Sentencia 2012-01083 de junio 7 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-02-03-000-2012-01083-00

Magistrado Ponente

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Discutido y aprobado en sesión de seis de junio de dos mil doce.

Bogotá, D.C., siete de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. De manera invariable la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que, por regla general, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilación de sus conflictos a la jurisdicción.

Una de esas causales se configura cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario desconoce el acervo probatorio que obra en el proceso, o toma una decisión sin que existan los elementos de juicio suficientes, con lo que termina dictando un fallo inicuo que vulnera los derechos fundamentales.

2. En el caso que se analiza, se puede advertir a simple vista que la sentencia acusada desconoció las normas de estirpe probatoria que regulaban la situación, por cuanto otorgó a unas copias informales un valor del cual estaban desprovistas.

En efecto, cuando el demandante pretenda hacer valer dentro del proceso documentos que se encuentran en su poder —sean públicos o privados—, deberá acompañarlos con la demanda o en las demás oportunidades señaladas en la ley.

Esos documentos, preceptúa el artículo 253 del ordenamiento procesal, “se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento”.

Mas, la aducción de copias no puede realizarse de cualquier modo, pues tratándose de reproducciones mecánicas, la ley procesal sujetó su aportación a los requisitos taxativamente señalados en el artículo 254.

En estrecha relación con lo que establece esa norma, el artículo 268, en cuanto al mérito probatorio de los documentos privados, preceptúa que “las partes deberán aportar el original de los documentos privados, cuando estuvieren en su poder”, pero al mismo tiempo consagró las excepciones que autorizan aportar en copia los que hayan sido protocolizados; los que formen parte de otro proceso del que no puedan ser desglosados, siempre que la copia se expida por orden del juez; y aquellos cuyo original no se encuentre en poder de quien los aporta. En este último caso, para que la copia preste mérito probatorio será necesario que su autenticidad haya sido certificada por notario o secretario de oficina judicial, o que haya sido reconocida expresamente por la parte contraria o demostrada mediante cotejo.

A partir de la interpretación de esas normas, resulta incuestionable que, como regla general, los documentos privados han de presentarse en original, salvo las excepciones que consagra el preanotado artículo 268, y, a falta de estos, se pueden aportar copias de los mismos siempre y cuando cumplan con las formalidades que se acaban de trascribir.

De ello se deduce, necesariamente, que las copias simples o informales carecen en nuestro ordenamiento procesal de todo valor probatorio.

La anterior posición ha sido asumida de manera reiterada por la jurisprudencia de esta Corte, sin que exista razón alguna para modificar ese criterio, pues la legislación al respecto no ha introducido ninguna variación.

De hecho, frente a la opinión de algún sector de la doctrina que se inclina por afirmar que la Ley 1395 de 2010 suprimió la obligación de aportar los documentos originales o, en su defecto, las copias autenticadas de los mismos, dándole el mismo valor a las copias simples, conviene realizar las siguientes precisiones.

El artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el inciso 4º del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, se refiere a la presunción de autenticidad que poseen los documentos privados emanados de las partes, y que son presentados en original o en copia para fines probatorios. Es decir que la ley presume auténticos tanto los documentos suscritos por la parte que los aporta, como los creados por la parte contra quien se aducen, respecto de los cuales no exige presentación personal ni autenticación.

La anterior norma no presenta ningún problema cuando la presunción de autenticidad se predica de los documentos que se presentan en original o en copias que cumplan los requisitos señalados por el artículo 268 de la ley procesal. Pero cuando se trata de un documento que se aporta en copia simple o informal, esa presunción no puede admitirse, pues ello equivaldría tanto como a dejar a la contraparte sin derecho a ejercer su defensa.

En efecto, la presunción de autenticidad contemplada en la referida disposición es una presunción legal, y como tal admite prueba en contrario. Luego, la parte contra quien se opone el documento ha de tener la posibilidad de desconocerlo en la forma prevista en el artículo 275 de la ley procesal, es decir mediante tacha de falsedad, la cual se formula y tramita en la forma y términos señalados en los artículos 289 y 290 del mismo ordenamiento.

En ese orden, si para la demostración de la autenticidad del documento se requiere del cotejo pericial de la firma o del manuscrito, o de un dictamen sobre las posibles adulteraciones, resultaría imposible a los expertos determinar el hecho que se quiere probar únicamente con la reproduc-ción mecánica o fotostática, dado que, por lo general, ese tipo de documentos no es susceptible de ser analizado como sí lo es el original. De hecho, sobre unas copias simples no es posible examinar elementos como la identidad de la firma, la presión ejercida sobre el papel, el calibre y contorno de los trazos, entre otros, necesarios para determinar la verdadera autoría del instrumento.

A partir de esas consideraciones se colige que la presunción de autenticidad de las copias simples que señala el inciso 4º del artículo 252, modificado por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, sólo es aplicable si se trata de documentos que se aportan en original o en copias que cumplan con los requisitos señalados en los artículos 254 y 268 del estatuto adjetivo.

