Sentencia 2012-00921/2438-2014 de noviembre 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente:

Dr. Carmelo Perdomo Cuéter

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Exp.: 25000-23-42-000-2012-00921-01 (2438-2014)

Demandante: Gloria Alicia Páez Herrera

Demandado: Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores

Tema: Reliquidación de cesantías de funcionaria que prestó sus servicios en el exterior

Bogotá, D.C., treinta de noviembre dos mil diecisiete

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala.

5.1. Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo esta Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.

5.2. Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si, en los términos del recurso de apelación, se configuran las excepciones de caducidad de la acción y prescripción del derecho de la reliquidación de las cesantías de la actora (1983 a 2007). En caso contrario, si esto es viable.

5.3. Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca:

a) Escrito de la actora, de 29 de agosto de 2011, dirigido al director de talento humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que le solicita el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías a que tiene derecho, durante el tiempo laborado en el servicio exterior, con base en el salario realmente devengado (fl. 3).

b) Respuesta desfavorable a la anterior petición, por medio de oficio DTH 61113 de 12 de octubre de 2011, de la directora de talento humano (e.) del Ministerio de Relaciones Exteriores (fl. 4-7).

c) Planilla para la imposición de envíos de 472 Red Postal de Colombia, de 18 de octubre de 2011, en la que se relaciona la remisión del oficio antes descrito (fl. 61).

d) Certificado de la coordinadora de nómina y prestaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 5 de octubre de 2011, sobre tiempo de servicio, del 16 de septiembre de 1983 al 9 de febrero de 2007, y el monto del auxilio de cesantía reportado al Fondo Nacional del Ahorro durante los años 1192 a 2004 (fl. 8).

e) Formatos de liquidación de cesantías de la actora, con su respectiva notificación, correspondientes a los años 1983-1991 (fls. 1-9, cdno.2).

f) Extracto individual de cesantías, expedido por el Fondo Nacional de Ahorro el 19 de junio de 2013, en que figuran las anualidades 1999-2007 (fls. 152-156).

g) Estado de cuenta de un crédito hipotecario de la accionante, emitido por el Fondo Nacional de Ahorro, de 28 de junio de 2013 (fls. 166-168).

h) Oficio SGNPS-13-028675 de 19 de julio de 2013, del director de talento humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con destino al proceso, en el que informa que revisada la historia laboral de la actora “no se evidenció el acto administrativo y/o resolución por medio del cual se pagaron las cesantías definitivas de la demandante, con su respectiva constancia de notificación” (fls. 169-170).

De las pruebas que obran en el proceso, se infiere que la demandante prestó servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde el 16 de septiembre de 1983 hasta el 9 de febrero de 2007, en los siguientes cargos: agregado civil grado ocupacional 1 EX en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de México (1º de julio de 1992-2 de octubre de 1994); primer secretario grado ocupacional 3 EX en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Nicaragua (19 de febrero de 1996-28 de febrero de 1999); y cónsul general grado ocupacional 4 EX en el Consulado General de Colombia en Maracaibo (1º de noviembre de 2002-9 de febrero de 2007).

Durante todo este tiempo, tuvo derecho a que su empleador le reconociera, liquidara y pagara el auxilio de cesantía, que, según los formatos de los años 1983-1991, le fue notificado, pues en ellos aparece su firma como testimonio;(1) sin embargo, entre 1992 y 2007 solo existen documentos (extracto individual) del Fondo Nacional del Ahorro, sin notificación alguna, que revelan que el concerniente a las anualidades comprendidas entre 1999 y 2007 fue allí consignado (fls. 160-165). Del resto (1992-1998), en el expediente, no hay constancia alguna.

Pero, a causa de la declaración de inexequibilidad del artículo 57 del Decreto 10 de 1992(2) (sobre el pago de las prestaciones sociales del servicio exterior con la asignación del cargo equivalente en planta interna), mediante Sentencia C-535 de 24 de mayo de 2005 de la Corte Constitucional(3), la demandante solicitó del director de talento humano del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 29 de agosto de 2011 (fl. 3), la reliquidación de sus cesantías con el verdadero salario que ella había percibido en el ejercicio de sus distintos cargos.

Dicha petición fue contestada de manera negativa, mediante oficio DTH.61113 de 12 de octubre de 2011, que, en algunos de sus partes, se destaca lo siguiente:

(...) el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con lo preceptuado en los mencionados decretos, realizó la liquidación y pago oportuno del auxilio de cesantía que usted solicita sea re liquidado, con base en la asignación del cargo equivalente en el servicio interno para la época de vigencia del artículo 76 del Decreto 2016 de 1968, del artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992 y el artículo 66 del Decreto Ley 274 de 2000, como se anotó precedentemente, por ajustarse a la ley en vigor, cuando se causó.

(…)

En este sentido, consideramos importante enfatizar en dos aspectos claros: el primero, el Decreto 4414 de 2004 reguló las cesantías causadas a 31 de diciembre del año 2004, y en segundo lugar, esta norma estableció la vigencia de la misma a partir de la fecha de su publicación - Diario Oficial 45777 del 30 de diciembre de 2004, y en ningún caso se le dio efectos retroactivos a lo dispuesto dentro de la misma.

No obstante lo anterior, le informo que las cesantías correspondientes a los periodos que usted refiere en su solicitud, se remitieron por este Ministerio al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) para el trámite pertinente, de conformidad con lo establecido en el Decreto-Ley 3118 de 1968 y la Ley 48 de 1981 y el Decreto 1453 del 1998, respectivamente, de acuerdo con la normatividad aplicable para la época en que Se causaron, como se explicó anteriormente, entidad donde reposan los extractos correspondientes.

Así mismo, adjunto a la presente copia de la copia del formato del Fondo Nacional del Ahorro de Avance de Cesantía 054363 a su nombre, de fecha 21 de abril de 1989, donde se relacionan las cesantías reportadas por este Ministerio correspondientes a los años 1983 a 1988 y copia de la copia del formato del Fondo Nacional del Ahorro de Avance de Cesantía 141596 de fecha 25 de mayo de 1992, donde se relacionan las cesantías reportadas por este Ministerio correspondientes a los años 1983 a 1991 (folios 2).

De igual manera, adjunto copia de la copia de los extractos de cesantías con saldo a la fecha 91/06/20, página 704, donde se consignan los valores de las cesantías reportadas por este Ministerio al Fondo Nacional del Ahorro correspondiente a los años 1983 a 1990; extracto con saldo de fecha 98/03/30, donde constan las cesantías de los años 1978 a 1983; extracto con saldo de fecha 98/03/30, donde constan las cesantías de los años 1983 a 1997 y extracto con fecha 99/04/08, donde se relacionan las cesantías de los años 1983 a 1998 (folios 4).

En el mismo sentido, adjunto a la presente copia del formato del Fondo Nacional del Ahorro de Solicitud de Retiro Cesantías 0986833-1 a su nombre, que usted solicita sean re liquidadas. (folio 1).

(…)

En virtud de lo anterior, adjunto a la presente el Formato CNP. 2516 donde constan las cesantías pagadas durante el tiempo en que se desempeñó en el Ministerio en el servicio exterior. (folio 1) (sic para toda la cita).

Ante la respuesta desfavorable, la actora, por medio de apoderado, entabló el 21 de septiembre de 2012 la presente acción y el a quo declaró probadas las excepciones de caducidad de esta y prescripción del derecho, y se abstuvo de conocer el fondo del litigio.

Al respecto, el artículo 164, numeral 2, letra d), del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) establece que “Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (el) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales”, es decir, que trascurrido este plazo ocurre el fenómeno procesal de la caducidad porque se extingue, de manera objetiva, la posibilidad de formular una pretensión, y opera de pleno derecho.

Y como lo ha dicho, desde tiempo atrás, esta Corporación(4), “(...) el legislador invariablemente ha partido para el cómputo del término de caducidad de la acción contencioso subjetiva, de la fecha en la que el interesado tiene conocimiento del acto, bien por notificación, comunicación o publicación, y en defecto de éstas, de la ejecución, pues si el particular no es informado de él por la administración, es entonces cuando razonablemente se presume enterado de su existencia”.

En el presente asunto, como antes se anotó, a la actora solo le fueron notificadas las cesantías de los años 1983-1991 (fls. 1-9), puesto que las de las anualidades comprendidas entre 1992 y 2007 el Ministerio de Relaciones Exteriores las abonó a su cuenta individual del Fondo Nacional del Ahorro, sin notificárselas, tal como se deduce del acto acusado (oficio DTH.61113 de 12 de octubre de 2011[fls. 4-7])(5) y del extracto individual de cesantías, desde el 30 de septiembre de 1999 hasta el 6 de mayo de 2007 (fls. 160-165).

