Sentencia 2012-00919 de mayo 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 05001233100020120091901 (46065).

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo.

Actor: Diana María Uribe y otros.

Demandado: Nación-Presidencia de la República-Ministerio de Defensa-Policía y Ejército Nacional- Ministerio del Interior, Departamento de Antioquia-Secretaría de Gobierno, Municipio de Chigorodó-Antioquia.

Proceso: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C, treinta y uno de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

1. Competencia.

De conformidad con lo previsto en los artículos 129 del Código Contencioso Administrativo y 61 de la Ley 1395 de 2010, corresponde a la Corporación conocer de los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos en primera instancia por los tribunales administrativos y a esta Sala pronunciarse sobre la alzada contra la providencia que rechazó la demanda, de conformidad con los artículos 181 y 146A del Código Contencioso Administrativo.

Ahora, de entrada, cabe recordar que el Código Contencioso Administrativo establece los requisitos que las demandas deben observar para que se proceda a su admisión, relacionados con el cumplimiento de los presupuestos encaminados a que la litis pueda resolverse de fondo, en el marco de las garantías procesales de las partes y de los terceros, sin afectar, en todo caso, el derecho de acceso a la justicia de quienes presentan a los jueces los litigios para obtener una solución, al igual que valores y principios constitucionales de mayor envergadura que la seguridad jurídica.

2. La caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de genocidio y el consecuente desplazamiento forzado.

El artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, dispone que la acción de reparación directa:

“…caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, la limitación temporal del derecho a acceder a la administración de justicia, fijada por el legislador se funda en el principio de seguridad jurídica, pues busca impedir los litigios permanezcan en el tiempo, sin ser definidos judicialmente(1):

“La caducidad de la acción es un fenómeno que tiene por objeto consolidar situaciones jurídicas, que de lo contrario permanecerían indeterminadas en el tiempo, creando con ello inseguridad jurídica, pues una vez configurada impide acudir ante la Jurisdicción para que sea definida por ella determinada controversia”.

Pero la seguridad jurídica no es todo, la Carta Política consagra postulados fundamentales del Estado social de derecho y principios de los que dependen la subsistencia del modelo institucional, por cuya virtud hay circunstancias que obligan a que el asunto de la caducidad se deje de lado para efectos de permitir al Estado responder ante las víctimas, conforme a los principios de verdad, justicia y reparación integral.

Al respecto es dable recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre las muertes violentas y sistemáticas de los integrantes de la Unión Patriótica para calificarlas como genocidio y así mismo como crímenes de lesa humanidad; sucedidos en el marco del conflicto armado que azota nuestro país, en algunos casos con la participación activa de miembros de la fuerza pública(2) y otros ante la inexplicable indiferencia institucional.

A su turno, la Corte Constitucional, con ocasión de la revisión del tratado de Roma, se refirió expresamente a la prescripción del delito de genocidio y, con miras a lograr armonía entre la legislación interna y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos —D.H. y Derecho Internacional Humanitario D.I.H.—(3), para el caso de la acción penal, puso de presente que la conducta bien podía activar la competencia de la Corte Penal Internacional —CPI—, al punto que está siempre podrá investigar y sancionar a los responsables.

Aunado a lo expuesto, en relación con la caducidad de la acción de reparación directa, esta Corporación tiene definido que la oportunidad para acudir a la justicia se debe contar desde que la víctima conoció del hecho dañoso o debía conocer. Esto con miras a dotar al periodo para acceder a la justicia de utilidad, de suerte que los afectados puedan, antes de emprender la vía judicial, valorar con suficiencia los elementos de la responsabilidad, entre estos el señalamiento con fines de imputación de la conducta dañina, de modo que la vinculación estatal al daño se acompase con la realidad. En vista de lo anterior la Sala ha señalado(4) que:

“(…) si bien la ley consagra un término de dos (2) años, contados desde el día siguiente al acaecimiento de la causa del daño por el cual se demanda indemnización, para intentar la acción de reparación directa, lo cierto es que el cómputo de dicho término no puede aplicarse de manera absoluta, dado que el numeral 8° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, debe entenderse de manera racional, en la medida en que no debe interpretarse en el sentido de que basta con la realización pura y simple del hecho causante del daño, sino que resulta necesario, dependiendo el caso en estudio, que ese hecho hubiere sido conocido por el afectado” —negrilla de la Sala—(5).

De este modo, cabe precisar que, en principio, se puede sostener que el término para interponer la acción de la referencia no concluyó antes de la presentación de la demanda, como lo señala el a quo; como quiera que se pretende la reparación de un daño, además de imprescriptible a la luz del bloque de constitucionalidad, de reciente conocimiento, pues si bien la muerte que se busca reparar ocurrió el 29 de junio de 1996, solo en el mes de mayo de 2011 las víctimas conocieron que su compañero, padre, hijo y hermano se encuentra entre quienes habrían sido asesinados, en razón de su militancia en la Unión Patriótica.

En este punto, se hace necesario resaltar que, en cuanto no corresponde a las víctimas de un delito adelantar la investigación correspondiente, resultaría poco acertado sostener que el plazo para presentar la demanda de reparación directa empezó a correr desde el momento en que los demandantes conocieron de la muerte del señor Bolívar Porras, toda vez que, para entonces, los mismos no contaban con elementos de juicio, sin negligencia de su parte, para impetrar el hecho al Estado, por ser ello resorte de la investigación a cargo de la Fiscalía. De donde ninguna consecuencia por la demora les cabría a los demandantes en cuanto a determinación de la autoría del homicidio para una vez conocida emprender la acción de reparación.

Por otro lado, en lo que tiene que ver con el desarraigo de la madre, otro de los hechos dañosos relacionados en la demanda, cabe recordar que la jurisprudencia de esta corporación ha reiterado que, cuando se pretende la reparación de los daños generados en el desplazamiento “(…) el término para intentar la acción, solo inicia su conteo a partir del momento en que se verifique la cesación de la conducta o hecho que dio lugar al mismo”(6). Se trata entonces de no desconocer los deberes de acudir a la justicia con prontitud, empero en el marco de las previsiones constitucionales, los compromisos internacionales adquiridos por el Estado y la realidad material.

Como se aprecia, se trata de tener presente, en todo caso, el respeto de los derechos humanos en el marco del Derecho Internacional Humanitario, sin dejar a un lado, la obligada diligencia de las víctimas. Razón por la cual procede la admisión de la demanda, “sin perjuicio de la facultad con que cuenta el juez para analizar, en el momento de decidir la controversia, el fenómeno de la caducidad de la acción, una vez se hayan allegado al expediente suficientes elementos de juicio que permitan determinar el preciso momento a partir del cual debió iniciarse el cómputo de caducidad para el ejercicio de la acción en el caso concreto”(7). Esto en aplicación del principio Pro Actione.

Y no solamente lo anterior, el principio Pro Homine ha llevado a la jurisprudencia a señalar que, en pro de la eficacia en el ordenamiento jurídico interno de los derechos previstos en los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, es necesario “contar con el ingrediente hermenéutico potencializador de los derechos fundamentales”(8). Principios estos que, la Sección Tercera ha aplicado permanentemente y que debe en este caso reiterar.

Lo anterior si se considera que los demandantes señalan que la confesión de algunos integrantes de grupos paramilitares les permitió conocer que el señor Bolívar Porras murió por pertenecer a la Unión Patriótica, lo que habría sido revelado en el mes de mayo del año 2011.

Perspectiva que lleva a la Sala a revocar la providencia impugnada, para, en su lugar, admitir la demanda de modo que las partes puedan resolver la controversia propuesta, sin perjuicio de que, si la caducidad llegare a ser demostrada dado, que, por ejemplo, no logra demostrarse que se trató de un genocidio y que la imputación, en cuanto se conocía, bien pudo hacerse con antelación, tendría que declararse.

Al respecto es dable señalar que se trata de privilegiar, en todo caso, el derecho de acceso a la justicia, respetando igualmente las disposiciones que dotan a las acciones judiciales de seguridad jurídica.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

R E S U E L V E

1. REVOCAR el auto proferido el 14 de noviembre de 2012, por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2. Por reunir los requisitos legales ADMITIR la demanda de acción de reparación directa instaurada por los señores Diana María Uribe, Liceth y Alber Antonio Bolívar Uribe, Flor Marina Porras Velosa, Liceth Bolívar Uribe, Olga del Socorro, Antonio José Bolívar Porras contra la Nación- Presidencia de la República-Ministerio de Defensa-Policía y Ejército Nacional- Ministerio del Interior, departamento de Antioquia-Secretaría de Gobierno, municipio de Chigorodó-Antioquia

3. NOTIFÍQUESE personalmente al representante legal de la Nación-Presidencia de la República-Ministerio de Defensa-Policía y Ejército Nacional-Ministerio del Interior, departamento de Antioquia-Secretaría de Gobierno, municipio de Chigorodó-Antioquia y al señor Agente del Ministerio Público.

4. SEÑALAR la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000) como gastos procesales, que deberán ser consignados por la parte demandante a nombre del Tribunal Administrativo de Administrativo de Antioquia.

5. FÍJESE el proceso en lista por el termino de diez (10) días como lo dispone el artículo 207 quinto del Código Contencioso Administrativo.

En firme este proveído DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase».

 

(1) Sic.

(2) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, Sentencia del 26 de mayo de 2010.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-578 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(4) Consejo de Estado, Cita textual de los autos de 12 de diciembre de 2007, Expediente. 33.582 y de septiembre 4 de 2008, Expediente 35.015.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, auto del 15 de diciembre de 2011, Expediente 40425, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 26 de 26 de Julio de 2011, Expediente 41037, C.P. Enrique Gil Botero.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto de 22 de marzo de 2007, Expediente 32935, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(8)Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 22 de enero de 2009, Rad. 68001-23-15-000-2007-00682-01, C.P. María Nohemí Hernández Pinzón.