le paguen las sumas que resulten de ajustar los valores pertinentes al IPC; y a iv) que la demandada de cumplimiento a la sentencia que ponga fin a la controversia en los términos del artículo 176 de la Ley 1437 de 2011.

1.2. Hechos(5).

Para mejor comprensión del asunto, la Sala resume los supuestos fácticos relevantes descritos por la parte demandante así:

Señaló, que Cajanal mediante Resolución 0376 de 26 de enero de 1972 reconoció la pensión de jubilación al señor José Rafael Antonio Urrego Mora en cuantía de $ 9.331,25, la cual fue sustituida a la demandante con la Resolución 2141 de 1982, en cuantía de $ 29.616,74 con efectividad a partir del 20 de agosto de 1981, ordenando el reajuste para el año 1982 en $ 34.165,65.

Indicó, que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito por medio de fallo de tutela de 19 de febrero de 2009, ordenó a Cajanal a reliquidar la pensión de jubilación sustituida, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios por el causante, para lo cual, la accionada expidió la Resolución UGM 20277 de 14 de diciembre de 2011. Sin embargo, afirmó que el ente previsional incumplió el mandato judicial, por no incluir el retroactivo, con la inclusión de todos los factores salariales solicitados ni su indexación.

Por último, afirmó que la demandante solicitó el 17 de abril de 2009 ante Cajanal la conciliación extrajudicial, pues consideró tener derecho a que se reliquide la pensión con la inclusión de los factores salariales consagrados en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, y el reajuste que contempla la Ley 116 de 1992, artículo 116, y el Decreto 2108 del mismo año, sin que esta sea menor al 90% del ingreso mensual promedio devengado por todo concepto un Magistrado del Tribunal Superior, conforme a lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992, artículo 17 y al Decreto 546 de 1971, artículo 6º, audiencia que se realizó el 5 de agosto de 2009 sin ánimo conciliatorio por ausencia de la entidad convocada.

Normas presuntamente vulneradas y concepto de violación(6).

La parte demandante citó como disposiciones vulneradas las siguientes:

Los artículos 46 y 53 de la Constitución Política, haciendo alusión a que la demandada no ha garantizado los derechos mínimos laborales, como es el pago oportuno y el reajuste legal, y por una persona de especial protección por pertenecer a la tercera edad.

El artículo 116 de la Ley 6ª de 1992 que dice:

“Ajuste a pensiones del sector público nacional. Para compensar las diferencias de los aumentos de salarios y de las pensiones de jubilación del sector público nacional, efectuados con anterioridad al año 1989, el Gobierno Nacional dispondrá gradualmente el reajuste de dichas pensiones, siempre que se hayan reconocido con anterioridad al 1º de enero de 1989. Sentencia de la Corte Constitucional C-531 de 1995 

Los reajustes ordenados en este artículo comenzarán a regir a partir de la fecha dispuesta en el decreto reglamentario correspondiente, y no producirán efecto retroactivo”. 

Y el Decreto 2108 de 1992(7) artículo 1º y 2º disponen:

“ART. 1º—Las pensiones de jubilación del sector público del orden nacional reconocidas con anterioridad al 1º de enero de 1989 que presenten diferencias con los aumentos de salarios serán reajustadas a partir del 1º de enero de 1993, 1994 y 1995. 

ART. 2º—Las entidades de previsión social o los organismos o entidades que están encargadas del pago de las pensiones de jubilación tomarán el valor de la pensión mensual a 31 de diciembre de 1992 y le aplicarán el porcentaje del incremento señalado para el año de 1993 cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 1º. 

El 1º de enero de 1994 y 1995 se seguirá igual procedimiento con el valor de la pensión mensual a 31 de diciembre de los años 1993 y 1994 respectivamente, tomando como base el porcentaje de la columna correspondiente a dichos años señalada en el artículo anterior. 

Estos reajustes pensiónales son compatibles con los incrementos decretados por el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 71 de 1988”. 

La Ley 6ª de 1992(8), artículo 116, y el Decreto 2108 del mismo año, artículos 1º y 2º, porque al ser una pensión reconocida antes del 1º de enero de 1989, debió ajustarse de acuerdo con los aumentos allí establecidos y conforme a lo expuesto en los precedentes jurisprudenciales.