De acuerdo con el anterior extracto, la accionante el 26 de febrero de 2007, después de haberse desvinculado del Ministerio de Relaciones Exteriores (9 de febrero del mismo año), realizó un abono a crédito hipotecario por valor de $12.447.021, que había contraído con el Fondo Nacional del Ahorro ($61.685.434), según el estado de cuenta, de 28 de junio de 2013 (fls. 166-168), el 16 de diciembre de 2005, o sea, que luego de su retiro tenía conocimiento del monto de sus cesantías definitivas.

Como bien lo ha dicho la sección segunda de este Alto Tribunal(6), el auxilio de cesantía no es una prestación social periódica, no obstante su liquidación anual, Sino unitaria, que se materializa o consólida cuando finaliza la relación laboral, criterio que se ha reiterado en otros pronunciamientos: “La cesantía no es una prestación periódica a pesar de que su liquidación se haga anualmente; es prestación unitaria y cuando como en este caso se obtiene en forma definitiva por retiro del servicio, el acto que la reconoce pone fin a la situación si queda en firme. La cesantía debe pagarse al empleado al momento de su desvinculación laboral y excepcionalmente antes de esta, cuando se den las causales específicas de pago parcial. El acto de liquidación por tanto es demandable ante lo contencioso administrativo, observando las normas que en materia de caducidad de la acción señalan un término de 4 meses contados a partir del día de la publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso (inc. 2º. art.136 del C.C.A.)”.

En este orden de ideas, al haberse producido el retiro de la accionante, el 9 de febrero de 2007, el acto de liquidación de sus cesantías definitivas se le debió notificar para que pudiera conocer su contenido completo e interpusiera, si era del caso, los recursos de ley; sin embargo, conforme al material probatorio recaudado dicha notificación no se llevó a cabo. De ahí surge la cuestión para determinar desde qué momento se realiza el cómputo de los términos procesales, con el fin de establecer la caducidad de la acción y la prescripción del derecho.

Sobre el particular, de pretender la reliquidación de las cesantías a raíz de la inexequibilidad del mencionado artículo 57 del Decreto 10 de 1992, esta Sala(7), en un asunto similar al presente, dijo:

(…)

Dentro del proceso no aparece probada la respectiva notificación de cada acto administrativo que liquida la cesantía, simplemente, según se deduce, se le acredita cada año al demandante en su cuenta individual, el valor que le corresponde por dicho concepto (fls 170 y 171).

Es decir que, en principio, la parte demandante no estaba en la obligación de impugnar el acto de liquidación y giro de las cesantías, pues, no le notificaron cada decisión anual, es más, no aparece probado que cada año se le notificara el contenido del oficio que le giraba o transfería los dineros con destino al Fondo Nacional de Ahorro; en otros términos, la parte demandante, sustancialmente, no tuvo oportunidad para discutir el monto de sus cesantías.

Pero además, partiendo de la base de que el problema jurídico que se presenta aquí corresponde a la forma de liquidación de las cesantías en donde la entidad lo hizo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 del Decreto 10 de 1992,(8) que ordena “las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio, exterior, a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las asignaciones equivalentes en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores”, norma que, como ya se indicó, fue declarada inexequible mediante Sentencia C-535 de 2005.

Conforme a lo antes indicado se precisa que existía un obstáculo de orden legal que no permitía liquidar las prestaciones de los empleados del servicio exterior, con base en lo que devengaban sino sólo de acuerdo con los valores equivalentes a los de la planta interna, de manera que se puede decir, como ya lo ha precisado esta Sala, que el derecho a devengar la cesantía liquidada con base en lo devengado en el servicio exterior, sólo surgió, con certeza, a partir de la expedición de las sentencia referida, pues antes, es evidente que la entidad pública se abstenía de liquidarla.

A partir de la remoción del obstáculo normativo cuya Sentencia fue proferida el 24 de mayo de 2005, el demandante estaba legitimado para pedir el reconocimiento de su derecho, por ende, no es procedente declarar la ineptitud sustantiva de la demanda, conforme lo pidió la entidad recurrente en el recurso de alzada.

(…)

De lo que precede se colige que la actora, desde el 24 de mayo de 2005, Podía hacer la reclamación que considerara pertinente; pero la cual solo la formuló ante la entidad accionada el 29 de agosto de 2011, después de haber trascurrido más de cuatro años de su desvinculación laboral; y con su retiro sus cesantías anualizadas se tornaron definitivas, y, por lo tanto, sujetas al fenómeno de la prescripción, por la que el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el solo correr del tiempo, de conformidad con las características o exigencias propias de cada disposición legal.

En tal virtud, el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 prevé el fenómeno de la prescripción del derecho laboral, en los siguientes términos:

Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.

