SENTENCIA 2012-01101 DE JUNIO 22 DE 2017

 

Sentencia 2012-01101 de junio 22 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 680011102000201201101 02

Magistrado Ponente:

Dr. Fidalgo Javier Estupiñan Carvajal

Registro de proyecto: el veintiuno de junio dos mil diecisiete

Aprobado según acta de sala 47

Bogotá. D.C., veintidós de junio de dos mil diecisiete

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. La Sala tiene competencia para conocer en consulta los fallos sancionatorios emitidos por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 270 de 1996(10) y 59 de la Ley 1123 de 2007(11); ahora bien, establecida la calidad de abogado en ejercicio del disciplinado, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponde, no evidenciando irregularidad que pueda viciar de nulidad lo actuado.

Es necesario aclarar que si bien es cierto, el Acto Legislativo 2 del 1º de julio de 2015, modificó el capítulo 7 del título VII de la Constitución Política, suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura, también lo es que en sus artículos 18 y 19, estableció unas medidas transitorias con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones que se encontraban a su cargo.

En este sentido, estipuló que “Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

Aunado a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, analizando este aspecto, consideró:

“De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela(12) (resaltado nuestro).

En consecuencia, como en la actualidad esta Sala conserva sus funciones y competencias, se encuentra facultada para emitir la decisión que en derecho corresponda en el presente asunto.

Si bien es cierto el artículo 26 de la Constitución política consagra que “(...) toda persona es libre de escoger profesión u oficio, dejándole al legislador la regulación de la misma (...)”. También lo es que el fin último de la interpretación de la ley disciplinaria deontológica es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la Ley Procesal Penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

Del asunto en concreto. Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a revisar en grado jurisdiccional de consulta la sentencia proferida el 14 de octubre de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, mediante la cual sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de un (1) año, a la abogada Herly Cecilia Loaiza Arteaga al declararla responsable por haber cometido la falta disciplinaria descrita en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 a título de dolo.

En efecto, la abogada Herly Cecilia Loaiza, sostuvo una reunión con el señor Luis Agustín Garcés Ayala y sus hijos, en la cual como lo ha señalado la misma abogada investigada, ella les dio a conocer algunas estrategias a seguir dentro del proceso en que lo representaba y los pros y contra de la misma.

Grabación que como bien dice la Corte Suprema y esta misma Sala Disciplinaria es legal, pues fue realizada por la víctima, esto es por el señor Garcés Ayala, quien ha ese punto ya desconfiaba de su apoderada. Así las grabaciones que son efectuadas por las víctimas de un delito, no requiere de autorización judicial previa y se reputan legales. Adicionalmente, obra prueba dentro del expediente que la misma fue reconocida por la abogada Loaiza Arteaga, que estando trascrita dentro del expediente, nunca fue objetada por la abogada o su apoderado de confianza.

Así las cosas, claramente la abogada Inculpada, aconsejó a su cliente para que llevara a cabo un cohecho, y también se puede decir que realizó un patrocinio de la conducta. Se observa que la abogada quería que su prohijado le otorgara a la juez un porcentaje del 10% para que dictara una sentencia a su favor.

Ahora bien, en relación con el aspecto subjetivo de la falta, es claro que la reunión fue planeada por la abogada, quien había preparado la propuesta que le haría al señor Garces Ayala con el fin de obtener beneficios contrarios a derecho. Conducta que fue ejecutada por una profesional del derecho, quedada su preparación claramente sabía la ilegalidad de lo propuesto, pues buscaba lograr un fallo de manera fraudulenta.

En este orden de ideas, desatendidos los argumentos defensivos propuestos por el abogado defensor, no cabe duda que la letrada investigada incurrió en la falta descrita en el artículo 33 numeral 9º de la Ley 1123 de 2007, pues valiéndose de argucias quería inducir a su cliente a realizar un cohecho, con el fin de proponer a la juez una suma de dinero para obtener un fallo a su favor.

Antijuridicidad. La Ley 1123 de 2007 consagra como una de sus principios rectores, el de antijuridicidad, según el cual, “Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrado en el presente código”(13).

Significa lo anterior que, conforme a lo establecido en el Estatuto de la Abogacía, “mientras no se afecte un deber de los previstos en el catálogo expuesto en el artículo 28 de la Ley 1123 e 2007, la conducta del abogado constitutiva de falta al ejercer la profesión, no puede desvalorarse como antijurídica, afectación que en garantía de derechos del sujeto disciplinable, debe trascender igualmente de la simple descripción legal”(14).

El quebrantamiento de la norma solo merece reproche de esta naturaleza cuando se desconoce la norma concebida para preservar la ética de la abogacía, de donde deviene afirmar entonces que la imputación disciplinaria no precisa de la afectación a un bien jurídico sino a la protección de deberes, directrices y modelos de conducta, debidamente legislados.

En relación con la falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, se comprobó que la abogada aconsejo y hasta quería patrocinar a su cliente en la incursión de un acto ilícito, al aconsejarle a su cliente de la ventaja llevar a cabo el cohecho.

Culpabilidad. En cuanto a la falta irrogada en este disciplinario, se observa un comportamiento doloso pues la letrada citó a su poderdante y sus hijos a una reunión en la cual, como ella misma lo asevero, puso en conocimiento de sus cliente diferentes alternativas del plenario, dentro de las cuales una de ellas era ofrecer un porcentaje a la juez del proceso con el fin de que emitiera sentencia a su favor, a la mayor brevedad posible, es decir que la calificación de dolosa de la conducta efectuada por el juez de primera instancia fue la correcta.

De la sanción: Respecto a la sustentación de la sanción efectuada por el a quo la Sala no encuentra ninguna objeción, la misma es proporcionada y razonable respecto a la conducta desplegada por la abogada, toda vez que los criterios de dosificación sancionatoria, adoptados por la primera instancia para su tasación fueron correctamente aplicados, como pasa a verse a continuación:

Así las cosas, se estima que la sanción impuesta en esta oportunidad deviene en proporcional toda vez que la disciplinada con su conducta, vulneró el deber de colaborar leal y legalmente con la recta y cumplida realización de la Justicia conducta que afecta de manera profunda la profesión del derecho, la consecuencia jurídica es razonable en aras de salvaguardar la imagen de los abogados frente a la sociedad, ya que, su conducta deviene en reprochable y merecedora de una sanción acorde con los deberes trasgredidos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de octubre de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Santander mediante la cual le impuso a la abogada Herly Cecilia Loaiza Arteaga sanción de suspensión del ejercicio de la profesión por el término de un (1) año, al haberla encontrada responsable de incurrir en la falta prevista en el artículo 33 numeral 9º de la Ley 1123 de 2007.

2. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la Oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. NOTIFÍQUESE personalmente lo decidido por esta superioridad al disciplinado y de no ser posible a través de la notificación subsidiaria.

Notifíquese y cúmplase».

10 “ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.

11 “ART. 59.—De la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria Del Consejo Superior de la Judicatura conoce:
1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las Salas
Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este código (…)”.

12 Magistrado Sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez.

13 Artículo 4º.

14 Lecciones de derecho disciplinario volumen 13. Procuraduría General de la Nación. Año 2009. Tema: Ilícito disciplinario. Pág. 35 y ss.