Al efecto, se refirió a las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda del 23 de septiembre de 2004 y de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral del 6 de julio de 2000, (ambas sin cita) que se refirieron al derecho del pensionado de obtener la actualización de la pensión como una garantía constitucional con el fin de no devengar una mesada devaluada.

1.4. Oposición a la demanda(9). 

La parte accionada contestó la demanda dentro de la oportunidad de ley, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que no es viable la reliquidación de la pensión de jubilación, debido a que los factores reclamados son prestacionales y no salariales, y precisó que el IBL de esta pensión se liquida con base en los conceptos señalados taxativamente en el Decreto 1158 de 1994 y conforme a la Ley 62 de 1985, que es el régimen vigente para su reconocimiento, por encontrarse dentro del régimen de transición, el cual tiene la virtud de extender los efectos de la ley anterior en cuanto al monto, edad y tiempo de servicios, pero respecto de los factores salariales debe aplicarse la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Frente a la pretensión de indexación, sostuvo que esta se aplica al momento del reconocimiento del derecho más no desde la fecha de retiro.

1.5. La sentencia de primera instancia.(10) 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia proferida el 6 de febrero de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al declarar la nulidad parcial de las resoluciones 2141 del 20 de abril de 1982 y UGM del 14 de diciembre de 2011, y en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho ordenó a la entidad accionada a:

i) Reliquidar la pensión de jubilación teniendo en cuenta el ajuste contemplado en la Ley 6ª de 1992, artículo 116 y su Decreto Reglamentario 2108 del mismo año, a partir del 20 de septiembre de 2009 por efectos de la prescripción trienal, teniendo en cuenta que el derecho se hizo exigible a partir del 30 de junio de 1992, sin embargo, es con la petición de reliquidación del 27

de agosto de 2003 y con la demanda del 20 de septiembre de 2012, que se invoca estos fundamentos de derecho. Las diferencias resultantes entre lo pagado y el valor de la reliquidación deberán indexarse aplicando la fórmula mes por mes.

ii) Liquidar la pensión de jubilación con el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado el causante en el último año de servicios, con la inclusión de todos los factores salariales tenidos en cuenta en las Resoluciones 0376 de 1972 y 51875 del 8 de noviembre de 2013, además del valor correspondiente a la prima de antiguedad inicialmente excluida y acreditada durante el último año de servicios, y pagar las mesadas a partir del 20 de septiembre de 2009 por prescripción trienal por las mismas razones anotadas en el acápite anterior, y cuyas diferencias deberá pagar indexadas aplicando la fórmula mes por mes.

Con relación a la indexación de la primera mesada, sostuvo que no era procedente acceder a su pretensión, al quedar demostrado que el causante se retiró del servicio el 1º de marzo de 1972, y partir de esta fecha empezó a disfrutar el derecho. Igualmente se comprobó que el titular de la pensión falleció el 19 de agosto de 1981, y el ente previsional sustituyó la pensión a la beneficiaria el 20 de abril de 1982, con efectos a partir del 20 de agosto de 1981.

En cuanto a las pretensiones de pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 110 de 1993 y reconocimiento de indexación por pago tardío de las mesadas de la pensión de jubilación, indicó que de acuerdo a la jurisprudencia de la Sección Segunda de la Corporación, estos conceptos obedecen a la misma causa (la devaluación del dinero), y en este sentido son incompatibles, y que de prosperar ambos requerimientos, sería condenar dos veces a la entidad por las mismas causa; agregando, que desde el reconocimiento de la pensión de jubilación al causante, y luego a su beneficiaria, hubo secuencia de pagos, e indexación en el caso de la sustitución pensional, razón por la cual niega la pretensión.

1.6. Recurso de apelación.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) - demandada, interpuso el recurso de apelación(11) contra la sentencia de primera instancia, al estar en desacuerdo con la orden de reajustar la pensión conforme a lo dispuesto en la Ley 6ª de 1992, artículo 116 y en el Decreto 2108 del mismo año, y su reliquidación con la inclusión de la prima de antigüedad, al considerar que la causa petendi de la demanda es la indexación de la primera mesada.

Para fundamentar lo anterior, citó el artículo 14 de la Ley 100 de 1993(12) sobre el reajuste de las pensiones y la Sentencia C-862 de 2006 referida a la indexación de la primera mesada pensional como parte del desarrollo de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 48 y 53 del Estatuto Superior, para concluir, que tanto el legislador como la jurisprudencia constitucional y de la justicia ordinaria, han determinado la indexación como el instrumento preferente para actualizar las mesadas pensionales, y adicionalmente, la Ley 100 de 1993 la prevé en su artículo 21 respecto del ingreso base de liquidación de la pensión de los trabajadores y en el 36 para los acogidos al régimen de transición.

1.7. Alegatos en segunda instancia y concepto del Ministerio Público.

Parte demandante.(13) 

Considera la accionante, que la prescripción de las condenas debió aplicarse teniendo en consideración el 28 de abril de 2009, fecha en la cual radicó la solicitud de conciliación extrajudicial ante Cajanal, en la cual expuso los motivos que daban lugar a la reclamación del reajuste consagrado en la Ley 6ª de 1992 y en el Decreto 2108 del mismo año.

Por otro lado, solicita con relación al monto de la pensión, además de los factores salariales que se deben considerar para liquidar la pensión, los ajustes legales y especiales que proceden, dada la condición de exmagistrado del causante.

Parte demandada.(14) 

La UGPP, alega que la demandante no tiene derecho al reajuste ni a la reliquidación ordenada, pues considera que el causante está inmerso en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, artículo 36, en el entendido de que le es aplicable la ley anterior hacia el futuro en cuanto a la edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo, no siendo así el IBL que se rige por el inciso tercero de la disposición citada.

Precisa que los conceptos reclamados como factor salarial no fueron percibidos de forma habitual por el empleado, y que no obra prueba en el plenario de haberlos devengado durante el último año de servicio, y en tal sentido, no tiene derecho a la reliquidación.

El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR

Cuestión previa.

Estando el proceso para proferir sentencia, se observa que los Consejeros César Palomino Cortés y Carmelo Perdomo Cuéter se encuentran impedidos para resolver la alzada por haber conocido el proceso en la primera instancia(15), razón por la cual, la Sección Segunda mediante Auto del 31 de julio de 2017 dispuso que la Sala de Subsección B para efectos de proferir la sentencia a que haya a lugar, se conformará con los Consejeros de la Subsección A, doctores William Hernández Gómez y Rafael Francisco Suárez Vargas.

2.1. Problema jurídico.

Considerando el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la Sala encuentra que debe determinar si es procedente emitir un pronunciamiento de fondo en segunda instancia, cuando los argumentos de la alzada son ajenos al fallo recurrido.

2.2. Análisis de la Sala.

Es del caso señalar que el recurso de apelación es un medio de impugnación de las decisiones judiciales de primer grado, que le permite al superior funcional revisarlas a efecto de verificar si procede su aclaración, modificación, adición o su revocatoria(16). Es entonces, la herramienta procesal que tienen las partes para controvertir las sentencias y algunas providencias interlocutorias dictadas en la primera instancia, a través de cargos o cuestionamientos que se le hacen a su contenido, y que a su vez materializan el principio de la doble instancia.(17)

En este punto, se analiza la congruencia del recurso de apelación que interpuso la parte demandada contra la sentencia proferida por el a quo que accedió parcialmente a las pretensiones de la demandante, encontrando que éste se pronunció sobre el fondo del asunto, acogiendo la liquidación de la pensión con la inclusión de la prima de antigüedad como factor salarial, y su reajuste de acuerdo con lo contemplado en la Ley 6ª de 1992, artículo 116 y su Decreto Reglamentario 2108 del mismo año; pero no prosperaron las de indexación de la primera mesada pensional, ni el reconocimiento de los intereses de mora e indexación por el supuesto pago tardío de las mesadas.

Por su parte, la entidad demandada a través del recurso de apelación interpuesto, afirma que lo que se discute es la indexación de la primera mesada pensional, para lo cual, citó el artículo 14 de la Ley 100 de 1993(18) sobre el reajuste de las pensiones y la Sentencia C-862 de 2006 referida a la indexación de la primera mesada pensional como parte del desarrollo de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 48 y 53 del Estatuto Superior, cuyo fin es mantener el poder adquisitivo de las pensiones, y termina concluyendo que, el legislador y la jurisprudencia constitucional y de la justicia ordinaria, han determinado la indexación como el instrumento preferente para actualizar las mesadas pensionales, y adicionalmente, la Ley 100 de 1993 la prevé en su artículo 21 respecto del ingreso base de liquidación de la pensión de los trabajadores y en el 36 para los acogidos al régimen de transición.

Ante lo anterior, es claro para la Sala que el recurso interpuesto no guarda relación con los motivos expuestos por el tribunal de primera instancia, pues la pretensión de reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional fue negada por el A Quo cuando dijo «...reitera la Sala que la situación fáctica, en este caso no se ajusta a los presupuestos diseñados por la jurisprudencia, para pretenderse la indemnización de la primera mesada pensional, y si bien es cierto la sustitución pensional ocurrió 8 meses después de ocurrido el hecho generador, no lo es menos que en la resolución RDP 051875 de 8 de noviembre de 2013, el ente de previsión incluye la indexación»(19).

Sobre la carga procesal de manifestar los motivos de inconformidad frente a la decisión de primera instancia y la relación con el tema de la litis, la Jurisprudencia de esta Corporación ha señalado:

“Según el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, la finalidad del recurso de apelación es que la providencia de primer grado sea revisada por el superior jerárquico del funcionario judicial que la profirió, para que en análisis de su legalidad la confirme, revoque o modifique. De ahí la necesidad de que el recurso de apelación se sustente. La sustentación es la oportunidad o el medio para que la recurrente manifieste los motivos de inconformidad con la decisión, pero en los aspectos que fundamentaron su posición, como demandante o como demandada, en el debate judicial, y sobre los cuales el a quo se pronunció de manera adversa o simplemente no se pronunció. El marco conformado por la sentencia y el recurso de apelación es el parámetro que limita la decisión judicial de segunda instancia. Como lo señaló la jurisprudencia citada, el superior no tiene la libertad de suponer otros motivos que a su juicio debieron ser invocados en contra de la decisión. De acuerdo con lo anterior, es evidente que el demandante no controvirtió ninguno de los argumentos que motivaron la decisión de primera instancia (...)”(20) (Negrilla fuera de texto)

En otra oportunidad, sobre la exigencia procesal de congruencia de la alzada con la sentencia dictada en primera instancia y su eficacia procesal, el Consejo de Estado sostuvo lo siguiente:

“Si bien el principio de la doble instancia constituye una garantía constitucional a la luz del artículo 31 de la Carta Política, el acceso a dicha garantía procesal y la efectividad de su ejercicio no opera deliberadamente, por cuanto resulta necesario el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por el legislador relacionados con su oportunidad y procedencia, los cuales deben ser satisfechos a cabalidad so pena del fracaso del recurso de apelación, requisitos que dentro del procedimiento contencioso administrativo quedaron consignados dentro de los artículos 181 y 212 del Código Contencioso Administrativo. 

(...) 

En este sentido y de acuerdo a la finalidad de la alzada, es menester que la sustentación se efectúe de la forma adecuada, es decir, que no solamente deben manifestarse los aspectos que se consideran lesivos al derecho o interés en discusión, sino además los motivos de inconformidad en concreto respecto a la decisión del a quo, lo que en suma determinará el objeto de análisis del ad quem y su competencia frente al caso. Lo anterior demanda desde luego un grado de congruencia inequívoco entre el fallo recurrido y la fundamentación u objeto de la apelación, fuera de lo cual, se estaría desconociendo la finalidad y objeto mismo de la segunda instancia. (...) 

Lo anterior, sin duda alguna hace que el recurso carezca de fundamento jurídico para ser analizado por la Sala, en ausencia de un punto real de controversia respecto del fallo del a quo. 

Aunque la parte demandada cumplió con el requisito procesal ordenado en el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo, por lo cual se le dio el impulso procesal correspondiente al recurso, el escrito no satisfizo la finalidad sustancial del mismo y en estas condiciones, carece la Sala de elementos que le permitan revisar la decisión que se apela, pues no cuenta con los argumentos del recurrente tendientes a rebatir el análisis que el tribunal expuso en su sentencia frente al examen probatorio realizado o el criterio jurídico adoptado. 

En este sentido, no es dable al juez asumir cargas que corresponden a las partes procesales, ello desvirtuaría su papel imparcial en el juicio. Siuna de las partes está inconforme con la sentencia, es su responsabilidad atacar la decisión poniendo a disposición, tanto del juez como de la parte favorecida con la sentencia, las razones que en su criterio, dejan sin fundamento la providencia judicial”. (...)

En conclusión, ante la incongruencia de las razones que arguyó el apoderado de la parte demandada dentro del recurso, no puede menos la Sala que señalar que no existe en el presente motivo alguno de inconformidad contra el fallo, lo que impone declarar incólume la sentencia apelada”.(21) (Negrilla y subraya fuera de texto)

El criterio descrito, ha sido reafirmado recientemente por la subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 7 de abril de 2016, dentro del proceso con radicación interna Nº 0529-15 con ponencia del Dr. William Hernández Gómez, en el que se analizó una situación similar y se dijo lo siguiente:

“(...) 

En este sentido y de acuerdo con la finalidad del recurso de apelación, resulta necesario no solo que el recurrente sustente la decisión sino que lo haga de la forma adecuada, indicando en concreto los motivos de inconformidad respecto del fallo del A-quo, los cuales determinarán el objeto de análisis del Ad quem y su competencia frente al caso. Lo anterior demanda un grado de congruencia entre el fallo recurrido y la fundamentación u objeto de la apelación, fuera de lo cual, se estaría desconociendo el debate jurídico y probatorio que fundamentó la decisión del juez de primera instancia, como también la finalidad y objeto mismo de la segunda instancia. 

(...) 

El recurso de apelación presentado por la parte demandada no guarda congruencia con lo decidido en la sentencia apelada, por tal razón y al no encontrar motivo alguno de inconformidad contra el fallo, debe declararse incólume la sentencia del Tribunal que accedió a las súplicas de la demanda, pues no es posible analizar ni los argumentos, ni las decisiones en ella adoptadas”. 

Consecuentes con lo explicado(22), y ante la incongruencia del recurso de apelación presentado por la parte demandada con lo decidido en la sentencia apelada, en el entendido que ese aspecto que pone de presente no le es desfavorable porque se negó la indexación, la Sala deberá confirmar la sentencia proferida el 6 de febrero de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, sin consideración adicional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia del 6 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Por intermedio de la Secretaría, devuélvase el expediente al tribunal de origen, y déjense las constancias respectivas.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Consejeros: Sandra Lisset Ibarra Vélez—William Hernández Gómez—Rafael Francisco Suarez Vargas.

1 El proceso de la referencia subió al despacho con el informe de la secretaría de la Sección Segunda 29 de septiembre de 2017, visible a folio 284 del expediente.

2 Visible de folios 28 a 29.

3 En adelante UGPP.

4 En adelante Cajanal.

5 Fls. 30 a 32.

6 Fls. 32 a 38.

7 “Por el cual se ajustan las pensiones de jubilación del sector público en el orden nacional”.

8 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras disposiciones”.

9 Fls. 66 a 69.

10 Fls. 185 a 192.

11 Fls. 194 a 197.

12 «ART. 14.—Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan u poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno».

13 Fls. 258 a 259.

14 Fls. 247 a 256.

15 Los doctores Carmelo Perdomo Cuéter y César Palomino Cortés manifestaron su impedimento para conocer este asunto mediante autos del 21 de enero de 2016 y 20 de enero de 2017, los cuales fueron aceptados con autos del 30 de junio de 2016 y 31 de julio de 2017 respectivamente.

16 Artículo 320, CGP.

17 Artículo 31 Constitución Política.

18 «ART. 14.—Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno».

19 Ver folios 1900 reverso, y 191, y numeral cuarto de la parte resolutiva.

20 C.E, Sección Cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, 4 de marzo de 2010, Rad. 25000-23-27-000-1999-00875-01(15328).

21 C.E., Sección Segunda, Sub. “A”, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, 7 de abril de 2011, Rad. 13001-23-31-000-2004-00202-02(0417-10).

22 En igual sentido, decidió esta Sala en sentencias del 9 de noviembre de 2017, Exp. 1050-2017, y del 6 de julio de 2017, Exp. 3949-2014, con ponencia de Sandra Lisset Ibarra Vélez.