Asimismo, el Decreto 1848 de 1969, reglamentario del anterior, en el artículo 102 preceptúa:

Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.

Por lo visto, el término prescriptivo ha de contabilizarse a partir del momento en que el derecho se hace exigible, de lo cual se puede colegir que respecto de la liquidación de las cesantías, aquel debe contarse desde la notificación de su acto liquidatorio durante la vinculación laboral; sin embargo, si la Administración omitió su debida notificación, dicho fenómeno no será oponible al interesado, en la medida en que no tuvo la oportunidad de conocer el monto de sus cesantías y controvertirlo.

De ahí que “resulta oportuno precisar que comoquiera que las cesantías se causan de manera anual e igual suerte corre su exigibilidad, siempre que los respectivos actos administrativos de liquidación sean notificados al trabajador durante su vinculación laboral, en caso de que estos no se hayan dado a conocer al interesado tampoco hay cabida para la prescripción trienal, empero si el servidor con motivo del retiro de sus cesantías (con ocasión de la desvinculación del servicio) se entera del valor de estas, desde ahí habrá de contabilizarse el término prescriptivo, puesto que es la oportunidad a partir de la cual podrá reclamar su reajuste(9)”.

Al hilo de lo anterior, ha de recordarse que esta Sección, en Sentencia de 4 de agosto de 2010(10), al decidir sobre el canteo del término de prescripción cuando surge un hecho nuevo producto de una decisión judicial anulatoria, dijo:

(...) Tanto la doctrina como la jurisprudencia han precisado que la cesantía, es una prestación social que no es periódica, sino que se causa por períodos determinados, lo que implica que el derecho a percibirla se agote al concluir el ciclo que la origina y que obliga a la administración a reconocerla y pagarla, emitiendo para ello un acto administrativo cuya legalidad puede controvertirse, previo agotamiento de la vía gubernativa, si a ello hubiere lugar, dentro de los cuatro meses siguientes a su notificación, so pena de que se produzca la caducidad de la acción al tenor de lo dispuesto en el artículo 134 [136] del Código Contencioso Administrativo En ese orden de ideas, en principio no es factible que con una petición posterior se pueda solicitar a la administración la revisión del valor reconocido por dicho concepto.

Este criterio, sin embargo, no puede aplicarse de manera general y sin tener en cuenta el contexto en el cual se origina la nueva petición, pues tal y como ocurre en este evento, cuando se ha expedido un acto administrativo anual de liquidación que no fue controvertido ni en sede gubernativa ni judicial, puede asumirse que esta ausencia de controversia obedeció a la seguridad que el beneficiario tenia de que su derecho había sido bien liquidado. Pero si ejecutoriado este acto surge en beneficio del administrado una expectativa legítima de incremento porcentual en la base liquidatoria de su cesantía anual, es decir, un hecho nuevo producto de decisiones judiciales de anulación de norma, que resulta aplicable a su situación y lo faculta para solicitar a la administración la respectiva reliquidación (negrillas fuera de texto).

(…)

Acorde con lo dicho, la reliquidación de las cesantías de la accionante de los años 1983 a 2004, como consecuencia de la Sentencia de la Corte Constitucional C-535 de 24 de mayo de 2005, que declaró la inexequibilidad del artículo 57 del Decreto 10 de 1992, debió haber sido propuesta a la Administración dentro de los tres años siguientes a este fallo; pero solo se hizo el 29 de agosto de 2011 cuando el derecho ya había prescrito, y, con mucha más vera, con la presentación de la demanda, el 21 de septiembre de 2012. En este mismo sentido, también se hubiera podido formular la reliquidación concerniente a los años 2005-2007.

Sobre esto último, aunque en el proceso no aparece probada la notificación de las cesantías definitivas (después de la desvinculación de la actora del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 9 de febrero de 2007), sin que se le hubiere dado la oportunidad de impugnar la liquidación respectiva, se infiere de la lectura del extracto individual de sus cesantías definitivas que ella se enteró del monto, pues efectuó el 26 de los mismos mes y año un abono a su crédito hipotecario por valor de $12.447.021 (fl. 164), o sea, que esto indica de manera palmaria e inequívoca que convino en ella.

Una vez enterada de ello, la actora debió presentar, dentro de los tres años siguientes, a partir del 26 de Febrero de 2007, la respectiva reclamación ante la Administración y luego, si era del caso, acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, pero no hacerlo el 29 de agosto de 2011 cuando su derecho ya había prescrito, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968.

Por otra parte, en lo que hace a la caducidad de la acción, el acto administrativo acusado (oficio DHT 61113 de 12 de octubre de 2011), por el que la entidad demandada respondió la petición de la actora, de 29 de agosto del mismo año, que le fue enviado a esta por correo 472 La Red Postal de Colombia, el 18 de octubre siguiente (fl. 61); por ello, cuando la accionante presentó la solicitud de conciliación extrajudicial de la Procuraduría General de la Nación, el 9 de mayo de 2012, ya se habían superado los cuatro (4) meses para instaurar la demanda, conforme al artículo 164, numeral 2, letra d), del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según constancia expedida por la procuraduría 129 judicial II para asuntos administrativos, el 27 de junio de esa anualidad (fl. 9); sin embargo, se incoó la demanda, el 21 de septiembre ulterior, sin tener en cuenta lo anterior, y, por lo tanto, le asiste al a quo razón jurídica de declarar probada la caducidad. En consecuencia, se confimará la sentencia de primera instancia en el sentido de declarar probadas las excepciones de prescripción del derecho y caducidad de la acción.

En atención a que quien se halla habilitado legalmente para ello, confirió poder en nombre de la entidad demandada Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores se reconocerá personería a la profesional del derecho destinataria de este.

Por último, la doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, al haber intervenido como magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección A) en la Sala de decisión de la sentencia objeto del recurso de apelación que se resuelve mediante la presente providencia, conforme al artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el 141 del Código General del Proceso, se encuentra impedida para conocer la controversia en segunda instancia.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, estima la Sala que ha de confirmarse la sentencia de primera instancia, como antes se señaló.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmase la Sentencia proferida el 11 de diciembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección A), que declaró probadas las excepciones de prescripción del derecho y caducidad de la acción de la demanda incoada por la señora Gloria Alicia Páez Herrera contra la Nación -Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

2. Reconócese personería a la abogada Paola Andrea Cerón Guerrero, con cédula de ciudadanía 52.410.832 y tarjeta profesional de abogado 173.799 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores, en los términos del poder que obra en fl. 269 del expediente.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase».

1. Folios 1-9, cdno. 2

2. Decreto 10 de 1992, artículo 57. “Las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

3. Corte Constitucional, Sentencia C-535 de 24 de mayo de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. “(...) Para la Corte, como se ha visto, ese tratamiento [diferenciado] no está justificado pues implica un desconocimiento del mandato de igualdad en la formulación del derecho y del principio de primacía de la realidad en las relaciones laborales, principios de acuerdo con los cuales la pensión de jubilación y las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no le corresponde. Esta concepción, desde luego, no se opone a que, frente a prestaciones como la pensión de jubilación, la cotización y liquidación se realice respetando los límites máximos- impuestos por la ley pues el respeto de tales límites asegura el equilibrio financiero del sistema de seguridad social en pensiones”.

4. Consejo de Estado, Sala plena de lo contencioso-administrativo, Sentencia de 21 de noviembre de 1991, consejera ponente: Dolly Pedraza de Arenas, expediente: S-122, actor: litigo Posada Granados, demandado: Antonio de Irisarri Restrepo.

5. “De igual manera, adjunto copia de la copia de los extractos de cesantías, con saldo a la fecha 91/06/20, página (sic) 704, donde se consignan los valores de las cesantías reportadas por este Ministerio al Fondo Nacional del Ahorro correspondiente a los años 1983 a 1990; extracto con saldo de fecha 98/03/30, donde constan las cesantías de los años 1978 a 1983; extracto con saldo de fecha 98/03/30, donde constan las cesantías de los años 1983 a 1997 y extracto con fecha 99/04/08, donde se relacionan las cesantías de los ataos 1983 a 1998. (folios 4)”.

6. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, Auto de 18 de abril de 1995, expediente 11.043, consejera ponente: Clara Forero de Castro, actor: Luis Aníbal Villada.

7. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, Sentencia de 4 de noviembre de 2010, expediente 25000-23-25-000-2005-08742-01 (1496-09), actor: Fabio Emel Pedraza Pérez, demandado: Ministerio de Relaciones Exteriores.

8. El Decreto 1181 de 1999 y Decreto 274 de 2000, precisaban que la liquidación de las prestaciones sociales se haría en términos similares.

9. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, Auto de 5 de octubre de 2017, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, expediente: 25000-23-42-000-2012-00864 01 (2795-2013), actora: Martha Lafaurie de Arévalo, demandado: Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores.

10. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, Sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente: 25000-23-25-000-2005-05159-01 (0230-08), actora: Rosmira Villescas Sánchez, demandado: Fiscalía General de la Nación.