Sentencia 2012-01045 de junio 8 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 1100102030002012-01045-00

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D. C., ocho de junio de dos mil doce (discutido y aprobado en Sala de 6 de junio de 2012).

EXTRACTOS: «Consideraciones.

1. Es pertinente recordar, en primer término, que la acción de tutela es un mecanismo procesal establecido por la Constitución Política de 1991, para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, precisándose que no puede constituirse en una vía sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma Carta y el ordenamiento jurídico, en general, consagran para la salvaguarda de la mencionada clase de prerrogativas.

Reiteradamente se ha señalado que, en línea de principio, la acción de tutela no procede contra actuaciones o providencias judiciales, pues estas no pueden ser modificadas o sustituidas por un juez ajeno al competente para conocer del proceso, criterio derivado de la naturaleza de la función pública de administrar justicia ya que, conforme a los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, se trata de una atribución que se cumple en forma independiente, desconcentrada y autónoma, en cuanto solo está sometida al imperio del ordenamiento jurídico aplicable, con lo que se busca proteger y garantizar la seguridad jurídica.

No obstante, si se advierte un proceder del funcionario judicial alejado de lo razonable, fruto exclusivo de su ánimo subjetivo, o sin sustento suficiente en el ordenamiento aplicable, es pertinente que el juez constitucional actúe, con el propósito de conjurar el agravio que con la actuación censurada se haya podido causar a las partes o intervinientes en el proceso.

2. Del examen realizado al expediente se concluye que la demanda de protección constitucional promovida por la jefe de la oficina de asesoría jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social contra la Notaría Primera del Círculo de Cartagena, debe prosperar en cuanto que efectivamente esa autoridad judicial incurrió en un proceder que vulnera los derechos fundamentales reclamados por la promotora del amparo constitucional materia de estudio.

En efecto, de los documentos aportados al proceso de tutela se evidencia que ciertamente el señor árbitro único, doctor Virgilio José Escamilla Arrieta, tras declarar el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena infundado el recurso de anulación interpuesto por la Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral de la Zona Sur Oriental de Cartagena Ltda., Coosalud E.S.S., y Consultorías y Asesorías para el Desarrollo Social, Consuasesores Ltda., integrantes de la Unión Temporal C&C, retiró del centro de arbitraje, conciliación y amigable composición de la cámara de comercio de dicha capital, el proceso arbitral que la accionante instauró contra la parte recurrente, con el propósito de protocolizarlo (cfr. D. 1818/98, art. 15, inc. 1º), actividad que llevó a cabo en la Notaría Primera del Círculo de Cartagena a través de la escritura pública 0287 de 7 de febrero de 2011.

De manera que si el aludido proceso arbitral terminó y el recurso extraordinario interpuesto por la parte convocada fue desestimado por la autoridad competente, cuestión que comportó, se reitera, que el respectivo expediente se protocolizara o archivara en la citada notaría a través de la mencionada escritura pública, surge ostensible que esta oficina es la encargada de compulsar las copias que los interesados demanden, porque allí reposa el original de la mencionada actuación arbitral, de manera que, ante esa inocultable realidad, como es obvio y natural, ni el señor arbitro, ni la Cámara de Comercio de Cartagena, tampoco el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, tienen la posibilidad de cumplir con esa especifica labor.

No soslaya la Corte que en la actividad de las notarías debe tenerse en cuenta lo previsto por el Decreto 960 de 1970 (estatuto del notariado), en particular lo establecido por los artículos 56 y 80. Sin embargo, cumple advertir que ante circunstancias del indicado temperamento se impone para tales organismos el deber de armonizar esa puntual actividad con lo previsto por el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, dado que es evidente la imposibilidad para que otra autoridad u organismo lleve a cabo la citada reproducción mecánica.

Por supuesto que la gestión que en esa particular materia se impone ejecutar por la Notaría Primera del Círculo de Cartagena debe estar guiada por todos los parámetros previstos en las normas que rigen la función notarial y a lo que en aquella singular temática contempla el estatuto procesal civil, tanto más si se está ante el evento de "pérdida" o "destrucción" de las copias que con mérito ejecutivo otrora fueron compulsadas, dado que de estar la situación sometida a consideración ante esa hipótesis el legislador también prevé de manera especifica el procedimiento que debe agotarse.

3. Se impone, entonces, para poner a salvo los derechos fundamentales del demandante, dar viabilidad a la protección constitucional por él solicitada, únicamente en relación con la Notaría Primera del Círculo de Cartagena, puesto que, de acuerdo con lo expuesto, se debe denegar la protección incoada respecto de los otros acusados.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Cesación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONCEDE la protección incoada por la jefe de la oficina de asesoría jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a través de la acción de tutela arriba referenciada, en cuanto a la negativa adoptada por la Notaría Primera del Círculo de Cartagena respecto de la solicitud de compulsar las copias solicitadas por el accionante.

ORDENA, en consecuencia, a la doctora Piedad Román de Rojas, notaria primera del círculo de Cartagena que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir del momento en que la parte interesada formalice la pertinente petición, de acuerdo con las normas legales aplicables, examine y resuelva en forma integral la temática relacionada con las copias solicitadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

DENEGAR la protección constitucional respecto de los demás acusados.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo».