Sentencia 2012-01002/12077-29 de enero 25 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110011102000201201002 01 (12077-29)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según Acta de Sala Nº 6

Bogotá D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017)

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Conforme a las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política de Colombia; 112 numeral 4º y parágrafo 1º de la Ley 270 de 1996, y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión proferida en primera instancia por las Salas homólogas de los Consejos Seccionales.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: “(i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 2 de 2015,: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la Calidad del investigado.

Mediante certificación expedida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados, se estableció que el doctor Juan Camilo Martínez Turmequé se identifica con la cédula de ciudadanía número 80.721.724 y porta la tarjeta profesional número 150.417, vigente para la época de los hechos. (Folio 7 c.o 1ra instancia).

3. Del Caso en Concreto.

El señor Freddy Suárez Luna presentó escrito de queja el 28 de febrero de 2012 en la cual sostuvo que entre él y el abogado Juan Camilo Martínez Turmequé suscribieron un contrato de prestación de servicios el 26 de mayo de 2011, con el objetivo de que lo asesorara en la elaboración de contratos estatales con los municipios que desearan contratar obras civiles, con los recursos del Fondo Nacional de Calamidades, Colombia Humanitaria y otro tipo de contratos. Sin embargo según sostuvo el quejoso la asesoría no fue suficiente. Al aceptar una condición interpuesta por el señor Luis José Álvarez de crear una Unión Temporal llamada Ingeniería Vital, siendo lo mejor para el quejoso que solo los contratos los firmara la Sociedad Zeta Perforaciones e Ingeniería Ltda., pues de los siete contratos firmados solo los de la Uvita —Boyacá y Orito— Putumayo intervino positivamente el abogado Martínez Turmequé.

Señaló el quejoso que el abogado lo aconsejó para que aceptara que las ganancias contractuales quedaran 50% para Luis José Álvarez Gómez y 50% para él como abogado, además por insinuación del togado para poder desarrollar los contratos le entregó a Luis José Álvarez Gómez $ 70.000.000 por una parte y $ 27.000.000 por otra, a raíz de lo cual terminó su relación contractual con el señor Álvarez Gómez.

Igualmente sostuvo que el abogado Juan Camilo Martínez Turmequé trabajó 4 meses para ellos (la empresa) y les solicitó $ 3.000.000 como abono a sus utilidades y luego el abogado no volvió, enterándose que el togado Martínez Turmequé estaba trabajando con su ex socio Luis José Álvarez Gómez y además lo representó en diligencias judiciales adelantadas en su contra. (Folio 5-11 c.o 1era instancia).

4. De la Apelación.

El Disciplinado presentó escrito de apelación en término el 16 de diciembre de 2015, habiéndose notificado personalmente el 11 del mismo mes y año, razón por lo cual esta Sala procede a resolver los puntos esgrimidos en el recurso de alzada.

Esta Sala procede a resolverlo resaltando que el 26 de mayo de 2011 el abogado investigado firmó contrato de prestación de servicios profesionales con el quejoso, lo que prueba la relación laboral existente entre ellos, por lo tanto el togado debía prestar asesoría jurídica en asuntos de contratación estatal tendiente a materializar contratos donde desearan ejecutar obras civiles con recursos del Fondo Nacional de Calamidades, subcuenta Colombia Humanitaria y una serie de contratos señalados a folio 5 del cuaderno original de primera instancia, creando así obligaciones por parte del togado. Concluyendo entonces que el doctor Martínez Turmequé ostentaba la calidad de asesor jurídico del señor Suárez Luna, igualmente en el plenario está demostrado que entre el señor Luis José Álvarez Gómez y el quejoso surgió una relación societaria y una vez se dio por terminada se presentaron conflictos litigiosos entre ellos, por lo mismo fueron convocados a una audiencia de conciliación ante la Personería de Bogotá el 2 de marzo de 2012, donde el doctor Juan Camilo Martínez Turmequé, asistió en calidad de apoderado del señor Luis José Álvarez Gómez, es por eso que no puede alegar que no existió una falta a sus deberes profesionales como abogado, representando intereses contrapuestos, lo que tipifica su conducta disciplinaria.

Además el apelante no allegó prueba alguna que lo vinculara como socio del señor Freddy Suárez Luna y del señor Luis José Álvarez Gómez y aun si así lo hubiera hecho no justificaba su actuar doloso, ya que al asesorar o patrocinar sucesivamente a quienes tengan intereses contrapuestos tipifica la conducta plasmada en el literal e) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007.

Resulta importante para esta Colegiatura indicar que los profesionales del derecho al momento de asumir obligaciones con su contratante entre esos velar por sus intereses, como ocurrió en el presente caso, donde no solo se comprometió a asesorarlo en sus contratos sino que recibía remuneración por sus servicios, fue desleal en el momento que asistió a su socio el cual se convirtió en su contraparte.

Ahora bien, en cuanto al acta obrante a folio 64 del cuaderno original de primera instancia que el abogado investigado anexó como prueba, no lo justifica ni lo excluye de responsabilidad al haber sido desleal al representar intereses contrapuestos.

De tal forma se denota que el togado Juan Camilo Martínez Turmequé recibía honorarios por parte del quejoso con el fin de asesorarlo en los contratos que le fueran asignados con los diferentes municipios, entonces resulta reprochable que el mismo togado asistiera al socio del quejoso en audiencia de interrogatorio de parte como prueba anticipada dentro del proceso Nº 2012-0137 promovido por el señor quejoso en contra de Luis José Álvarez Gómez, ya que existía intereses contrapuestos.

Esta Colegiatura señala que en el expediente no existe prueba alguna que el doctor Juan Camilo Martínez Turmequé haya sido acogido como socio por parte del señor Suárez Luna y el señor Álvarez Gómez por lo que se cae de su propio peso dicho sustento del apelante y por lo tanto no es de recibo para esta Sala.

De tal forma, se colige en este caso que el profesional del derecho acusado vulneró el deber señalado en el artículo 28 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, ya que no fue leal en sus relaciones profesionales, razón por la cual esta Colegiatura despachara desfavorablemente los elementos defensivos manifestado por el profesional del derecho investigado.

Por lo anterior, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia del 12 de noviembre de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en la cual sancionó con CENSURA al abogado Juan Camilo Martínez Turmequé, por haber incurrido en la falta descrita en el literal e) del artículo 34 de la de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia del 12 de noviembre de 2016, proferida por la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en la cual se sancionó con CENSURA al abogado Juan Camilo Martínez Turmequé, por haber incurrido en la falta descrita en el literal e) artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la Oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUÉLVASE al Seccional de origen, para que notifique a los intervinientes de la presente decisión de conformidad a lo establecido en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, asimismo el Magistrado Sustanciador tendrá las facultades de comisionar cuando sea requerido para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo lugar, cumpla con lo dispuesto por la Sala y los demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».