De manera que el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010 no equiparó el valor de las copias simples al del documento original, ni derogó las exigencias contempladas en los artículos 254 y 268 del ordenamiento procesal; por lo que no tiene ningún sentido afirmar algo distinto, pues si el legislador así lo hubiera querido, le habría bastado con eliminar del ordenamiento procesal las normas que imponen los aludidos requisitos o, simplemente, habría preceptuado que las copias informales tienen para todos los efectos legales el mismo valor que el original, lo que, evidentemente, no ha hecho.

De todo lo expuesto se concluye que las copias simples o informales carecen de todo valor probatorio, como lo ha venido sosteniendo esta corporación en pretéritas decisiones; por lo que dictar una sentencia con fundamento en esa especie de documentos constituye, evidentemente, una violación al debido proceso.

3. En el caso sub judice, la sentencia dictada por el tribunal concluyó que hubo responsabilidad del demandado en la comisión del accidente, y para arribar a esa decisión tuvo en cuenta no solo las copias simples que son materia de censura por esta vía, sino otras pruebas como la declaración de un testigo [fl. 42] y la confesión ficta de los hechos anunciados en el interrogatorio de parte por inasistencia al mismo del demandado.

No obstante, si bien ningún reproche puede hacerse a la valoración conjunta que se realizó de las pruebas para establecer la atribución de responsabilidad, no ocurre lo mismo respecto de la demostración de los perjuicios sufridos por el demandante, los cuales se sustentaron, de modo exclusivo, en los documentos informales que carecen de todo valor probatorio.

En efecto, “las lesiones padecidas por Escenover —expresó el tribunal— son un hecho que aparece pacífico en el juicio y sobre el cual no cabe objeción puesta la vista en el dictamen dado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima, que en todo acompasa con la historia clínica de este expedida por el Instituto de Traumatología y Cirugía Plástica” [fl. 47].

Esas pruebas, sin lugar a dudas, carecen de todo valor probatorio por haber sido aportadas en copias informales. Como también carecen de valor los documentos que se tuvieron en cuenta para la tasación de los perjuicios, por esa misma razón.

Así, el sentenciador halló probado, sin estarlo, que el daño emergente ascendió a la suma de $ 475.094, suma que dedujo de las facturas de venta expedidas por Drogas Copifam, Parqueadero Guabinal, Asotrauma Ltda., entre otros, documentos todos ellos agregados con la demanda en copias informales.

De igual manera, el tribunal condenó al pago de una suma de dinero por concepto de lucro cesante, sin que ese hecho se encontrara debidamente acreditado, pues partió del supuesto de que había prueba de la incapacidad total que sufrió el accidentado cuando, en verdad, tal circunstancia no se analizó con el suficiente rigor probatorio.

Sin embargo, la falta de las formalidades legales que se dejan al descubierto, no constituye una excusa para que el sentenciador evada la obligación legal de hallar la verdad material, si de las fotocopias informales se infiere con alto grado de certeza que existe una situación de hecho susceptible de ser esclarecida con un mínimo esfuerzo del funcionario judicial.

Así ha quedado sentado por la jurisprudencia de esta Corte, que ha sostenido que cuando una prueba, pese a tener el carácter de incompleta, aparece sugerida o insinuada de tal forma que todos los demás elementos de juicio indiquen de modo inequívoco que solo ella falta y que, por ende, su decreto oficioso se torna necesario para arribar al resultado que se muestra evidente, su decreto oficioso se erige como deber insoslayable del juez.

Lo anterior no debe interpretarse como si de una imposición insalvable se tratara, o como si el decreto oficioso de pruebas fuera aplicable a todos los casos, o como si ello significara una supresión del principio dispositivo que rige, por regla general, el proceso civil; sino que, simplemente, existen ciertas situaciones en las que un sano criterio de razonabilidad indica que haciendo uso de esa facultad discrecional del juez, se lograría equiparar la verdad procesal a la verdad material, lo cual se traduce en la primacía del derecho sustancial sobre las formas y en la realización de la justicia como fin esencial del derecho.

En síntesis, el decreto de pruebas de oficio, en materia civil, no es una mera facultad discrecional del juez, como tampoco una obligación que se imponga de modo necesario en todas las circunstancias; sino que el caso concreto indicará, de manera razonable, cuándo esa atribución se erige en un verdadero deber legal. Para tal efecto el funcionario deberá emplear los poderes que el estatuto procesal “le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes” (CPC, num. 4º, art. 37); cuando “las considere útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes” (art. 179, ibíd.); y, especialmente, cuando “considere que no existe prueba suficiente para la condena en concreto” (art. 307, ibíd).

Por esas razones, en aras de resguardar los derechos fundamentales de las partes y la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, se dejará sin valor ni efecto el fallo dictado el 15 de marzo de 2012 por el Tribunal Superior de Ibagué, para que, en su lugar, adopte las decisiones que conduzcan a la verificación de los hechos alegados por las partes, ordenando, si es del caso, las pruebas de oficio que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad material que se encuentra sugerida por las demás pruebas incorporadas al proceso.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del ciudadano Cristian Javier Moreno Gutiérrez.

2. DEJAR sin valor ni efecto la sentencia dictada el 15 de marzo de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.

3. ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que proceda a adoptar las decisiones que resulten necesarias para la verificación de los hechos alegados por las partes y sugeridos por los demás medios de convicción allegados al proceso, que le permitan proferir una sentencia sustentada en las pruebas que legalmente se incorporen a la actuación.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes; y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo».