Sentencia 2012-00952 de mayo 18 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-02-03-000-2012-00952-00

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

Discutido y aprobado en sesión de dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012).

Bogotá, D.C., dieciocho de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un instrumento protector de los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades públicas y, en determinadas hipótesis, de los particulares, sin que se erija en vía idónea para suplir, sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.

Por lineamiento jurisprudencial, en tratándose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando “el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley” (sent. de mayo 11/2001, Exp. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.

2. El expediente remitido, en lo pertinente informa:

Que mediante demanda presentada el 8 de junio de 2011, se impetró la nulidad de las decisiones tomadas por la asamblea general de propietarios del edificio Iscala Country PH, en las reuniones realizadas el 18 de febrero y 2 de marzo de 2011, libelo que después de ser rechazado por el despacho judicial municipal al que se dirigió, advirtiendo falta de competencia, correspondió por reparto al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá.

Esta última autoridad, luego de inadmitir la demanda, con auto de 4 de agosto de 2011, la rechazó “de plano”, porque consideró que la acción se encontraba caducada de acuerdo a lo previsto en el artículo 421 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto esa norma prevé que la demanda de impugnación de actas solo puede proponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha del acto respectivo.

Interpuestos los recursos de reposición y apelación frente al precitado auto, se mantuvo el rechazo de la demanda.

El tribunal accionado en su proveído de 6 de marzo de 2012 confirmó la decisión del a quo. En primer lugar, consideró que conforme a los artículos 49 de la Ley 675 de 2001, 198 del Código de Comercio y 421 del Código de Procedimiento Civil “la impugnación de los actos de asamblea no es posible promoverla en cualquier tiempo, sino que existe un plazo perentorio para intentar la acción, un plazo de caducidad”; y en segundo lugar, después de transcribir el artículo 47 de la precitada ley, concluyó, que para la fecha en que se presentó la demanda “ya el bimestre se había superado ampliamente” teniendo en cuenta que las reuniones de asamblea fueron celebradas el 18 de febrero y el 2 de marzo de 2011, según el dicho de la demandante, por lo que “el plazo para su publicación venció el 18 de marzo y el 31 de marzo de 2011, respectivamente”.

3. Puestas de esa manera las cosas, la Sala advierte que la magistrada sustanciadora, quien decidió la alzada, dedujo una consecuencia adversa para el demandante no prevista en el artículo 47 de la Ley 675 de 2001, cuyo inciso final tuvo como presupuesto para contabilizar el término de caducidad de dos meses establecido en el artículo 49 ibídem.

En efecto, al tenor del referido artículo 47 el término de “veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha de la reunión”, está concebido para que el administrador de la copropiedad se sirva poner “a disposición de los propietarios del edificio o conjunto, copia completa del texto del acta en el lugar determinado como sede de la administración, e informar tal situación a cada uno de los propietarios”, pero de allí no es posible deducir, como equivocadamente se entendió, que al vencimiento de ese término indefectiblemente empezaría a contabilizar el plazo de caducidad, puesto que una cosa es el vencimiento del término para publicitar o comunicar las decisiones cuya nulidad se pretende y otra bien distinta la notificación propiamente dicha a los destinatarios de las mismas.

Luego, si en la demanda no se indicó el momento en que fueron publicitadas las actas materia de impugnación y en la sustentación de los recursos interpuestos el apoderado de la parte demandante manifestó que “ni de la demanda ni de sus anexos se desprende que se haya dado cumplimiento al proceso de publicación y comunicación de las actas de que trata el artículo 47 de la misma Ley 675, para que empiece a correr el término que los propietarios tienen para la impugnación como lo prescribe el artículo 49 ibídem” (fl. 5 cdno. tribunal), se concluye que los operadores judiciales se apartaron de la realidad procesal y dispensaron a las preceptivas en comento un entendimiento que no se acompasa con sus designios.

De cualquier manera, la exégesis del tribunal accionado resulta desafortunada, toda vez que parte de la suposición de que al vencimiento del término de los veinte (20) días previsto en la parte final del aludido artículo 47, se encontraba cumplido el requisito de notificación, cuando bien puede suceder que al cabo de ese lapso el administrador no haya comunicado a los propietarios del edificio o conjunto sobre las decisiones de la asamblea.

Así las cosas, las determinaciones de los jueces del proceso, encauzadas a rechazar la demanda presentada por la accionante, no encuentran apoyo en lo que sobre el particular consagra el ordenamiento jurídico, razón por la cual se impone la intervención del juez constitucional, en orden a poner a salvo los derechos esenciales infringidos.

4. En esas condiciones, se dejará sin valor ni efecto el auto de 6 de marzo de 2012, y, en su lugar, se ordenará a la magistrada sustanciadora accionada volver sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en dicho rito y adoptar la decisión que en derecho corresponda tomando en consideración las motivaciones plasmadas en la presente providencia.

Decisión

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo solicitado.

En consecuencia, para salvaguardar los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la ciudadana María Carmiña González González, se deja sin valor ni efecto el auto de 6 de marzo de 2012 y, en su lugar, se ordena al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, magistrada Ruth Elena Galvis Vergara, dentro del término de cinco (5) días, contado a partir de la notificación del presente fallo, desatar nuevamente el recurso de apelación formulado contra el auto de 4 de agosto de 2011, atendiendo las precedentes motivaciones.

La autoridad accionada deberá enterar a esta corporación sobre su cumplimiento, a más tardar dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento de aquel.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados, remítaseles copia de esta providencia y si la decisión no es impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Por Secretaría devuélvase el expediente adjunto a la oficina de origen».